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Derechos Humanos: Boletín Día a Día del 13 al 19 de diciembre de 2007

Lunes, 24 de Diciembre de 2007

 
 

Boletín Día a Día del 13 al 19 de diciembre de 2007

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Día Internacional de los Derechos Humanos

Exitoso foro de derechos humanos en Ibagué, Tolima:

Ejército obstaculizó la movilización campesina para impedirle su llegada al certamen

Nelson Lombana Silva. Voz

 

Una de las conquistas de los campesinos tolimenses que se movilizaron el pasado 10 de octubre hacia la ciudad musical del colombia, fue la realización de un gran foro de derechos humanos, para denunciar  los efectos lesivos de la seguridad democrática de Uribe y los anhelos de paz e intercambio humanitario por parte de los campesinos de este departamento.

El evento se realizó el pasado 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, en el teatro Tolima de la ciudad de Ibagué, con la presencia de 1.200 campesinos, a pesar de la pertinaz lluvia y los consabidos hostigamientos del ejército que obstaculizaron el paso de los labriegos en diversas partes del departamento, especialmente en el caserío de Veracruz, municipio de Alvarado, en China Alta, municipio de Ibagué y en el municipio de Rovira.

El certamen fue instalado por el gobernador saliente, Fernando Osorio Cuenca. Los conferencistas centrales fueron: Carlos A. Lozano Guillén, director del semanario VOZ, Jairo Rivera Morales, ex senador de la república y miembro del Polo Democrático Alternativo del Tolima; Joaquín Romero, dirigente sindical; Adolfo Chavarri, oficial de derechos humanos de la oficina en Colombia del alto comisionado de las naciones unidas para los Derechos Humanos; Santiago Ramírez, defensor regional del pueblo y Alirio García, miembro sindical de Fensuagro. También hicieron presencia una delegación de España y otra de Italia, comunidad indígena y algunos medios de comunicación.

Instalación

Al instalar el evento, el gobernador Fernando Osorio Cuenca, privilegió el intercambio humanitario: "clamamos por los gestos de paz del Estado, clamamos por los gestos de paz de la subversión para que lo humanitario se ponga por encima de lo político", dijo y agregó: "Soy un defensor acérrimo del acuerdo humanitario, soy un defensor acérrimo de buscar los espacios de convivencia, de la concertación para consolidar la paz en Colombia. Soy defensor acérrimo para que el Derecho Internacional Humanitario sea acogido por todos los colombianos sin excepción. Soy un defensor de la vida. No más secuestros, no más desapariciones forzadas. Colombia vivirá en paz cuando los derechos humanos sean privilegiados y respetados", terminó diciendo el mandatario de los Tolimenses.

El doctor Jairo Rivera Morales, por su parte, centró su intervención en explicar pedagógicamente los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación. Explicó igualmente, la génesis del conflicto social y armado que el presidente Uribe tozudamente niega, dijo Rivera Morales que un proceso de paz era muy complicado con el actual presidente por cuanto lo que ha sucedido "es una creciente paramilitarización de la sociedad y de las instituciones".

El doctor Carlos A. Lozano Guillén, se refirió al tema del intercambio humanitario, el tratamiento ambiguo e irresponsable que el gobierno nacional le viene dando, la forma arbitraria y abrupta como unilateralmente puso fin a la acertada y fructífera mediación del presidente de la hermana república bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías y la senadora Piedad Córdoba.

Intervención de Lozano 

Sobre la última propuesta lanzada por Uribe para el intercambio humanitario, Carlos Lozano Guillén, se manifestó medianamente optimista. Sin embargo dijo que "valoraba en sumo grado la participación de monseñor Luis Augusto Castro y el padre Darío Echeverri para que hagan los respectivos contactos con la guerrilla y puedan discutir esta propuesta. Ellos han dado suficiente testimonio de compromiso con el intercambio humanitario y con la paz en colombia. Además, tienen la experiencia, capacidad y el humanismo para poder contribuir", destacó Lozano Guillén.

En segundo lugar, Lozano Guillén se declaró de acuerdo con el ex ministro Álvaro Leiva Durán en cuanto a que si el gobierno tiene voluntad de la zona de encuentro sea la de los municipios de Florida   y Pradera para que no se prolongue más en el tiempo esta negociación. "En eso tiene razón el ex ministro Leiva Durán", expresó entre otras cosas el director de VOZ.

"En tercer lugar, dijo Lozano Guillén, el presidente y el gobierno nacional deben mostrar coherencia con su decisión. Porque el presidente nos habla de ese paso, supuestamente audaz y generoso, pero al mismo tiempo nos está hablando de las recompensas de millones de dólares para los guerrilleros que se desmovilicen y que entreguen las personas que tienen en su poder. Al mismo tiempo el general Padilla de León, comandante de las fuerzas militares, anuncia que los operativos militares de rescate están en marcha. El gobierno, como dice los jugadores de billar, no puede jugar a tres bandas".

Paras’ extorsionan a colegios

Paramilitares de Medellín están extorsionando bajo amenazas a los rectores de los colegios públicos para obligarlos a otorgarles los diferentes contratos que suscriben durante el año los centros educativos.


La Secretaría de Educación de Medellín transfiere más de 20 mil millones de pesos al año, para cubrir las necesidades en vigilancia, aseso y suministros a 224 colegios oficiales. Varios centros han recibido los mensajes con la consabidas amenazas de parte de “desmovilizados”, que quieren quedarse con los contratos de vigilancia, aseo y suministro de alimentos. Dos profesores han sido asesinados esta año y más de 76 han sido amenazados por “ex paras” y han tenido que ser trasladados.


Un informe sobre derechos humanos conocido por los medios, destaca que los desplazados intraurbanos en esta ciudad pasaron de 776 personas el año pasado a 1.027 en lo que va corrido del año, sin tener en cuenta el gran número de casos en los que las víctimas prefieren guardar silencio. A Medellín llegaron al menos 14 mil nuevos desplazados de municipios antioqueños y Chocoanos donde el paramilitarismo sigue rampante.


Paras’ amenazan a miembro de la OEA

El pasado 13 de noviembre, en la ciudad de Medellín, un individuo que se movilizaba en una motocicleta llegó hasta donde queda la sede de la Misión de la OEA que verifica la desmovilización paramilitar y le dijo a una de las funcionarias que tenía que abandonar la ciudad inmediatamente.

El jefe de la Misión de la OEA, Sergio Caramagna, confirmó las amenazas. La llamada desmovilización paramilitar, es uno de los mayores fiascos del actual gobierno, pero en cambio, estas hordas criminales, parecen tener garantizada la impunidad sobre sus crímenes.

Julio Henríquez Santamaría

El día 15 de diciembre se llevó a cabo en la ciudad de Santa Marta la entrega de los restos de Julio Henríquez Santamaría, defensor de derechos humanos, ex -consejero de Paz del Magdalena, biólogo, periodista y ex -rector de la Universidad CUN.

Henríquez había desaparecido en febrero de 2001 y sus restos fueron encontrados recientemente luego de las declaraciones del jefe paramilitar Hernán Giraldo.  Después de seis años de búsqueda, en la que sus amigos y familiares, así como organizaciones de derechos humanos hebían aunado esfuerzos para encontrarlo y exigir que se castigue este crimen de desaparición forzada, se logró llevar hasta la etapa de juicio y que los victimarios reconocieran su crimen, dieran las coordenadas del lugar de la fosa individual con sus restos mortales.

El 11 de octubre de 2007, luego de una diligencia de exhumación en la vereda la Estrella a cinco minutos de Calabazo, dirigida por la Unidad de Justicia y Paz, se recuperaron sus restos que ya han sido identificados.

Diciembre 20 de 2007

Salvatore Mancuso reconoció crimen de diputado de Córdoba

El Tiempo

Ante los fiscales de Justicia y Paz en Medellín dijo que sí mandó a asesinar al diputado y ex presidente de la Asociación de Maestros de Córdoba (Ademacor), Manuel Ruiz Alvarez.

El crimen, ocurrido en septiembre de 2001 en las afueras de la sede sindical en Montería, obedeció, según Mancuso, a los señalamientos hechos por un desmovilizado de las Farc, que acusó a Manuel Ruiz de ser colaborador de esa guerrilla.

El ex paramilitar dijo que alias 'Gabriel', un guerrillero que estuvo en la antigua zona de distensión en el Caguán, le dijo a Mancuso que había visto al diputado Ruiz Alvarez asistir a una reunión en ese lugar.

'Gabriel', quien habría desertado de las Farc para unirse a las Auc, de acuerdo con  lo indicado por Mancuso, habría entregado detalles concretos de la supuesta colaboración de Ruiz Alvarez a cabecillas guerrilleros.

Pero Mancuso tendría además otra razón de peso para ordenar el crimen  de Manuel Ruiz, según lo confesó ante los jueces de Justicia y Paz en Medellín, el pasado miércoles

Aseguró que el diputado habría participado en la autoría intelectual de un atentado en contra de su padre Salvador Mancuso, que por confusiones de los criminales se habría perpetrado en contra de su tío Pascual Mancuso.

El hecho tuvo lugar en inmediaciones del corregimiento de Carrillo, perteneciente al municipio de San Pelayo (Córdoba), una semana antes del homicidio de Manuel Ruiz.

Aunque el tío de Mancuso salió ileso del hecho, el líder paramilitar habría indagado sobre quienes estarían  detrás del atentado culpando a Manuel Ruiz de ser uno de los directos responsables.

Datos reveladores

Mancuso entregó detalles de cómo ordenó el asesinato del dirigente sindical y político.

Sostuvo que le dio la orden a alias 'Gato', jefe urbano de las Auc en Montería, y quien fue asesinado años más tarde en Norte de Santander.

Alias 'Gato' contactó a su vez a Andrés Palencia, alias 'Visaje' y alias 'Miguel', a quienes les entregó una pistola con la que dieron muerte a su víctima.

También profesores universitarios

Durante la audiencia de confesión Mancuso también reconoció haber ordenado el crimen de al menos 5 profesores de la Universidad de Córdoba, y de haber presionado para que fuera nombrado Víctor Hugo Hernández en la rectoría del alma máter en el año 2000.

Los profesores universitarios muertos por orden del jefe de las Auc fueron René Ríos, Albeiro Taborda Alvarez, Francisco Javier Galarcio Polo y Félix Antonio Avilez Arroyo.

Por su parte, el rector Víctor Hugo Hernández denunció un año más tarde de su posesión que había sido amenazado de muerte por las Autodefensas.

Esta situación lo obligó a salir del país.

Acusan a siete miembros del Gaula por secuestro y homicidio

Caracol Radio


Un fiscal especializado de Derechos Humanos acusó a siete miembros del grupo Gaula de Casanare, como presuntos responsables de los delitos de secuestro simple en concurso con homicidio agravado.

Los afectados son: el mayor Gustavo Enrique Soto Bracamonte; el teniente Jhon Alexander Suancha Florián; el cabo segundo Gelver Pérez García y los soldados profesionales Jhony Higuera Moreno, Elio Ernesto Celis Bedoya, Carlos Alfredo Bello Bolívar y Abdón Guanaro Guevara .

Los hechos ocurrieron el 27 de julio de 2007 en Villavicencio, cuando el comerciante Eduardo Pérez Vega fue sacado de un café internet y llevado en un vehículo por personas con distintivos del Grupo de Acción Unificada Antisecuestro (Gaula), y un día después el cadáver de Pérez Vega fue hallado en Hato Corozal (Casanare).

Según la investigación, este comerciante fue presentado ante un inspector de policía como muerto en combate con los miembros de esa unidad militar.

Los siete militares se encuentran privados de la libertad en la guarnición militar de Apiay.

Informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia

Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado

El VII informe presenta un seguimiento al proceso de implementación de la Ley 975, o llamada de justicia y paz, con los grupos paramilitares. En la recolección de la información en campo, las diferentes organizaciones que hacen parte de la Mesa de Trabajo hacen evidente la forma como estos grupos continúan violando el derecho a la vida, a pesar del proceso de negociaciones que adelanta con el Gobierno. Desde el inicio de ese proceso en diciembre de 2002 hasta abril de 2007, cerca de 250 mujeres han sido muertas o desaparecidas por fuera de combate por paramilitares.

Por la manera como se están llevando a cabo los procesos judiciales de la Ley 975, no hay garantías para las víctimas a la hora de denunciar o enfrentar a sus victimarios. Por ejemplo, la violencia sexual por parte de los paramilitares ha continuado durante el proceso de desmovilización. Las heridas físicas y psicológicas se han visto agravadas por el control que ejercen en zonas del país, donde los desmovilizados han pasado de victimarios a “líderes” sociales y comunitarios y se han convertido en “primera instancia” para la tramitación de conflictos.

Cabe destacar cómo en las “confesiones” de quienes se han acogido a la Ley 975, el delito de desplazamiento forzado no ha sido confesado, ni la Fiscalía ha introducido este delito en sus interrogatorios. Lo mismo ocurre con violencia sexual.

Informes como éste sirven para alertar a las autoridades nacionales y a la opinión internacional sobre una realidad que se esconde en muchos rincones del país, y que afecta a miles de familias colombianas.

El informe completo en formato PDF puede hallarlo en el siguiente enlace:

http://www.colectivodeabogados.org/IMG/pdf/MESA_mujer_2007_1_.pdf

Denuncian concentración de paramilitares en cárceles de mediana seguridad

Prensa Rural- Coordinación Colombia Europa Estados Unidos

En ésta cárcel se encuentran recluidos Andrés Gil, Evaristo Mena, Óscar Duque y Mario Martínez, defensores de derechos humanos y dirigentes de la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra, sindicados de rebelión en virtud a un proceso fabricado por la Coordinación de Acción Integral de la Presidencia de la República, el ejército colombiano y el DAS. La CCEEU exige garantías de seguridad para la permanencia de los presos políticos que se encuentran recluidos en la cárcel Modelo de Bucaramanga.

El gobierno y el Inpec insisten en privilegiar y empoderar a los narcoparamilitares dejándolos en cárceles de mediana seguridad

"El ’Iguano’ se ve tranquilo. En la cárcel tiene un séquito de presos y guardias a su servicio. Dice tener el sosiego que no tenía tres años atrás cuando cada noche salía a matar."..."Si hubiera sido cruel no vendrían todavía a visitarme los arroceros y camioneros, toda la gente buena de la región" [ 1]

El Nodo Nororiental de la Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos se une a la preocupación de algunas organizaciones regionales por la decisión del Gobierno Nacional en ubicar a los presos paramilitares en las cárceles de mediana Seguridad, en este caso de la cárcel Modelo de Bucaramanga.

Sin importar las actuaciones que los presos de los paramilitares han realizado en la cárcel de alta seguridad de Itagüí, donde hace unos meses la revista Semana denunció e informó a la opinión pública nacional e internacional los privilegios de los que gozaban los jefes paramilitares, quienes incurrían desde esta penitenciaría en actos delictivos, como la venta de grandes cargamentos de droga, asesinatos y el "cuadre" de extorsiones y vacunas hasta la intimidación de personas en las diferentes regiones, ahora el gobierno ha decidido trasladar a estos jefes a las cárceles de mediana seguridad con sus hombres de confianza, sin importar que dichos centros no cuentan con la infraestructura para adoptar la custodia de violadores de derechos humanos que perpetuaron la magnitud de crímenes de lesa humanidad como lo hicieron los paramilitares a lo largo y ancho del territorio nacional.

Como se ha visto dentro del proceso de "justicia y paz", el gobierno ha permitido la concentración para posibilitar que los paramilitares:

1.Se pongan de acuerdo en la información entregada dentro de los procesos perpetuando así la impunidad en este país.

2.El intento de vincular a personas de reconocimiento nacional, como líderes sociales, políticos o defensores de derechos humanos, como lo ocurrido con el senador Alexánder López en Cali, al senador Luis Fernando Velasco de Popayán, o lo realizado por ’Julián Bolívar’ [Rodrigo Pérez Alzate, nota de Prensa Rural] en las versiones entregadas a la Fiscalía vinculando a reconocidas organizaciones de derechos humanos del Magdalena Medio con la insurgencia.

Preocupados por la situaciones que se puedan presentar, conocedores de la no existencia de un plan de contingencia por parte del gobierno y del Inpec para la protección de los demás presos que habitan la cárcel Modelo de Bucaramanga, en especial la de los presos políticos en su condición de opositores al régimen y mucho menos la de la población que habita a sus alrededores.

Exigimos:

1.Que los paramilitares sean recluidos en los establecimientos carcelarios o penitenciarios correspondientes a la gravedad de los delitos por los cuales se encuentran procesados o condenados como lo establece la ley.

2.Que no se permita la concentración de los paramilitares, pues ello facilita la fabricación de versiones y supuestas "verdades" dentro de los procesos que se les lleva en la ley de "justicia y paz", agravando más el flagelo de impunidad que de por si ya facilita la ley de "justicia y paz".

3.Garantías de seguridad para la permanencia de los presos políticos que se encuentran recluidos en la cárcel Modelo de Bucaramanga.

Nodo Nororiental CCEEU [1] El oficio de matar, informe especial de la revista Semana.

Ascenso de oficial de la Policía es un premio a la impunidad

Agencia de Prensa IPC. Medellín

Chuzar” 1.439 líneas telefónicas de manera irregular en Medellín, en su mayoría de organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos, y tener pendiente por esos hechos una sanción proferida por la Procuraduría General de la Nación, no fueron obstáculo para que el Congreso de la República y la Casa de Nariño aprobaran el ascenso a Brigadier General del oficial de la Policía Nacional Mauricio Santoyo Velasco. Durante la confirmación de los nuevos ascensos este viernes 7 de diciembre en la Escuela de Cadetes General Santander, el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, le agradeció personalmente a Santoyo Velasco su esfuerzo en la Policía Nacional.

Permítanme hacer una inusual mención personal. Tengo toda la gratitud con estos Generales de la República, pero no puedo omitir mi mención personal a quienes desde hoy son Generales de la República: el Brigadier General Mauricio Santoyo y el Brigadier General Flavio Eduardo Buitrago Delgadillo. No tengo palabras para hacer llegar a ellos mi sentimiento de gratitud. El apoyo que he recibido en nuestra lucha por la seguridad de Colombia, en nombre de mi familia, de mis más cercanos colaboradores, señores Generales, una sola palabra: ¡muchas, muchas gracias!”, expresó el mandatario. Iván Cepeda, vocero del Movimiento nacional de víctimas de crímenes de Estado, no dudó en calificar este ascenso como una nueva afrenta a las víctimas y una burla a la justicia: “Se repite la historia que hemos visto desde hace años en el país. Militares, oficiales, suboficiales y agentes de la Policía, terminan siendo premiados con ascensos, condecoraciones y cargos diplomáticos después de haber estado incursos en crímenes de lesa humanidad o de haber dado ellos mismos órdenes y participado directamente en esas acciones”.

El defensor de derechos humanos encontró coherente la decisión tomada, primero en el Senado de la República y luego ratificada por la Casa de Nariño, porque “era de esperarse en un Congreso que tiene hoy a por lo menos 16 miembros en la cárcel por sus nexos con el paramilitarismo y otros 30 más esperando decisiones judiciales por sus estrechos vínculos con los sectores más oscuros del paramilitarismo en Colombia”.

Marta Soto, representante de la Asociación de Familiares Detenidos-Desaparecidos (Asfaddes), también expresó su indignación por la decisión. “Creemos que Santoyo Velasco, desde su condición de servidor público, no puede ser ascendido a brigadier general mientras no haya resuelto su situación ante la Procuraduría. Su ascenso no puede burlar una decisión del Ministerio Público. Él fue destituido de su rango e inhabilitado para ejercer cargos públicos durante cinco años. Una persona con esa mancha en su hoja de vida no puede ser General de la República”, explicó Soto.

La activista de Asfaddes expresó también su malestar por este premio, “cuando en el caso de Ángel y Claudia no ha habido, en los siete años de su desaparición, ni verdad ni justicia”, agregó.

Claudia Patricia Monsalve y Ángel José Quintero, dos miembros de Asfaddes, fueron desaparecidos el viernes 6 de octubre del año 2000 en Medellín. A partir de la investigación de este caso, el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía detectó que algo estaba ocurriendo con las líneas telefónicas, en especial la de varias organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos.

En el proceso de investigación que buscaba dar con el paradero de ambos defensores de derechos humanos, se descubrió que la línea telefónica de Asfaddes estaba intervenida. Los investigadores quisieron constatar qué autoridad había dado la orden de interceptación dado que una línea telefónica sólo puede ser interceptada de manera legal si hay autorización del fiscal de conocimiento y la aprobación de la Dirección Nacional de Fiscalías.

Tras una visita a la central telefónica de Empresas Públicas de Medellín (EPM), miembros del CTI solicitaron la resolución y el oficio que ordenaba la interceptación de la línea de Asfaddes. La documentación entregada por los funcionarios de EPM demostraba que las órdenes estaban en regla: aparecían diligenciados y firmados, tal cual lo indican los protocolos judiciales, y en papel membreteado de la Fiscalía. Las pesquisas posteriores demostraron que de la documentación entregada por EPM no había copias en la Fiscalía; además, al confrontar las firmas y letras de las órdenes con la del fiscal delegado ante el Gaula de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá se constató que eran falsas.

Marta Peña, presidenta del Instituto Popular de Capacitación (IPC), aseveró que el ascenso de Santoyo Velasco “confirma una tendencia que se ha acrecentado en todo el periodo del presidente Álvaro Uribe en el Gobierno: ubicar en altos cargos de la fuerza pública y en el servicio diplomático a quienes tienen problemas de violaciones de derechos humanos, ratificando de esta manera la impunidad que se vive en el país”.

Historia de impunidad Las “chuzadas” telefónicas ocurrieron justo cuando el oficial era comandante del Gaula de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, cargo que ocupó entre 1997 y 1999, y periodo durante el cual se produjeron cientos de órdenes de interceptación telefónicas falsas, elaboradas y enviadas desde el comando de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la Escuela de Policía Carlos E. Restrepo y la sede del Gaula de la Policía.

Esta sucesión de hechos irregulares llevó a los investigadores del CTI de la Fiscalía a revisar órdenes similares y descubrieron que, en total, se “chuzaron” 1.808 líneas por órdenes expedidas entre diciembre de 1997 y febrero de 2001, discriminadas así: en 1997, 39 líneas; en 1998, 682 líneas; en 1999, 718 líneas; en 2000, 339 líneas, y en 2001, 30 líneas.

Ante estas evidencias, el 18 de abril del 2001 la Fiscalía General de la Nación llamó a indagatoria a los coroneles Mauricio Santoyo Velasco y Germán Eduardo Flórez Sánchez, ex comandantes del Gaula de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, y al capitán Nelson Baracaldo Caballero, los sargentos José Emiliano Piza Reyes y Arley de Jesús Durango, el agente Luis Carlos Álvarez Jiménez y un supervisor del área de seguridad de EPM, Rodrigo Bastidas Abril, por su presunta participación en la interceptación de líneas telefónicas en forma ilegal.

Tras escucharlos en indagatoria y comprobar que no existió “indicio grave de responsabilidad”, el 30 de mayo de ese año la Fiscalía General de la Nación se abstuvo de proferir medida de aseguramiento a favor de Santoyo Velasco y Flórez Sánchez. Los demás sindicados seguirían vinculados a la investigación. En agosto 29 de 2003, el ente acusador los absolvió por no encontrar mérito suficiente para continuar con la investigación.

Pese a su incierta situación jurídica, Santoyo Velasco fue nombrado en agosto de 2002 por el presidente Álvaro Uribe Vélez como Secretario de Seguridad de la Casa de Nariño. No obstante, la Procuraduría General de la Nación persistió en sus investigaciones y el 9 de octubre de 2003 profirió un fallo sancionatorio contra los seis miembros de la Policía Nacional, consistente en la destitución y en la inhabilidad para desempeñar cargos públicos por cinco años.

En su decisión, la Procuraduría argumentó que las conductas atribuidas al coronel Santoyo Velasco “se endilgan a título de dolo, pues él conocía con suficiencia cuál era el procedimiento legal para la interceptación de teléfonos y los requisitos sustanciales y formales que se debían atender previamente”.

Aun así -continúa el Ministerio Público- consciente de la ilegalidad de su proceder, consintió y aprobó la realización de las interceptaciones por fuera del marco constitucional y legal. Además, con su conducta interfirió de manera arbitraria e injusta en la vida privada de las personas afectando con ello un servicio de naturaleza esencial, como lo es el de justicia, poniendo en riesgo el principio de transparencia y lealtad, toda vez que con su actuar por fuera de la ley, pretendió entre otros fines, lograr éxitos en las investigaciones confiadas al Gaula (...) sacrificando derechos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales sobre la materia”.

El mismo día de conocido el fallo, la Casa de Nariño expidió un corto comunicado en el que afirmó que “ante la decisión de la Procuraduría, el coronel Mauricio Santoyo interpondrá el recurso de reposición, al que hay lugar en este caso. La Presidencia de la República esperará el fallo definitivo de la Procuraduría”.

Lo que vino después fue una cadena de decisiones que favorecieron a Santoyo Velasco. La primera de ellas fue la del Consejo de Estado, que determinó que el oficial podrá seguir en el servicio activo mientras se resuelve su petición de nulidad del fallo proferido por la Procuraduría General de la Nación. Luego, el Ministerio de Defensa, mediante el Decreto 2635 de diciembre de 2006 ordenó el reintegro provisional del ex comandante del Gaula de Medellín. Y, como si fuera poco, en ese mismo mes, la junta asesora de la Policía Nacional lo llamó a adelantar, durante 2007, el Curso Integral de Defensa Nacional, con lo cual fue promovido al grado de Brigadier General. Sin duda alguna, un premio a la impunidad.

Agencia de Prensa IPC Medellín, Colombia (57 4) 284 90 35 www.ipc.org.co






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