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Derechos Humanos: Boletín Día a Día del 18 al 26 de junio de 2007

Jueves, 28 de Junio de 2007

 
Boletín Día a Día del 18 al 26 de junio de 2007

Asociación Nacional de Ayuda Solidaria

ANDAS

 

Boletín Día a Día del 18 al 26 de junio de 2007

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Robo de información a ONG defensoras de derechos humanos

Involucrados en la estrategia paramilitar buscan blindarse

Grave peligro siguen corriendo las víctimas, sus familias y defensores de derechos humanos

 

Las sedes y oficinas de organizaciones defensoras de derechos humanos han venido siendo víctimas de asalto y robo de sus diferentes métodos de archivo y almacenamiento de información pertinente a su trabajo en la defensa y asesoramiento de las comunidades y familiares de víctimas del genocidio y del desplazamiento forzado llevado a cabo por la estrategia paramilitar del Estado. Los delincuentes se introducen violentando los sistemas de seguridad, generalmente en horas nocturnas o días festivos y fines de semana, para sustraer los discos duros de los computadores o inclusive llevarse documentos como carpetas y papelería que contienen información sobre los procesos judiciales que se les sigue a los victimarios o información sobre las victimas que reclaman la devolución de sus tierras, verdad, justicia y reparación.

En las últimas semanas se ha venido presentando un importante incremento en esta modalidad de delito, a medida que los cabecillas ‘paras’ rinden versiones libres ante la Fiscalía e involucran a ‘parapolíticos’, miembros de la Fuerza Pública, funcionarios de la rama civil del Estado y a empresarios nacionales y extranjeros, de ser cómplices de sus crímenes. También incide la presión ejercida por el Congreso estadounidense sobre el gobierno de Álvaro Uribe, al pedirle información profunda sobre el estado en que se encuentran de las investigaciones y la aplicación de justicia por las ejecuciones extrajudiciales de civiles en las que están involucradas las Fuerzas Militares y de Seguridad del Estado.

En las horas de la noche del pasado 21 de junio desconocidos violentaron la seguridad del inmueble donde funciona la Corporación Yira Castro, ONG defensora de los derechos humanos, ubicada en el sector del barrio La Soledad en Bogotá, y sustrajeron en total cinco CPU de computadores, un computador portátil, una video cámara que contenía un casete con testimonios de víctimas de desplazamiento forzado y despojo de tierras, un televisor, un DVD y un telefax. Según la ONG, también se habrían llevado documentos y expedientes de varios procesos judiciales en curso, mientras que el dinero en efectivo y los cheques que estaban a la mano fueron dejados intactos por los delincuentes.

El 7 y el 17 de junio anterior, la Corporación Infancia y Desarrollo, entidad que presta atención integral a familias desplazadas llegadas a Soacha y Cazuca,  a quienes la Corporación Yira Castro le presta acompañamiento jurídico, corrió la misma suerte en su sede de Soacha, Cundinamarca. Los delincuentes dejaron allí, símbolos amenazantes de muerte y excrementos humanos.

El  Centro Cristiano Justapaz, denunció que en la madrugada del pasado 14 de junio fueron robados de sus oficinas dos computadores con información sensible sobre personas e iglesias activistas en acciones por la paz y la vida digna, y sobre personas víctimas o testigos de violaciones a los derechos humanos. 12 días antes, le fue robado un computador a la organización Movimiento de Reconciliación (Fellowship of Reconciliation), que hace acompañamiento a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en cuya última masacre están involucrados militares de la brigada 17 del Ejército.

En enero de 2007 fue hurtado de las oficinas de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, el computador que contenía información sensible sobre personas y organizaciones participantes, el registro fotográfico, y las actividades realizadas, en labores de defensa de los derechos humanos de varias comunidades.

 

Desplazados en Barranca necesitan ayuda

A raíz de las continuas violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario por parte de la Fuerza Pública conjuntamente con paramilitares, se ha generado una grave crisis humanitaria en el Magdalena Medio donde en nueve meses ya han sido asesinados 12 campesinos. Estos crímenes y los constantes hostigamientos y amenazas tanto del Ejército como de los paramilitares, hicieron que al menos 1.000 labriegos, entre los que se encuentra un alto número de bebés, niños y mujeres, se desplazaran hasta la ciudad de Barrancabermeja (Santander),  en busca de refugio para salvar sus vidas.

Los desterrados, liderados por la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra y la Corporación Acción Humanitaria por la Paz del Nordeste Antioqueño,  se acomodaron en el edificio viejo y abandonado del Comisariato de la USO donde viven en condiciones deplorables, siendo los más afectados los bebés y los niños menores de 12 años. Las familias carecen de las cosas más elementales para su sobrevivencia y claman ayuda urgente a la comunidad nacional e internacional.

A las familias que no pudieron regresar a sus parcelas luego de realizar el Primer Foro Regional por la Vida Digna y la Defensa de los Recursos Naturales el pasado 13 de junio, debido a las amenazas de militares y ‘paras’, se les sumaron en la vetusta edificación, las 400 personas que estaban refugiadas en el Campamento Humanitario de la vereda Cooperativa y que permanecían allí desde el primero de abril de 2007, luego de que el Ejército asesinara a Carlos Mario García, de 22 años el 26 de marzo anterior en la vereda Ojos Claros del municipio de Remedios, Antioquia.

 ‘Paras’ siguen asesinando

 

Según Francisco Gonzáles, promotor de desarrollo comunitario de San Pablo (sur de Bolívar), en las últimas dos semanas se han registrado tres asesinatos en el municipio. El ultimo ocurrió el 21 de junio cuando un paramilitar abrio fuego con una subametralladora contra Alberto Tinoco Lopera. Estos hechos se suman a las protestas que vienen adelantando los mototaxistas sampableros desde hace dos semanas, a raíz de los atropellos que los paramilitares vienen cometiendo contra ellos y contra la población civil. Los criminales hacen parte de los grupos que se acogieron al proceso de desmovilización aplicado por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, lo que demuestra una vez más que la desmovilización es una farsa y que la ley de Justicia y Paz es la ley de la impunidad.

 

Fosas comunes y desplazados

 

La Fiscalía ha recuperado 760 cadáveres en al menos 300 fosas, víctimas del paramilitarismo. Adicionalmente, el ente investigador dice haber conseguido información suficiente para identificar los restos mortales de 250 personas aproximadamente. Por otra parte, según un informe de la Alta Comisaría de la ONU para los Refugiados (Acnur), Colombia es el país con mayor número de desplazados del mundo. El problema de los desplazados internos en Colombia es una de las situaciones más graves del mundo. El Gobierno de Colombia estima que hay entre 2,5 y 3 millones de Desplazados Internos en el país, siendo 1.796.508 los registrados en el Sistema Único de Registro (SUR), hasta el 30 de abril de 2006. Según datos de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) 3.662.842 personas han sido desplazadas por la violencia hasta el 25 de octubre de 2005 y día a día esta cifra aumenta producto de la violencia política asociada al conflicto armado interno.

 

Ejecuciones del Ejército

 

La Procuraduría reabrirá 131 casos de ejecuciones de civiles atribuidas al Ejército, en contravía de las pretensiones de Uribe de ignorar la alianza entre miembros del Ejército con paramilitares, en la comisión de crímenes atroces contra la población civil inerme. La gran mayoría de esos casos habían sido archivados después de limitarse a escuchar el testimonio de las tropas. El Congreso estadounidense congeló 55 millones de dólares en ayuda militar a Colombia después que el diario Los Angeles Times reveló en marzo un documento de la CIA que acusa al comandante del Ejército, general Mario Montoya, de realizar operaciones conjuntas con los paramilitares cuando dirigió la Brigada Cuarta en Medellín. La oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos para las Naciones Unidas dijo en marzo en su informe anual que el Ejército colombiano, que recibe la mayor tajada de los 770 millones de dólares anuales que envía Washington en asistencia antinarcóticos contrainsurgente, mató a un número cada vez mayor de civiles en 21 de los 32 departamentos. La mayor concentración de éstas, que serían tipificadas como ejecuciones extrajudiciales perpetradas por el Ejército, ocurrieron en el departamento de Antioquia y en la costa del Caribe, dijo el ente internacional.

 

Arrasadas con glifosato 2.000 hectáreas de pancoger en el sur de Bolívar
Cientos de familias campesinas se encuentran damnificadas. Inminente desplazamiento masivo

El domingo 24 y el lunes 25 de junio, cuatros avionetas del programa de aspersión del gobierno, fumigaron con glifosato cerca de 2.000 hectáreas de cultivos de pancoger en el sur de Bolívar, sumiendo en la miseria y el hambre a centenares de familias que salieron afectadas.

La Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra ACVC, denunció que la operación con glifosato afectó los cultivos de familias campesinas asentadas en las veredas del corregimiento Cerro Azul, Alto Berlín, Monte Carmelo y Alto San Juan, municipio de San Pablo y las veredas Alto Limón y Diamante, municipio de Cantagallo.

Los daños reportados por los labriegos son cuantiosos: los pastizales para alimentar el ganado han sido arrasados afectando a más de 500 reses. Cultivos de pan coger como yuca, arroz y plátano se perdieron y decenas de hectáreas de cacao del proyecto, Ecocacao del Programa de Desarrollo y Paz, del cual dependían más de 60 familias y que se lleva a cabo con la ayuda de varias organizaciones internacionales, fueron arruinadas en su totalidad.

De igual manera el proyecto agropecuario que adelanta la ACVC en Alto San Juan sufrió graves daños. Según los campesinos, el gobierno tiene pleno conocimiento de que en los sitios fumigados no hay cultivos ilícitos.

"La situación es tan dramática que incluso el acueducto veredal de Alto San Juan quedó contaminado haciendo sus aguas inservibles por el envenenamiento", dijeron las organizaciones agrarias en un comunicado conocido por Notimundo.

Según reportes que han llegado a la ACVC, campesinos de varias veredas de San Pablo temen incursiones semejantes sobre sus cultivos de pancoger, pues tres avionetas han sobrevolado la zona.

Como resultado de la situación, decenas de familias comenzaron a desplazarse hacia el municipio de San Pablo. "No nos explicamos que para erradicar 12 hectáreas de cultivos ilícitos, el gobierno tenga que arrasar 2.000 hectáreas de pastizales y cultivos de pancoger poniendo en grave riesgo la seguridad alimentaria de comunidades enteras", manifestaron los campesinos.

En actitud arrogante y autoritaria, el presidente Uribe les manifestó a los campesinos del Valle del río Cimitarra, con quienes se reunió en Barrancabermeja el pasado 20 de junio, que las fumigaciones no tendrían marcha atrás y que los afectados podían reclamar las indemnizaciones del caso.

Un millar de campesinos aproximadamente, se encuentran desplazados en la capital petrolera de Colombia, por los asesinatos selectivos perpetrados por la Fuerza Pública y paramilitares, lo mismo que por las fumigaciones indiscriminadas.

Estas personas, claman la solidaridad de la comunidad nacional e internacional, pues la situación de niños y mujeres es deplorable.

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