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Derechos Humanos: Boletín Día a Día del 16 al 22 de agosto de 2007

Sábado, 25 de Agosto de 2007

 
Boletín Día a Día del 16 al 22 de agosto de 2007
 

Asociación Nacional de Ayuda Solidaria

ANDAS

Boletín Día a Día del 16 al 22 de agosto de 2007

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Huila y Caquetá

Marchas pacíficas por el derecho a la vida

El Ejército trató de impedir los desfiles campesinos con obstrucciones y boicoteos

Las comunidades exigieron respeto a sus derechos fundamentales y al derecho humanitario


El pasado 7 de agosto, las comunidades residentes en las veredas del Caquetá y Huila, cercanas al municipio de Algeciras en este último departamento, realizaron una multitudinaria marcha pacífica en la que manifestaron su rechazo a las continuas violaciones a los derechos humanos fundamentales y las innumerables infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte del Ejército colombiano.


Asesinatos, desapariciones, amenazas, tortura, desplazamiento, ocupación o quema de viviendas, pillaje y robo de ganado, escudos humanos, abusos sexuales contra la mujer y restricción arbitraria a la libre locomoción humana, de alimentos y medicinas, fueron entre otras las transgresiones de los uniformados denunciadas por los campesinos.


Desde las distantes veredas los lugareños se tuvieron que trasladar con uno y dos días de anticipación para poder llegar a tiempo al sitio de concentración de la marcha, pero el Ejército lo impidió colocando varios retenes en los caminos y vías. Muchos labriegos, se vieron obligados a regresar a sus hogares ante el abuso de las autoridades castrenses.


El día de la marcha, 7 de agosto, la cual estaba prevista empezar a las 10 de la mañana, solo pudo realizarse después de las cuatro de la tarde, pues el Ejército boicoteó la movilización, impidiendo la llegada a tiempo de los campesinos. Uno de los organizadores del evento, Uliser Sánchez, líder comunal y aspirante a la alcaldía de Algeciras, le dijo a VOZ que los mandos militares decidieron establecer ese día seis retenes, en los que designó a un único soldado para que requisara a las personas, los documentos, los equipajes y los buses. De forma adrede, cada retén se hizo una eternidad.


Portando el tricolor nacional, banderas blancas y coloridas pancartas en las que se leía entre otras alusiones, “Exigimos respeto a nuestras vidas y a nuestra dignidad”. “Marchamos por la vida, la justicia y la defensa de la educación”, “Por una salida negociada al conflicto”, “Por el intercambio humanitario”, “No al TLC” y “Que vivan las marchas de rechazo a la violencia de los derechos humanos”, los campesinos provenientes de San Vicente del Caguán en el Caquetá, se encontraron con los huilenses en la región de Lagunilla y de allí partió la marcha hasta Algeciras donde recorrieron sus principales calles.


Al caer la tarde, los cerca de 1.500 marchantes se reunieron en el parque principal donde hicieron las contundentes denuncias contra los desmanes del Ejército y le exigieron respeto a los derechos de la población civil contemplados en la Constitución política colombiana y en los tratados internacionales. La comunidad, familiares y amigos de las seis personas masacradas demencialmente por soldados pertenecientes a la novena brigada el 10 de junio anterior, ofrecieron tributos en su memoria.


Marcha en San Vicente del Caguán


Los campesinos de esta afligida franja del Caquetá estigmatizada por haber sido sede de la Zona de Despeje pactada entre las Farc y el gobierno de Andrés Pastrana, satanizada por los enemigos de la paz, vivieron su propio drama merced a los abusos de las tropas del Batallón Cazadores comandadas por el coronel Luis Armando Gómez.


Los cerca de 2.000 campesinos que se dieron cita para participar de la marcha pacífica programada para las 10 de la mañana del 7 de agosto, tuvieron que soportar toda clase de atropellos en los numerosos retenes establecidos por el Ejército, donde fueron fotografiados y filmados con objetivos desconocidos y sospechosos.


Solo hasta las cinco de la tarde pudieron ingresar al parque principal de San Vicente, gracias a las gestiones de la Defensoría Regional del Pueblo, la Defensoría Comunitaria, del párroco y a la extenuante y combativa jornada de los líderes y sus comunidades. Allí estuvo el pueblo concentrado en Asamblea Permanente por más de 46 horas realizando marchas por las calles principales de San Vicente y una reunión con las autoridades civiles, militares y religiosas, con quienes se firmó un documento de 10 puntos de estricto cumplimiento por parte de los funcionarios del Estado, para dar así por finalizada la marcha pacífica, hecho que ocurrió el jueves 9 de agosto a las dos de la tarde.


Puerto Rico (Meta)

Paramilitares amenazan a defensora de derechos humanos y líder social

En mayo del año pasado los criminales le desaparecieron a un hermano. La víctima quién se encuentra en Bogotá como desplazada


El pasado 9 de agosto, a las 11 de la mañana, paramilitares de civil que se movilizaban en una moto blanca de alto cilindraje, abordaron a Aidee Janeth Urrego Quimbayo, su mamá, Leonilde Quimbayo y a una hija de la primera, menor de edad, quienes se dirigían al centro de salud en el casco urbano del municipio de Puerto Rico.


Urrego Quimbayo es vicepresidenta de la junta de acción comunal de la vereda Danubio Azul Uno, del mencionado municipio y coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos de la misma vereda.


Los ‘paras’ llamaron a la líder por su nombre y en tono amenazante le preguntaron que si no se acordaba de ellos. Luego se identificaron como paramilitares ‘águilas negras’ y les dijeron a las tres mujeres: “Ustedes son unas malparidas auxiliadoras de la guerrilla y mantienen de sapas en la junta de acción comunal y en la Comisión de Derechos Humanos. No las queremos volver a ver en esta región. Desaparezcan de Puerto Rico. Ustedes ya saben lo que les va a pasar”.


El 6 de mayo del año pasado, los paramilitares desaparecieron a Alex Antonio Urrego Quimbayo, hermano de la vicepresidenta de la junta, Aidee Urrego, en la vereda Santeodoro, municipio Primavera (Vichada).


Después de haber sido amenazadas por los ‘paras’, Aidee Urrego, su mamá y su hija se devolvieron hacia el río con el fin de abordar una canoa que las llevara hasta su vereda, pero en vista que los paramilitares las siguieron optaron por tomar un taxi y dirigirse a Granada y posteriormente a Villavicencio, para escapar de la muerte.


Desde el puerto principal, los paramilitares les hacen seguimiento a sus victimas y posteriormente las bajan de las embarcaciones y las asesinan o las desaparecen.


Al día 18 de agosto, Aidee Urrego y su familia se encuentran desplazadas en la ciudad de Bogotá, en una situación crítica.


La Comisión de Seguimiento a los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del sector del río Guejar, hizo un llamado a todas las organizaciones sociales y de derechos humanos nacionales y extranjeras le exijan al Gobierno Colombiano la protección y el respeto a las derechos fundamentales de la población inerme de esta zona, tan golpeada por el terrorismo de Estado.

Fondo para la Reparación de las Víctimas

Hay presupuesto para los victimarios pero no para las víctimas

Por: Ccajar

 
Mientras que el gobierno nacional ha venido implementando desde el 2005 cientos de proyectos productivos, cursos de capacitación, fondos de becas, convenios con grupos económicos, con el fin de facilitar la reinserción de los  paramilitares desmovilizados, miles de víctimas del paramilitarismo, esperan  pacientemente la lejana posibilidad de ser reparados económicamente por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra sus seres queridos, mediante el recién puesto en funcionamiento Fondo para la Reparación de las Víctimas.

No obstante dicho Fondo, administrado por la Agencia Presidencial Acción Social, no tiene con qué responder  no sólo por que los paramilitares mismos a sabiendas que “únicamente tienen que entregar o denunciar sus bienes de procedencia ilícita” han realizado todo tipo de maniobras jurídicas, entre ellas el testaferrato, el ofrecimiento de bienes no saneados jurídicamente y la devolución de propiedades con proyectos productivos a favor de desmovilizados, sino porque a  fecha de 26 de julio, el Fondo para Reparación de las Víctimas “únicamente ha recibido bienes del desmovilizado señor Manuel de Jesús Pirabán, alias “Don Jorge” o “Pirata””, lo que corresponde a dos fincas, una de 910 hectáreas, otra de 995, tres lotes de 200 metros cuadrados cada uno, tres camperos, 152 toros criollos y dos caballos[3].

De igual manera, a la fecha el Fondo no ha tenido ninguna entrada por donación extranjera, como tampoco de recursos provenientes del presupuesto nacional para su mantenimiento, como si lo tiene paradójicamente la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración Social y Económica de los Grupos y Personas Alzadas en Armas, que según su director, Frank Joseph Pearl González, tiene un presupuesto de $294.000 millones de pesos, así como 40 proyectos con apoyo del sector privado, y la posibilidad que Estados Unidos comprometa US$51 millones en los próximos tres años.

Según el Alto Consejero, a 31 de enero de este año, el Sistema de Acompañamiento  indicaba que de un total de 31.521 desmovilizados de las autodefensas, 26.790 recibía algún tipo de beneficio, entre estos una ayuda humanitaria correspondiente a 358 mil pesos mensuales, aún cuando no asistiera a talleres o a cursos. Del resto, es decir 4.731, no se conocía su paradero.

Y aunque ya se habla de un fracaso total del proceso de reinserción, ya que al parecer parte de los primeros 5.276 millones de pesos invertidos en este proceso, se perdieron, lo cierto es que desde el 2005, el gobierno nacional ha venido implementando lo que en su momento  llamo Proyectos Productivos por la Paz, como parte de la base de la creación de proyectos empresariales en las zonas donde se presentaron desmovilizaciones masivas, a saber, Uraba, Suroeste antioqueño, Cundinamarca, Tibú (Norte de Santander), Palmira, Córdoba y el sur del Magdalena

En efecto, hoy día, de los 2.624 desmovilizados de las autodefensas que debían estar empleados en 41 proyectos económicos en 9 departamentos, menos de la cuarta parte siguen vinculados a ellos. Un ejemplo de esto lo constituye el hecho de que a pesar que el gobierno desembolsará 600 millones de pesos para trescientos ex paramilitares pertenecientes al bloque de Hernán Giraldo para producir estevia, a julio de este año, quedaban apenas 5 desmovilizados  cultivando el endulzante natural

Así las cosas, resulta inaudito que mientras las víctimas de grupos paramilitares no cuentan con una real asistencia psicológica, o alguna ayuda humanitaria para poder viajar y asistir a las versiones libres de sus verdugos, se debaten entre conseguir el dinero para la manutención de sus familias, el desplazamiento forzado que les ha tocado asumir dadas las amenazas y persecuciones, los paramilitares desmovilizados sigan recibiendo, a pesar del fracaso rotundo del proceso, además de miles de millones de pesos que solo han traído perdidas,  asesoría, información en materia de salud, educación, atención psicosocial, capacitación laboral, en cualquiera de los Centros de Referencia dispuestos por el gobierno para tal fin, como en el caso del departamento de Antioquia

De tal manera, queda claro una vez más que los únicos beneficiados por las decisiones del gobierno con la implementación de la Ley de Justicia y Paz son los paramilitares, mientras las víctimas siguen siendo afectadas y revictimizadas,  además  que solo serán beneficiarias del Fondo, si logran participar directamente en el incidente de reparación, si pueden  acudir y probar que el jefe paramilitar o bloque fue quien cometió el crimen, si el caso en particular tuvo sentencia y claro, si el fondo de reparación llega a conseguir dinero para poder repararlas.

Bien lo decía Mancuso, en una entrevista concedida al Espectador en el 2005 “los proyectos productivos y la vinculación plena a la civilidad de los desmovilizados, nos generan un caudal disponible para cuando lo queramos utilizar como trampolín político”.

En conclusión a la fecha no hay un solo peso para reparar a las victimas, el fondo es una entelequia y un fraude más que sumado a la falta de verdad y de justicia allanará el camino para que las víctimas acudan a la Corte Penal Internacional o a otras instancias para buscar verdad, justicia y reparación.

“Sí me matan haz lo posible para que mi crimen no quede en la impunidad”

10 años del asesinato de dos menores por la policía


(Ccajar). Un recurso de casación interpuesto, ante la Corte Suprema de Justicia, es la última de las esperanzas, que guarda don Felix Zetuaín, padre de uno de los menores de 14 años, que fuera asesinado por agentes de la policía hace 10 años,  para que su muerte no quede en la impunidad.

El caso llegó a esta instancia, luego que fuera revocado por el Tribunal Superior, a pesar de la contundencia del fallo emitido por un juzgado del circuito que declaró como responsables a los agentes de la policía James Calderon y Arlex Patiño, por el homicidio de los jóvenes Oscar Zetuaín y Cristian López, el 20 de agosto de 1997, quienes meses antes habían identificado fotográficamente  a uno de estos policías como los autores de la masacre de cinco jóvenes en la localidad de San Cristóbal Norte el 26 de abril del mismo año.

El asesinato de los menores sucedió precisamente un día antes de la citación realizada por la Fiscalía General de la Nación,  para que éstos realizarán reconocimiento en fila de personas, respecto de algunos agentes señalados por ellos como responsables del homicidio múltiple y de otros delitos de la zona donde habitaban en ese entonces, lo que justamente impidió que otros policiales fueran identificados y vinculados al proceso.

Cabe destacar en este punto, que los menores Oscar Zetuaín y Cristian López, a medida que avanzaba la investigación por la masacre, fueron víctimas de constantes amenazas contra ellos y sus familias, hostigamientos por parte de miembros de la policía e incluso golpizas y disparos a su residencia, que obligaron por un tiempo a que Oscar saliera de la ciudad preservando su vida.

Precisamente, días antes de su homicidio, éste le había comentado a su padre, don Felix, aspectos relacionados con la masacre, así como comentarios que había escuchado sobre la intención que tenían los policías de asesinarlo, dada su condición de testigo, y su temor a declarar por temor a que tales intimidaciones se concretarán contra él o su familia, encomendándole que en caso de ser asesinado, hiciera todo lo posible para que su crimen no quedara en la impunidad.

Ese día, 20 de agosto de 1997, el agente de policía Jair Velásquez, quien al parecer luego de cometer el asesinato ingresó a un grupo paramilitar del Magdalena Medio, haciéndose pasar como funcionario de la Fiscalía, sustrajo de su entorno a los niños, quienes horas más tarde aparecieron asesinados en la vía que conduce al municipio de Choachí en Cundinamarca.

 Diez años después, el recuerdo de la petición realizada por ese hijo a su padre, cobra fuerza en los cientos de familiares de víctimas de asesinatos por parte de la fuerza pública, quienes mediante una eucaristía este 23 de agosto, alzaran su grito para reclamar no más impunidad en ausencia de la voz de Oscar.



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