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Derechos Humanos: Boletín Día a Día del 20 al 26 de septiembre de 2007

Lunes, 1 de Octubre de 2007

 
Boletín Día a Día del 20 al 26 de septiembre de 2007
 

Aumentan ejecuciones extrajudiciales en el Ariari

Más de 50 casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, amenazas de muerte y desplazamientos forzados han cometido los agentes estatales y sus paramilitares en el último año en la región del Bajo Ariari (Meta). Varias organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, en compañía de Naciones Unidas, Acnur y el Pndu, entre otras instancias, realizaron una Misión Humanitaria de verificación y acompañamiento, en la zona en mención. La Misión se organizó, tras evaluar los últimos hechos de persecución y hostigamiento a líderes sociales, comunales y defensores de derechos humanos de la región y luego de verificar, tanto el aumento de ejecuciones de campesinos, presentados por el Ejército Nacional como “guerrilleros muertos en combate”, como los constantes atropellos por parte de la fuerza pública, de que son víctimas los pobladores del bajo Ariari, en especial de los municipios de Puerto Rico, Vista Hermosa y Puerto Lleras.

Paras’ siguen asesinando campesinos en Urabá

El día 18 de septiembre fue asesinado al frente de la salida del terminal de transportes de Apartadó, Héctor Jaime Orozco Grisales, de 26 años. Un paramilitar de civil le segó la vida de varios disparos, en un lugar altamente militarizado y con abundante presencia policial. Orozco Grisales era un campesino conocido que se había dedicado a aserrar madera, a la agricultura y vivía actualmente en Playas Altas a treinta minutos de San Josesito. Este otro crimen pone en evidencia el accionar paramilitar y la complicidad de la fuerza pública, pues los asesinos actúan libremente en una zona controlada por la fuerza pública como es el Terminal de transportes.

Atentado paramilitar contra líderes de Caño Manso


Miguel Hoyos y Ualberto Hoyos, líderes de la comunidad de Caño Manso y del Curvaradó (Chocó) fueron objeto de un atentado perpetrado en una acción paramilitar, ocurrido en Belén de Bajirá. Ellos han sido testigos en procesos judiciales contra paramilitares que despojaron a varias familias de sus tierras en la región y por el crimen de Orlando Valencia. Cinco minutos antes del atentado, de acuerdo con información de la policía local, estuvieron haciendo control en la casa del líder comunitario Enrique Petro, ubicada frente a la casa de los hermanos Hoyos. Miguel y Ualberto quedaron gravemente heridos y fueron trasladados de urgencia al hospital del municipio de Apartadó (Antioquia). Las dos víctimas han liderado el regreso de 80 familias al caserío de Caño Manso, el cual fue convertido por los beneficiarios del paramilitarismo en las haciendas “Villa Alejandra I” y “Villa Alejandra II”.


El accionar encubierto de la Fuerza Pública en Arauca

Por Organizaciones sociales de Arauca

La implementación de la estrategia paramilitar, en el departamento de Arauca, se produce en el marco de una fuerte militarización de la región, orientada principalmente a garantizar la extracción del petróleo, que ha sido auspiciada por la transnacional OXY y el gobierno de los Estados Unidos, directamente y a través del Plan Colombia.

Pero, a diferencia de lo que ha sucedido en el resto del país, en Arauca esta estrategia no se desarrolló con las mismas características y mecanismos, pues el legado histórico de organización social impidió que esas estructuras ilegales tomaran posesión de nuestro territorio. Lo que ha sucedido aquí es que la estrategia se estancó en sus dos primeras etapas, a saber:

En primer lugar, el accionar ilegal o extraoficial por parte de efectivos de las fuerzas militares, de policía y organismos de seguridad (ocasionalmente acompañados por personas particulares), en el marco de operativos que se desarrollan en nombre de supuestos grupos paramilitares y cuyo resultado es la comisión de masacres, homicidios selectivos, secuestros, amenazas y desapariciones forzadas, todos ellos con el fin principal de aterrorizar a la población.

En segundo lugar, en varias ocasiones se intentó implementar el mecanismo popularmente conocido como el sicariato, que consiste en la contratación de personas particulares ilegalmente armadas con el fin de perpetrar, principalmente, homicidios selectivos, amenazas y extorsiones, también en nombre de supuestas organizaciones paramilitares; esto, amparado (legal e ilegalmente) por autorizaciones de porte de armas, vinculación en carácter de informantes, protección con cordones de seguridad e incumplimiento de órdenes de captura.

Una de las principales evidencias de este mecanismo de represión ilegal y violenta lo constituye el hecho de que, a pesar de la implementación del Plan Colombia, las “zonas de rehabilitación y consolildación” y, en general, todas las medidas tendientes a “recuperar el orden público” en nuestra región, los resultados contradicen sus supuestos objetivos:

Las principales víctimas de todos estos operativos han sido los campesinos, trabajadores, indígenas y habitantes en general del departamento, como ejemplo de lo cual tenemos los casos de las masacres perpetradas en La Cabuya, Flor Amarillo, Piñalito y Cravo Charo, sabanas de Cravo Norte, los homicidios selectivos acaecidos en el casco urbano de Saravena en marzo y junio de 2003; las estructuras insurgentes que operan en la región continúan intactas; a pesar de que las violencia paramilitar era más fuerte en Tame (y en segundo lugar, en Arauca capital) que en cualquier otro municipio, el gobierno de Uribe no los incluyó en la zona de rehabilitación y consolidación.

Es importante resaltar que en el desarrollo de todas estas operaciones militares se da la participación directa del gobierno de los Estados Unidos, pues en Arauca ha desembarcado personal militar de ese país con el fin de entrenar a comandos de la Brigada 18, por ejemplo, en enero de 2003, 60 miembros de las fuerzas especiales estadounidenses arribaron al departamento para unirse a los 10 que ya estaban allí cumpliendo esa misma labor. Esto, como un factor adicional a la “cooperación” que ese gobierno brinda directamente a las fuerzas militares, representada en armamento, aeronaves, infraestructura y recursos económicos.

Respecto a este último punto, entre 2002 y principios de 2004 el gobierno de los Estados Unidos entregó al presidente Uribe Vélez más de 1.900 millones de dólares en “ayuda” militar, de los cuales una parte importante fue destinada a asegurar las operaciones de extracción de petróleo por parte de la OXY en Colombia; semejante monto convirtió al Estado colombiano en el tercer receptor de ayuda militar estadounidense, después de Israel y Egipto.

Además de lo anterior, la política de “seguridad democrática” implementada por el gobierno Uribe no se limitó a incrementar el pie de fuerza, sino que intentó vincular a programas militares a parte de la población, entre los que están los de “soldados por un día”, la “red de informantes” y “soldados campesinos”; para poner un ejemplo, fueron estos últimos los responsables de la comisión de una masacre de proporción y gravedad incalculables, en las sabanas de Cravo Norte, en el año 2004, cuyo número de víctimas es indeterminado (dado que en la mayoría de casos los homicidios fueron seguidos de la desaparición forzada y las amenazas para evitar su denuncia) y como resultado de la cual perdieron la vida un destacado dirigente campesino y un reconocido defensor de los derechos humanos.

Ejecuciones extrajudiciales en Arauca
Por organizaciones sociales de Arauca


Una de las formas más degradantes como las sociedades pueden violentar los Derechos Humanos, pasando por encima de la dignidad de las personas, es que los servidores públicos, supuestamente encargados de velar por la vida honra y bienes de los ciudadanos, hagan todo lo contrario, y no sólo vulneren el derecho fundamental a la vida sino que además, encubran su macabro hecho, con la sindicación de haber dado de baja en combate a aquella persona en un presunto enfrentamiento.

Estas ejecuciones sumarias que institucionalizan la pena de muerte, constituyen en el departamento de Arauca como en todas las regiones del país, una estrategia sistemática, continuada, planeada y dirigida en el marco de la desarticulación del tejido social, a pesar de que se vienen tratando como hechos aislados y en los casos en que se logra mínimamente que se adelante una investigación, ésta va dirigida a los autores materiales y no se cuestionan como algo tutelado desde las mismas políticas de Estado, en cumplimiento de imposiciones de los imperios.

A parte de crear terror y reiterar quien es el que ostenta el poder Estatal y lo que se puede hacer con él, también se persigue asegurar una impunidad absoluta frente a dichos crímenes, por cuanto, al ser reseñados como un enfrentamiento con miembros de grupos armados de oposición, la investigación es asumida de forma inmediata por la justicia penal militar, con lo cual los mismos victimarios se encargan de preparar la escena y encubrir las evidencias físicas y elementos materiales que pudieran servir para el esclarecimiento de la verdad, es decir, hay una manipulación de las pruebas, y en los juzgados castrenses no existe posibilidad de avance en las indagaciones. Los civiles que han sido testigos de los hechos, se abstienen de concurrir a las guarniciones militares a declarar por el temor y los tratos degradantes que generalmente reciben.

Por otro lado los autores de los homicidios, son trasladados y en la mayoría de las ocasiones premiados con ascensos, haciendo más difícil la investigación y estimulando este tipo de acciones.

Esta estrategia de ejecuciones extrajudiciales se ha agudizado a partir del año 2002, con la llegada de Uribe Vélez a la presidencia de la república, con la implementación de lo que se conoció “Arauca: Laboratorio de Guerra” la cual incremento los altos índices de violaciones de derechos humanos. Hasta el momento se ha podido documentar la ocurrencia de por lo menos 31 casos, de los cuales todos aún se encuentran en la impunidad, algunos con una relativa investigación en lo penal y en lo disciplinario.

Año 2002:

1. WILSON DUARTE RAMOS, ejecutado por miembros de la Policía Nacional de Saravena, al mando del comandante Sastoque Murillo, el 26 de marzo, luego de ser detenido ilegalmente y torturado en la estación de policía, en compañía del joven LEONARDO BUENAHORA FUENTES.

2. HUGO HORACIO HURTADO CASTRO, de 17 años de edad, fue asesinado en la vereda Los Angelitos del municipio de Arauquita, el 27 de marzo, por miembros del Batallón contraguerrilla N. 46, Héroes de Saraguro, en zona del complejo petrolero Caño Limón Coveñas, en momentos que se encontraba casando Chiguires con otros menores.

3. ARNULFO VARGAS PEÑA, ejecutado por miembros del ejército nacional, Batallón N. 7, al mando del Mayor Orozco, luego de haber sido retenido ilegalmente cerca a su residencia en la vereda Caño Negro del municipio de Saravena.

4. FAVER YESID GEREDA ROJAS, fue asesinado el 24 de julio, por miembros del Ejército Nacional, en el casco urbano del municipio de Arauquita.

5. FRANCISCO ANTONIO GUERRERO, asesinado extrajudicialmente por miembros del Ejército Nacional, Batallón 46, Héroes de Saraguro, el 4 de octubre, además fue violada sexualmente su esposa INOCENCIA PINEDA PABÓN.

Año 2003:

1. REINALDO y VICTOR VARGAS CARRILLO, fueron abaleados por miembros del Ejército Nacional, Grupo de Caballería N. 18, general Gabriel Revéiz Pizarro, el 1 de enero, en el sitio conocido como la Y, del municipio de Fortúl.

2. CARLOS JULIO BARBOSA, asesinado por miembros de la Fuerza de Despliegue Rápido FUDRA, en el caserío Pueblo Nuevo del municipio de Tame, el 20 de enero, en el mismo hecho resultó herido y fue detenido arbitrariamente NICOLÁS GÓMEZ VARGAS.

3. ALEXIS RIVERO CONTRERAS, asesinado el 4 de mayo, en la vereda Caño negro del municipio de Saravena, por miembros del Ejército Nacional, Grupo de Caballería N. 18, general Gabriel Revéiz Pizarro .

4. ADELSO VILLAMIZAR QUIÑONEZ, asesinado el 20 de octubre, en la vereda mate Caña del municipio de Fortúl, por miembros del Ejército nacional, cuando se transportaba en una canoa por el Rio Saire.

5. REINALDO SANCHEZ RAMIREZ, asesinado por miembros del ejército nacional, el 5 de diciembre de 2003, en la vereda Los Almendros del municipio de Arauquita.

Año 2004:

1. LUIS ENRRIQUE SUAREZ DELGADO, asesinado el 17 de marzo, por miembros de la Policía Nacional, en momentos que se movilizaba por el frente de una de las garitas del cordón de seguridad en el municipio de Saravena.

2. DUVER FERLEY RIAÑO LÓPEZ, asesinado el 26 de julio, por miembros del Ejército nacional, Brigada Móvil N. 5, dentro de su humilde vivienda, en la vereda Puerto Miranda del municipio de Tame.

3. ARGEMIRO GUERRERO SANDOVAL, fue asesinado por miembros del ejército nacional, el 30 de julio, en la vereda Puerto Rico, del municipio de Saravena.

4. HECTOR ALIRIO MARTÍNEZ, LEONEL GOYENECHE GOYENECHE y JORGE EDUARDO PRIETO CHAMUCERO, dirigentes sociales y sindicales, asesinados el 5 de agosto de 2004, en la vereda Caño Seco del municipio de Saravena, por miembros del Grupo de Caballería N. 18, general Gabriel Revéiz Pizarro, al mando del Teniente Coronel LUIS FRANCISCO MEDINA CORREDOR.

Año 2005:

1. ALVARO VEGA RUIZ, asesinado por el Ejército nacional, en la vereda Los Colonos del municipio de Arauquita, el 6 de junio.

2. ALBEIRO SUESCÚN RINCÓN, asesinado en su casa de habitación, el 4 de julio, en la vereda Agua Blanca del municipio de Tame, a manos del Ejército Nacional.

3. JUAN GIL, asesinado el 9 de diciembre, en la vereda Charo Bajo II, del municipio de Saravena, por miembros del ejército nacional.

Año 2006:

1. El día 06 de marzo, fue retenido, torturado y asesinado, el joven ORLANDO SANTOS CHAPETA, de 18 años de edad, de profesión jornalero, por miembros del ejército nacional, Grupo de Caballería N. 18, general Gabriel Revéiz Pizarro. En inmediaciones entre la vereda La Pava y Miramar, del municipio de Saravena.
2. URIEL VILLAMIZAR, asesinado por miembros del ejército nacional Grupo de Caballería Mecanizado N. 18, General Gabriel Revéis Pizarro el 8 de abril, en la vereda Cisneros del municipio de Saravena.
3. El día sábado 19 de agosto, fue asesinado en horas de la noche, el joven ALIVAR FLÓREZ BECERRA, por miembros del ejército nacional, Grupo de Caballería Mecanizado N. 18, General Gabriel Revéis Pizarro, en inmediaciones del puente Banadias II, municipio de Saravena.

4. ARGENIS LIZCANO VILLAMIZAR, fue asesinado por miembros del ejército nacional, el 4 de noviembre en la vereda Manantiales del municipio de Puerto Rondón, y presentado ante los medios de comunicación como guerrillero muerto en combate.

Año 2007:

1. En la vereda La Chucua, del municipio de Saravena, siendo aproximadamente las 11:30 p.m., del 6 de enero, miembros del ejército nacional, pertenecientes al Grupo de Caballería Mecanizado No. 18. General Gabriel Revéiz Pizarro, asesinaron a los señores JUAN PABLO VERDUGO VERDUGO de 28 años de edad y SANTIAGO HERNANDEZ de 31 año.

2. FLAVIO ARIZA ORTIZ, ALONSO RODRÍGUEZ MOLINA y JOSÉ GEREMIAS VARGAS, ejecutados extrajudicialmente por el ejército nacional, Brigada Móvil N. 5., quienes llegaron a la finca donde se encontraban el día 10 de enero, a eso de las 5:00 a.m., sacó a los jóvenes de la casa, cuando arribó la tropa, ellos aún se encontraban durmiendo, los maltrataron física y psicológicamente delante de los dueños de la casa, entre ellos de una niña. Luego los llevaron a la orilla de un caño y aproximadamente a las 10:00 a.m., los vecinos escucharon varios disparos y detonaciones, al día siguiente pasaron en las noticias que habían dado de baja a tres guerrilleros en combates.

3. El joven JORGE MONRROY BUITRAGO, era un campesino de la región dedicado al arreo de mulas y al trabajo del campo, según familiares y amigos, el día de su muerte había salido a recoger unas mulas, siendo retenido a eso de las 11:30 a.m., y ejecutado cerca de un caño aproximadamente a la 1:30 p.m., del 3 de febrero, según el informe difundido por el ejército fue dado de baja en combate. Cuando su compañera permanente, fue al Batallón Navas Pardo de Tame, a reclamar el cuerpo, el Coronel Bustamante, le informó que el occiso tenía una orden de captura, pero el nombre y la fotografía que le mostró no correspondía con el de su compañero. El cadáver fue trasladado por miembros del ejército que se movilizaban en dos turbos, una de las cuales trasportaba cuatro personas encapuchadas.

4. El joven WILSON QUINTANA VILLAMIZAR, asesinado por miembros del Grupo de Caballería Mecanizado N. 18, General Gabriel Revéiz Pizarro, del municipio de Saravena, el día 14 de febrero, en la vereda Alto Satocá, luego que saliera de un resguardo indígena en la vereda Alto San Joaquín, donde había ido a negociar una madera. Fue presentado por el ejército nacional como un guerrillero muerto en combate.

5. El 7 de Marzo de 2007, a eso de las 7:00 p.m., aproximadamente, fueron ejecutados extrajudicialmente los señores JAVIER ZÚÑIGA GARAVITO y JHON FREDDY SANABRIA LOZANO, ambos de 26 años de edad, en la vía que de Saravena conduce al municipio de Cubará –Boyacá, por miembros del Ejército Nacional, al parecer adscritos a la sección segunda de inteligencia S2.

6. ALIRIO CARRILLO DURÁN y JAIME ELÍAS LEAL, estos campesinos, en compañía de otros tres, habían sido obligados por parte de uno de los grupos armados de oposición que operan en la región, el día 20 de abril, a recoger un cadáver de uno de los subversivos que había sido abatido el día anterior en enfrentamientos entre el ejército y esa guerrilla. Cuando los campesinos se trasladaban a pie con el cadáver en mención, fueron atacados indiscriminadamente por el ejército que se encontraba en el sitio a lado y lado del camino, además llegaron helicópteros, y los militares desde el aire dispararon. En estos hechos también resultó herido el señor BERNABÉ FLOREZ LEAL, quien se encontraba trabajando cerca al lugar de los hechos. Los campesinos fueron presentados ante la opinión pública como guerrilleros muertos en combate.

7. JOSÉ LUIS MENDOZA MENDOZA, el día de su asesinato, 21 de mayo, había estado pescando con otros campesinos en el río Arauca, a eso de las 5:30 p.m., de regreso a su casa se dispuso a arriar un ganado con su camiseta del Cúcuta Deportivo, y esa fue la última vez que sus familiares lo vieron con vida. Como 15 minutos más tardes se escucharon unos disparos y posteriormente una explosión. El ejército nacional recogió el cadáver y lo trasladó al Grupo Revéiz Pizarro de Saravena, al día siguiente presentaron por los medios de comunicación local la noticia de que habían dado de baja a un guerrillero del ELN.

8. El día 16 de abril, fue asesinado el joven LUIS GUILLERMO ROBAYO MORA, de 25 años de edad y su hermano, el menor RUBEN DARIO AVENDAÑO MORA, de 14 años, por miembros del ejército, al parecer adscrito al grupo Gaula, en la zona rural de Hato Corozal – Casanare. Los dos jóvenes fueron presentados como guerrilleros abatidos en momentos en que cobraban una extorsión.

9. JHON FREDDY MONTAÑEZ VILLAMIZAR, asesinado el 20 de julio, en la vereda La Gaitana, municipio de Cubará departamento de Boyacá, por miembros del ejército nacional.

10. CIGILFREDO SANCHEZ TAMAYO, asesinado en la vereda Normandía del municipio de Puerto Rondón, el 11 de septiembre, por miembros del ejército nacional.


Montajes judiciales
Por Organizaciones Sociales de Arauca


A quienes no han sido asesinados en una masacre, asesinato selectivo o ejecución extrajudicial, ni han sido desplazado forzadamente del departamento; se le depara ser víctima de otra de las estrategias diseñadas con miras a reprimir la organización y labor social, intentando acallar la expresión de un pueblo, la cual contiene entre otras cosas montajes urdidos por la Fiscalía General de la Nación, mediante una Unidad Especializada creada para ello, denominada Estructura de Apoyo de Arauca, que tiene su base en la brigada XVIII del Ejército Nacional, en conjunto con la fuerza pública y utilizando a sujetos que tras unos beneficios económicos, jurídicos o de otra índole, hacen pasar como supuestos reinsertados de los grupos armados de oposición, los cuales son puestos a verter toda serie de injurias, calumnias y falaces imputaciones, fundamentadas en los informes de inteligencia de la misma fuerza pública, que son recibidas como declaraciones de boca de aquellos.

A partir de dichos ardides, se captura y somete a procesos penales y de paso al escarnio público, a las personas que previamente han sido ubicadas y seleccionadas con tal fin, y únicamente con esas supuestas declaraciones de quienes entonces fungen en calidad de “testigos de cargo”, se les conmina al ostracismo, en las diferentes cárceles y penitenciarías que el régimen ha construido de acuerdo a prototipos del imperio del norte, por el tiempo que considere conveniente y sin que durante el discurrir de estos procesos así montados, tengan dichos ciudadanos las más mínimas garantías constitucionales y procesales.

De la forma como se hacen las preguntas y los análisis de lo dicho por los presuntos reinsertados, se desprende claramente que lo que se está cuestionando es un trabajo y actividad social, satanizando también al proyecto de vida de los araucanos y sus organizaciones sociales, es todo lo que se ha peleado y construido en las gestas desplegadas desde el propio inicio de la construcción del histórico tejido social; el objeto central de la persecución, lo constituyen entonces las denuncias, las exigencias de un pueblo organizado, el estar presentes en la planeación y decisión sobre el propio futuro, es por ello que se ha estigmatizado, perseguido y reprimido a dirigentes sociales, a empresas de economía solidaria, a empresas comunitarias e incluso a programas institucionales pero que han sido concedidos con la gestión de las comunidades araucanas.

Se ha cuestionado desde el mismo nombramiento de la referida Unidad de Fiscalías, por cuanto como lo expresó la Honorable Corte Constitucional y también la Procuraduría General de la Nación, ofende al espíritu de la Carta Política, tener a una unidad de fiscalías adscrita a una guarnición militar, se pierde toda imparcialidad en el desarrollo investigativo, cuando los mismos servidores públicos encargados de la seguridad de estos fiscales, son quienes efectúan las capturas y realizan los informes para el inicio de los procesos. (Sentencia de la corte constitucional y de la procuraduría).

De otra parte, las personas que van a actuar como reinsertados y testigos de cargo, conviven por mucho tiempo en esas mismas guarniciones militares inclusive desde bastante antes de efectuarse las capturas y empezarse los procesos puntuales para determinados líderes sociales; generalmente participan de los operativos que terminan con las capturas, y son los que de manera irregular, arbitraria e ilegal señalan y deciden a quien o quienes se debe retener y judicializar, esto casi siempre ocurre con posterioridad a que la fuerza pública ha retenido también de manera ilegal a esa misma persona, la ha censado, reseñado, fotografiado y filmado como insumo del mismo artificio.

Igualmente la Unidad de Fiscalía a que nos venimos refiriendo, es claro, que en estricto derecho carece de facultades constitucionales y legales para iniciar y terminar investigaciones, por delitos como el de rebelión que es el más utilizado en esta estrategia, por cuanto fue creada para conocer en la etapa de investigación previa y mientras no existiere implicado conocido, de los hechos delictuosos de terrorismo, cometidos en contra de la infraestructura del oleoducto Caño Limón- Coveñas.

A pesar que por todos los abogados que han actuado en estos procesos se ha planteado la nulidad por haber transgredido la constitución y la ley, desbordando la competencia asignada, no ha sido posible que ello se subsane, y si bien en algunos pocos casos el Juez Único Promiscuo del Circuito de Saravena, declaró la nulidad de lo actuado por esta unidad de fiscalía en investigaciones por el punible de rebelión, estos pronunciamientos fueron revocados por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca, que contrariando la Constitución, la Ley y claros pronunciamientos de los más altos Tribunales de Justicia, convalidó lo actuado de manera irregular y temeraria por la fiscalía.

En el mismo marco de la estrategia analizada, a los judicializados se les envía para cárceles apartadas del sitio donde ocurrieron los hechos, se lleva la investigación y tienen su núcleo familiar, también contrariando claros preceptos constitucionales y legales; se les tiene en centros de reclusión creados o habilitados para la custodia de condenados aún en su etapa de sindicados; a los familiares se les somete en muchas ocasiones a diversos tipos de vejámenes cuando van a visitar a las personas detenidas.

En la mayoría de estos asuntos las personas injustamente procesadas o sus abogados, con total apego a la ley solicitaron se le sustituyera la detención preventiva en un establecimiento carcelario, por la detención domiciliaria en su lugar de habitación, al principio el Juez Único Promiscuo del Circuito de Saravena, concedió dichas sustituciones, pero el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca, revocó la mentada decisión, después que tanto la Fiscalía General de la Nación como la Procuraduría General de la República, apelara la misma, ordenando el traslado de todos los dirigentes sociales nuevamente a las cárceles del régimen.

El Juez de conocimiento de todos estos casos en el municipio de Saravena, es decir, el Juez Único Promiscuo del Circuito, como castigo a la concesión de las detenciones domiciliarias, algunas libertades provisionales por vencimiento de términos, las nulidades que declaró por la falta de competencia de la Fiscalía de Estructura de Apoyo de Arauca y los Hábeas Corpus otorgados por las capturas ilegales, fue separado del conocimiento de los asuntos penales, nombrándose un Juzgado Penal del Circuito de Saravena, que comenzó a despachar desde la ciudad de Bogotá D.C., lo mismo ocurrió con los Jueces de Arauca capital. Está claro que se trató del nombramiento de un Juez AD-HOC, para el conocimiento de los juicios contra la dirigencia social y sus organizaciones.

Casos tipos de detenciones masivas, las cuales han tenido el mismo modus operandis:

El 12 de noviembre de 2002, en el municipio de Saravena, fueron detenidas y judicializadas 43 personas.

El 21 de agosto de 2003, en el municipio de Saravena fueron detenidas y judicializadas 37 personas.

El 21 de octubre de 2003, en los municipios de Arauca, Saravena y Tame, fueron detenidas y judicializadas más de 20 dirigentes políticos candidatos a gobernación, alcaldía, corporaciones pública y una defensora de Derechos Humanos.

En febrero de 2004, en el municipio de Saravena en las veredas de Puerto Conteras y Puerto Nariño, fueron detenidas y judicializadas 16 personas.

El 30 de octubre de 2005, en el municipio de Cubará-Boyacá, fueron detenidos 16 pobladores de la región, en un operativo de la Fiscalía Especializada de la Estructura de Apoyo con sede en la Brigada XVIII de Arauca, en cooperación con la Policía Nacional del departamento de Arauca, Ejercito Nacional y miembros del C.T.I.

El 12 y 13 de Agosto de 2006, en el municipio de Fortul, fueron detenidas 14 personas.

El 27 y 28 de octubre de 2006, fueron detenidos y judicializados en el municipio de Saravena 19 personas dirigentes sindicales, comunales y pobladores del común.

En noviembre de 2006, en el municipio de Saravena fueron detenidas y judicializadas 15 personas.

El 5 de marzo de 2007, en el caserío de Pueblo Nuevo, en el municipio de Tame, fueron detenidas 23 personas, a las cuales se les precluyó.

El 3 y 4 junio de 2007, en el municipio de Arauquita fueron detenidas y judicializadas 13 personas.

El 13 y 14 de julio de 2007, se desarrolló en la ciudad de Saravena un operativo conjunto entre las fuerzas militares y de policía y algunas autoridades judiciales, dando captura a 13 personas miembros del gremio de los comerciantes y transportadores.

El 1 de septiembre, fueron capturados cuatro pobladores del caserío Pueblo Nuevo, vereda Puerto Jordán del municipio de Tame.


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