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Derechos Humanos: Boletín Día a Día del 19 al 25 de julio de 2007

Sábado, 28 de Julio de 2007

 
Boletín Día a Día del 19 al 25 de julio de 2007
 

Horror militar contra la población de Puerto Rico y San Vicente del Caguán (Caquetá)


La masacre del pasado 10 de junio en la que seis personas fueron asesinadas por dos soldados es solo otro acto más de la continua barbarie de las tropas


El próximo 7 de agosto, los habitantes de 37 veredas y un resguardo indígena de la región de El Pato - Balsillas, municipio de San Vicente del Caguán, realizarán una marcha de protesta y denunciarán ante la opinión pública nacional e internacional los abusos que el Ejército Nacional viene realizando contra la población civil inerme de la zona desde hace varios años. Unos 10 mil campesinos esperan que organizaciones defensoras de los derechos humanos nacionales e internacionales, sindicales, sociales, políticas y la prensa los acompañen.


Hay denuncias debidamente sustentadas ante las autoridades, de que en los últimos cinco años, las tropas del Ejército han cometido toda clase de atropellos y violaciones a los derechos humanos fundamentales y del Derecho Internacional Humanitario en esa región. Ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado, restricción económica y sanitaria, detenciones arbitrarias, amenazas, abusos sexuales contra las mujeres, tortura, robo de ganado, incendio de viviendas y toda clase de actos vandálicos y de pillaje.


Por ejemplo, el 6 de diciembre anterior, tropas que se identificaron como del Batallón Contraguerrilla 55 asesinaron a los campesinos Germán Echeverry Mejía, Leider Adámez Rodríguez y mauricio Rozo, en inmediaciones de la vereda La Sombra, municipio de San Vicente del Caguán. A las víctimas, los militares les robaron una moto, un caballo y una mula, más el dinero en efectivo que ellos tenían. A los tres los presentaron como guerrilleros abatidos. El 9 de febrero, en la inspección La Abeja, municipio de Guayabal, las mismas tropas incendiaron la casa de Isaac Pinto Pulido; pretendieron que el campesino les firmara un documento en el que se afirmaba que su casa la había incinerado la guerrilla.


Según acusaciones llegadas a VOZ, coincidencialmente, por donde pasan las tropas comandadas por el mayor Cadena, van apareciendo letreros alusivos a la presencia de paramilitares ‘Águilas Negras’. Cuando los campesinos le reclaman les contesta con tono amenazador: “Vaya denúncienme que yo se como manejo la Fiscalía”.


A pesar de la gravedad de los hechos, hasta ahora ninguna denuncia ante los órganos de control del Estado ha servido para proteger la vida, integridad y demás derechos de los campesinos. Todas las declaraciones, testimonios y peticiones interpuestas, tanto a nivel local como nacional, han corrido la misma suerte de impunidad absoluta

En otro ejemplo de los miles que hay, la Personera de San Vicente se negaba a dar copias de sus denuncias a los campesinos y alegaba que todo había sido remitido a la Procuraduría Nacional. Los campesinos pudieron comprobar el 16 de febrero de 2007 que nada había llegado a la Procuraduría Nacional. Es difícil saber, si tal ausencia de justicia y protección es debida a la complicidad con los criminales o al miedo a sus represalias.

En un derecho de petición del padre Javier Giraldo al ministro de defensa Juan Manuel Santos, dice: “No se trata de conductas aisladas ni esporádicas. La diversidad de tropas que así se están comportando; la amplitud territorial donde operan; la persistencia reiterativa de los mismos comportamientos, no permiten hablar de casos excepcionales sino de conductas sistemáticas”.

Encuentro de Víctimas


(Ccajar). Del 26 al 28 de julio de 2007 se realizará en Bogotá el Encuentro de Víctimas pertenecientes a Organizaciones Sociales. Este evento congregará a más de 2.000 delegados de todo el país convocados por más de 80 organizaciones y redes entre las que se encuentran el Movimiento Nacional Víctimas de Crímenes de Estado, las tres centrales sindicales, la Organización Nacional Indígena de Colombia y Viva la Ciudadanía.

El propósito fundamental de esta gran reunión será determinar qué tipo de mecanismos son necesarios para detener, prevenir y proscribir definitivamente las acciones de eliminación sistemática de grupos, organizaciones y comunidades. Como parte de esa discusión se contempla proponer medidas legislativas de no repetición que prevean la inclusión de los crímenes de lesa humanidad en el código penal; la prohibición de toda forma de paramilitarismo en el país; el diseño de modelos de investigación penal destinados al esclarecimiento de casos relacionados con el exterminio de colectividades; la creación de políticas públicas de memoria y reparación; la adopción de normas y campañas de educación cívica tendientes a erradicar la apología, la banalización o la justificación de los crímenes contra la humanidad; el desarrollo de sistemas preventivos de genocidio, etc.

Este conjunto de propuestas de verdad, justicia y reparación colectivas se entregarán en una audiencia pública a los miembros de la Corte Constitucional, la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.

La convocatoria del encuentro afirma que los crímenes que destruyen a grupos humanos no solo producen un daño directo a individuos y familias, sino que riñen con la construcción de la democracia en Colombia, pues menoscaban la pluralidad étnica, social y política de nuestra sociedad.

Ejército desaparece campesinos

Aproximadamente a las 11 de la mañana del pasado 17 de julio, tropas pertenecientes a la Brigada Móvil 12 del Ejército, instalaron un retén sobre la vía que une al caserío El Tigre con la vereda La Cooperativa, municipio de Vista Hermosa (Meta), donde detuvieron la camioneta conducida por Ramiro Romero Bonilla y su acompañante, Arnulfo Guerra. Los militares procedieron a retener a los dos campesinos, a quienes obligaron a abordar un helicóptero militar, sin que hasta el momento de emitir esta nota, se tenga noticias de su paradero, según lo dio a conocer a VOZ Héctor Hugo Torres, de la Comisión de Derechos Humanos. La comunidad que habita en el caserío El Tigre, también denunció ante la opinión pública nacional e internacional que los militares están violando el Derecho Internacional Humanitario, pues hicieron sus bases junto a la escuela, razón por la cual, los niños no han podido recibir sus clases, saliendo enormemente perjudicados al quedar en medio del conflicto social y armado que padece la región.

Torturan a campesino hasta matarlo

Luis Carlos Angarita Rincón, de 25 años, fue torturado hasta la muerte, al parecer en la vereda Los Ángeles, del corregimiento San Pablo, en Teorama (N. de S.), el martes 17 de julio. El joven fallecido era un campesino, padre de un niño de dos años y una bebé de diez meses, que además respondía por el sostenimiento de sus ancianos padres y tres hermanas discapacitadas. Luis Carlos Angarita Rincón había salido de la finca Los Corazones, en la vereda Aguachica, del corregimiento Puente Real, de San Calixto (N. de S.), hacia San Pablo, en Teorama, donde debía mercar y cobrar cinco millones de pesos que le debía un comprador de ganado.


El lunes 16 de julio a la una de la tarde recibió el dinero y a las dos de la tarde tomó el camino que conduce de San Pablo a Bijagual, con destino a su finca. Al parecer el joven fue detenido por los militares de la Brigada Móvil No. 15, que tienen un retén sobre ese camino. Como ese día era la fiesta de la virgen del Carmen en San Pablo, su familia creyó que Luis Carlos se había quedado a la celebración, pero a las siete de la mañana del martes 17 de julio, a través de Noticias 1150, de Radio Catatumbo, escucharon que en la morgue del hospital de Ocaña estaba el cadáver de Luis Carlos, "integrante de la columna móvil Resistencia Barí de las FARC, dado de baja en combates por la Brigada Móvil No. 15".


Cada hora llegan a Bogotá cuatro personas desplazadas
El 38 por ciento de esas personas sobreviven con 660 pesos diarios


Un estudio realizado por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) y la Arquidiócesis de Bogotá, dado a conocer a los medios el pasado 18 de julio, señala que en el periodo 2001-2006, la capital de país recibió cada día un promedio de 93 personas desplazados que integran alrededor de 23 hogares, en su mayoría mujeres, niñas, niños y adolescentes expulsados de zonas rurales en las que se padece con intensidad el conflicto armado interno.


Aunque el Gobierno nacional no desaprovecha oportunidad alguna para predicar que el paramilitarismo llegó a su final, estas fuerzas del crimen continúan implacables desalojando comunidades enteras para quedarse con sus tierras, cometiendo crímenes atroces que amedrentan y horrorizan a sus víctimas, que finalmente se resignan a perderlo todo con tal de salvar sus vidas huyendo de sus sitios de origen.

En Bogotá y Soacha, el 38 por ciento de los jefes de hogar desplazados consiguen un promedio de 3.300 pesos diarios para mantener a sus familias que generalmente están conformadas por cinco personas. Esta es una de las razones, por la que la deserción escolar se mantiene en niveles alarmantes, toda vez que de cada cien niños y niñas que ingresaron a la educación primaria y secundaria, 63 se retiraron, por razones asociadas a la necesidad de trabajar para contribuir al sustento de la familia, a problemas de nutrición y a dificultades económicas para acceso a uniformes y útiles escolares. Según el resultado de la investigación el 15 por ciento de la población desplazada en edad escolar está por fuera del sistema educativo, lo que representa un aumento importante de la cobertura. Sin embargo, la deserción escolar se mantiene en niveles impresionantes.

Según el analisis, la mayoría de las personas desplazadas llegaron procedentes de las zonas en donde con mayor intensidad se desarrolló el Plan Patriota, la mayor ofensiva de la Fuerza Pública contra la guerrilla de las Farc que se mantiene como Plan Consolidación, especialmente en el sur del país.


Los departamentos con mayor aporte de desplazados a la capital fueron Tolima, Cundinamarca, Meta, Caquetá y Huila. Expulsaron el 64 por ciento del total de personas que llegaron desplazadas a Bogotá y Soacha entre 2001 y 2005, según precisa el estudio que, además, advierte sobre la ampliación de las zonas de expulsión a regiones como Chocó, Caldas, Antioquia, Bolívar, Putumayo y Nariño
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 Así mismo, la investigación concluye que el 95% de las personas desplazadas no denuncia ante la Fiscalía su situación porque desconoce que el desplazamiento es un delito tipificado en el código de procedimiento penal, porque tiene miedo de acercarse a las autoridades o porque no creen en la justicia, lo que configura un alto grado de impunidad. El estudio revela, además, que el 80% del total de familias desplazadas abandonaron tierras que aún reclaman como propias. Además indica que el 11% del total de familias desplazadas se reconoce como afro descendiente y el 6% afirma que proviene de pueblos indígenas. Colombia es el segundo país del mundo con mayor número de desplazados internos, que superan las tres millones 900 mil personas y solo es superado por Sudán.


El Ejército maltrató a dos campesinos y les hurtó $45 millones


Aproximadamente a las siete de la noche del pasado 17 de julio, unidades del Ejército pertenecientes, al parecer, a la Brigada Móvil 4, llegaron al sitio conocido como La Taguara de Rufino, ubicada en la vereda El Danubio, municipio de Puerto Rico (Meta), en donde se encontraba Freddy Álvarez Morales.


Con tratos degradantes, palabras soeces y acusaciones de que era miliciano de la guerrilla, las tropas obligaron al campesino a despojarse de su camisa. Al verle una cicatriz en un brazo, la emprendieron con saña contra Álvarez. Lo tumbaron al piso y lo amarraron de pies y manos. Insistentemente le preguntaron por una remesa que supuestamente había sido descargada de un camión horas antes. De nada le valía al labriego explicarles a los soldados que lo que el camión había hecho, era recoger un envase.


Los militares desbarataron la casa requisándola y de ella sustrajeron 30 millones de pesos en efectivo que tenía Freddy Álvarez para negociar ganado. Las tropas se marcharon con el dinero y a la víctima la dejaron maniatada por varias horas, hasta que llegó un vecino y lo liberó.


El 22 de julio anterior, como a las dos y media de la tarde, unidades del Ejército, al parecer de la misma Brigada Móvil 4, incursionaron en la finca de Hugo Saavedra. Luego de intimidar y darle malos tratos tanto físicos como sicológicos a los moradores de la vivienda, procedieron a registrarla minuciosamente, hasta encontrar 15 millones de pesos en efectivo que la familia guardaba por la venta de varias reses. Junto con el dinero los militares cogieron seis gallinas y se marcharon, no sin antes amenazar a la familia de muerte sí ponían alguna denuncia.


Sin embargo la persona afectada se comunicó vía telefónica con el General Quiñónez y este a su vez le dijo que debía comunicarse con el Coronel Murcia, comandante de la Brigada Móvil 4.


La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Bajo Ariari, hizo un llamado de urgencia a los organismos de control del Estado, para que se investigue, se procese y se castigue a los responsables de la continua violación a los derechos fundamentales de las personas y del Derecho Internacional Humanitario que vienen ejecutando en la zona al amparo de la impunidad.


La Comisión, también hizo un llamado a las organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos nacionales y extranjeras, para que se solidaricen con el campesinado de la región, instando a las autoridades civiles y militares a cumplir con el respeto y la protección de los derechos civiles de la población y a no seguir infringiendo el Derecho Internacional Humanitario.

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