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Derechos Humanos: Boletín Día a Día del 13 al 19 de septiembre de 2007

Domingo, 23 de Septiembre de 2007

 
Boletín Día a Día del 13 al 19 de septiembre de 2007

 

 

Ejército asesinó a tres sindicalistas agrarios en Putumayo

Continúa la arremetida militar contra la población inerme en el territorio colombiano

Por Camilo Raigozo. VOZ

La Federación Nacional Unitaria Agropecuaria Fensuagro- CUT, denunció ante la opinión pública nacional e internacional el asesinato de tres campesinos, activistas del sindicato agrario Fundaprogreso, filial de Fensuagro en el departamento de Putumayo al sur del país.

A las 3:30 de la tarde del pasado 8 de septiembre, miembros del Ejército Nacional pertenecientes a la Brigada 13, hizo presencia en la vereda El Amarradero, municipio de Orito (Putumayo).

Allí las tropas detuvieron a los labriegos Simón Corena, de 36 años y a Gentil Yascuarapai, de 35 años, oriundos de ese departamento, ambos afiliados al sindicato Fundaprogreso, filial de Fensuagro. Una hora más tarde  hicieron lo mismo con Feliciano Obando, aprehendiéndolo en su finca cuando este se encontraba en sus labores cotidianas.

El día siguiente, domingo 9 de septiembre, la comunidad se hizo presente en la base militar de Orito, y al preguntar por las tres personas detenidas el día anterior, los militares respondieron que no los tenían en su poder, pero que sabían de enfrentamientos en la zona y que habían tres guerrilleros dados de baja.

Hasta el lunes 10 de septiembre, los tres campesinos detenidos arbitrariamente por las tropas continuaban desaparecidos para sus familiares y la comunidad. A las cinco de la tarde del martes, el coronel Cadena les informó a estos, que efectivamente habían tres civiles muertos en combate y que correspondían a las personas buscadas.

Ante los graves hechos, las comunidades del Putumayo manifestaron su preocupación por las continuas arbitrariedades del Ejército contra las comunidades campesinas, sus organizaciones y sus líderes, quienes son continuamente hostigados, amenazados y asesinados por las fuerzas del Estado.

Voceros agrarios y organizaciones defensoras de los derechos humanos instaron al Gobierno, a que se investigue y se sancione a los responsables de estos tres asesinatos.

 “Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional, a las organizaciones sociales, sindicales y defensores de derechos humanos a rechazar este tipo de acciones en contra de las comunidades campesinas, víctimas de la represión desarrollada por la implementación de la política de “Seguridad Democrática”, y continuar haciendo seguimiento y monitoreo a la gravísima situación de violación de derechos humanos por la que atraviesa la región”, manifestaron las comunidades en un comunicado.

Asesinato y desplazamiento forzado

La corporación Credhos, denuncia ante la opinión pública nacional e internacional la sistemática violación de los derechos humanos en la región del Magdalena Medio y en Barrancabermeja. En hechos perpetrados por los paramilitares quienes asesinaron a Samuel Pimiento, en la vereda Campo 38 del corregimiento El Centro, municipio de Barrancabermeja (Santander), y ante la denuncia interpuesta por sus familiares estos han sido amenazados de muerte.

Según los familiares de la víctima y los vecinos del sector, él mismo, antes de ser asesinado, había manifestado que unos hombres que se movilizaban en unas camionetas cuatro puertas similares a las de la empresa de vigilancia que patrullan el campo donde el trabajaba lo habían amenazado, porque supuestamente tenía en su poder una chatarra (tuberías viejas, fuera de servicio) en la casa y la estaba vendiendo; y le advirtieron que “si seguía así no iba a terminar muy bien”.

Después del asesinato de Pimiento, varias familias que viven de recoger y vender chatarra tuvieron que desplazarse, pues aparecieron múltiples avisos que dicen: “Muerte a todos los chatarreros: Auc”.

Desplazados ocupan parque de Villavicencio

Por Codhes

Villavicencio, septiembre 14. Según los líderes de los desplazados se trata de una exigencia para que se concrete, por parte de las autoridades, la designación de rubros de atención humanitaria de emergencia, soluciones de vivienda dignas y proyectos productivos. El grupo de familias lo conforman población desplazada y población vulnerable que pide ayuda humanitaria.


En un primer momento se trató de unas 328 personas desplazadas en el casco urbano de Villavicencio que armaron cambuches en el sitio. Luego de la puesta en marcha de la toma varios grupos de desplazados de los municipios de Mesetas y Vista Hermosa engrosaron la lista de los manifestantes para también hacer sentir su voz de protesta. En días pasados se intentó un proceso de desalojo del Parque Los Libertadores por parte de las autoridades aduciendo que no se trataba de familias afectadas por el fenómeno del desplazamiento.


No obstante, luego de un registro de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) se constató la condición de desplazamiento de este considerable número de familias.


Sus derechos humanos valen huevo...”


Por Camilo Raigozo. VOZ

La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano Francisco Isaías Cifuentes, denunció que el pasado 12 de septiembre, al corregimiento de Tenerife, municipio de Cerrito (Valle del Cauca), arribaron a la finca La Cumbre aproximadamente a las tres de la tarde, un grupo de militares pertenecientes al Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi, comandados por un sargento viceprimero de apellido Díaz.

En la finca llegaron hasta donde se encontraba el campesino Wiliam Díaz, quién se dedicaba a sus labores agrícolas. En tono intimidatorio, los militares obligaron al campesino a acompañarlos, acusándolo de tener nexos con la guerrilla. Luego procedieron a requisarlo y a interrogarlo de manera ilegal.

"¿Dónde tiene las armas?, ¿Cuál es su alias?, ¿Dónde está la guerrilla?", fueron preguntas que los soldados le hicieron arbitrariamente al agricultor.

Posteriormente lo condujeron hasta la base del Batallón Codazzi, ubicada en el sitio La Torre en el corregimiento Tenerife. El detenido solicitó que José Bayardo Mafla lo acompañara.

En la base militar continuó el interrogatorio por parte de los militares, violándole al campesino sus derechos constitucionales. Intervinieron en el interrogatorio uniformados que no portaban identificación alguna.

Díaz, haciendo uso de los derechos que le confieren las leyes, les solicitó a las tropas la identificación de la compañía y del encargado del operativo en el que lo habían detenido y sometido a interrogatorios ilegales.

Como respuesta, fue agredido física y sicológicamente. "Sus derechos humanos valen huevo, quién hace las preguntas y la inteligencia es el Ejército. No vamos a respetar ningunos derechos humanos a personas como usted”, le dijeron. También lo obligaron a no mirar al rostro a sus captores y mantener su mirada permanentemente al piso.

Al siguiente día, 13 de septiembre, bajo improperios y amenazas, un grupo de militares obligaron a Díaz y a su acompañante, Bayardo Mafla, a caminar en la noche durante casi cinco horas, hasta llegar al corregimiento Carrizal, municipio de Cerrito. De allí los trasladaron en un campero hasta las instalaciones del Batallón Agustín Codazzi en Palmira, donde los interrogatorios y torturas continuaron.


A las 10 de la mañana, el sargento primero, Díaz, le entregó al labriego dos documentos para que este los firmara. Uno hacía constar el “buen trato” recibido por parte del Ejército y el otro una hoja en blanco donde supuestamente se hablaba de las razones de la retención. Cuando William Díaz se negó a obedecer esta otra arbitrariedad, el sargento le dijo, “sin firmar esos documentos no sale de aquí”. No le quedó otra alternativa que tachar los espacios en blanco y firmar.


Seguimiento e intimidación a abogado defensor de presos políticos

Con la presente nos permitimos comunicar un incidente ocurrido al doctor, José Ramiro Orjuela Aguilar, jurista, defensor de presos políticos, la noche del miércoles 12 de septiembre en la ciudad de Bogotá.

Por Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos

1. Siendo aproximadamente las 7.45 p.m.,luego de asistir a una cita de carácter personal en el sector de Galerías, y mientras se dirigía hasta las instalaciones del la Sijin en el vehículo asignado a su esquema de seguridad, a buscar a una persona que había sido detenida horas antes, sus escoltas notaron que dos taxis, de placas SHI 118 y SHI 443 sospechosamente le seguían.

2.
Cuando llegaron a la Sijin, ubicada en la calle sexta con carrera 15, los dos taxis se estacionaron unos cincuenta metros delante del suyo; el jurista entró a hacer su diligencia, procedimiento que duró aproximadamente 45 minutos, tiempo en el cual los taxis permanecieron estacionados en el mismo lugar.

3. Una vez salieron de la Sijin, los citados vehículos también emprendieron el seguimiento por la avenida sexta hacia el occidente que su ruta;

4. Al ver la insistencia y persistencia en el seguimiento, voltearon por la carrera treinta hacia el norte y en la calle 17 hacia el oriente, hicieron una “U” y entraron al DAS, recorrido que igualmente hicieron los taxis en mención.

5. Allí en el DAS, mientras practicaban la respectiva requisa y de paso le informában a los agentes sobre el seguimiento, uno de los taxis se parqueo a unos ochenta metros aproximadamente, por lo que una patrulla del DAS de las que presta vigilancia al edificio abordó el citado taxi, requiriendo a su conductor en cuanto a su identificación y la del carro ante lo cual el sujeto que lo manejaba, que iba solo, fue reticente, esquivo e incongruente en sus respuestas y explicaciones hasta que lo obligaron a entrar al parqueadero del DAS y allí se identificó como el agente de la Sijin o Dijin de nombre Álvaro Peñarete Bautista, y conducía el vehículo- Taxi de placas SHI 118.

6. Cuando personalmente el doctor Orjuela lo abordó para que explicara el motivo del seguimiento se comportó en forma altanera y desafiante, explicando solamente que estaba cumpliendo con su deber, profiriendo insultos y manifestando que él no tenía porque explicar sus actuaciones, que era libre de andar por donde le diera la gana y negando que me estuviera siguiendo.

7. Finalmente los agentes del DAS le tomaron su identificación, rastrearon los documentos del vehículo y como no encontraron nada ilegal, lo dejaron ir, anunciando que pasarían la novedad al jefe correspondiente.

8. Todo esto nos lleva a concluir que, efectivamente el seguimiento fue real por mas de una hora; que el sujeto que fue interrogado por los agentes del DAS era un miembro de la policía secreta lo mismo que el vehículo y que realmente algo se está tramando en contra del doctor Orjuela, pues en denuncia que se formuló hace aproximadamente dos meses, aparte de las de años anteriores, y el incidente de anoche, nos prueban fehaciente y concluyentemente que ninguna de las denuncias es infundada y que la persecución es real.

9. Por tal motivo, solicitamos a las diversas instancias del Estado se sirvan explicar por qué razón hay seguimientos contra el doctor Ramiro Orjuela, seguimientos que seguramente han sido autorizados por alguna entidad del Estado. Los hostigamientos sistemáticos y la intimidación contra este jurista vienen desde hace aproximadamente tres años, lo cual ha implicado, incluso, su salida del país.

Dos fusilamientos, falsos positivos y varias detenciones arbitrarias en Tame (Arauca)

Por Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos

Arauca, septiembre 18. El sábado 2 de septiembre del presente año a las 4:00 p.m. aproximadamente en Pueblo Nuevo, municipio de Tame, una patrulla del Ejercito Nacional de la base militar acantonada en este poblado, procedieron a detener arbitraria e ilegalmente, a Rigoberto Restrepo, coordinador del comité de salud de la junta Nuevo Jordán, a los comerciantes Alfonso Porras Gavanso, Ananías Ascanio y al campesino Orlando Gelves, quienes fueron trasladados a la ciudad de Arauca donde se encuentran detenidos.

El martes 4 de septiembre a las 3:a.m. aproximadamente, una patrulla del Ejército adscrito a la Brigada Móvil No 5, llego a la finca de nombre La Piragua ubicada en la vereda Caño Guayabo, inspección Pueblo Nuevo, municipio de Tame, de propiedad de Maria Pontón.

Allanaron la casa y sacaron de su dormitorio al señor Antonio Maria Esteban Rojas, identificado con cédula de ciudadanía No 5.755.137 de San Vicente de Chucurí, quien se desempeñaba como delegado de la junta de acción comunal de dicha vereda y a unos 400 metros de la casa lo fusilaron, vistiéndolo con prendas militares y reportándolo como guerrillero dado de baja en combate.

El martes 4 de septiembre a las 4:a.m. aproximadamente, otra patrulla del Ejército de la Brigada Móvil No 5, llegó a la finca de Eulogio Lozada, ubicada en la vereda El Cesar, inspección Pueblo Nuevo, municipio de Tame, haciéndose pasar por la guerrilla.

Sacaron de la casa a los señores Robinson Lozada Quintero y Jose Lozada Quintero y se los llevaron detenidos, como a los 20 minutos se escucharon unos disparos con los que se asesinó a sangre fría a Lozada Quintero. Luego lo vistieron con prendas militares reportándolo como guerrillero dado de baja en combate.

Después detuvieron a Robinson Quintero, hermano de la víctima a quien colocaron como escudo humano durante varias horas, a partir de las 9:a.m. aproximadamente. Llegaron al lugar de los hechos 30 personas entre familiares y amigos de la víctima siendo retenidos hasta las 5:00 p.m., por por las tropas.

El martes 5 de septiembre a las 4:10 p.m., fue detenido en Pueblo Nuevo, municipio de Tame, Melquíades Anzola, por una patrulla de la Brigada Móvil No 5 y trasladado a la ciudad de Arauca. Es de anotar que Anzola había denunciado el 21 de julio de 2007 durante un encuentro de derechos humanos realizado en Pueblo Nuevo, en el que participaron la defensora regional del pueblo, delegados de la Cruz Roja Internacional y el obispo de Arauca.

Las amenazas de que había sido objeto el 30 de abril del presente año a las 9:00 a.m., por parte del informante pago alias el “Mocho Juan” quién le dijo a Melquíades que tenia que acogerse a la red de informantes y que en un mes tenia que entregarle al comandante Ciro. De lo contrario le bombardeaban la casa y donde lo encontraran lo ponían preso, por que a ellos lo que les interesaba era mostrar resultados, para ganar mas plata.

Denunciamos ante las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, estos hechos cometidos por quienes tienen la responsabilidad constitucional de proteger la vida y honra de los ciudadanos. En esta sección del país la política de “seguridad democrática” viola flagrantemente los derechos humanos, las libertades ciudadanas y llega al extremo de quitarles la vida a campesinos inermes, honestos y trabajadores, cuyo único delito es labrar la tierra y vivir en medio del conflicto.

Exigimos de los organismos gubernamentales como la Personería Municipal de Tame, la Fiscalía, la Defensoría, la Procuraduría, para que se conforme una comisión de alto nivel y se traslade al lugar de los hechos y compruebe la veracidad de las denuncias, como además recoja los testimonios de los familiares de las victimas y la de los directivos de las juntas comunales de las veredas donde ocurrieron estos condenables actos.

Paramilitares amenazan estudiantes de la UIS militantes de la Juco


El pasado miércoles 5 de septiembre, al número de telefonía fija de la residencia de los jóvenes Diego Fernando, Julián y Gerardo Acosta, entró una llamada preguntando por ellos, que fue atendida por la tía.

Al manifestar que los jóvenes no estaban en casa, le dijeron: “dígales a esos malparidos que los vamos a callar”.

El día 9 de septiembre les llegó una amenaza en la que nuevamente los declararon objetivo militar presuntamente por parte de paramilitares autodenominados “Águilas Negras Bloque Norte”.

Es de resaltar que se trata de estudiantes de la Universidad Industrial de Santander (UIS), militantes de la Juventud Comunista, que han sido vinculados a un proceso disciplinario por parte de las directivas de la universidad. Se resalta además que el número telefónico de su casa, los jóvenes solo lo han informado en el marco del proceso disciplinario.




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