Columnistas: Alfredo Molano

Mirando hacia adelante, como miran los grandes empresarios, el Andén Pacífico y la Altillanura Oriental son las regiones más promisorias en términos de valorización y rentabilidad, habida cuenta del TLC y de la reinserción de paramilitares. O sea, dirían los jóvenes de Planeación: a futuro, la soya, la palma, el maíz, la caña deben desplazar la obsoleta ganadería extensiva, el plátano y el pancoger. Y el proyecto ha comenzado hace ya varios años. Los planificadores e inversionistas han tenido que sortear tres obstáculos para hacer realidad sus sueños: la gente pobre que ocupa y vive esas regiones, los cultivos de uso ilegal que les dan lo que el Estado les niega y las guerrillas, que pescan en río revuelto.

Detrás del proyecto económico hay otro, ideado por quién sabe quién, que consiste en: 1) Implantar grupos paramilitares, cuidadosamente protegidos por la Fuerza Pública y legitimados por los gamonales. La cosa se verá desde ese momento como una pelea entre forajidos. 2) Fumigar con venenos para desplazar tanto los cultivos de coca como a la población. El desplazamiento de cultivos amplía el teatro de guerra hacia las regiones que se propone incluir en el paquete de desarrollo, y a los desplazados se les trata como delincuentes porque legalmente no tienen derecho a ser inscritos en los programas del gobierno. 3) Cuando el avispero está alborotado, entra la Fuerza Pública a rematar el plan, y el ministro de turno declara solemne que la cuestión “está muy complicada”. El guión se repite con severa regularidad en las zonas a las que se les tiene echado el ojo: los Llanos, desde el río Arauca hasta el Guaviare; y el Pacífico, desde la serranía del Darién, hasta el río Mataje. En los Llanos se tiene decidido llenar de palma africana el Vichada y terminar de sembrar el Meta, mientras se preparan para sorgo y maíz transgénicos la tierras del Casanare y el Arauca. En el Pacífico, además del banano de Chiquita Brands que se extiende desde Urabá hacia el sur, Uripalma, con El Alemán por delante, ha hecho cabezas de playa en los ríos Jiguamiandó y Curvaradó para cultivar palma africana y producir a corto plazo biodiesel. En pocos años toda la región pacífica se verá como se ven hoy las tierras de Tumaco, Puerto Wilches, San Alberto, San Carlos de Guaroa.

El libreto ha sido puesto en marcha ahora en El Charco, Nariño, un puerto perdido que en 1906 fue borrado del mapa por un maremoto. Todo ha sido preparado con pasmoso cuidado. El año pasado, los paramilitares de un grupo llamado Organización Nueva Generación —cuya sigla es ONG y cuyo comandante se hace llamar Armando Paz— se tomaron El Charco. El pueblo reaccionó y sacó corriendo a los paras. Pero en junio hubo una masacre de 11 personas en Sanquianga. Eso provocó una gran manifestación de indígenas, negros y mestizos para protestar contra los atropellos. Las diócesis de Tumaco, Guapi y Buenaventura advirtieron el peligro que se corría e hicieron un llamamiento a respetar a la población civil. No obstante, el plan siguió su marcha: el 16 de enero de 2007 entraron a Playa Bazán, de El Charco, los comandos de la Organización Nueva Generación, respaldada ahora por las Águilas Negras; a comienzos de febrero se inicia el bombardeo con glifosato en el río Tapaje; a finales del mes entra la infantería de Marina por las veredas Taija y El Hojal y rápidamente ocupan La Tola y Sequihonda en enfrentamientos con las Farc. El desplazamiento de la gente aumenta con cada encuentro armado, bombardeo y operativo. Monseñor Girón, de la diócesis de Tumaco, denuncia las amenazas hechas por los paras de ONG “contra miembros de organizaciones sociales, indígenas, eclesiales, humanitarias, defensoras de derechos humanos de Nariño, entre ellas a la Pastoral Social de nuestra diócesis”. Días después, Santos, el ministro de Defensa, acepta que hoy hay 400 familias desplazadas en El Charco; los obispos Héctor Fabio Henao y Gustavo Girón rectifican: son más de 1.000. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que tiene por qué saberlo, grita: lo que está pasando en El Charco sucede también en los municipios de Barbacoas, Cumbitara, Policarpa, Magüí, Linares, La Llanada, Sotomayor, Iscuandé, Samaniego, Ipiales y Cumbal, y pide declarar la crisis humanitaria de la región. Más que “complicado”, señor Ministro, lo que sucede en Nariño, siendo como es el departamento límite con Ecuador.