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Derechos Humanos: Boletín Día a Día del 11 al 17 de octubre de 2007

Martes, 23 de Octubre de 2007

 
Boletín Día a Día del 11 al 17 de octubre de 2007
 

Denuncian futura masacre paramilitar en el Meta

Comisión de Derechos Humanos de la Región del Bajo Ariari/ Camilo Raigozo. Voz

Los días 18, 19, 20, 21 se realizo una Misión Interinstitucional de Verificación y acompañamiento de los Derechos Humanos con las Comunidades del Sector del Bajo Ariari, que estaba compuesta por funcionarios de la Vicepresidencia de la Republica, funcionario de la Procuraduría Seccional y regional del (Meta), Gobernación del Meta, personerías de los municipios de Puerto Rico y Puerto Lleras (Meta) y varias organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos y acompañamiento internacional.



Esta comisión se desplazó por los poblados de Villa de la Paz, Puerto Toledo, Santa Lucia, El Danubio, La Colina, Puerto Chispas, Barranco Colorado, en donde se escucharon los testimonios de los pobladores quienes denunciaron la grave situación socio-económica y humanitaria que vive la región a consecuencia de las incursiones del Ejército y grupos paramilitares, dando como resultado la muerte de varios habitantes, el robo de ganado, las detenciones masivas, las fumigaciones indiscriminadas, entre otros crímenes.



Las comunidades han informado a la Comisión de Derechos Humanos, que a los pocos días de la visita humanitaria, aparecieron por los ríos Ariari y Guejar grupos de hasta 80 paramilitares al mando de alias “Casanare, cuya misión, según le manifestaron a varios pobladores, es realizar una masacre en alguna de las poblaciones antes de las próximas elecciones del 28 de Octubre del presente año, con el fin de evitar que las gentes de esta región participen en ellas.



La ONG defensora de los derechos humanos del Bajo Ariari y las comunidades de esta región, hicieron un llamado a todas las organizaciones sociales y colegas nacionales e internacionales para que se pronuncien contra el terrorismo de Estado y salvaguardar la vida y la integridad de la población inerme.



También le exigieron al gobierno del presidente Uribe a que respete el derecho a la vida y otorgue las garantías necesarias para el libre ejercicio político y pidieron a las diferentes instituciones del Estado actuar conforme a los mandatos legales, constitucionales y las leyes internacionales.


Mil ejecuciones extrajudiciales


Según el columnista Iván Cepeda , a comienzos de la década de 1990, los agentes de las fuerzas militares y de Policía eran responsables de cerca del 55% de los crímenes cometidos, mientras que el 18% correspondía a los paramilitares y el 27% a las guerrillas. Hacia 1997, año en que se conformaron las Auc, los porcentajes variaron radicalmente. A los miembros de las Fuerzas Armadas se les atribuyó el 10% de violaciones de derechos humanos y a los paramilitares el 63%. Algunos especialistas definieron este cambio simultáneo de porcentajes como la “pérdida del monopolio de la fuerza organizada por parte del Estado”. En realidad, las estadísticas mostraban que la Fuerza Pública había delegado la carga mayor de la perpetración de los abusos y crímenes a la estrategia paramilitar.


Ahora, con la desmovilización de una parte de las estructuras paramilitares asistimos a un incremento de la violencia de las Fuerzas Armadas. La plataforma de organizaciones de derechos humanos Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos ha elaborado una serie de informes que demuestran esa tendencia, y que documentan 908 casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cometidas presuntamente por agentes estatales entre 2002 y 2007, en 27 departamentos del país.


El departamento más afectado es Antioquia con 183 víctimas. En relación con los seis años precedentes, las cifras totales registran un incremento del 92%. Ese aumento corresponde a la aplicación de la política de “seguridad democrática”, que se funda en la reiterada negación del principio de distinción entre civiles y militares, y en la presión por resultados ejercida por el Presidente de la República sobre los miembros de la Fuerza Pública.


CIDH desnuda la farsa del proceso Uribe -‘paras’

Las versiones libres han sido simples trámites, pues más del 90 por ciento (unos 28 mil) de los “desmovilizados” que pasaron por los ámbitos jurídicos no declararon datos importantes sobre sus crímenes ni sobre sus  cómplices

Por Camilo Raigozo. VOZ


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, dio a conocer el pasado 11 de octubre un informe sobre el llamado proceso de desmovilización paramilitar adelantado entre este grupo narcoterrorista de derecha y el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Para tal efecto, la CIDH llevó a cabo estudios en el propio terreno desde el 2003, año en el que se iniciaron los diálogos entre el actual Gobierno y las Auc.


La CIDH pudo constatar que un gran número de personas desmovilizadas eran civiles que estratégicamente los hicieron pasar como paramilitares. “En algunos casos, los líderes habían incentivado a civiles no combatientes a presentarse al circuito judicial invocando la pertenencia al grupo paramilitar para acceder a los beneficios económicos y retribuir al líder un porcentaje de la suma recibida del Gobierno”, dice entre otros detalles el informe, y agrega más adelante que, entre las armas entregadas por los desmovilizados no aparecían, ni modernas, ni en buen estado, pero en cambio después emergieron depósitos clandestinos repletos de armas relucientes y ultramodernas que no fueron entregadas por los diferentes bloques desmovilizados.


Oportunidad perdida


El ente que vigila los derechos humanos en el continente americano, critica al Gobierno colombiano por el hecho de que al momento de la desmovilización de los paramilitares se haya evitado indagar sobre los crímenes perpetrados por los participantes en el proceso, lo que “constituyó una oportunidad perdida para la recopilación de información sobre los bloques de las Auc, sus miembros, y la dinámica socio-económica que mantenía el funcionamiento de estos grupos”, aseveró la CIDH.


El informe dice que los fiscales que recibieron las primeras versiones libres de los desmovilizados fueron enterados horas antes de su partida, no tenían entrenamiento en el área y se limitaron a usar un cuestionario preestablecido que no profundizó, perdiendo así la inmejorable oportunidad para esclarecer la verdad. Al respecto afirma textualmente, "En vista de las características y los formatos utilizados en el cuestionario, la toma de versiones constituyó un trámite meramente formal. Los fiscales enviados a las zonas de ubicación no recibieron instrucciones de indagar la posible vinculación de quienes pasaron por el circuito con la comisión de crímenes perpetrados en la zona, ni de recopilar en forma previa información relacionada con las causas pendientes que involucraran a miembros de los Bloques de la Auc que participaron de la desmovilización".


Argucias jurídicas



"Los circuitos jurídicos previstos para el proceso de desmovilización de los miembros de las Auc reflejaron una falta de sistematización de los mecanismos destinados a identificar y determinar la responsabilidad penal por la comisión de crímenes. Los vacíos e inexactitudes generados en esa primera etapa tienen repercusión negativa en los procesos investigativos adelantados en aplicación de la Ley de Justicia y Paz y pueden llevar a la impunidad de los numerosos crímenes no confesos por los cuales no se adelantan investigaciones judiciales", afirma la CIDH.

La CIDH critica la ley 782 y el Decreto 128 de 2003 porque –dice -servirían de protección contra procesos judiciales a personas que no hayan sido procesadas o condenadas con anterioridad a su desmovilización, lo cual conduciría a la impunidad de graves crímenes. Agrega que existe incertidumbre por la aplicación retroactiva del falló de la Corte Constitucional y por el decreto 3391 porque, estaría restableciendo la vigencia de un artículo de la Ley de Justicia y Paz, declarado inconstitucional por la Corte y que permitiría descontar de la pena el tiempo de permanencia de los desmovilizados en la zona de concentración.

Dice el informe que contrario a la decisión de la Corte, por vía de una disposición reglamentaria se estarían incluyendo nuevas reformas a la normatividad que permitirían nuevas rebajas en el cómputo de las penas alternativas.

Obstáculos a las víctimas

En el documento también se aclara que a las víctimas se les ha impuesto restricciones para la obtención de ayuda y representación jurídica en sus reclamaciones por verdad, justicia y reparación, y por el contrario, son sometidas a intimidaciones y amenazas. Cabe anotar que al menos una veintena ha sido asesinada por atreverse a reclamar sus tierras usurpadas a sangre y fuego o por indagar sobre el paradero de los restos de sus seres queridos masacrados por esas bandas criminales.

La FIDH critica entre otros puntos, que el sistema para informar a las víctimas de sus derechos y posibles beneficios no funciona, porque se utilizan medios de comunicación que no llegan a las zonas donde están ellas. Otro obstáculo para la participación de las víctimas es la imposibilidad de interrogar directamente o por medio de sus representantes a los paramilitares, "lo cual restringe seriamente la posibilidad de utilizar el interrogatorio de la víctima para  alcanzar la verdad de los hechos y la Fiscalía pierde una valiosa estrategia para confrontar las versiones libres, y avanzar en la verificación del cumplimiento de los requisitos legales para el acceso a los beneficios".

"Es incierto el panorama sobre el desmonte efectivo de las estructuras armadas del paramilitarismo y la genuina participación de los cuadros armados de las Auc en el proceso de desmovilización", concluye la CIDH, añadiendo que "el fenómeno de las estructuras armadas ilegales permanece presente en las mismas áreas del país". Sostiene que en caso de que por reincidencia los criminales perdieran los beneficios, solo podrían ser afectados el 8,7 por ciento del total de desmovilizados que son los postulados a los beneficios de la llamada Ley de Justicia y Paz.


Militares asesinaron a joven campesino en Rioblanco (Tolima)
Por Nelson Lombana Silva. VOZ


Unidades militares pertenecientes a la brigada móvil de la contraguerrilla número ocho, asesinaron a sangre fría a Jhon Jairo Valero y dejan gravemente herido al menor de edad, Andrés Mendoza, en el corregimiento de Maracaibo, municipio de Rioblanco, Tolima, el 27 de septiembre a las siete de la mañana, mientras los citados campesinos recolectaban el grano de café.

Según comunicado emitido por los campesinos del sur del Tolima y apoyado por la red de promotores y defensores de derechos humanos de este departamento, "a las siete de la mañana aproximadamente hacen presencia unidades de la brigada móvil de contraguerrilla número ocho del ejército en la vereda Maracaibo, municipio de Rioblanco, allí es asesinado el joven campesino, Jhon Jairo Valero de 20 años de edad, en los mis hechos también fue herido el joven Andrés Mendoza de 15 años de edad, estudiante de la institución educativa José María Córdoba de Maracaibo, quienes se encontraban cogiendo café en la finca Buenos Aires de propiedad de la familia Valero".

La violencia militar – paramilitar en el sur del Tolima es intensa en el marco de la seguridad democrática del presidente Uribe, quien en forma irresponsable en su reciente visita al municipio de Chaparral ordenó a sus militares matar a cuanto supuesto subversivo se le atraviese como si en colombia estuviera aprobado la pena de muerte.

De noviembre 20 de 2006 a la fecha, son diez campesinos que han sido asesinados en idénticas condiciones: Siete en Rioblanco y tres en Chaparral, cuatro de los cuales son menores de edad. Además, todos han sido presentados ante la opinión pública como guerrilleros caídos en combate, cuando en realidad son campesinos honestos, trabajadores e indefensos.

El comunicado hace un llamado urgente a la comunidad nacional e internacional, a los organismos defensores de derechos humanos para que ayuden a parar este baño de sangre y permitan los militares atender al menor de edad, Andrés Mendoza que se desangra y no permiten que los familiares y amigos le presten los primeros auxilios. Todo parece indicar que los militares están esperando que el joven se desangre para también hacerlo pasar como guerrillero caído en combate, señalan adoloridos e indignados campesinos de la zona.

Ejecuciones extrajudiciales aumentaron un 65 por ciento: IPC

La organización no gubernamental Instituto Popular de Capacitación (IPC) reveló un informe según el cual en los últimos cinco años se han registrado 955 casos de ejecuciones extrajudiciales en Colombia.

El Espectador


Esta cifra, revelada por el IPC, vinculado con la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos  (CCEEU), que reúne a organizaciones no gubernamentales (ONG) de investigación en derechos humanos, supone un incremento del 65,51 por ciento en relación con los cometidos de 1997 a 2002.

Las ejecuciones mencionadas en el informe corresponden con el período que va de julio de 2002 a junio de 2007, precisó el Instituto Popular de Capacitación  (IPC) y advirtió que la cifra de este período contrasta con las cifras registradas entre julio de 1997 a junio de 2002, cuando los casos de ejecuciones fueron 577.

“A las 955 ejecuciones extrajudiciales se les suman las 235 desapariciones forzadas por acción directa de agentes estatales” en el último lustro, agregó el IPC en un comunicado divulgado desde Medellín.

La ONG dijo que el estudio fue realizado por el Observatorio de Derechos Humanos de la CCEEU, que lo presentará de manera pública el próximo 10 de octubre en actos simultáneos en Bogotá y Washington.

La presentación en la capital del país estará a cargo de especialistas de Alemania, España, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, destacó el IPC.

Son expertos en derecho, antropología, política y relaciones internacionales que realizan desde el pasado 3 de octubre una misión de observación sobre ejecuciones extrajudiciales, con “tareas de campo” en diversas regiones.

En Washington, el estudio será expuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con ambas acciones se busca llamar la atención del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, sumarias o arbitrarias para que siga la situación colombiana.

Según el IPC, las cifras sobre ejecuciones “confrontan la llamada seguridad democrática que impulsa el actual Gobierno Nacional y niegan que sea una política de derechos humanos encaminada a la protección de la población civil”.


Desplazamiento campesino en Putumayo


Al menos 130 personas tuvieron que desplazarse desde la vereda Maraveles, en jurisdicción del Valle del Guamez, Putumayo, debido a las amenazas que recibieron de la Fuerza Pública, luego de la explosión de una mina contra un convoy de la Policía Antinarcóticos

El alcalde de la población, Artemio Solarte, señaló en entrevista a Caracol Radio, que al parecer el Ejército y la Policía están señalando a algunos ciudadanos como miembros de la guerilla de las Farc, responsabilizándolos del ataque a esta patrulla de la fuerza pública.

Las familias desplazadas se encontraban, al cierre de esta nota, en la Iglesia de la inspección de El Tigre de este municipio del bajo Putumayo, donde esperaban la presencia de ONG defensoras de derechos humanos, la Procuraduría, la Defensoría y los demás entes de protección y control del Estado.


Masacre de seis mineros en el Chocó sería por oro y coca

El Tiempo

Una de las hipótesis indica que los autores serían 'Los Rastrojos', del narcotraficante del Norte del Valle Wílber Varela, alias 'Jabón', según el secretario de Gobierno de Chocó, Modesto Serna.

"Llegaron varios hombres y nos obligaron a parar el trabajo. Luego nos llevaron a un cambuche y sin decir nada nos dieron machete y bala".

Con las débiles palabras que salían de su garganta cortada por el filo de un machete, uno de los tres sobrevivientes de la masacre en la finca La Matraca en el corregimiento Basurú, de Istmina (Chocó), narró cómo un grupo armado arremetió en una mina de oro donde laboraban 10 labriegos.

Aunque el crimen ocurrió el miércoles al mediodía, solo ayer, con la llegada de tres sobrevivientes al hospital San Francisco de Asís de Quibdó, se supo del ataque.

Al finalizar la tarde se confirmó que otro de los mineros, que se creía muerto, fue encontrado con vida y era atendido en ese mismo centro asistencial.

Según un familiar de las víctimas, los mineros llegaron a Istmina hace ocho días, provenientes del barrio Samper, de Quibdó y buscaban en el socavón oportunidades de ganar dinero.

"Primero se identificaron como del Ejército y nos dijeron que si éramos guerrilla o paramilitares. A mí me pegaron un machetazo en el cuello. Me hice el muerto y por eso me salvé. Con otros nos fuimos caminando hasta Itsmina", agregó el sobreviviente.

"Habría una lucha por el negocio de las minas entre ese grupo, la guerrilla y bandas emergentes", dijo Serna.

La teoría es avalada por el defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, que rechazó la masacre a través de un comunicado y sindicó a los hombres de Varela como los posibles autores materiales.

En la zona de Istmina existen cerca de 20 minas de oro donde laboran campesinos de varios municipios del Chocó. Los socavones pertenecen a particulares que contratan a los labriegos para la explotación de las minas.

Pero muchos de ellos llegan reclutados por grupos paramilitares o guerrilla a trabajar como 'raspachines' en cientos de hectáreas de cultivos ilícitos.

Por eso, se habla de que 'Los Rastrojos' están enfrentados con un grupo de 'Águilas Negras' por el control de los cultivos ilícitos.

El grupo estaría integrado por paramilitares que no se desmovilizaron del 'Bloque Pacífico' de las Auc y que trabajan para Francisco Zuluaga alias 'Gordolindo', detenido en La Picota.

"Estos hechos reclaman una acción decidida de la Fuerza Pública para garantizar la protección a las comunidades", dijo Pérez.

Ayer, el CTI de la Fiscalía y soldados de la Brigada XV del Ejército estuvieron en Basurú haciendo el levantamiento de los cadáveres



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