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Derechos Humanos: Boletín Día a Día del 20 al 26 de marzo de 2008

Lunes, 31 de Marzo de 2008

 
Boletín Día a Día  del 20 al 26 de marzo de 2008
Asociación Nacional de Ayuda Solidaria
ANDAS

Boletín Día a Día  del 20 al 26 de marzo de 2008

San Vicente del Caguán, Caquetá
(En la foto, Uribe imparte órdenes a sus generales en el que todo vale. Foto El Tiempo.)

Cuenta de cobro a los habitantes de lo que fue Zona de Despeje

Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas y amenazas viene padeciendo la comunidad bajo la política de seguridad democrática

Por Camilo Raigozo. Voz

 

Solo el año pasado fueron ejecutados 38 civiles en el casco urbano y 10 en las áreas rurales del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, en lo que los mismos residentes denominan como la cuenta de cobro que el actual Gobierno les está pasando lenta pero inexorablemente, por haber servido sus territorios de zona de despeje en los fallidos diálogos de paz entre el ex presidente Andrés Pastrana y la insurgencia de las FARC.


Sumado a lo anterior, la comunidad acusa a las fuerzas de seguridad del Estado y a paramilitares de la desaparición de al menos otras ocho personas

 

Casos como el de Olmedo Lugo Bueno, campesino desaparecido de su finca el 21 de octubre de 2007 a manos de hombres fuertemente armados y encapuchados que ingresaron violentamente a su vivienda y lo secuestraron sin que hasta la fecha se sepa de su suerte. El 30 de octubre desapareció del casco urbano de San Vicente, Alberto Henriquez y el primero de noviembre, fue desaparecida Didy Johanna Gracía, de la vereda Miravalle.

 

Del mismo modo, los labriegos Argemiro Niño Ríos y Digney Valencia Acuña, habían desaparecido el 10 de diciembre de la vereda La Ceiba. Sus cuerpos fueron encontrados días después mutilados y con señales de tortura en el relleno sanitario de San Vicente.

 

Detenciones y ejecuciones extrajudiciales

 

José Elías Guzmán Chalá, había desaparecido el 21 de enero de 2008 en la vereda San Luís del Oso, inspección de Guayabal, jurisdicción de San Vicente. Posteriormente fue reportado por el Ejército como guerrillero dado de baja y sus restos fueron sepultados como N.N. en el cementerio de Neiva, Huila.

 

Otras personas que corrieron la misma suerte son, Nelson Julián Caviedes, Antonio María Osorio Córdoba, Quiterio Osorio Córdoba y Milton Mauricio Orrego, este último desaparecido el pasado 4 de febrero en el barrio El Coliseo en el caso urbano del municipio.

 

En diciembre último, fueron detenidas con base a señalamientos de supuestos reinsertados y a supuestas interceptaciones telefónicas, doce personas acusadas por la Fiscalía de rebelión, entre las que figuran amas de casa, conductores de taxi, un médico, enfermeras y trabajadores del campo.

 

Según el abogado Hernando Molano, defensor de algunos de los detenidos quién habló con VOZ, dijo que las a las personas se les ha violado derechos humanos fundamentales, que las acusaciones por las cuales se les sindica son infundadas y que por lo tanto debe dejárseles en libertad inmediatamente.

 

Entre las personas acusadas de ser guerrilleros y de supuestamente planear el secuestro de los hijos del presidente Uribe están, el conductor de taxi Alexander Tafur, el médico Anael Sanjuanelo, Consuelo Moreno, Diego Quevedo, Faiber Gaspar, José Eduardo Salgado, Lina Velásquez, Ninfa Castillo, Yolanda Lozada y Carlos Silva. Cabe anotar que varias personas no tienen recursos económicos para pagar a un abogado que les garantice la defensa de sus derechos vulnerados.

 

Listas ‘paras’ contra el Polo

 

Por otra parte, paramilitares autodenominados “Corporación Colombia Libre”, han amenazado a toda persona que pertenezca al Polo Democrático Alternativo y los declara objetivo militar. Han hecho circular una lista de personas que “serán ajusticiadas”, entre las que se encuentran: Víctor Oime Hormiga, Arístides Oime, Isaac Páez López, Octavio Collazos, Héctor Morales, Javier Salcedo, Rafael Orjuela, Domingo Pérez Cuellar, Floro Peña, Alexander Vanegas, Javier Navarrete, Fernando Aldana, Janeth Muñoz, Aldemar Gómez, Ever Pérez, Fanny Eyerbe, Odilia Criollo, Emilio Viveros, Gilberto Lugo, Fernando Gómez, Francisco Mora y otros más.

 

La última acción criminal contra la población civil inerme en San Vicente se presentó el pasado 9 de marzo con la desaparición del sindicalista de la salud Carlos Burbano, quién había sido organizador de la marcha contra el paramilitarismo y los crímenes de Estado realizada tres días antes. El cuerpo del sindicalista fue encontrado 48 horas más tarde en el basurero del municipio con visibles huellas de tortura y  al menos 11 puñaladas.

 

Militares desaparecen a 27 jóvenes

Por Camilo Raigozo. Voz

 

Desde febrero del año pasado, al menos 45 cuerpos sin vida de personas anónimas han sido reportados por la Fuerza de Tarea Conjunta del Ejército en Sucre, como de guerrilleros o paramilitares dados de baja en combate, según el CTI de la Fiscalía en Sincelejo.

 

Sin embargo, 27 de esos cuerpos han sido reconocidos por sus familiares que coinciden en denunciar que las víctimas habían sido reclutadas con engaños por miembros del ejercito, que luego los asesinó y los presentó como ‘falsos positivos’ para ganarse las bonificaciones en dinero o en días de descanso.

 

En julio del año pasado, a 11 jóvenes del municipio de Toluviejo, Sucre, se los llevó el ejercito con el engaño de que iban a trabajar a una finca, pero sus despojos mortales fueron reconocidos por sus familiares medio año después luego de que las tropas los reportara como guerrilleros dados de baja en combate.

 

‘Paras’ amenazan a desplazados por marchar

 

La Organización Nacional de Desplazados Desarraigados Independientes (Opddi) denunció que paramilitares que ahora se hacen llamar "Águilas Negras" ha amenazado a sus integrantes por haber participado en la marcha del 6 de marzo que se realizó contra el terrorismo de Estado y su siniestro brazo paramilitar.

 

"Sabemos que ustedes fueron de los que participaron de la marcha en contra de nosotros (...). Son unos de los que siguen en nuestra hermosa y bella lista. Si su lema era tierra, dignidad y paz, esta vez será terror, asesinato e infierno", le dicen los criminales a sus futuras víctimas. Seis sindicalistas previamente amenazados por los ‘paras’ ya han sido asesinados.

 

Paramilitares amenazan a Justicia y Paz

 

Frank William Cayapur Delgado, Edward Mina Cuero y Yimi Armando Jansasoy Muñoz, dfensores de los derechos humanos de la ONG Justicia y Paz, han sido amenazados y acosados por paramilitares que se hacen llamar Águilas Negras”.

 

Las amenazas contra Justicia y Paz, los tres defensores y contra Isabelino Valencia, representante legal, quienes tuvieron que abandonar con urgencia el Concejo Comunitario de bajo Naya, Valle del Cauca, donde desde el 2001 prestaban apoyo y hacían monitoreo de defensa de los derechos humanos de la población afrocolombiana,  se han intensificado desde el pasado 19 de marzo. El Gobierno ha tenido oídos sordos a la insistente solicitud de protección.

 

Mueren de hambre 17 niños en el Chocó

 

Así lo afirmó un artículo del diario El Tiempo el pasado 24 de marzo donde uno de sus apartes dice que Gina Rojas, una de las doctoras del Centro de Recuperación Nutricional de Riosucio y El Carmen, Chocó , se lamenta de tres muertes inexplicables: una mujer de 59 años que necesitaba urgente un internista y no lo tuvo; un niño de 5 meses con insuficiencia respiratoria que entró en paro porque el oxígeno se acabó y tampoco la ARS lo remitió pronto; y un neonato con una complicación de parto debido a que su madre nunca tuvo controles.

 

"El niño venía acostado, se atravesó y murió. Con una ecografía se hubiera podido diagnosticar y evitar", recalca la doctora Rojas. Susana, de 2 años, fue una de los casos detectados un año atrás; hoy se ve barrigona -posiblemente malnutrida- pero ni sus padres tuvieron con qué salir a hacerle controles, ni hubo una entidad pendiente de su desarrollo.

 

A sus 6 meses de vida, Leidy debería pesar 5,7 kilos pero en la báscula solo sube a 3. "Nosotros sabemos que está muy mal, pero no tenemos con qué sacarla", les dijo el papá a los de Acción Social. Contratar una lancha cuesta un millón de pesos, suma impagable para una pareja pobrísima con 9 hijos. Lo ideal era arrimarla al Carmen, pero allí tenían seis meses sin médico. Además, en el centro de salud no hay suero, ni reactivos de laboratorio, ni oxígeno, ni sábanas y hasta el agua es del propio río. Obvio que los 7 puestos rurales están peores.

 

Paramilitares desplazan a la población de Mapiripán, Meta

Por Camilo Raigozo. Voz

 

Según denuncias de la población, paramilitares que se autodenominan “Ejército de Salvación del Meta (ESM), llegaron desde mediados de febrero a la región de Puerto Alvira, jurisdicción del Municipio de Mapiripán y están sembrando el terror en la población inerme, lo que ha generado el desplazamiento forzado de al menos 196 personas, cifra confirmada en un informe de la Defensoría del Pueblo.

 

Los paramilitares que hacen presencia desde el pasado 17 de febrero en el sitio conocido como California en la región de El Siare y en La Horqueta, vereda El Silencio, del mismo municipio, se han dirigido hacia Puerto Alvira y con lista en mano están buscando a las personas para matarlas.

 

Una Misión Humanitaria de la que hicieron parte la Defensoría del Pueblo, la Agencia de la ONU para los Refugiados, Acnur y la Pastoral Social, a la zona el pasado fin de semana, encontraron que además de las 61 familias desplazadas, la Pastoral Social en Puerto Alvira informó que en el caserío de Mocuare, se encontraban 44 indígenas de la etnia Sikuani provenientes de Mitare.

 

Estos indígenas se habían tenido que desplazar por los bombardeos del ejército en la zona. Así mismo, a Barranco Colorado llegaron 60 indígenas Nukak Makú y 80 indígenas Guayaberos, desplazados por las mismas circunstancias.

 

El municipio de Mapiripán ya había sido victima del terrorismo de Estado, cuando a mediados de 1997 un grueso número de paramilitares, en coordinación con el Ejército Nacional, entraron a la jurisdicción y torturaron, desaparecieron y asesinaron a niños, mujeres, ancianos y hombres, cuyo número sobrepasó el medio centenar.

Dicha masacre fue planificada y organizada por el Ejército y los ’paras’ desde meses atrás, tal como lo declaró el paramilitar Pedro Alex Conde Anaya, quién por ser partícipe del horrendo crimen narró a las autoridades pormenores de cómo fueron coordinadas las acciones para tomarse a la población y ejecutar la demencial barbarie.

Otros 15 militares implicados en la masacre de San José de Apartadó

Por Camilo Raigozo. Voz

Las declaraciones ante la Fiscalía del paramilitar Jorge Salgado David, confirman lo que la comunidad, las ONG defensoras de los derechos humanos y la prensa alternativa denunciaron desde un principio, cuando advirtieron que tropas de la Brigada 17 del Ejército, conjuntamente con paramilitares eran los autores de la horrenda masacre de tres niños y cinco adultos el 21 de febrero de 2005 en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó en el Urabá antioqueño.

En aquella ocasión el presidente Uribe defendió a capa y espada a las fuerzas castrenses y por el contrario señaló que integrantes de la Comunidad de Paz eran integrantes de las FARC, insurgencia a la que odia visceralemte; la cúpula militar negó su participación en la masacre y acusó a las FARC de ser las autoras del múltiple crimen, mientras que los poderosos medios de “comunicación” adeptos al régimen hicieron de caja de resonancia de las voces de uno y otro alejando a la opinión pública de la verdad.

Natalia Andrea, de 6 años y su hermanito Santiago de 2, fueron encontrados por los paramilitares “Héroes de Tolová”, debajo de la cama –confesó Salgado David- . El jefe de los ‘Héroes’, Joel José Vargas Flórez, alias “Cobra”, sacó a la niña por los cabellos y le pasó el machete por la garganta, con el pretexto que no había que dejarlos crecer por que se volverían guerrilleros cuando fueran grandes.  Se presume que Santiago, su hermanito corrió la misma suerte a pesar de que antes de ser descuartizado, el papá de los niños, Alfonso Bolívar Tuberquia, les había suplicado de rodillas a los criminales que le respetaran la vida a los niños.

Las otras cinco víctimas de aquella masacre perpetrada por militares y paramilitares fueron: Deiner Andrés Guerra, de 11 años, Sandra Milena Muñoz, Alejandro Pérez Castaño, Bellanira Areiza y Luis Eduardo Guerra. A lo largo de sus 11 años de existencia cumplidos el pasado 23 de marzo, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó ha sufrido el asesinato de 184 de sus integrantes y más de 600 agresiones entre desplazamientos forzados, torturas, robos, quema de viviendas, bloqueos económicos, entre otras.

Campesinos e indígenas de Cauca y Valle dicen NO al Plan Colombia

Por Camilo Raigozo. Voz

 

El pasado 26 de marzo, se reunieron en el municipio de Florida (Valle del Cauca), 50 representantes de organizaciones campesinas e indígenas de dicho municipio y del de Miranda (Cauca), para elaborar un diagnóstico de la situación de derechos humanos que viven las comunidades en el marco de la implementación de la II Fase del Plan Colombia en el suroccidente colombiano.

 

Implementación que implica la construcción de batallones de alta montaña del Ejército a lo largo de la Cordillera Central, así como la erradicación forzosa de los cultivos de uso ilícito que las comunidades rurales se ven obligadas a producir como única esperanza de sustento para las familias.

 

Entre las organizaciones participantes estuvieron la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle, la Asociación Campesina de Florida, Resguardo Indígena Nasa de Las Brisas, Asociación de Campesinos Sin Tierra de Florida, Junta de Acción Comunal del corregimiento de Santo Domingo, Reserva Campesina de Santo Domingo, Reservas Campesinas de Miranda, Asociación Campesina de Miranda  y de la Junta de Acción Comunal del corregimiento Monterredondo.

 

Las comunidades denunciaron la grave situación de derechos humanos en la región desde cuando se inició la militarización de toda la parte rural de Florida y Miranda por parte de los batallones Codazzi, Pichincha y Ayacucho.

 

También denunciaron las continuas vejaciones y señalamientos por parte de los militares de ser auxiliadores de la insurgencia y de que las escuelas, canchas y casas, son usadas por las tropas  como sitios de acantonamiento infringiendo el Derecho Internacional Humanitario, exponiendo a la población civil en el conflicto social y armado que vive el país.

 

Así mismo se conocieron los constantes saqueos  de víveres por parte de los soldados, el maltrato físico y verbal a las familias, los interrogatorios a los que son sometidos  los niños y adolescentes en busca de supuestos vínculos con la insurgencia, entre otras violaciones a los derechos de los pobladores.

 

“A comienzos de la semana pasada, militares del Batallón Codazzi se tomaron para sí varias viviendas en la vereda El Descanso, corregimiento Santo Domingo, municipio de Florida”, denunciaron los campesinos.

 

Abusos del director de la cárcel Picaleña

Por Nelson Lombana. Voz

 

La visita rutinaria de los domingos a los presos políticos de la cárcel de Picaleña de la ciudad de Ibagué, Tolima, fue impedida este domingo 30 de marzo por el director del penal, alegando mal comportamiento de los detenidos durante la semana que culmina.


La defensora de derechos humanos de Anthoc regional Tolima, Cristina Pardo, se trasladó al lugar con el fin de constatar los hechos y elaborar un documento para presentarlo este lunes al doctor Santiago Ramírez, director regional de la Defensoría y a otros organismos defensores de derechos humanos, para denunciar la arbitrariedad del citado funcionario.


Por lo menos, treinta mujeres venidas de los sitios más distantes del departamento, hicieron fila desde las tres de la mañana, con la esperanza de saludar a sus seres queridos, muchos de ellos, detenidos injustamente, pero el director las sorprendió con esas absurdas determinaciones.

 

Paramilitares amenazan a ocho embajadas en Bogotá

Sin embargo Uribe persiste en afirmar que en Colombia ya no hay paramilitarismo

Por Camilo Raigozo. Voz

Las embajadas de Argentina, Bolivia, Canadá, Ecuador, España, Noruega, Suecia y Venezuela, fueron amenazadas por paramilitares de derecha autodenominados “Águilas Negras en Rearme”. Las representaciones diplomáticas le hicieron saber el caso a la Defensoría del Pueblo con el fin de establecer los mecanismos de protección que les garantice la seguridad.

Días antes al menos 50 personas y unas 22 organizaciones sociales, defensoras de los derechos humanos y sindicales, habían recibido amenazas del mismo grupo terrorista, cuyas acusaciones a la marcha del pasado 6 de marzo coinciden con las del asesor del presidente Uribe, José Obdulio Gaviria, cuando afirman que esta fue convocada por las FARC. Bajo esas difamaciones, ya han sido asesinadas al menos seis personas. Solo entre el 4 y el 11 de marzo los ‘paras’ exterminaron a cuatro sindicalistas. Todos habían apoyado la marcha de homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado y de su brazo paramilitar.

Al cierre de esta edición, se esperaba un pronunciamiento oficial de las embajadas afectadas en el que le solicitarían al Gobierno medidas concretas de protección para todas las personas amenazadas especialmente a los defensores de derechos humanos, para quienes le pedirían al Presidente un reconocimiento político de carácter público en beneficio de su labor y el de sus organizaciones civiles.

ONG internacionales contra Uribe y Gaviria

Por Camilo Raigoz.Voz

Debido a la intensificación de la violencia del régimen colombiano, 22 organizaciones defensoras de derechos humanos internacionales entre las que se encuentran Human Rights Watch, Human Rights First, Latin America Working Group, Center for Justice and International Law y Amnistía Internacional, le hicieron llegar un documento al presidente Uribe Vélez rechazando los asesinatos y amenazas de que vienen siendo objeto líderes sociales, defensores de derechos humanos y sindicalistas, especialmente recrudecidos después de la marcha de las víctimas contra el terrorismo de Estado el pasado 6 de marzo.

Las ONG instaron a Uribe a que desautorice públicamente las declaraciones de su asesor José Obdulio Gaviria, rechace la reciente ola de asesinatos, amenazas  y ataques, reafirme el apoyo de su Gobierno a la protección del trabajo legítimo de sindicalistas y defensores de los derechos humanos, y asegure que no se hagan más comentarios incendiarios en el seno de su gobierno. Así mismo le pidieron que garantice de manera pronta e imparcial las investigaciones sobre los crímenes, hostigamientos y amenazas de muerte ocurridos y se sancione a los responsables.

 

Fuerza Aérea bombardeó a comunidades negras en el Pacífico caucano

Al menos 25 personas entre las que hay varios niños resultaron heridas

Por Camilo Raigozo.Voz

 

 

El Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Playón,  ubicado a 40 minutos del área urbana del municipio de López de Micay, costa pacifica del departamento del Cauca, denunció ante la opinión nacional e internacional que el pasado 26 de marzo aviones de la Fuerza Aérea Colombiana bombardearon a la población civil de la zona.

 

Según las comunidades, ese miércoles de las nueve hasta las 10 y media de la mañana, tres aviones de la FAC estuvieron bombardeando muy cerca de los caseríos civiles Cabecitas y Charco Largo, municipio de López de Micay, Cauca.

 

Como resultado del operativo militar, quedaron heridas al menos 25 personas , cinco de ellas de gravedad, las cuales fueron atendidas en el hospital de López de Micay.

 

Cuando cesaron los bombardeos, varios líderes de la comunidad ubicaron al teniente que comandaba el operativo, del cual los denunciantes no suministraron la identidad, y le preguntaron  por qué del ataque a la población civil, este les respondió que era orden de la presidencia de la República y que “eso no es nada para lo que se les viene encima”.

 

Entre las personas que resultaron heridas están, Luis Manuel Orozco, Emilio Orozco, Héctor Emilio Orozco, Lidia Marina Orozco; y los niños Angie Catalina Riascos Orozco de 8 años y Hector Manuel Hitaz de 4 años.

 

Los moradores de esa región del Pacífico caucano pidieron que se presente de carácter urgente una comisión humanitaria que pueda evaluar los daños causados a la tranquilidad de la población y los efectos en los terrenos que afectaron los cultivos. .

 

Así mismo le exigieron al presidente Uribe cesar inmediatamente los ataques a la población civil afrocolombiana y responsabilizaron al Estado colombiano por los daños causados, de los que reclamaron una reparación inmediata.

Paramilitares masacraron a tres indígenas Awa y desaparecieron a otro en Nariño
Por Camilo Raigozo.Voz

La Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes, confirmó que paramilitares de civil y armados con fusiles y pistolas ingresaron a la vereda Candillal en el corregimiento de Altaquer, del municipio de Barbacoas, Nariño y se llevaron por la fuerza a los indígenas Alonso Rosero Moreno, Johny Sotelo Rosero y Paulino Fajardo Marín.

Los criminales hicieron caminar a las victimas hasta la vereda Vegas en el municipio de Ricaurte y luego de someterlos a interrogatorios los asesinaron de varios disparos.

Según la Red Isaías Cifuentes, Manuel Antonio Rosero, profesor indígena de la misma etnia, también fue asesinado en el mismo lugar, aunque otras versiones sostuvieron que Rosero estaba desaparecido.

La zona donde ocurrieron los hechos está altamente militarizada por tropas de la Brigada 19 y la Brigada Móvil  14, adscritas a la Tercera División del Ejército con sede en Cali. Sin embargo en los dos últimos años han sido asesinados 46 indígenas cuyos crímenes permanecen en la impunidad.

Detención arbitraria de campesinos en Montes de María

Por Prensa Rural

Hacia las dos de la mañana del jueves 27 de marzo de 2008, fue detenido arbitrariamente Manuel de Jesús Reyes Reyes, fiscal del Sindicato Departamental de Agricultores de Sucre (Sindagricultores), filial de Fensuagro – CUT.

Hasta la residencia de Manuel Reyes llegaron varios carros con miembros del ejército, la Policía y la Infantería de Marina adscritos a la Primera Brigada del departamento de Sucre, siendo llevado a la ciudad de Sincelejo, donde se encuentra detenido en la cárcel La Vega.

Manuel Reyes es un reconocido líder campesino, quien desde el año 2003 ha sido hostigado por los cuerpos de seguridad del estado colombiano. La detención de Manuel Reyes no es un hecho aislado contra los directivos y afiliados de Sindagricultores: ya son más de 20 sus miembros encarcelados injustamente.

En este mismo sentido se debe recordar que en el mes de mayo de 2007, fue asesinado el compañero Luis Miguel Gómez Porto, presidente departamental de Sindagricultores, por unidades de la Infantería de Marina, en la vereda el Ojito del municipio de Colosó, cuando regresaba de visitar a su padre en la misma vereda.

La Armada Nacional presentó ante los medios de comunicación a Luis Miguel Reyes Reyes junto a otros 12 campesinos como milicianos de las FARC, sindicados de extorsión, terrorismo y rebelión, con orden de captura emanada de la Fiscalía Segunda Especializada de Sincelejo.

Paramilitares asesinaron a un campesino en el Valle del río Cimitarra

Por Prensa Rural

El pasado sábado 22 de marzo, a las siete de la noche, en la vereda Tamar, jurisdicción del municipio de Yondó (Antioquia) fue asesinado Anaias Mateus Aguilar por dos hombres encapuchados que le propinaron un tiro que bastó para quitarle la vida.

Los homicidas vestían pantalón verde, camisas negras y pasamontañas, y llevaban pistolas y cuchillos. Anaias, de 35 años de edad, se encontraba con su esposa (que fue golpeada y arrastrada del cabello), y con cuatro familiares más que se encontraba en la vivienda. Los dos sujetos le decían que si se levantaban los mataban y que no fueran a denunciar.

Anaias compraba y vendía madera, era un campesino reconocido en la región. Profesaba la religión evangélica y no tenía problema con nadie, los asesinos le robaron sus teléfonos celulares y el dinero que tenía por la venta de la madera.

Vale recalcar que en la vereda San Francisco hay una base militar del Ejército Nacional que queda a media hora de Tamar. Los campesinos manifiestan que en la zona sólo se ve la presencia constante de las tropas del Ejército Nacional. Las comunidades ha denunciado la presencia de hombres encapuchados que patrullan en la región, por lo que están muy preocupadas por la presencia de estos sujetos que ya comenzaron a asesinar campesinos.

Sabemos que las tropas han amenazado a los campesinos diciéndoles que por ahora está el Ejército, pero que detrás vienen las Águilas Negras, que a ellos hay que tenerles miedo.

La Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra exige a las autoridades competentes que se investiguen estos hechos que han tenido lugar en el transcurso del año; son tres los campesinos asesinados. Exigimos que se haga justicia y que no queden impunes estas muertes.

Ejército asesinó a campesino en el Catatumbo

Por Prensa Rural

Nuevamente el Ejército Nacional arremete contra la población campesina del Catatumbo colombiano. En esta ocasión la víctima es José del Carmen Durán Téllez, un campesino de 33 años de edad, padre de tres menores, quien fue ejecutado por el ejército en la vereda Costa Rica del corregimiento de San Juancito, en Teorama (Norte de Santander).

El martes 18 de marzo de 2008, José del Carmen salió de su finca en la vereda Costa Rica hacia la finca de su suegro, que queda en la misma vereda, por una medicina que él necesitaba ya que padecía de asma.

Al llegar nuevamente a su hogar en compañía de un vecino, alrededor de las tres de la tarde, el ejército estaba en su vivienda. Los militares registraron toda su casa, revolcando sus pertenencias. En medio de la búsqueda hallaron una escopeta de propiedad de José del Carmen con la cual él salía a cazar.

Luego a José del Carmen le dicen que habían hallado material explosivo en su morada y estaban poniendo como testigo de este hecho a su vecino. José del Carmen dice no reconocer ese material pues es un montaje del ejército para justificar los destrozos que causan en la vivienda.

José del Carmen fue retenido en su hogar junto con su familia y su vecino hasta las seis de la mañana del miércoles. A esa hora el ejército se retiró de la vivienda expresándole a su esposa que se preparara, que en un buen tiempo no lo vería pues se iba para la cárcel.

La esposa salió detrás de José del Carmen, pero los soldados la intimidaron y la obligaron a regresar. Ante esta situación, la familia del detenido empezó a convocar a la comunidad para ir en comisión a buscarlo e indagar sobre su paradero y el motivo de su detención. El jueves 20 de marzo, a la una de la tarde, se reúnen 19 personas y empiezan camino en búsqueda del ejército.

A las cuatro de la tarde llegaron a la quebrada El Perico, que es el límite de la vereda Costa Rica con Vegas de Oriente. Allí se encontraban los efectivos del ejército que habían detenido a José del Carmen, quienes al ver la comisión la detienen. La comunidad les solicita que se identifiquen, motivo por el cual un soldado manifiesta pertenecer al Gmaza Caballería de Cúcuta.

Luego otro soldado se identificó como cabo primero Ramírez Téllez de la Brigada Móvil No. 30, quien le dijo a la comisión que José del Carmen se encontraba bien, que ellos le han dado buen trato y que era mejor que se marcharan porque lo iban a poner a disposición de la Fiscalía. Finalmente la comisión se retiró ante la actitud indolente del ejército.

El viernes 21 de marzo, la comisión se había fortalecido y ya eran 34 las personas que la integraban. Ese mismo día en horas de la mañana, sale la comisión nuevamente a la quebrada El Perico, lugar donde continuaban los militares.

Estando ahí, la comunidad empieza a reclamarle al ejército que querían ver a José del Carmen para saber en qué condiciones se encontraba, si estaba vivo o muerto. Ante la presión de la comunidad, los militares que no quisieron decir a qué unidad estaban adscritos, empezaron a insultar a los miembros de la comisión y finalmente les manifestaron que había que esperar a que llegara la Fiscalía.

Ya siendo las dos de la tarde los militares preguntaron por el presidente de la junta de acción comunal y lo autorizaron para que viera a José del Carmen. Pero para sorpresa de todos, cuando el presidente de la junta regresa y se encuentra con la comisión, no puede evitar llorar, pues para sorpresa de todos el presidente había hecho reconocimiento del cuerpo sin vida de José del Carmen.

Finalmente, como si fuera poco, el mando a cargo que se identificó como miembro de la Brigada Móvil 15, le solicitó al presidente que separara a los familiares de la víctima de la comisión, motivo por el cual la comunidad en pleno respondió que todos eran su familia. Ante esta respuesta el mando les manifestó que ese viernes 21 de marzo se habían presentado combates y que José del Carmen había muerto en combate.

Militares raptaron a campesino en Catatumbo

Por Prensa Rural

Tropas del Ejército Nacional que hicieron presencia el martes 18 de marzo en la vereda Costa Rica, del corregimiento de San Juancito en Teorama (Norte de Santander) allanaron una vivienda campesina, donde retuvieron a José del Carmen Durán Téllez, informan corresponsales afiliados a la Asociación Campesina del Catatumbo.

A Durán Téllez, reconocido campesino de esta vereda, se le encontró una escopeta, arma de cacería de uso común entre los habitantes de la región. Además, los soldados lo acusaron de haber sembrado una mina antipersonal que presuntamente hallaron en el área de la finca. Después de 15 horas de retención en su propia vivienda, los militares se marcharon con el capturado con dirección a La Cecilia.

La comunidad pide que las autoridades informen dónde se encuentra José del Carmen Durán Téllez, y se le permita la comunicación con sus familiares y abogados, como obliga la ley. Hay temor entre los campesinos por estos operativos donde las tropas no se identifican ante la comunidad, pues las ejecuciones extrajudiciales han cobrado ya la vida de varios civiles en medio de la intensa militarización de este territorio. En la región opera la 30a. Brigada del Ejército Nacional, comandada por el general Paulino Coronado.

Militares asesinaron a campesino en Remedios (Antioquia)

Por Prensa Rural

La víctima fue Luis Horacio Ladino Guarumo, de 42 años, campesino, habitante de la vereda Caño Tigre, municipio de Remedios (nordeste de Antioquia), arriero de profesión que para vivir trabajaba en el negocio de compraventa de madera y que hacia parte del equipo de campo de la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana), fue ejecutado extrajudicialmente por tropas del Ejército Nacional en Campo Bijao, vereda de Remedios donde realizaba sus negocios de madera.

El coronel Ramírez, comandante del Batallón Calibio del ejército colombiano, “explicó” esta acción de muerte diciendo que a las nueve de la mañana de hoy -marzo 19 de 2008- la tropa presente en esta zona y al mando del subteniente Manrique, lo sorprendió cuando instalaba una mina “quiebrapatas”, entonces, dice el coronel Ramírez, la tropa responde dándole muerte en el sitio.

Lo curioso y sospechoso de estas acciones pacificadoras del Gobierno Nacional es que siempre son campesinos inocentes los ejecutados en los supuestos combates, y que estos trabajadores del campo pertenecen a alguna organización que defiende el derecho a la vida, el derecho a tener una tierra que trabajar… todos estos campesinos asesinados, perseguidos, encarcelados, desterrados son miembros de organizaciones que proponen y tienen iniciativas agrarias de paz, basados en su experiencia y conocimiento ancestral de trabajar los campos colombianos.

Lamentamos profundamente la muerte de Horacio Ladino, pues perdemos un amigo, Colombia pierde a un campesino, gestor de paz, defensor del derecho a la vida y el trabajo.

Acusamos al estado colombiano y a sus gobernantes del exterminio de los campesinos, los acusamos de intentar hacer desaparecer la cultura campesina imponiéndonos a bala modelos económicos de producción que sólo favorecen a capitales extranjeros, los acusamos de la ejecución de Horacio, de Miguel, Carlos Mario.

Militares asesinaron a líder campesino del nordeste antioqueño

Por Prensa Rural

Las comunidades campesinas no han parado de llorar por sus miembros después de la muerte del joven y líder campesino Miguel González Gutiérrez el pasado 27 de enero asesinado en Puerto Nuevo Ité por el Ejército Nacional. Nuevamente se repite la historia que viene ejecutando el Batallón Calibío perteneciente a la 14a. Brigada, con el montaje más descarado que ya todas las comunidades conocen cuando se escuchan varias ráfagas de fusil.

Hoy miércoles 19 de marzo se repitió el montaje más macabro que viene cobrando vidas campesinas en el nordeste antioqueño en la vereda Campo Bijao del municipio de Remedios (Antioquia). Aproximadamente a las nueve de la mañana, tropas del Batallón Calibío al mando del subteniente Manrique asesinaron al campesino Luis Horacio Ladino Guarumo, de 42 años de edad, de la vereda Caño Tigre, jurisdicción de Remedios (Antioquia).

Luis Horacio hacía parte del grupo de trabajo de campo de nuestra corporación campesina Cahucopana. La comunidad lo conoce desde niño como un campesino trabajador de hacha y machete, arriando sus dos mulas y que últimamente se dedicaba a comprar madera en la vereda Campo Bijao. El argumento del coronel Ramírez, comandante del Batallón Calibío es que dieron de baja a un terrorista de las FARC cuando se encontraba colocando un minado.

Las comunidades campesinas del nordeste antioqueño y la organización Cahucopana rechazamos el asesinato por parte del batallón Calibío y denunciamos este nuevo hecho de violación a los derechos humanos por parte de la "fuerza pública", hecho que también ha provocado el desplazamiento de 80 personas, aproximadamente, a la ciudad de Barrancabermeja.

Repudiamos este nuevo hecho y a las vez exigimos al Gobierno Nacional que investigue esta grave violación a los derechos humanos de nuestras comunidades y realmente que se haga justicia y reparación integral con nuestras victimas.

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