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Derechos Humanos: Boletín Día a Día del 12 al 18 de julio de 2007

Sábado, 21 de Julio de 2007

 
Boletín Día a Día del 12 al 18 de julio de 2007
 

Asociación Nacional de Ayuda Solidaria

ANDAS


Boletín Día a Día del 12 al 18 de julio de 2007

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Cierre definitivo de urgencias en la Clínica del Niño


Mientras aumenta en 163,15 % el presupuesto para la guerra, el gobierno cierra más hospitales. A partir del primero de agosto la Clínica del Niño no atenderá más consultas de urgencias a la población infantil que superan las 50 mil por año


El pasado 13 de julio se conoció por parte del Gobierno, de que el presupuesto para la guerra aumentará en 3,1 billones de pesos para el próximo año. Es decir, pasará de 1,9 billones de pesos a 5,0 billones, lo que significa un aumento del 163,15 por ciento. En contraste con el escandaloso gasto bélico proyectado por el gobierno de la ‘seguridad democrática’, la inversión social solo se verá incrementada en 1,4 billones de pesos, es decir apenas el 14, 73 por ciento.


La salud y la educación de la mayoría de los colombianos, son principalmente los rubros más afectados por el desproporcionado gasto militar. Por eso, casi simultáneamente la Secretaría de Salud del Distrito, se vio sorprendida con la noticia de que el Gobierno Nacional representado por la administración de la Empresa Social del Estado (ESE) Luis Carlos Galán, había tomado la decisión de cerrar definitivamente el servicio de urgencias que se venía prestando a la población infantil afiliada a la EPS del Seguro Social, Clínica del Niño, la cual atendía más de 50 mil consultas al año.


Luego de una reunión propuesta por el Secretario de Salud Distrital, Héctor Zambrano, con el gerente de la ESE Luis Carlos Galán, Faruk Urrutia, se logró que este último corriera la fecha del sorpresivo cierre que era el 16 de julio para el 31 del mismo mes. La decisión se tomó luego de evaluar los requerimientos que debe tener el plan de contingencia para garantizar una adecuada atención a los usuarios del Seguro Social.


La suspensión de la atención de emergencias vitales a la población materna e infantil en la Clínica del Niño y los intentos de cierre del Instituto Materno Infantil, que atiende principalmente a los niños inscritos en el sistema de beneficiarios (Sisbén), pone en evidencia el desprecio que tiene el presidente Uribe por la salud de los niños colombianos de bajos recursos, que son la mayoría. Sin duda, miles de niños de los estratos más vulnerables, fueron condenados a muerte con esta decisión.


Las excusas ofrecidas por el gobierno en boca del subgerente de Unidades Hospitalarias de la ESE Luis Carlos Galán, Santiago Alcalá, para proceder al cierre del vital servicio, fueron de que faltaban pediatras, porque solo habían cuatro de los ocho que se necesitaban y de que la cantidad de consultas había caído de 160 a 100 por día. Es decir que Uribe aprecia la salud de la infancia colombiana como un negocio que sí no es rentable, pues lo cierra. Para el Presidente, la salud de sus ‘compatriotas’, no pasa de ser una mercancía que debe rendir jugosas ganancias.


"Ya no hay pediatras que quieran trabajar en la clínica, por la incertidumbre que hay con la liquidación del Seguro. Por otro lado, la Clínica viene arrastrando un déficit que el año pasado fue de 2.500 millones de pesos”, le dijo sin el menor asomo de rubor, Alcalá a los medios.


Por su parte, Zambrano dijo que la "preocupación de la Secretaría radica en que los servicios de urgencias demandan la oportunidad en la atención y este es un asunto vital, más aún cuando se trata de niños". Y agregó que "Antes de cerrar unas urgencias pediátricas por razones económicas, se debe pensar no solo en la utilidad del servicio sino también en la rentabilidad social".


Bajo Ariari (Meta)
Desaparecen dos campesinos en manos del Ejército

Convocatoria para conformar mesa de acompañamiento y solidaridad con el campesinado de la región

Aproximadamente a las 11 de la mañana del pasado 17 de julio, tropas pertenecientes a la Brigada Móvil 12 del Ejército, instalaron un retén sobre la vía que une al caserío El Tigre con la vereda La Cooperativa, municipio de Vista Hermosa (Meta), donde detuvieron la camioneta conducida por Ramiro Romero Bonilla y a su acompañante, Arnulfo Guerra.

Los militares procedieron a retener a los dos campesinos, a quienes obligaron a abordar un helicóptero militar, sin que hasta el momento de emitir esta nota, se tenga noticias de su paradero, según lo dio a conocer a Notimundo Hector Hugo Torres, de la Comisión de Derechos Humanos.

Tanto la ONG defensora de los derechos humanos, como la comunidad, hacen un llamado urgente a todos los entes de control del Estado, así como a las autoridades competentes, para que se investigue sobre la suerte de los dos labriegos y se les garantice sus derechos civiles. También responsabilizan a las tropas del Ejército por lo que les pueda ocurrir a estas personas.

La comunidad que habita en el caserío El Tigre, también denunció ante la opinión pública nacional e internacional que los militares están violando el Derecho Internacional Humanitario, pues hicieron sus bases junto a la escuela, razón por la cual, los niños no han podido recibir sus clases, saliendo enormemente perjudicados al quedar en medio del conflicto social y armado que padece la región.

“Llamamos a las organizaciones sociales y de derechos humanos a elevar nuestra voz de exigencia ante el Estado colombiano, a fin que se respeten los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad y que se les garantice el debido proceso, lo mismo para que las tropas eviten acercarse a los centros educativos por que esto constituye una infracción grave a las normas del DIH al poner en riesgo a docentes y estudiantes”, dijeron voceros de las comunidades.

Convocatoria

La grave crisis humanitaria por la que atraviesan las comunidades de la región del bajo Ariari, tras los continuos asesinatos, detenciones, desapariciones, persecución y acoso que padecen los campesinos y líderes sociales, comunales y defensores de derechos humanos por parte de militares y paramilitares, principalmente en los municipios de Puerto Rico, Vista Hermosa y Puerto Lleras.

El arrasamiento con glifosato de cultivos de pancoger sobre las veredas Pradera, Caño Danta, Miravalles, San Pedro, El Jordán, Puerto Toledo, Caño Blanco, Caño Alfa, Colinas, Fundadores, Palmeras, Comuneros y la Rivera, donde las avionetas fumigaron en una acción desmedida y violatoria de todos los derechos fundamentales de los campesinos, donde no hay cultivos ilícitos, y con el agravante de que se está fumigando los centros locales orgánicos de la asociación campesina Agroguejar.

Por las razones anteriores, las comunidades del bajo Ariari hacen un llamado a las organizaciones defensoras de derechos humanos, sociales, sindicales, estudiantiles, políticas y personalidades de la vida nacional, para que las acompañen en una comisión de verificación, que en el terreno evalué la situación de los derechos humanos, y del derecho internacional humanitario, pero que además conozca de la crisis humanitaria generada por las fumigaciones que pone en grave riesgo la situación alimentaría y de salud de los pobladores.

De igual manera llaman a los gobiernos de los países amigos y organismos humanitarios internacionales para que se solidaricen con la población aportando alimentos, medicinas, y semillas, para que los campesinos afiliados a la asociación campesina Agroguejar , puedan sobrevivir y permanecer en su territorio.

Para organizar esa comisión de acompañamiento, las comunidades citan a una reunión previa el día 24 de julio de 2007, a las 2 p.m., en las instalaciones de la Corporación Claretiana Norman Pérez, ubicada en la carrera 15 No. 10-41 en la ciudad de Bogotá D. C.



Las personas y organizaciones interesadas en solidarizarse con el campesinado del bajo Ariari, pueden confirmar la asistencia a los teléfonos: 311 232 53 96, 313 373 74 71, y fijo: 2 83 93 87

Encuentro regional de víctimas

Con éxito se realizó en Bogotá el encuentro regional de Víctimas de Crímenes de Estado


Dando desarrollo a las orientaciones propuestas en la tercera asamblea del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), llevada a cabo en junio del año pasado, durante los días 14 y 15 de julio del presente año, se realizó con éxito el encuentro de Victimas de Crímenes de Estado, Capítulo Cundinamarca, en las instalaciones de la Casa Claretiana del barrio Bosa en el sur occidente de la capital del país.


Múltiples organizaciones sociales y sindicales, así como un alto número de familiares de víctimas, atendieron el llamado de unión y adhesión que hizo el Movice, al hacerse presentes en el evento con el propósito de organizar, concientizar, visibilizar y movilizar las personas y organizaciones afectadas por la violencia promovida por acción u omisión del Estado.


Unas de las principales causas que induce a que el Movice se fortalezca, es la grave crisis humanitaria que viene agudizándose cada día más por cuenta del ‘parauribismo’, seriamente comprometido con la corrupción que campea en todas las esferas del Estado y el narco-paramilitarismo, su monstruo prohijado. La mal llamada Ley de Justicia y Paz, la cual desconoce los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación integral y a la memoria, también exige que el Movimiento de Víctimas continúe fortaleciéndose con estrategias eficaces en la lucha contra la impunidad.


Quienes participaron en el encuentro regional, abordaron y discutieron sobre los temas referentes a: contexto y balance organizativo, estrategias de lucha contra la impunidad y por la memoria.


Historia

Tras una larga y prolongada elaboración entre las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones sociales y los familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad se concretó desde hace cuatro años la conformación del Movimiento de Víctimas de Crímenes Estado (Movice). Esta decisión de conformar un movimiento cuyo objetivo fundamental es reivindicar a las víctimas de crímenes cometidos por el Estado por acción u omisión, en acciones perpetradas por miembros de la Fuerza Pública o narco- paramilitares que actuaron bajo su auspicio, respaldo y connivencia en diversas zonas del país.

El Movimiento exige de manera clara el restablecimiento de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación integral, garantía de no repetición y a la memoria de centenares de miles de niños, mujeres y hombres, que le apostaron a construir una Colombia en paz y con justicia social.

Así, el Movice, adoptó una posición política, surgida de la concepción de que buena parte de los crímenes cometidos contra el movimiento social y popular en Colombia obedecen a una intención social, política, económica, e ideológica promovida por el Estado y sus agentes o permitida por este e implementada por grupos paramilitares, en favor de intereses particulares ligados a las clases dominantes y empresas transnacionales. Crímenes que son de clara responsabilidad estatal, por tanto para el Movice, es este quien tiene la obligación, de responder ante las víctimas, sus familiares, las organizaciones a las que pertenecen y al conjunto de la sociedad colombiana, garantizando el derecho a la verdad, la justicia, la red de reparación integral y la garantía de no repetición.

Paramilitares asesinaron a miembro de Comunidad de Paz

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó, había denunciado previamente sobre las amenazas que paramilitares habían hecho sobre los miembros que la componen con la complicidad de la Policía y el Ejército. Un comunicado expedido por la misma Comunidad con fecha 13 de julio pasado, advertían que el día anterior sobre las 5.35 de la tarde, en el sitio conocido como Tierra Amarilla asolo 10 minutos de Apartadó sobre la carretera que conduce de este municipio antioqueño hasta San José, dos paramilitares con armas de fuego hicieron detener un vehículo de servicio público y luego de inspeccionar a los pasajeros ordenaron continuar la marcha, no sin antes advertirles, “Somos ‘Águilas Negras’ y vamos a controlar esta zona. Esa hijueputa Comunidad de Paz va a empezar a pagarla bien caro”.

El mismo día que se conoció la denuncia de la Comunidad de Paz, los paramilitares empezaron a materializar las amenazas, pues a las 12 y 15 minutos del 13 de julio, a cinco minutos de Apartadó, por la vía que conduce a San José, los criminales interceptaron el carro de servicio público en el que viajaba el líder social Dairo Torres, lo obligaron a bajar del vehículo, le ordenaron al conductor que prosiguiera la marcha y luego lo asesinaron.

El crimen fue perpetrado a menos de dos minutos del retén de la Policía, situado en el Mongolo a la salida de Apartadó. Según las acusaciones de la Comunidad, los dos asesinos fueron vistos sentados y conversando con los agentes de policía en el retén, tres horas antes del homicidio.

Dairo Torres era coordinador de la zona humanitaria de Alto Bonito, ubicada a cuatro horas de San Josesito. El líder venía trabajando con la comunidad desde el 2004 y según los campesinos, era un hombre íntegro, serio y responsable. “Era un líder que trabajaba incansablemente por las veredas. Participaba activamente en las asambleas y reuniones de la comunidad. Fue un artífice en el proceso del desarrollo comunitario”. Así lo recuerdan sus compañeros de lucha.

“Es un crimen de los paramilitares en total complicidad con la Policía. Ya veníamos dejando constancia de estos hechos sin que ninguna institución del Estado actuara en absoluto. Las amenazas de la Policía no se dejaron esperar y sus mensajeros de la muerte, los paramilitares, cumplieron las órdenes bastante rápido”, expresaron los campesinos.

156 fosas comunes

Una información suministrada por la Primera Brigada de Infantería de Marina, conocido el pasado 10 de julio, advirtió que funcionarios del DAS y de la unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General hallaron tres fosas comunes con varias víctimas de grupos paramilitares en los municipios de Bajo Grande en El Carmen y Macayepo, departamento de Bolívar, así como en Aguacate, zona rural de San Onofre, Sucre. De acuerdo con información de las autoridades, los cuerpos encontrados pertenecen a víctimas de grupos de narco-paramilitares que han sembrado el horror en la zona y que los asesinaron en los primeros meses de1999. En las fosas comunes fueron encontrados los restos óseos de siete personas, tres de los cuales corresponden a Johnny Manuel Mercado, José Vicente Arias y José Luis Arias. Con estos últimos hallazgos, la cifra llega a 156.

Regreso con dignidad

Según una información de la Agencia Prensa Rural, el jueves 12 de julio retornarán a sus hogares los campesinos del nordeste antioqueño, el sur de Bolívar y el valle del río Cimitarra que se encontraban en el campamento de refugio humanitario. El retorno se llevará a cabo luego de que se lograra un acuerdo con el Gobierno Nacional, una vez se logró evidenciar que el campesinado está siendo maltratado por la fuerza pública y paramilitares, quienes están volviendo recurrente. El acuerdo con el gobierno contempla cuatro puntos: el primero hace relación al establecimiento de una agenda de trabajo para darle vía al proceso de restablecimiento de la Zona de Reserva Campesina del Valle del río Cimitarra, atendiendo al pedido de la Acvc de que sea levantada la suspensión. Los otros tres puntos son: Respeto pleno a los derechos humanos por parte de la Fuerza Pública; Sobre fumigaciones, el pago inmediato de las indemnizaciones por los daños causados por el Gobierno y la garantía plena para el retorno de los campesinos a sus hogares.

S. O. S. de Nariño y sur del Cauca

El Concejo de Comunidades Negras de la Cordillera Occidental de Nariño, el Proceso de Comunidades Negras, la Asociación para la Investigación y Acción Social y las organizaciones pertenecientes a la Campaña Nacional e Internacional de Derechos Humanos “Prohibido olvidar”, lanzaron ante la comunidad nacional e internacional un llamado urgente, por las comunidades del departamento de Nariño y Sur del Cauca, en especial por la población que viene siendo víctima de desplazamiento forzado como consecuencia de los crímenes atroces cometidos por los grupos paramilitares y por los enfrentamientos que se vienen presentando en el marco del conflicto armado interno, con mayor intensidad desde el mes de mayo de 2006.



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