Columnistas: Iván Cepeda

Por Ivan Cepeda
Mayo 2005
La historia de los crímenes contra la humanidad tiene aún episodios y acontecimientos cruciales por esclarecer. Los crímenes masivos cometidos por razones políticas no encuentran todavía una tipificación aceptada universalmente en el derecho internacional. Para algunos la acción o el intento de poner fin a la existencia de toda una formación política hacen parte de la definición internacional del crimen de genocidio. Para otros, esta variante de la criminalidad en masa merece una definición especial dentro de la caracterización de los crímenes contra la humanidad: la denominación de “politicidio”.
Además, al tratarse de acciones violentas en cuya base se hallan móviles ideológicos es comprensible que su tratamiento historiográfico sea oscurecido por las censuras o deformaciones ideológicas. Ciertamente, en las últimas décadas se ha avanzado en el reconocimiento público de las atrocidades cometidas bajo regímenes totalitarios que se han proclamado seguidores de alguna variante ideológica de izquierda. Los acontecimientos que acompañaron el colapso de los sistemas del “socialismo real” han posibilitado el acceso a documentos y testimonios que han ayudado a estudiar mejor los crímenes masivos del estalinismo. También se han documentado mejor las purgas de la “Revolución cultural” china o el genocidio en Camboya durante la época de los Khemers Rojos. Esos períodos de violencia ocupan, sin duda, un lugar sobresaliente en la galería de los grandes horrores del siglo XX.
Por el contrario, la persecución perpetrada contra partidos o movimientos políticos de izquierda ha sido más difícilmente reconocida y esclarecida. Ante esta clase de masacres globales la actitud más frecuente ha sido la de guardar silencio, la de minimizar las dimensiones de lo ocurrido o la de justificarlo con pretextos ideológicos. Como si el derrumbamiento del “Muro de Berlín” hubiera significado la anulación o la justificación automática de las aberraciones que, en diversos contextos geopolíticos, se cometieron, y se siguen cometiendo, contra sectores políticos de izquierda.
Bajo el estigma de ser embajadores de la amenaza soviética, de promover la guerra civil o de tener “brazos armados”, durante el siglo XX fueron ilegalizados y prácticamente suprimidos numerosos partidos políticos bajo regímenes dictatoriales. En los albores del régimen nazi, se emprendió la aniquilación del Partido Socialdemócrata alemán, pues como parte de las condiciones necesarias para la destrucción de sectores enteros de la población se hacía imprescindible “simplificar” el sistema de partidos quitando de en medio toda formación política diferente al Partido Nazi. Se impidió de esta manera a los comunistas participar en las sesiones del parlamento, y luego se les acusó de incendiar el Reichstag. Se colocó a muchos de ellos “bajo custodia protectora” en 21 campos de concentración, y se ordenó la confiscación de sus propiedades. Finalmente, en junio de 1933, mediante un decreto del Reich se ilegalizó el Partido Socialdemócrata y se eliminó su representación en el parlamento y en los órganos de gobierno local. A los opositores políticos se les reservó un tratamiento especialmente cruel en los campos nazis.
En los inicios de la “Guerra Fría”, durante la década de 1950, miembros y simpatizantes del Partido Comunista de Estados Unidos fueron encarcelados o segregados socialmente por sus opiniones políticas. Durante el “período del Macartismo” se persiguió así mismo a figuras intelectuales destacadas bajo la acusación de ser amigos de o haber tenido encuentros con comunistas.
En octubre de 1965, en una sola noche en Yakarta entre 300.000 y un millón de miembros y simpatizantes del Partido Comunista de Indonesia (PKI) fueron masacrados para limpiar el camino hacia el poder del general Suharto. En los meses siguientes, los cuerpos de seguridad arrestaron y torturaron a cientos de miles más.
En Sudáfrica los miembros del “Congreso Nacional Africano” fueron sometidos por décadas a políticas de persecución feroz. Durante las décadas de 1970 y 1980, en varios países del cono sur latinoamericano, comunistas y socialistas fueron víctimas de masacres en masa que condujeron a la clandestinización de la oposición política. En Chile y Argentina, bajo el pretexto de “evitar una guerra civil”, las campañas de “depuración” se realizaron a través de la utilización de técnicas sistemáticas de “desaparición” forzada (cerca de 30.000 opositores desaparecidos en Argentina) y tortura (35.000 activistas políticos torturados en Chile).
Si bien en algunos de estos casos las comisiones de esclarecimiento y unos cuantos procesos judiciales han investigado las dimensiones reales de estos acontecimientos, persisten aún las sombras sobre aspectos esenciales de su verdad histórica y su responsabilidad jurídica.