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Evasivas

 
 

Por: HERNANDO GÓMEZ BUENDÍA

Los gobernantes no responden sólo por la eventual violación del Código Penal. Responden por los malos nombramientos, las malas compañías, los grandes desaciertos, los daños a la imagen colectiva.
A eso se le llama responsabilidad política. Y es la responsabilidad que el Presidente comenzó a asumir al retirar del cargo a la Ministra sin estar acusada de un delito, y al anunciar que pediría excusas si el director del DAS resulta condenado.


Pero en casi cualquier otro país, el escándalo habría provocado una crisis de grandes proporciones: su gobierno estaría al borde del colapso si tuviera ocho congresistas en la cárcel, un prófugo, cuatro en capilla y diecisiete más pidiendo pista, la Canciller con el padre y el hermano sindicados, el jefe de inteligencia al que, además, le dieron consulado, el encargado de repartir tierras, el director de concesiones, tres gobernadores, varios diputados y una serie de alcaldes presos o indagados -y no por peculados o chanchullos, sino por cómplices de crímenes de lesa humanidad-.

 
En los regímenes parlamentarios, esas crisis conducen a la caída del primer ministro, la disolución del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones. En los regímenes presidenciales, pueden llevar a la moción de censura, o aun al juicio y la destitución del Presidente (el impeachement, como se llama en Estados Unidos). Y en todo caso, si hay ciudadanía, es la opinión quien finalmente exige responsabilidad política y se la cobra al mandatario y su partido. Pero en Colombia no cabe ni siquiera pensar en esos escenarios. No hay régimen parlamentario ni disolución de un Congreso ya elegido. No hay moción de censura ni juicio al Presidente porque el Congreso está al servicio del gobierno, como probó con creces don Ernesto Samper. Y no hay opinión porque la mayoría de la gente sigue empeñada en creer que lo que está pasando no está pasando o no es tan grave como es de grave.

 
En estas condiciones el Presidente no necesita asumir la responsabilidad de última instancia; en vez de eso puede limitarse a tratar de no salir muy salpicado:


- A convencernos de que en este caso no hay responsabilidad política, sino penal apenas. Que todo se reduce a que la Corte diga quiénes violaron el Código Penal, sin que nadie responda por los nombramientos, las compañías, los desaciertos y los daños a la imagen colectiva.


- A utilizar el argumento ad hominem esto es, a que la gente crea que algo no es cierto porque lo afirma una mala persona. Es el truco más viejo de la vieja política y el arma más efectista del Presidente cuando acusa a cada uno de sus acusadores.


- A dispararle al blanco que no es pero parece, como hacen los uribistas que proponen el cierre del Congreso. Es una idea absurda porque castiga a los parlamentarios y los partidos que nada tienen que ver con la parapolítica. Pero es una idea cómoda porque suena bonito y hace creer que el Presidente nada tiene que ver con su bancada.


- A proponer reformas que poco o nada ayudan a resolver el problema. Que eliminar la circunscripción nacional -como si casi cada parapolítico no hubiera sido elegido en su región-. Que acabar con el voto secreto -como si cantar su voto no hiciera más vulnerable aún al congresista-. Que el Estado financie las campañas -como si esto evitara que los narcos les metan más billete-. Que pérdida de curul -como si la Constitución actual no dispusiera que la curul se pierde si hubo fraude.


- A las jugadas publicitarias, como nombrar Canciller a un ciudadano cuyo único título era el estar de moda, como decir que el pobre Presidente no tiene quién lo defienda en el Congreso ni en los medios, o como consolarse porque el señor del DAS no está acusado de homicidio sino de ser el enlace entre el Estado y los autores de muchos homicidios.


Y así, la responsabilidad política quedará en nada.

 

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