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Boletines Brigadas por Colombia: El día a día en Derechos Humanos en Colombia

Miércoles, 7 de Febrero de 2007

 
 

El día a día en Derechos Humanos en Colombia

-Un servicio de ANDAS-

 

 

 

Unión Peneya (Caquetá). El retorno de las ilusiones

 

Luego de tres años y 23 días de estar sufriendo las más duras adversidades como desplazados, más de 1.500 personas han regresado a sus hogares con el sueño de poder llevar una vida digna. El panorama que encontraron fue patético y desolador

 

Desde el inicio de la implementación del Plan Patriota, fueron creciendo las violaciones a los derechos humanos más fundamentales en la región, debido al conflicto armado que allí se vive. Previamente a la huida masiva de los campesinos, en los diferentes retenes que el Ejército había establecido, la población de la Unión Peneya, inspección del municipio La Montañita (Caquetá), había sido constantemente hostigada y amenazada por las tropas.

 

Ese es un pueblo de guerrilleros y lo vamos a acabar, vamos a quemarlo totalmente con ustedes adentro”, le decía la soldadesca a los pobladores algunas veces. Otras, los amenazaba con la entrada de paramilitares, le contaron a VOZ, varias de las personas que regresaron a la inspección, advirtiendo que su identidad no fuera revelada.

 

En el fragor del Plan Patriota del gobierno de Uribe para acabar con las Farc, objetivo que no se cumplió pero sí desplazó al campesinado inerme ajeno al conflicto, se estrenó a comienzos de 2004 la Operación Año Nuevo. El 3 y 4 de enero de ese año, las áreas rurales y urbanas del caserío San Isidro distante 30 minutos de Unión Peneya, quedaron en medio de los combates entre el Ejército y las Farc y, fueron ametralladas y bombardeadas, lo cual hizo que las comunidades de las dos localidades huyeran aterrorizadas dejando abandonadas todas sus pertenencias. “Muchos salimos corriendo apenas con la piyama que teníamos puesta”, le contó Teresa Gavilán* a VOZ.

 

 

Tres años de ardua lucha para hacer valer sus derechos

 

Los de San Isidro, pudieron regresar poco a poco, pero a los de la Unión no les fue permitido. Solo podían acercarse hasta ‘el 30’ (kilómetro 30), lugar donde el Ejército ha mantenido un retén. “Al que encontremos allá, lo matamos”, le advertían los militares a quienes querían retornar. Así pues, les tocó emigrar hacia Florencia, San Vicente del Caguán, Paujil, Montañita, Cartagena del Chairá, Neiva y otros lugares.

 

Después de luchar arduamente por más de tres años para que las autoridades civiles y militares les reconociera sus derechos y les brindara la seguridad mínima para el retorno, desde el pasado 27 de enero han regresado al menos 1.500 personas entre, niños, jóvenes, adultos y ancianos. El panorama que encontraron fue patético y desolador, pues sus pertenencias fueron destruidas y saqueadas. Desaparecieron neveras, radios, televisores, ollas, camas, reses, ropa, motores, maquinaria, vitrinas, todo. “Tenemos que empezar de cero nuevamente en este territorio abandonado desde siempre por el Estado, del que solo tenemos conocimiento por los atropellos militares”, dijo entre sollozos una mujer de edad media y piel curtida por el sol.

 

A los inmuebles les destruyeron los techos, las paredes, los pisos, las puertas, las ventanas y, varios fueron calcinados totalmente por el fuego criminal. La comunidad culpa al Ejército por esos hechos y ya tiene demandado al Estado. “Ellos (los militares), coparon la inspección tan pronto fuimos expulsados. El Estado tiene que responder”, expresan los labriegos.

 

 

El Ejército sigue ocupando fincas

 

No he podido regresar a mi finca porque el Ejército está posesionado en ella. Tampoco he logrado saber que pasó con el ganado y los enseres que quedaron abandonados desde el momento de la huida. El general afirma que tengo dos posibilidades: que le venda una parte de tierra al gobierno, o que se la alquile. Está poniendo a mi familia en medio del conflicto”, le dijo a VOZ Eliécer Peralta*.

 

Quienes han retornado a Unión Peneya, además de tener que reconstruir sus viviendas y recuperar las cosas saqueadas por miembros del Ejército, deberán enfrentarse a la carencia de otras necesidades básicas para la sobrevivencia de cualquier comunidad, tales como: Educación, salud, obras públicas e infraestructura, vías de comunicación, alcantarillado, agua potable y derechos humanos entre otros.

 

La alegría de nuestro regreso, se vio frustrada por el dramático estado en que encontramos las cosas que eran nuestras y que con tanto esfuerzo habíamos logrado conseguir. Ahora, lo único que tenemos para comenzar de nuevo son las ilusiones, de que se nos permita trabajar tranquilos, para poderles ofrecer a nuestros hijos una vida tranquila, digna, en paz y con justicia social para todos”, dijo como para sí mismo, Abelardo Ortiz, presidente de la Junta de Acción Comunal de Unión Peneya, mientras observaba como un helicóptero del Ejército aterrizaba amenazante a unos 600 metros del caserío.

* Nombres cambiados a solicitud de las fuentes

 

 

 

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