Columnistas: Iván Cepeda

Iván Cepeda Castro
Al cumplirse veintiún años de los funestos sucesos que tuvieron lugar en el Palacio de Justicia en noviembre de 1985, se presenta el libro Prohibido olvidar de la periodista Maureén Maya y el senador Gustavo Petro. La obra, de más de 400 páginas, es una reflexión sobre la lógica de los eventos de este acontecimiento histórico. Para entender cabalmente lo que ocurrió, los autores señalan que es imprescindible lanzar una mirada hacia el recorrido del M-19, y en especial, al accidentado proceso de paz que adelantó con el gobierno del presidente Betancur. Sin duda al optar por la toma del Palacio, este grupo guerrillero incurrió en el más craso error de su historia, cometió múltiples y graves infracciones contra el derecho humanitario y expuso la vida de muchos civiles a un desenlace fatal. Pero, con ese mismo rigor, no se debe olvidar que en materia de procesos de paz los gobiernos colombianos y sectores poderosos de las Fuerzas Militares han actuado siempre con el patrón de la traición de los acuerdos. En la mayoría de las negociaciones, los voceros de las guerrillas han terminado asesinados durante o después de los diálogos. En algunos casos, como el del PRT, de 300 integrantes que pertenecían al grupo, 150 fueron asesinados después de dejar las armas en hechos en los que aparecen involucrados agentes estatales y paramilitares. La UP es todavía hoy víctima de un pacto burlado. Con el M-19 no se hizo excepción.
Podrán compartirse o no los puntos de vista que expresan los autores de Prohibido olvidar. Pero más allá del debate sobre las interpretaciones, se encuentra un análisis minucioso de hechos y pruebas. El 18 de octubre de 1985, los periódicos El Siglo y El Tiempo informaron que la Policía Nacional había decomisado documentos que revelaban un vasto plan de las guerrillas urbanas que contemplaba “el secuestro de magistrados y la toma del Palacio de Justicia”. Existen evidencias de que a pesar de esta seria advertencia, fue reducido el contingente encargado de la seguridad en la sede de las altas cortes. El 12 de noviembre, el jefe de prensa del Ministerio de Defensa declaró que las autoridades no disponían de ninguna información previa sobre el eventual ataque. Del consejo de ministros convocado a pocas horas de la toma no quedó acta alguna. El presidente Betancur ha insistido en que guarda una verdad crucial sobre la actuación de su gobierno durante esos dos días que sólo se conocerá luego de su muerte. Imágenes periodísticas y numerosos testimonios demuestran que varios de los desaparecidos salieron con vida del Palacio. En el libro, un agente del B2 cuenta que presenció las sesiones de tortura en la Casa del Florero y en la Escuela de Caballería. Finalizadas las acciones militares, y antes de que llegaran al lugar los funcionarios competentes para la investigación, altos mandos castrenses ordenaron incautar las armas y el material de guerra empleados por el M-19, despojar a los cadáveres de sus ropas y pertenencias, y trasladar los cuerpos a un patio de la edificación donde fueron lavados meticulosamente. Asimismo, se encargó a una empresa privada de aseo limpiar lo que quedó del Palacio el mismo 7 de noviembre. El juez 78 de Instrucción Penal Militar dio la orden de enterrar en una fosa común decenas de cadáveres de las víctimas. De esta forma la prueba forense fue destruida o manipulada.
Sólo esta clase de paciente trabajo de reconstrucción de las pruebas y esclarecimiento de las responsabilidades respectivas permitirá elaborar una versión histórica compleja de la tragedia del Palacio de Justicia, que honre la memoria de todas las víctimas y contribuya a la democracia.