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Derechos Humanos: Boletín Día a Día del 21 al 27 de agosto de 2008

Lunes, 8 de Septiembre de 2008

 
Boletín Día a Día  del 21 al 27 de agosto de 2008

Asociación Nacional de Ayuda Solidaria

ANDAS

Boletín Día a Día  del 21 al 27 de agosto de 2008

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Visita del fiscal Moreno Ocampo de la CPI

Luz de esperanza contra la impunidad maquinada por el régimen

Movimientos de víctimas y de defensa de derechos humanos le solicitaron al ilustre huésped  abrir pronto un proceso ejemplar contra alguno de los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad en Colombia, para lo cual mencionaron dos candidatos: el ex fiscal Luís Camilo Osorio y el general (r) Rito Alejo Del Río, ambos consentidos de Uribe

Por Camilo Raigozo, Voz

 

El Fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo y el juez de la Audiencia Nacional Española, Baltasar Garzón presenciaron la exhumación de 25 cadáveres de víctimas de paramilitares en Turbo, Antioquia. Foto Semana.

 

Durante la visita a Colombia del fiscal de la Corte Penal Internacional, el argentino Luis Moreno Ocampo, los pasados días 25, 26 y 27 de agosto,  representantes de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos con los que se reunió, le solicitaron  que abriera pronto un primer proceso ejemplarizante que también sirviera de apoyo a los jueces colombianos, proponiendo para ello los nombres del ex fiscal Luís Camilo Osorio y del general (r) Rito Alejo Del Río, a quienes se les imputa estar entre los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad, ambos consentidos del régimen que preside Uribe Vélez.

 

“Luís Camilo Osorio fue quién garantizó desde la dirección de la Fiscalía la impunidad de los crímenes de lesa humanidad y con ello contribuyó decididamente a abrir las puertas para que los políticos mafiosos y paramilitares gobernaran el país”, advierte Iván Cepeda Castro, director del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. El ex fiscal es hoy embajador del gobierno de Uribe en México.

 

Contra el general (r) Rito Alejo Del Río Rojas, quién fue comandante de la brigada 17 del ejército en Carepa, Antioquia, desde diciembre de 1995 hasta diciembre de 1997, hay acusaciones inclusive de Mancuso, “HH” y otros temibles jefes paramilitares ante la Fiscalía,  de ser responsable junto con sus tropas, por omisión y por acción,  de centenares de crímenes de lesa humanidad contra las comunidades más vulnerables de la zona. 

 

Decenas de miles de campesinos, afrodescendientes e indígenas fueron desplazados violentamente de sus aldeas y el paramilitarismo tomó el dominio completo de la región. Sin embargo, el fiscal Luís Camilo Osorio, precluyó el proceso contra el general en marzo de 2004 y el doctor Álvaro Uribe Vélez le rindió un sentido homenaje de desagravio.

 

Extradición de ‘paras’ en la mira de la CPI

 

Los representantes de las víctimas y defensores de derechos humanos le hicieron entrega al fiscal Moreno Ocampo valiosa documentación con el contenido de estadísticas, cifras y testimonios que prueban la realidad de la mal llamada Ley de Justicia y Paz, la cual, afirman, “fue concebida desde un principio para que los criminales y sus cómplices gozaran de impunidad”. Añaden que, “aunque ese esperpento fue corregido parcialmente por la Corte Constitucional a través de unas sentencias el peligro de impunidad continúa vigente”.

 

Otro punto álgido que observó el fiscal de la CPI fue la extradición por parte de Uribe a los Estados Unidos de 14 de los cabecillas paramilitares más importantes, en un acto propicio para entorpecer el esclarecimiento de la verdad, las investigaciones por parapolítica, la reparación a las víctimas y la garantía plena de aplicación de justicia.

 

Fue puesta en consideración del funcionario internacional la posibilidad de que los políticos que fueran encontrados culpables de haber tenido vínculos con el paramilitarismo sean enjuiciados por delitos de lesa humanidad.

 

Hasta ahora han sido encontradas al menos 1.300 fosas comunes con unos 1.600 cadáveres, de acuerdo al informe anual de la Fiscalía General, pero de 35.000 paramilitares desmovilizados, solo han confesado delitos 245 y ni siquiera el uno por ciento se ha acogido a la Ley de Justicia y Paz inventada por Uribe.

 

Finalmente le fueron pormenorizados al fiscal Moreno los persistentes ataques del presidente Uribe contra la rama judicial, más exactamente contra la Corte Suprema de Justicia, de lo cual él mismo pudo ser testigo ocular,  al presenciar el escándalo de los complots que se tejen inclusive desde la misma Casa de Nariño, entre jefes paramilitares y personas del círculo más cercano al Presidente, lo cual trae consigo la posibilidad de debilitar las investigaciones y los procesos del ‘parauribismo’.

 

Asesinado sindicalista 41 por la máquina de exterminio del régimen

 

El dirigente sindical Alexander Blanco Rodríguez, fue asesinado el pasado 26 de agosto en el municipio de Cantagallo, Bolívar, aproximadamente a las 10 de la noche, en su sitio de trabajo frente a sus compañeros por sicarios, quienes se acercaron hasta la víctima y le cegaron la vida.

 

Blanco Rodríguez era miembro activo de las organizaciones sociales de Cantagallo que proveen la mano de obra a las firmas contratistas al servicio de Ecopetrol quien laboraba para la empresa de perforación de pozos petroleros. Al cierre de esta edición, en lo corrido del año era el sindicalista número 41 en caer asesinado por la máquina de exterminio del régimen.

 

Denuncian graves violaciones a los derechos humanos del Ejército en La Montañita, Caquetá

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Cpdh, denunció la violación permanente y sistemática de los derechos humanos por parte del Ejercito Nacional.

Por Camilo Raigozo. Voz

 

Las comunidades acusan a tropas de los batallones Diosa del Chairá y Héroes de Guapí, de desarrollar acciones contra la población campesina de la inspección Unión Peneya y las veredas Treinta Bajo, Corazones, Horizontes, La Libertad, Buenos Aires-Suncilla, La Argentina, Gibraltar, La Gaitana, Puerto Gaitán, Jerusalén, El Caserío San Isidro, La Cabaña, Esmeralda, Buenos Aires del Peñeya, Palestina Alta, Los Andes, Palestina Baja, El Guamo, Alto Arenoso, La Holanda y La Palmera, en el municipio de La Montañita, departamento del Caquetá.

 

Vía principal del corregimiento Unión Peneya completamente militarizada. Foto Camilo Raigozo.

 

Los habitantes de Unión Peneya habían tenido que desplazarse masivamente en el 2005, debido a la implementación del Plan Colombia y el Plan Patriota en la región dejando abandonadas todas sus pertenencias.

 

A muchos habitantes le fueron usadas, saqueadas, hurtadas y destruidas sus viviendas y enseres por parte de efectivos del Ejercito durante su desplazamiento, según lo denunció la comunidad ante las autoridades competentes y ante la opinión pública mundial. Previos acuerdos con el gobierno pudieron retornar a principios de 2007, como lo registró VOZ en su momento.

 

La población denuncia que hasta la fecha el gobierno no ha cumplido tales compromisos y que por el contrario fue instalada una base militar en el predio de de un campesino desde donde se desarrollan acciones violatorias a los derechos humanos y se cometen infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

 

Algunos casos

 

El pasado 3 de agosto, los batallones Diosa del Chairá y Héroes de Guapí reunieron a la población de Unión Peneya, incluidos niños, mujeres embarazadas y ancianos, durante todo el día en el polideportivo donde los mantuvieron retenidos a puerta cerrada sin permitirles ni siquiera salir a buscar alimentos para los niños. Los uniformados conjuntamente con agentes del CTI y del DAS procedieron a sistematizar  en computadores cada una de los números de cédulas de identidad de los labriegos.

 

Además fotografiaron y filmaron a cada una de las personas y les fotocopiaron las cédulas, sin proporcionarles ninguna explicación o justificación, lo que ha generando temor en los habitantes, ya que este tipo de procedimientos se han realizado en otras regiones del país para 'fabricar' los montajes judiciales.

 

Días después, miembros del ejército abordaron al líder campesino Nectario Jansosoy, presidente de la junta de acción comunal de la vereda San Isidro. El teniente Salazar hizo que el labriego fuera fotografiado y señalado de ser “miliciano de las Farc de primera línea”.

 

EL 2 de julio, tuvieron que desplazarse del caserío Las Palmeras, 16 personas, entre ellas tres niños. Fueron interceptadas y agredidas por el ejército quién las acusó de ser guerrilleros. A un labriego le vendaron los ojos y lo obligaron a andar de rodillas con una niña y un niño en sus brazos los cuales salieron lastimados al tropezar con los árboles.

 

En el 2005 en la vereda Buenos Aires de Suncilla fueron asesinados por miembros del ejército los esposos Víctor Julio Molina y Argenis Vargas, quién tenía seis meses de embarazo. Las tropas amenazan constantemente a los moradores de que muy pronto traerán a la región 800 paramilitares.

 

Los casos anteriormente descritos, son parte de los más de 100 que las comunidades denunciaron a VOZ y que según ellas mismas, han hecho en su momento ante las autoridades competentes sin que hasta la fecha se conozca investigación o sanción alguna.

 

Fructífera jornada en el encuentro Ecovida 2008

Por Prensa Rural

 

 Finca Carimagua en el Meta. La  que Uribe le arrebató a más de 70 familias desplazadas para entregársela a ‘grandes inversionistas’.

 

Prosiguió exitosamente el quinto encuentro Ecovida 2008 en la Universidad de Caldas. La jornada inició con la exposición sobre el estatuto minero energético a cargo de Jorge Gamboa, presidente de la Unión Sindical Obrera y con un análisis sobre la situación nacional en materia de derechos humanos, efectuada por César Santoyo.

 

 

Posteriormente intervino el senador Jorge Robledo, quien examinó la situación del sector rural colombiano y la implantación del "modelo Carimagua" a través del cual se imponen los monopolios en el sector agrario, se pretende la peonización del campesinado y se atenta contra la economía campesina por medio de exigencias técnicas consignadas en reglamentaciones y paquetes legislativos que sólo benefician a los ricos.

 

Luego de la presentación de diversas experiencias de producción agroecológica comunitaria, se adelantó una conferencia sobre los agrocombustibles y el desplazamiento forzado, por intermedio de Paula Álvarez, del grupo Semillas, y del profesor Héctor Mondragón.

 

En la conferencia se evidenció la imposibilidad de que Colombia se convierta en potencia en agrocombustibles, así como el sofisma de la "palma campesina" a través de las alianzas estratégicas.

 

El profesor Mondragón expuso las implicaciones de la legislación agraria, la cual liquida los derechos colectivos y profundiza un modelo terrateniente a través de la concentración de la tierra por medios violentos, proceso que el actual gobierno viene legalizando.

 

Las diferentes conferencias ratificaron la necesidad de resistir y de seguir luchando por la soberanía alimentaria, así como la vigencia de la reforma agraria y la defensa de la economía campesina.

 

Ola de asesinatos en Arauca

 

Asociación Campesina de Arauca. En las veredas Filipinas y Santana, del municipio de Tame, desde hace unos 11 días, tropas del Ejército se encuentran acampadas en las viviendas de los campesinos, militarizando la vida cotidiana de los pobladores, ocasionando muchos inconvenientes, y poniendo en riesgo la vida y la moral de los mismos.

 

El pasado 22 agosto fue asesinado Edilson Villamizar, dirigente de la junta de acción comunal de la vereda Lejanías. Al día siguiente fue asesinado Efraín Gómez Garrido, de 48 años, en la vereda Gaviota de Arauquita. La víctima fue sacada de su vivienda en la vereda El Placer.

 

Las majestuosas llanuras de Arauca han sido espectadoras del sufrimiento de sus gentes a manos del terror paramilitar y militar. Foto Camilo Raigozo.

 

El lunes 25 se presentó fue asesinado Leonel Carvajal Cruz de 35 años en la vereda Nuevo Horizonte, municipio de Fortul. También apareció asesinado Dinai Yusman Mujica Beltrán, de 22 años, agricultor de profesión. Residía en Selvas de Lipa.

 

El miércoles 27 se presentaron dos asesinatos en la vía que de Fortul conduce al municipio de Saravena. Las víctimas se movilizaban en una motocicleta y fueron asesinados por los miembros del Ejército Nacional. Una de las víctimas respondía al nombre de Alexánder Castillo. Los familiares denunciaron los hechos y claman que los crímenes no queden en la impunidad.

 

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