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Derechos Humanos: Boletín Día a Día del 18 al 24 de octubre de 2007

Martes, 30 de Octubre de 2007

 
Boletín Día a Día del 18 al 24 de octubre de 2007
 

Asociación Nacional de Ayuda Solidaria

ANDAS

"El Alemán" confiesa múltiples crímenes y anuncia que revelará sitios de fosas comunes

Caracol


El ex comandante del Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, Fredy Rendón Herrera, alias "El Alemán, entregará este miércoles las coordenadas de fosas comunes con por lo menos 50 cadáveres en el noroccidente chocoano.

Al compromiso ante la Unidad Nacional de Justicia y Paz, el jefe paramilitar desmovilizado le sumó el anuncio de que mañana tambien hablará sobre el caso de la muerte de un cooperante español y un sacerdote, en el choque de una chalupa de la Diócesis de Quibdó y otra con paras, ocurrida en el Río Atrato, a finales del 97.

Sobre las fosas comunes, dijo que estan localizadas en 22 sitios cercanos a Unguía y Acandí y contienen los cadáveres de por lo menos 35 civiles y unos 15 combatientes de su grupo.

Adelantó alias "El Alemán", que la mayoría de las personas muertas y sepultadas en las fosas clandestinas habían sido secuestradas durante la incursión que las Autodefensas hicieron en diciembre de 1996 en Riosucio, Chocó.

Sus crímenes en el centro del país

En la continuación de la versión libre ante un fiscal de Justicia y Paz, el ex comandante del Bloque Élmer Cárdenas de las autodefensas, Fredy Rendón Herrera, alias ´El Alemán´, reconoció que hombres a su cargo asesinaron a 69 personas en los departamentos de Boyacá, Santander y Cundinamarca.

Precisó que entre 2001 y 2002 envió 35 hombres en avión desde Urabá a Bogotá, con la misión de "hacer limpieza en la zona minera de esos tres departamentos, de simpatizantes de la guerrilla".

En la diligencia judicial en el Palacio de Justicia de Medellín, alias ´El Alemán´ reveló que en 1998 viajó a Francia con visa americana legal, asistió al Mundial de Fútbol de ese país y todo ese año estuvo de paseo por España, Cuba y Curazao.


ACNUR advierte preocupante situación humanitaria en el Chocó

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) expresó su preocupación por el deterioro de la situación humanitaria de Chocó, en donde la semana pasada fueron asesinados seis desplazados

Acnur


Bogotá, 24 de octubre (ACNUR) - El Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, expresa su preocupación por el grave deterioro de la situación humanitaria en la zona de los ríos San Juan y Baudó en el Departamento del Chocó. El ACNUR alerta también sobre las repercusiones sobre las poblaciones desplazadas y en riesgo de desplazamiento.

Una evidencia de este deterioro fue la masacre de seis personas desplazadas, ocurrida cerca de la ciudad de Istmina el día 16 de octubre. Frente a esta situación, una delegación del ACNUR Bogotá viajó al Chocó esta semana.

El ACNUR constató que las seis víctimas estaban registradas como desplazadas en la ciudad de Quibdo, hacia donde habían huido en los últimos años para escapar del conflicto armado en sus comunidades.

Las victimas, juntos con otras personas desplazadas en Quibdó, habían recibido una oferta de trabajo en una mina de explotación de oro en la zona de Istmina, dos horas por carretera al sur de Quibdó. Dado el alto desempleo que afecta a la población desplazada, esta oferta representaba una de las pocas alternativas para obtener ingresos y mejorar sus condiciones de vida.

Dos días después de llegar a Istmina e iniciar sus labores, fueron asesinados por un grupo al margen de la ley, cuyos miembros llegaron, uniformados y armados, a la mina. Otras cuatro personas desplazadas resultaron heridas.

Este gravísimo incidente se enmarca en un contexto de serio deterioro de la situación humanitaria en la zona de Istmina y de los ríos San Juan y Baudó, donde la población civil, incluyendo a comunidades y personas desplazadas, sigue sufriendo graves abusos por parte de los grupos al margen de la ley que se disputan el control del territorio y de los negocios ilícitos.

En las últimas semanas, desde el inicio del mes de septiembre, la Diócesis de Istmina ha reportado 23 asesinatos en la ciudad. El ACNUR alerta sobre la gravedad de la situación, que puede resultar en más desplazamientos masivos de población afrocolombiana e indígena quienes, según los principios internacionales y constitucionales, deberían estar especialmente protegidas.

El ACNUR también insta a las autoridades competentes a multiplicar los esfuerzos para proporcionar la protección adecuada a estas comunidades afrocolombianas e indígenas, desplazadas y en riesgo, en la región de los ríos San Juan y Baudó del Chocó. Se han producido varios desplazamientos masivos desde la zona en el último año, así como continuos desplazamientos gota a gota.

Asimismo el ACNUR exhorta a adoptar o adecuar con urgencia los planes de contingencia en caso de desplazamientos masivos, y ofrece a las autoridades competentes su apoyo técnico en la elaboración e implementación de los mismos.

El ACNUR confía en que las autoridades competentes investigarán el crimen en contra de las personas desplazadas. Finalmente el ACNUR expresa sus condolencias y su solidaridad a las familias desplazadas, nuevamente víctimas a través de esta masacre.


Seguridad democrática

Fuerza Pública ejecutó al menos a 169 personas en un año

Los llamados ‘falsos positivos’ fueron fabricados en 90 operativos en 22 de los 32 departamentos

Por Camilo Raigozo. VOZ


El Centro de Estudios de Educación Popular (Cinep), así lo afirmó en un comunicado emitido el pasado 17 de octubre en la ciudad de Bogotá. Los llamados "falsos positivos", operativos montados para reclamar éxitos militares, ocurrieron entre el 1ro de julio de 2006 y junio 30 de 2007, en el que se tuvieron en cuenta parcialmente, ejecuciones extrajudiciales, torturas, heridos, amenazas, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias realizadas por miembros del Ejército, Policía, Das, Fiscalía, Sijín, Fuerza Aérea y en algunos casos con la participación de integrantes de grupos paramilitares.


Según el informe del Cinep, las víctimas estuvieron entre campesinos, indígenas, afro descendientes, mujeres, niños, estudiantes, sindicalistas y conductores. La investigación realizada sobre los “falsos positivos” fue desarrollada de forma parcial en 22 de los 32 departamentos, como también en Ecuador, en la frontera con Putumayo (Colombia). En el departamento del Meta se encontró la mayor afectación de los abusos de la Fuerza Pública y de seguridad del Estado, con 24 operativos que arrojaron 39 víctimas. Allí los crímenes fueron cometidos por tropas de la Brigada Móvil 12, Batallón 21 Vargas, Brigada Móvil 4 y Batallón José Joaquín París del Ejército Nacional.

Incremento de ejecuciones en el gobierno de Uribe

El municipio con mayor número de victimizaciones fue Vistahermosa (Meta), con 14 operativos que dejaron 27 víctimas, de las cuales 19 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente por las fuerzas militares y luego presentadas a la opinión pública a través de los medios de comunicación afines al régimen, como “guerrilleros dados de baja en combates”, como lo ha venido denunciando VOZ oportunamente.

Otro informe recientemente divulgado por el Instituto Popular de Capacitación, vinculado con la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos  (Cceeu), que agrupa a organizaciones no gubernamentales (ONG) de investigación en derechos humanos, advirtió que en el gobierno de Uribe, las ejecuciones extrajudiciales aumentaron un 66 por ciento, en relación con las cometidas entre 1997 a 2002. Según ese informe divulgado en Medellín, en el Gobierno de la “seguridad democrática” se han registrado 955 ejecuciones extrajudiciales, sin contar con las 235 desapariciones forzadas, conocidas, por acción directa de agentes estatales.

Entre los casos expuestos por el Cinep, está la muerte de un menor de 14 años en Planadas, Tolima, el 10 de julio del 2006 quien fue presentado como "un niño guerrillero". También el 16 de julio del 2006 en Aguazul, Casanare, fue objeto de atropellos al campesino Gonzalo Alfonso Cruz, bajo la acusación de ser guerrillero. De igual forma, el 3 de agosto del 2006, en la Jagua del Pilar en la Guajira, tropas del batallón Rondón, asesinaron a un indígena con la excusa de ser “subversivo”. También se señaló al Ejército por omisión en la muerte del indígena Nasa, Douglas Antonio Pérez, el 5 de agosto del 2006 cuando un grupo de paramilitares ingresó a una fiesta en la vereda de Villa de Leyva de Puerto Asís, Putumayo, donde además torturaron y abusaron sexualmente de varias de las personas presentes en la reunión.

Otros casos como ejemplo

El 15 de agosto de ese mismo año, en el caserío de Caño Lindo de El Castillo, Meta, el campesino Javier Díaz, fue detenido por tropas del Batallón 21 Vargas de la Brigada 7, obligado a vestir prendas militares por tres días y a firmar una constancia de "buen trato", bajo el pretexto de que era guerrillero. Tres días después, en una vereda de Morales, Bolívar, tropas del batallón Nueva Granada de la Brigada número 5, allanaron y saquearon la vivienda de Cosme Pabón. Los uniformados intentaron violar a la esposa y él fue retenido y asesinado aunque su cadáver nunca ha sido devuelto. El 27 de octubre del 2006, tropas del Ejército que adelantaban el "Plan Patriota", ejecutaron a tres personas en la vereda de Loma Linda en Vista Hermosa, Meta y sus cuerpos fueron presentados como "muertos en combate".

El 22 de marzo de este año, tropas del Ejército colombiano detuvieron a 5 campesinos en Lago Agrio, Sucumbíos, Ecuador y asesinaron a David Marroquí y Jorge Plaza de esa nacionalidad, mientras que los otros tres labriegos continúan desaparecidos. Los militares dispararon contra las viviendas y los cadáveres de los campesinos fueron trasladados a Colombia donde los reportaron "guerrilleros dados de baja en combate". El 16 de junio del 2007, tropas de la Brigada Móvil número 12, en Vista Hermosa, Meta, ejecutaron a dos personas, entre ellos un campesino sordo y con problemas mentales.

”Hechos como éstos no sólo cuestionan la legitimidad de la fuerza pública, sino que además cuestionan si la excesiva presión presidencial para que las Fuerzas Armadas muestren resultados en su lucha contra la insurgencia no está llevando a que éstas caigan en una lógica perversa: mostrar resultados positivos así haya que fabricarlos", expresó el Cinep quién añadió que los resultados completos de la investigación serán publicados en la revista Noche y Niebla que circulará en los próximos días.

Paramilitarizadas calles de Medellín y Pereira

Camilo Raigozo. VOZ


Las comunidades de los barrios populares de Medellín y Pereira han denunciado que a pesar de la cacareada “desmovilización” paramilitar, estos continúan gobernando en amplios sectores de las dos capitales departamentales. La violencia por las acciones de estos delincuentes como extorsiones, disputas territoriales, desplazamiento forzado, enfrentamientos entre bandas y amenazas a personas y familias, tiene horrorizada a la ciudadanía.


La Personería para los Derechos Humanos en Medellín ha hecho la denuncia concreta sobre hechos claros de violencia paramilitar en algunos barrios de esta capital, con intimidaciones, amenazas, y el reclutamiento forzado de por lo menos 300 niños y adolescentes para incorporarlos a sus filas. La Comuna 13 es una de las zonas más afectadas, ya que siempre ha estado en manos de los ‘paras’ en connivencia con la Fuerza Pública.


En Pereira existe un "toque de queda" forzado por estos grupos en las horas de la noche y los habitantes denuncian extorsiones, especialmente a tenderos, comerciantes, transportadores y caficultores.


Los desaparecidos del Palacio

Cccajar

La decisión sin precedentes tomada el 29 de septiembre de 2007 por la Fiscal Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, de compulsar copias para que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes investigue la participación del ex presidente Belisario Betancur Cuartas, frente a la desaparición de once personas, entre empleados de Cafetería, visitantes del Palacio y una guerrillera, y de enviar copias al Fiscal General de la Nación para investigar a los generales Rafael Samudio Molina, comandante del ejército nacional y Jesús Armando Arias Cabrales, comandante de la Brigada XIII, integrantes de la cadena de mando de la fuerzas militares de la época, es de suma importancia para el derecho a la verdad y a la justicia que tienen las victimas, sus familiares, la sociedad y la comunidad internacional en su conjunto, en el caso más emblemático de la historia jurídica del país del siglo pasado, ya que las violaciones sucedieron en pleno corazón de la República.

La resolución de acusación se profirió contra el Coronel (r) Edilbrto Sánchez Rubiano, Jefe del B-2 de la Brigada XIII y el mayor (r) Oscar William Vásquez Rodríguez, su asistente inmedaito en la Casa del Florero y tres suboficiales de inteligencia por los punibles de secuestro agravado y desaparición forzada agravada por la desaparición de once personas del Palacio de Justicia que salieron con vida del mismo.

Hasta ahora, se vinculó a la investigación el Coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, comandante de la Escuela de Caballería, quien permanece con medida de aseguramiento, porque comandó el operativo de la retoma del Palacio de Justicia, cumplió tareas de inteligencia con las personas liberadas y que eran consideradas “sospechosas” o “especiales”. En la unidad táctica bajo su mando se cometieron graves violaciones a los derechos humanos: desapariones fozadas, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes y ejecuciones extraajudiciales. Se vinculo al Coronel (r) Luis Carlos Sadovnik Sánchez, segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la Brigada XIII. Falta por compulsar copias a los generales Rafael Hernández López y Carlos Fracica Naranjo, miembros de la Escuela de Artillería por el papael que cumplieron sus unidades en el manejo de los rehenes y personas que salieron de la edificación, asi como a otros comandantes de unidades táticas como los Batallones Guardia Presidencial y de Policía Militar, de la Escuela de Intanteria. Lo anterior, en consonancia con la “doctrina de la cadena de mando” que manejan los tribunales penales internacionales sobre coautoria en la que todos los actores tienen un plan común, el cual connsiste en la intención de tomar parte en una empresa criminal conjunta y de favorecer -individual y conjuntamente- la finalidad criminal.

Por primera vez en el país, se logrró que una Fiscal compulse copias para que la justicia ordinaria investigue las conductas de tortura en que se pudo haber incurrido respecto de los familares de los desaparecidos, que también son victimas, en consonancia con la jurisprudencia la Corte Interamericana en cuanto a que en casos que involucran la desaparición forzada de personas, es posible entender que la violación del derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares de la víctima es una consecuencia directa, precisamente, de ese fenómeno, que les causa un severo sufrimiento por el hecho mismo, que se acrecienta, entre otros factores, por la constante negativa de las autoridades estatales de proporcionar información acerca del paradero de la víctima o de iniciar una investigación eficaz para lograr el esclarecimiento de lo sucedido.

No hay que olvidar que el momento en que nos encontramos actualmente se debe a la insistencia y perseverancia de los familiares de los desaparecidos de Cafetería del Palacio de Justicia, quiénes el 29 de junio de 2001, solicitaron al Fiscal General de la Nación abrir investigación judicial por la desaparición de sus seres queridos. En noviembre de 2005, veinte años después de ocurridos los hechos, el doctor Mario Iguarán Arana asigna especialmente a la Fiscal Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia para que adelante la investigación hasta el final.

Se ha logrado probar dentro de la investigación que los organismos de inteligencia del Estado Mayor Conjuto de las fuerzas militares, la dirección de inteligencia del ejército, la armada, la fuerza aérea, la dirección de inteligencia de la policía nacional y la central de inteligencia del DAS, conocían desde el 16 de octubre de 1985 que el M-19 se iba a tomar la sede de Corte Suprema de Justicia. Las autoridades conocían además que estaban amenazados los Consejeros de Estado, quienes habían recibido en el mes de octubre de 1985 amenazas de muerte.

Sin embargo, días antes de la toma la fuerza pública retiró la guardia policial del Palacio de Justicia, decisión en la que no intervino ningún magistrado de las altas Cortes, con lo cual se violó ostensiblemente el deber del Estado de prevenir la ocurrencia del hecho. Por el contrario, lo facilitaron con un doble propósito: acabar con el comando guerrillero y con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado que los incomodaban con investigaciones.

La investigación descartó la posibilidad de que los miembros de la cafetería y los visitantes asiduos u ocasionales pudieran tener relación con los miembros del grupo guerrillero, se estableció que el incendió del Palacio de Justicia lo causó el ejército nacional mediante un disparo hecho desde afuera hacia el lugar donde estaba la biblioteca y que éste se originó a las cinco de la tarde del 6 de noviembre de 1985.

Se reafirmó que la inhumación irregular de los cuerpos en fosa común por orden del Juez 78 de Instrucción Penal Militar, quien no tenía expediente relativo a las actuaciones preliminares de la investigación y dictó la orden extraproceso de dar sepultura, en fosa común, a un grupo de 25 cadáveres, 17 de los cuales aún no tenían identificación interrumpiendo el proceso de reconocimiento que venían haciéndose por familiares

Exijimos a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que investigue con seriedad la participación del expresidente Belisario Betancur en la desaparición de éstas personas, no como una mera formalidad o una fórmula destinada al fracaso, como lo exigen los estándares internacionales de derechos humanos. De igual manera, esperamos igual comportamiento de la Fiscalía General de la Nación respecto de los generales (r) Rafael Samudio Molina y Jesús Armando Arias Cabrales.

Los jueces penales de ciruito especializados de Bogotá, a quiénes corresponderá juzgar a los coroneles (r) Luis Alfonso Plazas Vega y Edilberto Sánchez Rubiano y sus subalternos, por las desapariciones forzadas de once personas del Palacio de Justicia, tienen una enorme responsabilidad con los familiares de las victimas, la sociedad colombiana y la comunidad internacional que estarán pendientes de sus resultados. Tampoco es ajena a esta responsabilidad, la Corte Suprema de Justicia, que ha emitido decisiones importantes en el presente año sobre el delito político y la parapolítica, quien deberá investigar o juzgar a la alta jerarquía de la linea militar de mando.

El caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia, por petición presentada por los familiares de las víctimas se encuentra bajo estudio en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo que deberá tomar una decisión el próximo año, de si envía o no el caso a la Corte Interamerica, para lo cual tendrá en cuenta el comportamiento de las instancias judiciales domésticas.



El presidente Álvaro Uribe Vélez ataca a la justicia y a los defensores de derechos humanos

OMCT-FIDH

París -Ginebra, 24 de octubre de 2007. El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, un programa conjunto de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), expresa su extrema preocupación por las recientes declaraciones dadas por la Presidencia de la República de Colombia desacreditando a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a los defensores de derechos humanos.

En efecto, el 17 de octubre de 2007, el Presidente Uribe declaró delante de jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), en el marco del XXXI Período Extraordinario de Sesiones que éstos desarrollaron en Bogotá, del 17 al 20 de octubre, que “cada vez que las guerrillas y sus áulicos sienten que se les puede derrotar, el recurso al cual apelan es la denuncia de violación de derechos humanos". Estas declaraciones dadas por el Presidente Uribe, desacreditando las actividades de defensa de los derechos humanos, podrían constituir un nuevo riesgo para todos los defensores de derechos humanos en Colombia, y son por tanto muy preocupantes, además de que se suman a otras expresiones de descrédito presidencial contra los defensores, realizadas durante diferentes eventos, por ejemplo, cuando, ante la reunión plenaria del Parlamento Europeo en Estrasburgo, el 10 de febrero de 2004, afirmó que : «no se puede utilizar el tema de los derechos humanos como excusa para dar cobertura a los terroristas»1.

Por otra parte, el 8 de octubre de 2007, la Presidencia de la República había acusado a la Fiscalía de Antioquia de corrupción, después de que durante una reunión realizada el 4 de octubre de 2007 entre la mencionada Fiscalía de Antoquia y el Sr. José Orlando Moncada Zapata, alias ’Tasmania’, un paramilitar encarcelado, el Sr. Zapata acusó al Presidente Uribe Vélez y a otros ciudadanos como autores intelectuales del atentado contra el paramilitar Alcides de Jesús Durango, en hechos ocurridos en 2003.

Para defenderse de esa acusación de implicación en el atentado, el Presidente de la República afirmó en un comunicado de prensa del 8 de octubre de 2007, haber recibido una carta del paramilitar Sr. Moncada Zapata, en la cual este último acusaría a funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía de Antioquia y delegados de la Corte Suprema de Justicia, “de haber contactado al Sr. Zapata para que acusara al Presidente y a otras personas, a cambio de la obtención de beneficios”.

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Sr. Cesar Julio Valencia, recusó las acusaciones de la Presidencia de la República y afirmó que constituían un intento de obstrucción a la acción de la justicia en el marco de la investigación que se lleva a cabo en éstos momentos en torno a la “para-política”, o sea sobre a los presuntos vínculos existentes entre paramilitares y cerca de 30 congresistas de grupos políticos pro-Uribe.

El Observatorio manifiesta su grave preocupación frente a lo que considera como ataques a la justicia colombiana y a la sociedad civil, a la vez que comparte la necesidad de desaprobar cualquier injerencia en el normal desarrollo de las investigaciones en curso, que desconozca abiertamente el mandato constitucional de la independencia de los jueces de la República.

El Observatorio urge al gobierno y a todas las autoridades colombianas a que garanticen la independencia del poder judicial y a que cumplan con su compromiso de proteger los defensores de derechos humanos tal como está previsto en la Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos adoptada por las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del derecho de toda persona “individual o colectivo, de promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos” (Art.1), así como en lo relativo al deber del Estado de garantizar “la protección de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia o represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración” (Art.12.2).

La ACVC: una organización campesina perseguida injustamente por el estado colombiano

Prensa Rural

La Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC) es una organización regional que integra los propósitos de la comunidad a través de las juntas de acción comunal, cooperativas, comités pesqueros y otras agrupaciones de trabajadores del campo, en el marco de la defensa integral de los derechos humanos y la lucha por la tierra. Desarrolla su trabajo comunitario, político y social en unas 120 veredas, ubicadas en ocho municipios del Magdalena Medio: Barrancabermeja, Cantagallo, Remedios, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Segovia, Simití y Yondó.

Una década de lucha por la tierra y de defensa de los derechos humanos

La ACVC nació en 1996 durante las marchas campesinas a San Pablo y Barrancabermeja para exigir al gobierno inversión social y respeto por los derechos humanos. En 1998, la ACVC participó del éxodo campesino a Barrancabermeja, evento durante el cual diez mil campesinos - luego de tres meses de negociación - lograron que el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana asumiera varios compromisos: en el área de derechos humanos, conformar un bloque de búsqueda para capturar y judicializar a los autores materiales e intelectuales de los crímenes cometidos por paramilitares y agentes estatales; y en materia de inversión social, llevar a cabo la financiación estatal de un plan de desarrollo integral formulado desde las comunidades.

Desde 1998, la ACVC promueve la creación de una Zona de Reserva Campesina (ZRC) en el valle del río Cimitarra. Las ZRC son una figura reconocida por la ley 160 de 1994, y se consideran como un instrumento para garantizar el acceso de los campesinos a la tierra, prevenir la concentración de la propiedad y proteger tanto la economía campesina como la soberanía alimentaria.

El 10 de diciembre del 2002, el gobierno del presidente Uribe, a través del antiguo Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) - liquidado para dar paso al actual Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) - emitió una resolución mediante la cual se creó la ZRC del Valle del río Cimitarra. La misma fue suspendida, arbitrariamente, en abril de 2003. Desde entonces, en su labor de defensa de los derechos de los campesinos, la ACVC ha exigido el levantamiento de la suspensión, fundamentando su planteamiento en ordenamientos jurídicos.

La ACVC ha ejecutado satisfactoriamente proyectos de desarrollo comunitario, seguridad alimentaria y derechos humanos. Todos ellos han sido financiados y auspiciados por diferentes organismos e instituciones como el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, el Laboratorio de Paz de la Unión Europea, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD- (entre otros programas de la ONU), la Consejería en Proyectos de Noruega, el Fondo Noruego de Derechos Humanos, la Cruz Roja Española y Misereor. Tales proyectos incluso han recibido el auspicio de entidades gubernamentales tales como el Banco Agrario, el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena), los ministerios de Agricultura y del Interior, y las alcaldías de Remedios y Yondó (Antioquia), entre otros.

La ACVC ha firmado convenios con importantes instituciones de educación superior como la Universidad de la Paz, la Universidad Industrial de Santander, la Universidad Pedagógica Nacional y la Fundación Universitaria del Área Andina, con las que se han adelantado proyectos en diferentes áreas y temáticas. También ha establecido acuerdos con grupos de trabajo estudiantiles y equipos de investigación de diferentes universidades del país.

Igualmente, la asociación ha mantenido relaciones con organizaciones de acompañamiento internacional como Brigadas Internacionales de Paz, Equipos Cristianos de Acción Por la Paz y el Observatorio Internacional de Paz. Así mismo, líderes campesinos han realizado giras por Europa y Estados Unidos, en donde se ha dado a conocer la situación regional y nacional, se han establecido relaciones con organizaciones no gubernamentales, parlamentarios, movimientos políticos, entre otros, y se han gestionado apoyos y financiaciones para los proyectos comunitarios.

Convencida de la necesidad de la unidad del movimiento campesino y popular, la ACVC ha hecho parte de plataformas de coordinación y articulación regionales y nacionales como:
 la Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos de organizaciones sociales y no gubernamentales de derechos humanos,
 la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc),
 la Coordinadora de Campesinos Cultivadores de Coca y Amapola (Cocca),
 la Red de Comunidades en Ruptura y Resistencia (Recorre) y su Universidad Campesina,
 el Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos del Magdalena Medio y
 el Foro Social de Barrancabermeja y el Magdalena Medio.

Además, recientemente ha participado también de la Coordinación Nacional de Organizaciones Agrarias y Populares de Colombia.

La ACVC ha sido promotora de la comunicación alternativa y comunitaria. En el año 2003, junto con otras organizaciones campesinas, creó la Agencia Prensa Rural, proyecto comunicativo campesino que edita la revista La Marcha, junto con el boletín mensual y el programa radial de la Asociación. Además, hace parte del comité promotor internacional del canal Alba TV, e integra la red Alba TV Colombia, así como la Coordinación Colombiana de Medios Alternativos (CCMA).

Asimismo, ha sido interlocutora del estado colombiano y ha firmado acuerdos con funcionarios de los últimos tres gobiernos nacionales, siempre en medio de movilizaciones y protestas para exigir derechos civiles, políticos, económicos y sociales para el campesinado del Magdalena Medio. Dichos acuerdos, en su mayoría, han sido incumplidos por las autoridades estatales. El más reciente fue firmado el pasado 5 de julio por funcionarios de alto nivel, con el fin de superar la crisis humanitaria regional y concretar el restablecimiento de la Zona de Reserva Campesina.

Seguridad democrática” y “acción integral” contra el campesinado

La alianza de élites regionales, terratenientes, empresas multinacionales y sectores políticos vinculados con el paramilitarismo está detrás del hostigamiento y persecución contra la ACVC. Esto se debe a que buscan posicionarse en esta zona, con miras a implementar proyectos agroindustriales a gran escala, así como a explotar bosques, fuentes de agua y recursos minerales (principalmente oro). A lo anterior hay que sumar su intención de adecuar el territorio para la construcción de infraestructura vial y minero-energética.

El 29 de septiembre de 2007 fueron encarcelados Andrés Gil, Óscar Duque, Mario Martínez y Evaristo Mena, dirigentes de la ACVC. El apartamento de habitación y la oficina, ubicados en Barrancabermeja, fueron allanados. Además se sustrajeron los computadores y los documentos de trabajo de la organización. Voceros castrenses anunciaron a la prensa la existencia de 18 órdenes de captura contra miembros de la ACVC, en un nuevo embate para desarticular a la asociación y entorpecer la organización del campesinado y la reivindicación de sus derechos.

La persecución contra la ACVC no es nueva, durante sus once años de existencia los miembros de la organización, así como los pobladores del valle del río Cimitarra han sido víctimas de asesinatos, amenazas, detenciones arbitrarias, desplazamientos, desapariciones, torturas, quema de viviendas y bloqueos alimentarios y sanitarios. Líderes de la asociación como Nelcy Cuesta, Orlando Triana Moncada, Diomedes Playonero y Carlos Ramírez han sido asesinados. Así mismo, Miguel Cifuentes sobrevivió a un atentado de paramilitares que dispararon contra él.

No obstante, la ACVC ha denunciado permanentemente las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes estatales y por el paramilitarismo, así como los atropellos contra la población civil cometidos por la insurgencia, en la región del Magdalena Medio.

A partir del 2003 cuatro directivos de la ACVC habían afrontado un proceso judicial, al ser acusados de rebelión, con base en montajes. Tal acusación fue desvirtuada en el 2005, al demostrarse su falsedad ante las autoridades competentes. Pese a esto, en ese mismo año Álvaro Manzano, ex concejal de la Unión Patriótica y ex presidente de la ACVC, fue detenido arbitrariamente y sometido a tortura psicológica durante quince días.

Sembrar sueños para cosechar paz

La ACVC es una organización legalmente constituida y, sobre todo, legítima ante las comunidades que agrupa, con sus pequeñas iniciativas y proyectos, tales como: llevar brigadas de salud a los enfermos; promover la seguridad alimentaria con cabras, búfalos y ganado vacuno; construir casas dignas con acueductos veredales; atender emergencias humanitarias, hacer caminos, enviar estudiantes a Cuba, operar a semi ciegos en Venezuela. Es una organización que vela por exigir justicia ante los atropellos y un pedazo de tierra para el campesinado. Todo esto ha molestado a poderosos círculos políticos y económicos.

Entendemos el acoso judicial contra la ACVC como una confabulación de intereses ajenos al campesinado, que buscan su desarticulación. Por lo anterior, exigimos la libertad inmediata e incondicional de los campesinos encarcelados y el desmonte del artificioso proceso judicial que busca acabar con la organización.

Convocamos a una campaña nacional e internacional de respaldo a la ACVC, que garantice su participación política, así como su labor de exigibilidad y defensa de los derechos humanos.

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