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Luchas Campesinas e indígenas 2002-2006 -Por Esmeralda Prada

 
 
 

Durante el primer periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez, las luchas campesinas e indígenas mantuvieron la tendencia observada en la última década: contracción de la protesta. Las sólo 34 acciones de promedio anual se explican, en buena parte, por la permanencia del conflicto armado en las zonas rurales. Aun cuando estas 135 protestas de campesinos e indígenas también son indicativas de la permanencia de diversos conflictos que las sustentan. Con acento en Cauca, Antioquia, Nariño y Tolima, la presencia de ellas se extendió a 28 departamentos, lo cual muestra la proporción de los conflictos rurales en prácticamente la totalidad del territorio colombiano. La cobertura de las protestas, en particular aquellas del orden regional (27%), municipal (31%),  nacional (7%) y departamental (6%), confirma que los campesinos e indígenas continúan extendiendo sus relaciones sociales, culturales y políticas en alianzas con otros habitantes rurales y en redes amplias, lo que les ha permitido una mayor impacto y visibilidad nacional, e incluso, en algunas ocasiones, hacia el exterior. Lo cual, a la vez, es una garantía para que sus demandas sean consideradas como derechos, y la legitimidad de sus acciones reconocida por los gobiernos y la sociedad.

Las acciones mas locales, menos visibles, como aquellas ocurridas en veredas, corregimientos y caseríos (29%), también expresan los reclamos por derechos ciudadanos y la redistribución de los recursos. En ellas sobresalen las luchas por la tierra que protagonizaron indígenas, campesinos y desplazados, que mediante invasiones (7%) o recuperaciones de tierra demandaron cumplimiento de pactos y reparación a víctimas de la violencia. A esta formas de protesta se suman las marchas y concentraciones en poblados (68%), las tomas de entidades públicas (12%) y el bloqueo de vías (10%).

Los ritmos de la protesta

Durante los dos primeros años del mandato de Uribe Velez la protesta se contrajo con respecto al periodo de su antecesor, Andrés Pastrana. Pero en el tercer año las luchas en el campo se duplicaron, y mantuvieron esta dinámica hasta el final del periodo. En los dos primeros años las acciones colectivas se agruparon alrededor de la demanda a las guerrillas, los paramilitares, las Fuerzas Armadas  y el gobierno nacional para que respetaran los  derechos humanos, en particular los civiles y políticos, así como los territorios que aún permanecen en disputa por los grupos armados. Durante ese mismo lapso también fueron significativas las protestas por las fumigaciones de las zonas con cultivos de uso ilícito, en Nariño. Magdalena, Norte de Santander y La Guajira. 

Durante el tercer y cuarto año de Gobierno las protestas se duplicaron y se ampliaron al contexto regional, cuando sectores indígenas ocuparon la atención de la prensa nacional en el desarrollo de movilizaciones masivas de pequeños y medianos agricultores que rechazaban los acuerdos con el TLC. Estas luchas, producto de la consolidación de organizaciones agrarias en procesos de unidad, se articularon a plataformas de lucha latinoamericana y continental, anunciadas para el periodo de Uribe desde el primer año de gobierno, cuando se realizó la primera movilización nacional agraria de campesinos, afrocolombianos, indígenas y sindicatos.

Los motivos o demandas de las luchas de campesinos y grupos étnicos se concentraron en este periodo alrededor de los derechos humanos, en particular cíviles y políticos (43%), de las políticas, principalmente en rechazo al TLC y a las fumigaciones de cultivos (35%), de la tierra (13%) y del incumplimiento de pactos suscritos con el Gobierno en protestas anteriores (9%). Las demandas por derechos humanos registraron un pico en el tercer año y descendieron en el cuarto, cuando la protesta se volcó hacia el rechazo al tratado de comercio bilateral TLC, con Estados Unidos, acordado en este año entre los dos Gobiernos.

Las demandas por acceso a la tierra también fueron mayores en el último año, destacándose aquellas que, alrededor de las invasiones de tierra, recordaron el incumplimiento, por parte de varios gobiernos, de los pactos suscritos en 1991, luego de la masacre de 20 indígenas de la hacienda El Nilo en el resguardo de Huellas, Cauca. Este caso se presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ante esta instancia el estado colombiano reconoció su responsabilidad por los hechos de violencia y ofreció indemnizar a las víctimas con la entrega de 15.663 hectáreas de tierra plana en tres años. Desde este episodio han transcurrido 14 años, y la promesa de reparación económica no se ha realizado, pues tan sólo se ha adjudicado el 50% de las hectáreas. Con el agravante de que éstas han sido seleccionadas en zonas de ladera y erosionadas.

La tierra: motor principal

Varios conflictos de vieja data fueron las razones por las cuales los campesinos e indígenas encontraron en las protestas un recurso mayor para ser escuchados por el gobernante  actual. La lucha por la tierra se ha convertido en una necesidad primordial para los campesinos del país,  pues la concentración de la propiedad y los conflictos derivados de ella son el obstáculo mayor para las intenciones de paz y desarrollo de la nación colombiana. En el 2001, el 97% de los propietarios tenía tan solo el 24% de la tierra, mientras que el 0,4 de los propietarios controlaba el 61% de ella. Lo cual se traduce en un coeficiente de concentración Gini del 0.85%, uno de los más altos del mundo (1).  El Plan de Desarrollo del primer mandato de Uribe Vélez  propuso entregar  150 mil hectáreas a campesinos sin tierra, por medio de procesos de extinción de dominio de tierras del narcotráfico.  Sin embargo, en el 2004 tan sólo había cumplido con el 5% de la meta anunciada (2).



Este saldo negativo en la política se explica, entre otras, porque las tierras incautadas fueron aquellas en las cuales sus propietarios no tuvieron mayor resistencia a la extinción, pues el afectado había fallecido; mientras que los bienes destinados al narco-paramilitarismo continuaron intactos, pues la amenaza e intimidación de los grupos armados, sobre los campesinos con posibilidades de adquirir estos bienes, está presente (3).

En segundo lugar, las demandas por políticas se inscriben en el marco de las negociaciones del TLC con Estados Unidos y las fumigaciones de cultivos de uso ilícito para combatir el narcotráfico. Una de las formas de protesta que se inauguró este año fue la consulta popular, que, de manera simbólica, convocó a un referendo en el Cauca sobre el TLC, con la participación de 51.330 personas (4). Tres meses más tarde, esta propuesta se extendió a varias regiones, en 34 municipios y con la participación de por lo menos el 80% de los productores de arroz (5). Y, en diciembre de 2005, campesinos e indígenas de Colombia, Perú y Ecuador realizaron manifestaciones de protesta simultáneas, en los tres países. Sin embargo, en febrero del 2006, Colombia y Estados Unidos cerraron las negociaciones. A este problema, derivado de la apertura a los mercados, se sumaron las protestas de los pequeños cultivadores de coca, que afectados con las fumigaciones reclamaron una política acorde con las propuestas de sustitución de cultivos y desarrollo regional.

Por otra parte, los reclamos por violaciones a derechos humanos ante actores armados ilegales tuvieron como principal motivación las violaciones cometidas en la disputa de zonas y poblados. Mientras que las protestas frente a las acciones de las Fuerzas Armadas tuvieron como causa la política de seguridad democrática, expresada en abusos a la población civil tales como restricciones para el acceso de alimentos, ejecuciones extrajudiciales, maltratos y detenciones arbitrarias de lideres sociales.

Según informes de derechos humanos, del total de eventos de desplazamiento interno, el 43% se han producido en el primer periodo del mandato de Uribe y el número de colombianos desplazados asciende a 3.832.527 personas, la mayoría campesinos, indígenas y afrodescendientes. A este fenómeno se agrega el confinamiento de pobladores en sus territorios, obligados a permanecer encerrados ante la amenaza de los grupos armados.  La estrategia de seguridad del gobierno de Uribe Veléz ha contribuido también a que los campesinos e indígenas reclamen porque la militarización creciente de los territorios rurales los ha expuesto a ser estigmatizados como colaboradores de alguno de los grupos armados, cuando no como informantes de las Fuerzas Militares, alentando los imaginarios de campesinos guerreros vinculados al conflicto.

Finalmente, en lo que alude al incumplimiento de pactos, en este periodo se presentaron dos conflictos que recuerdan la deudas de varios gobiernos, contraídas con los campesinos e indígenas: el Caso Urrá y el Caso de indemnización de las víctimas de la masacre de la hacienda el Nilo, en el Cauca, antes mencionado.  Los indígenas Embera Katio se tomaron las instalaciones de la empresa Urrá S.A. por el incumplimiento de los acuerdos firmados entre las comunidades indígenas y el gobierno de entonces, presidente Andrés Pastrana, cuando éste se comprometió a otorgar una indemnización, por parte de Urrá, por la pérdida de tierras y la mitigación de los daños ambientales, sociales y culturales causados por la represa.  A la fecha, las medidas de reparación, indemnización y mitigación han sido insuficientes y Urrá, además de negar la responsabilidad en estos hechos, no ha emprendido ninguna nueva acción para garantizar una reparación integral.



En total, del número de protestas, en un 69% de las acciones se reclamó ante el gobierno nacional, en un 16% frente a los grupos armados ilegales, y en menor medida a los gobiernos municipal (6%), departamental (5%) y Fuerzas Armadas (4%).

La reacción frente a la protesta

La prensa poco menciona los resultados que arrojan los pliegos de las demandas.  En el periodo, los medios registraron tan sólo en un 11% procesos de negociación de los conflictos, mientras que en un mayor porcentaje (15%) las noticias de los diarios refirieron actos de hostigamiento y represión  por parte de la Fuerza Pública frente a las protestas.

La primera referencia la encontramos en los hechos ocurridos en la primera movilización agraria nacional, realizada a pocos días de iniciar el periodo Uribe Velez, en septiembre de 2002. Antes, y bajo la declaratoria de conmoción interior, se prohibieron las marchas en varios departamentos. Los diarios anunciaban “medidas de seguridad para prevenir actos terroristas”, y algunos mandatarios locales y militares se adelantaron a juzgar que ésta era organizada por la guerrilla. Mientras, las organizaciones campesinas denunciaban amenazas de muerte, por parte de grupos paramilitares, sobre  aquellos que participaran en la protesta, y se presentaban detenciones de campesinos por parte de la fuerza pública. La marcha culminó con la deportación de varios miembros de Ong españoles y belgas que acompañaban los eventos y velaban por el respeto de los derechos humanos, y con allanamientos y detenciones a varios dirigentes agrarios pertenecientes a organizaciones sociales colombianas. Reacciones similares se presentaron cada año, durante el primer cuatrienio de Uribe. La última de ellas reafirmó que la seguridad democrática del Presidente ha agravado la situación de los derechos humanos. Tal como lo denunciaron los paeces en el Cauca, con los atropellos que causaron muerte, detenciones y hostigamiento sobre las comunidades convocadas por la Cumbre Social,  que protestaban una y otra vez por sus derechos, desde un territorio que simboliza, desde 1999, el diálogo la paz y la reconciliación en el resguardo de La María.

Esta forma de construir el orden en el territorio nacional, a través de la política de seguridad democrática del Gobierno, sembró dudas sobre las bondades de la estrategia de seguridad expuestas en el Manfiesto Democrático que Uribe proponía en su primera campaña a la presidencia, “para proteger a todos, al trabajador, al empresario, al campesino, al sindicalista, al maestro, frente a cualquier agresor” (6). Pero esta protección, al parecer, no cobijaba a quienes hacían fuertes críticas a los programas de Gobierno, al dar un tratamiento de orden público y lucha contra el terrorismo a las acciones colectivas y pacíficas de las organizaciones sociales.

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1. IGAC-Corpoica, “Zonificación de los conflictos de uso de la tierra  en Colombia”, Bogotá, 2002, Cap. 2

2. Flórez, Luis Bernardo, (2005)“La cuestión agraria, la democracia y la paz” en  Revista Economía Colombiana No 309, Bogotá, Contraloría General de la República,  Julio-Agosto, págs. 1-7

3. Gómez Méndez Alfonso  (2005)“ La extinción de la propiedad rural ilícita ¿una vía para la reforma agraria? En  Revista Economía Colombiana No 309, Bogotá, Contraloría General de la República,  Julio-Agosto, págs.  56-59.

4. www.indymedia.org. Página consultada en marzo de 2005.

5. La República junio 4 de 2005 pág 5.

6. Alvaro Uribe Vélez, “Manfiesto democrático , 100 puntos, Alvaro Uribe Vélez” Cap 1. La Colombia que quiero.

 

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