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Estados Unidos y la UE en Colombia

 
 

por Héctor Arenas

Publicado en Le Monde Diplomatique Nº 46

Estados Unidos y Europa accionando en llave sobre Colombia. Esto es lo que tenemos desde 2002, cuando los intereses de las grandes empresas europeas se impusieron en la política internacional de sus países. Cuatro años después, lo que tenemos es contrario de lo publicitado: más guerra en vez de paz, más cocaína en vez de erradicación. Los jóvenes del ‘viejo’ continente también pagan las consecuencias de este desatino.

Un discurso de política exterior perfectamente hilvanado sobre el respeto a los Derechos Humanos, el compromiso con la paz y la cooperación para el desarrollo, camufla de manera oficial desde julio de 2003 la verdadera agenda de pacificación manu militari concertada con relación a Colombia entre los neoconservadores estadounidenses y el pequeño conjunto de poderosos grupos financieros y patronales europeos con peso decisivo en el Consejo y la Comisión Europea.

Desde finales del año 2002, el gobierno de los Estados Unidos, con el apoyo del gobierno de Blair, Aznar y Berlusconi, y más tarde de los gobiernos holandés, alemán y sueco, lograron imponer en las instituciones comunitarias, la idea de que una solución consistente en una operación de reingeniería social fundada en una drástica opción por el uso de la fuerza, combinada con una permanente campaña de encubrimiento y desinformación mediática, junto a medidas económicas complementarias de pacificación y control social, constituían la mejor respuesta en Colombia frente a la amenaza inminente de colapso en el control de su territorio, que no sólo constituye una de las fuentes de suministro de petróleo hacia los Estados Unidos y un área clave en la estabilidad regional, sino que está considerado como un escenario geoestratégico para los intereses globales del dominio occidental.

Control territorial, control militar

La elección de un gobierno autónomo en Venezuela en diciembre 6 de 1998, unida a la creciente inestabilidad política en Ecuador, y al riesgo que devino inminente de perder el control sobre Colombia por el ascenso militar de la guerrilla; la catastrófica situación social derivada de la corrupción desbordada, la aplicación durante una década del recetario neoliberal y el destierro de más de tres millones de pobladores rurales, junto a la puesta en marcha en enero de 1999 de un proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC que contemplaba las reformas sociales exigidas por la insurgencia, disparó todas las alarmas de los estrategas hemisféricos en Washington.

A marchas forzadas se elaboró durante 1999 un Plan de intervención militar indirecta en el que se privilegió el entrenamiento masivo de tropas colombianas y la multiplicación por diez del soporte militar, la ampliación del rango en el suministro de armamentos, el apoyo en la entrega de inteligencia con tecnología satelital, y el número de ‘asesores’ militares y civiles en el territorio, para garantizar que no se requiriera el ingreso de tropas estadounidenses al combate directo.

La manera de presentar la intervención, sin precedentes por su magnitud y sus objetivos [1], ante la opinión pública y el Congreso estadounidense consistió en señalar que se trataba de una iniciativa imprescindible en la “guerra contra el narcotráfico” y que en el plazo de seis años se reducirían en un 50 por ciento los cultivos de coca, que para 1999 alcanzaban las 122.500 hectáreas [2].

En realidad, el Plan se dirigía a enfrentar las fuerzas armadas rebeldes, con la idea principal de reducir lo que consideraban su fuente determinante de finanzas, y asegurar militarmente los principales yacimientos energéticos y los oleoductos, sosteniendo el proceso destructivo de todas las formas de organización popular democráticas [3]. Gradualmente, a todo lo largo de la frontera de Colombia con Venezuela, el Plan ha estructurado un dispositivo militar [4].

Señala la investigadora Lesley Gill, de la American University, de Washington: “El centro del tráfico de cocaína no estaba ni en Putumayo ni en los departamentos vecinos del sur de Colombia. Las principales rutas de contrabando y los paramilitares que las controlaban permanecían sobre todo en el norte, pero los estrategas estadounidenses y sus contrapartes colombianas parecían menos interesados en los traficantes de cocaína y los paramilitares que los controlaban que en limitar el creciente poder financiero y militar de los grupos subversivos izquierdistas” [5].

En Colombia, el Plan contó con el favor absoluto de las élites económicas y políticas, así como de la alta dirección de sus fuerzas armadas. La diferencia más significativa entre los diversos sectores de la dirigencia colombiana con relación al Plan consistió en su implicación directa, su claro rechazo o su tolerancia con los ejércitos irregulares -crecientemente financiados por el sector del narcotráfico cooptado temporalmente por el proyecto estratégico imperial-, reclutados en los sectores humildes de la población y utilizados como mano de obra criminal y desechable para lograr con métodos espeluznantes el desplazamiento o la aniquilación de la población civil sospechosa de ser simpatizante de las fuerzas rebeldes o culpable por habitar en territorios de asombroso valor para el portafolio de megaproyectos trazados en los centros económicos de decisión global [6].

Si bien la organización de escuadrones paramilitares estaba contemplada en los manuales de contrainsurgencia de los años 60, sólo en la década del 80 se consolida el proceso que convirtió en determinantes las finanzas que provenían del narcotráfico, lo cual desembocó en su pasmoso crecimiento, su amplísimo dominio territorial, y su extraordinaria simbiosis con diversos y decisivos niveles de Estado regional y central.

Así, el Plan se fue perfeccionando para acceder a lo que se puede considerar como la mejor hoja de ruta en esta área: un escenario de guerra no declarada y que permite desmontar derechos y garantías ciudadanas del Estado de Derecho, disminuir el campo de acción de los organismos de control estatal, cooptar partes importantes del aparato de investigación a la guerra, y garantizar la reducción y el sometimiento de la población no obediente a la globalización corporativa, para consolidar un proceso de paz ideado en los centros de pensamiento [7] encargados de generar los conceptos y las herramientas que cumplen los designios estratégicos de la red de corporaciones multinacionales con intereses en el territorio [8].

El componente social disfraza el militar

La cooperación internacional, expresada en el respaldo político y el apoyo financiero a este ambicioso proceso de reingeniería social, fue considerada como decisiva [9]. La Unión Europea fue invitada entonces a brindar uno y otro soporte al componente social del Plan. Pero el hecho de haber actuado sin suficiente consulta previa con las principales expresiones políticas europeas en el momento de configurar el proyecto y la amplia movilización de las organizaciones no gubernamentales de Europa y Colombia, vinculadas a los derechos humanos y la paz que le pidieron a la UE no apoyar la guerra, condujo en 2001 a un rechazo por parte de aquélla a participar en el componente social del Plan [10].

La negativa europea, pese a los esfuerzos del gobierno del Partido Popular español, condujo a los núcleos de decisión de Washington a formular una nueva estrategia en busca del respaldo político y el apoyo financiero europeo para “el fortalecimiento institucional y el desarrollo social”, indispensables para asegurar el control militar del territorio, en especial en las zonas donde estaba previsto realizar repoblamientos que consolidaran el exterminio o el destierro, así como el confinamiento de la población civil.

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la declaratoria de “guerra global contra el terror” crearon el escenario internacional propicio a la unidad entre los Estados Unidos y las instituciones europeas para el nuevo empeño. En marzo de 2003, Colombia se convirtió en una moneda de cambio para no profundizar la fisura transatlántica que se produjo con la ocupación militar de Iraq.

Los días 9 y 10 de julio de 2003, en Londres, los gobiernos estadounidense y británico, con la gestión del Centro de Pensamiento Estratégico Internacional (Cepei), una entidad no gubernamental financiada por la USAID, con el encargo de reestructurar toda la cooperación internacional hacia Colombia, el apoyo del gobierno colombiano y la notoria imprevisión de las organizaciones no gubernamentales colombianas a las que se les encargó la organización de la presencia de la sociedad civil, lograron promover el apoyo de la comunidad internacional (G24) a la política de guerra de alta intensidad, con bajo perfil mediático de la administración Bush-Uribe, y al “proceso de paz” con las organizaciones paramilitares.

Este proceso ha sido catalogado como un simulacro -para lograr la legalización de las estructuras paramilitares- por parte de organizaciones internacionales de derechos humanos que siguen su desarrollo y por parte también de organismos nacionales que señalan la ausencia de responsabilidad del Estado y otros poderosos agentes en la conformación de la estrategia paramilitar [11]. El respaldo internacional a este proceso se amplió con las conclusiones del Consejo Europeo de 2004 [12], con un “compromiso político y financiero evolutivo y condicionado” [13], posteriormente en la reunión del G24 en Cartagena en febrero del 2005, y finalmente con el apoyo político y financiero del Consejo y la Comisión Europeos a la Ley de Justicia y Paz, en octubre del 2005, en contravía del discurso sobre los principios de respeto a los Derechos Humanos y la protección a los defensores de Derechos Humanos que afirman y guían la política exterior europea [14].

Sin embargo, una parte de los países europeos -en especial el gobierno francés- no entraron de lleno en el apoyo de la Ley por “violación del cese de hostilidades, impunidad de hecho, ausencia de tratamiento de las implicaciones con el narcotráfico y falta de voluntad para desmontar el paramilitarismo y las conexiones con el Ejercito” [15]. La Comisión de Reconciliación y Reparación, creada en la Ley de Justicia y Paz, no es independiente ni contempla una verdadera reparación integral que incluya la reconstrucción de los proyectos de vida destrozados. Su funcionamiento, no obstante, ha obtenido el apoyo del actual gobierno socialista [16] español, que privilegia en la política exterior en la región los análisis del discreto pero determinante Observatorio para Empresas de Latinoamérica -centro de análisis de las principales corporaciones españolas.

Resultados en contravía

Mientras tanto, el crecimiento del consumo de cocaína en la franja de jóvenes entre 14 y 18 años se multiplicó por 4 en España durante los últimos cinco años, elevándose del 1,5 al 6 por ciento. En Inglaterra, tal consumo en las edades comprendidas entre los 11 y los 14 años creció en un ciento por ciento en el lapso 2004-2005, comprometiendo a 65.000 jovencitos consumidores. En España, 170.000 adolescentes admitieron haber consumido cocaína en el último año. Asimismo, los beneficios del sector financiero con espacios en paraísos fiscales y con presencia en la región andina han experimentado notables incrementos. Lo mismo ha ocurrido con las ganancias de las empresas productoras de fertilizantes utilizados en la siembra industrial de coca, de precursores químicos utilizados en la producción de cocaína y de la empresa Monsanto, que suministra el veneno utilizado en las fumigaciones. Igualmente, se han multiplicado las utilidades del conjunto de empresas estadounidenses y europeas que venden armamento y servicios de ‘seguridad’ en este mercado floreciente, como también los beneficios de la red de corporaciones que pueden lucrarse con los diversos negocios exitosos en este endeble ‘orden’ sostenido en la represión y la mentira [17].

Al mismo tiempo, la mayor parte de la población europea permanece alejada por completo de los beneficios genuinos que surgirían de relaciones económicas, científicas y culturales con Colombia fundadas en la transparencia y la equidad. La mayor parte de sus impuestos destinados a la ‘cooperación’ con Colombia se canaliza hacia el apoyo a este caótico proceso de pacificación, tanto como al precario control social y territorial apuntalado en una inestable impunidad selectiva. Con esta dinámica, sus impuestos terminan apoyando la prolongación del conflicto, la vulneración de los derechos elementales de la población civil y el flujo de narcóticos que se origina en algunas de las regiones ‘pacificadas’. Se trata de un despilfarro descomunal de inteligencia social y recursos financieros que bien pudieran encauzarse a curar las heridas producidas durante décadas, y en el apoyo a una genuina y soberana democratización de la vida social, hoy marcada por la intimidación y el irrespeto cotidiano a los derechos más elementales de las comunidades. En el muy corto plazo, un curso de verdadera cooperación redundaría en favor de la ciudadanía europea.

El tejido corporativo europeo celebra la política de ‘seguridad democrática’ en Colombia y los indicadores macroeconómicos que tantos beneficios le reportan, pero permanece absolutamente indiferente ante el infierno humano y los horrores inexpresables de la miseria que castiga en el día a día a casi el 70 por ciento de la población, miseria estrechamente relacionada con la prolongada guerra civil que se sostiene y profundiza con voluminoso apoyo externo. ¿Cuánto tiempo más podrá aguantar esta inversión de lógicas, propósitos y acciones?



Notas

[1] Ya en 1925, el Ejército de Estados Unidos había intervenido tres veces en Colombia, pero sólo desde 1959, con el triunfo de la Revolución Cubana, se inicia una presencia militar permanente. Desde 1962, con el Plan LASO (Latinoamerican Security Operation), se inició la intervención masiva y sistemática del gobierno de Estados Unidos, interpretando cualquier conflicto social como amenaza comunista, criminalizando toda protesta social y tratándola militarmente.
[2] Ver El Plan Colombia y la internacionalización del conflicto. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales-IEPRI, 2001.
[3] Ver La otra historia de los Estados Unidos, de Howard Zinn, Editorial Hirú, 2003.
[4] Desde La Guajira, en la costa norte de Colombia, pasando por la región del Catatumbo, en el centro, hasta Vichada, en el sur del país, se ha operado un proceso de desplazamiento poblacional y de control militar y social. En 2005-2006, el gobierno estadounidense destinó 4.000 millones de pesos para expandir el cultivo de palma en el Catatumbo. En febrero de 2005 se incluyeron -junto a la “Guerra contra el narcotráfico” y la “Guerra contra el terrorismo”- las “Amenazas a la seguridad nacional de Colombia” como determinantes de la ‘ayuda’ militar estadounidense a Colombia. El 1 de mayo de 2006, Fidel Castro reveló en su discurso oficial de ese día que “en noviembre de 1999 se conoció desde California que René Cruz y Eusebio Peñalver (estrechamente vinculados a los dos Posada Carriles), junto a los también terroristas Roberto Martín Pérez, Ángel D’Fana y Ernesto Díaz, actual cabecilla de Alpha 66, estaban involucrados en un plan para atentar contra la vida del presidente Hugo Chávez, con el apoyo de un grupo de adinerados venezolanos... Dicho plan sería ejecutado en el mes de diciembre por un comando integrado por cubanos y venezolanos, quienes arribarían a Venezuela procedentes de un tercer país”. En 2006 se ha iniciado una creciente ofensiva mediática internacional dirigida a vincular cargamentos de cocaína y narcotraficantes con Venezuela.
[5] Escuela de las Américas, Lesley Gill. Editorial Lom, enero 2005.
[6] Al sobreponer los mapas de los resultados electorales desde la segunda mitad de los años 80 con los mapas de las masacres y el desplazamiento de la población civil, resultan estremecedoras las coincidencias entre la geografía del proceso de exterminio y destierro, y los lugares donde la izquierda triunfó o tenía presencia significativa en los gobiernos locales.
[7] En el libro Repensar los Estados Unidos. Para una sociología del hiperpoder, de Loïc Wacquant (Dir.), de Editorial Anthropos, 2005, es posible consultar las nuevas formas del internacionalismo estadounidense apoyadas en la creación de doctrinas funcionales al dominio imperial en los centros de pensamiento, y ejercidas a través de un conjunto de instrumentos que incluyen la presencia discreta y eficaz en los medios de comunicación y las academias, y en organizaciones no gubernamentales financiadas por la USAID y por NED (National Endowment for Democracy, que a la vez son parte de las herramientas de intervención civil de la CIA, conforme se explica en el revelador libro El código Chávez, de la periodista venezolana Eva Golinger.
[8] En la página Web del Diálogo Interamericano es posible apreciar una parte importante de las 250 corporaciones de Estados Unidos con intereses en Colombia. En la página http://www.solidaridad.net es posible consultar el artículo sobre la European Round Table, que contiene el listado de multinacionales europeas cuya mayor parte tiene intereses económicos que determinan la política exterior sobre Colombia. En el libro El negocio de la Guerra, de Diego Azzellini, publicado por Editorial Txalaparta, se nombran las 15 principales corporaciones de armamento, seguridad y entrenamiento que se benefician con la demanda que arroja la guerra entre colombianos. Esta información también aparece en la página de la red Voltaire.
[9] Las Mesas de Donantes, una metodología de encauzamiento de los recursos de cooperación internacional al sostenimiento de la guerra, que evitan su fracaso por falta de respuesta a las demandas sociales de la población, fue ensayada, por ejemplo, en Afganistán después de 2001, cuando se creó el Grupo de Apoyo para la Reconstrucción de Afganistán.
[10] La Presidencia, en nombre de la UE, declaró en diciembre del 2001 que “no existe ninguna alternativa adecuada a una solución negociada del conflicto interno”. En cambio, el 19 de marzo de ese mismo año, el ministro de Relaciones Exteriores español Joseph Piqué declaró que “no hay alternativa al Plan Colombia” [...]. Estamos trabajando en el incremento de nuestra participación a través de observadores tanto civiles como militares, en todo el proceso”.
[11] Ver el Informe de Amnistía Internacional de 2005, “Colombia. Los paramilitares en Medellín: ¿desmovilización o legalización?, sobre la desmovilización emblemática del Bloque Cacique Nutibara de Medellín, y el Informe de Human Rigth Watch “Las apariencias engañan”.
[12] Cada dos años, en noviembre, el Colat, grupo encargado en el Consejo Europeo de producir los documentos de política sobre América Latina, produce un Policy paper que sirve de base a las conclusiones públicas del Consejo Europeo.
[13] Los recursos de cooperación internacional no reembolsable de la Unión Europea dirigidos a Colombia pasaron de 18 millones de dólares en 2002 a 68 millones en 2006, conforme a la Dirección de Cooperación Internacional de Acción Social del gobierno colombiano.
[14] La ley significó un aumento de la vulnerabilidad de quienes defienden los espacios democráticos y los derechos fundamentales de la población civil. Asimismo, las exportaciones de armamento van en contravía de los Códigos de Conducta de la Unión Europea, que prohíben el suministro a gobiernos gravemente implicados en la violación de Derechos Humanos.
[15] Ver el ensayo: “Perspectivas para la paz en Colombia: la respuesta a la política de Uribe”. Daniel García-Peña. CIP-FUHEM, Madrid, 2005, p. 12, y el informe “Colombia: ¿reconciliación con impunidad?, de Nuria del Viso en Papeles de Cuestiones Internacionales Nº 89, primavera de 2005, pp. 80-81.
[16] Apartes de la intervención de Eduardo Pizarro en las Jornadas de la Taula Catalana de Cooperación con Colombia, de abril de 2006: “Hay un grupo de apoyo a la Comisión donde están el G24, el Banco Mundial y las 22 agencias de la ONU. El gobierno español, a través del Vicecanciller y el Director de Cooperación Internacional, ha ofrecido cooperar con la Comisión a través de rutas jurídicas para acompañar a las víctimas, bases de datos de bienes y la constitución de dos bancos para las víctimas: Antropológico y Genético”.
[17] En especial, las empresas de petróleo, carbón, gas, minería, palma de aceite para la producción de biodiesel, turismo y aguas. Articulados a ellas, funcionan exitosamente

 

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