Columnistas: Alfredo Molano

 Sábado, 17 de febrero de 2007

(Desapareciendo desaparecidos)NN

Uno de los crímenes másrepugnantes es la desaparición forzada. Los familiares y amigos de undesaparecido no descansan hasta saber con certeza cuál ha sido la suerte de suser querido.

Alfredo Molano Bravo

Cualquier noticia –latortura, la mutilación– es menos dolorosa que la incertidumbre, uno de losresultados que buscan los criminales. El otro es, por supuesto, el daño y elsufrimiento que se le inflige a la víctima antes de desaparecerla. En Colombiael número de personas desaparecidas es incierto; la cifra oscila entre 3.000 y14.000. Mejor dicho, el limbo. Durante el primer gobierno de la SeguridadDemocrática, la situación fue así: “Entre julio de 2002 y junio de 2006, por lomenos 1.613 personas fueron desaparecidas forzadamente. De ellas, 476 personasfueron encontradas asesinadas, en algunos casos con señales de tortura. Enpromedio, más de una persona (1,1) fue desaparecida cada día. En los añosanteriores desaparecían menos de dos (1,7). El 96,54% de las desaparicionesforzadas registradas, en las cuales se conoce el presunto autor genérico,fueron atribuidas al Estado. A los grupos guerrilleros se les atribuyó el 3,4%de los casos”. (coljuristas@.org).

Mas aún, sólo hasta elaño 2000 se tipificó el delito, y sólo a partir de 2005 se obliga a lasautoridades a investigar el paradero de las personas denunciadas comodesaparecidas por sus familiares. A mediados del año pasado, la Fiscalía teníainformación de la existencia de 1.880 cadáveres enterrados en algún sitio delpaís, en su mayoría denunciados por desmovilizados que buscan ser beneficiadospor la ley. El afán de la Fiscalía y de otros organismos del Estado se funda enla eventualidad de perder el rastro de las víctimas, dado que los paramilitaresandan desapareciendo restos para evitar incriminaciones no confesadas. De lamotosierra a la pala mecánica. En el Catatumbo, por ejemplo, excavaron conbuldózer un cementerio clandestino hecho por ellos para quedar sanos con laFiscalía. Las fosas comunes se han puesto de moda, y el gobierno publicita loshallazgos como una manera perversa de mostrar resultados positivos de la Ley deJusticia y Paz. Y en efecto, en los últimos meses se han encontradoenterraderos en la Sierra Nevada, el Catatumbo, Mapiripán, Tierra Alta y SanOnofre, de donde han sido exhumados unos 100 muertos. Sin embargo, ninguno hapodido ser identificado positivamente y, por tanto,  ningún cadáver hapodido ser entregado a su familia. ¡Escandaloso!

Los organismos del Estadollaman “positivo” a la identificación primaria: sexo, edad, raza; pero laidentidad específica, con nombre propio y número de documento, no ha sidoposible. Entre otras cosas porque el Estado no tiene un registro confiable dedesaparecidos, que es otra manera de decir que no sabe a quién busca. Una cosaes sacar los restos de una persona y otra muy distinta es saber de quién son.Al no poder entregarlos, la Fiscalía los debería custodiar y guardar en unlugar confiable como manda la ley, pero como hay tantos restos y no caben en eldepósito legal de Barranquilla –a donde deber ir–, el ente público opta porvolverlos a enterrar en la esquina de cualquier cementerio. Aumentapavorosamente la cifra de NNs, sin que a nadie importe porque es un datointrascendente. Así, el Estado, que ha sido incapaz de defender a susciudadanos en vida, tampoco los defiende muertos, y se lava las manos –que biensucias las tiene– enterrándolos en el anonimato, o sea, desapareciéndoloslegalmente.

En esas tumbas seentierran todas las investigaciones posibles y se clausura toda obligación delEstado. Hace unos días las madres de unos jóvenes que nunca regresaron, fuerona rogarle a Ramón Isaza que les dijera dónde estaban sus hijos. Con la frescuraque la impunidad cobija, respondió: no sé, nosotros los botamos al río para nodejar rastros. Otros, digo yo, con la misma frialdad tiraban los cuerpos a lasmadrigueras de caimán, como sucedía en Plato. También estos muertos –miles porcierto– se convierten  en NNs. La incapacidad del Estado llega hasta elexceso de que sabiendo con seguridad que en un determinado lugar –la esquina deuna hacienda o el botadero de basura de una caserna– hay un cementerioclandestino, no lo asegura para impedir que los paras desentierren a susvíctimas para, también, perderlas para siempre. El jueves pasado fue lanzado elPlan Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas. Una esperanza. Amanecerá y veremos.