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Los dilemas para alcanzar la paz

 
 
Por Alexander Reina Otero*

Se ha erigido en el país dos formas o camino para acercarse a la paz, la del gobierno nacional sustentada en la seguridad democrática y la del movimiento de paz, afincada en el acuerdo humanitario.

La primera postura, resumida en la famosa frase del presidente… "No nos frena el miedo para negociar la paz. Confieso que me preocupa algo diferente: el riesgo de no llegar a la paz y retroceder en seguridad”, tiene a su interior el dilema de creer que la paz se dará como resultado de obtener un orden público no alterado, es decir, sin muertes, sin ataques armados, sin carro bombas, y todo aquello que
resulta del enfrentamiento entre ejércitos en la disputa por objetivos políticos a través, claro está, de los medios más condenables jurídica, cultura, política, social, histórica y éticamente.

Esta versión de la paz esconde intrínsecamente, el no reconocimiento de la insurgencia como un actor político, ocultando, que de facto este pone en jaque la capacidad y legitimidad del Estado para garantizar el monopolio de la fuerza, el monopolio de la tributación y la dirección de la sociedad hacia un lugar común.

Entre tanto, la del movimiento de paz y los seguidores del acuerdo humanitario, consideran que la paz se logra a partir de sucesivos acuerdos que permitan ganar confianza entre los actores enfrentados, producto del respeto de las normas establecidas internacionalmente para el respeto de los derechos humanos. Si bien esta es una verdad, no significa que sea toda la verdad, ya que está demostrado en la historia de nuestro conflicto que la bondad más grande de esta herramienta jurídico- política, es la de humanizar la misma guerra, lo cual es un avance pero no lo suficiente.

Estas dos posturas olvidan que la solución de un conflicto armado, cuyos orígenes son políticos, debe buscarse allí, en la POLÍTICA. Ambas, se niegan la posibilidad de realizar pasos certeros hacia la paz.

La primera porque trata de despolitizar el conflicto asumiéndolo como un asunto de criminales y terroristas. Y la segunda, porque su interlocución se encuentra cercada por los cánones del derecho internacional, que si bien es supremamente importante, se agota rápidamente, generando una rápida desilusión sobre el papel político de la insurgencia, luego de que ésta sobrepasa la barrera del respeto a dicho ordenamiento jurídico. De esta forma, la paz seguirá embolatada, ya que las dos posturas se niegan a hacer propuestas que retomen en serio el grupo de demandas que los grupos insurgentes plantean como central a una negociación.

Es decir, más que cese al fuego, o respeto al DIH, lo que puede llevar a estas organizaciones a parar su accionar armado, es una iniciativa política. No se necesita hacer profundos estudios para entender que fue la oferta política del gobierno de no extradición, de impunidad y no reparación de las víctimas, y no la seguridad democrática, lo que realmente detonó la negociación con los paramilitares.

De ahí que a la paz no se le pueden seguir haciendo esguinces, la insurgencia ha planteado la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo, un nuevo ordenamiento territorial, la necesidad de redistribuir el poder político, la necesidad de preservar la soberanía nacional en torno a los recursos naturales, la necesidad de tener un modelo alternativo para la lucha contra el narcotráfico, todas estas y otras, deberían ser el material de debate del Estado en su conjunto y no otras que desvían la atención y se prestan para darle más largas a este conflicto.

Se arguye entonces que ceder con propuestas que retomen la agenda de la insurgencia sería perder legitimidad (dice el gobierno) o independencia (dice la sociedad organizada), ni lo uno, ni lo otro; por el contrario, si revisamos cuidadosamente el contexto de una posible negociación, ella nos muestra a un presidente con altos niveles de respaldo popular y a un movimiento por la paz con el respaldo de una comunidad internacional dispuesta a pugnar porque se preserven los mínimos estándares internacionales en materia de derechos humanos. Del otro lado la guerrilla tiene bajísimos niveles de popularidad, lo que nos permitiría afirmar que este es la mejor oportunidad política para seducir a la insurgencia, sin perder un ápice de lo que tanto trasnocha al gobierno y la elite del movimiento de paz.

En síntesis es la política, no la seguridad, ni el ámbito del derecho, la que permitirá sentar los cimientos de un ruta certera hacia la terminación del conflicto armado.

* Analista político, Observatorio de Derechos y Conflicto Urbano
(1) Debo precisar que suscribo la urgencia de un acuerdo humanitario y de exigir el respeto por el DIH, solo que considero que desde el punto de vista político, estas herramientas juegan otro papel en el conflicto.

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