MALOKA COLOMBIA
	www.colectivomaloka.org
   

Derechos Humanos: Boletín Día a Día del 22 al 28 de noviembre de 2007

Jueves, 6 de Diciembre de 2007

 
Boletín Día a Día del 22 al 28 de noviembre de 2007
 

Asociación Nacional de Ayuda Solidaria

ANDAS

Boletín Día a Día del 22 al 28 de noviembre de 2007

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desplazamiento, doble crimen de estado

Por Luis Alfonso Castillo. ANDAS

Bogotá, noviembre 24 (Andas). La caracterización del desplazamiento la hemos realizado desde diferentes concepciones, sin embargo es necesario avanzar en la definición de este, como un crimen de estado, y no seguir haciéndole el juego a concepciones que lo definen como un fenómeno, una situación, o una condición, puesto que estas categorías lo que hacen es esconder la responsabilidad que el estado tiene en el desarrollo de este crimen, y todas las infamias que se viene tras la ausencia de política pública para enfrentar la situación.

La lucha de los desplazados debe  mantenerse en torno a la reivindicación de exigir el restablecimiento de los derechos vulnerados, profundizar la denuncia por el despojo de los bienes, particularmente señalando la responsabilidad del estado, los terratenientes, las empresas transnacionales y los políticos que se beneficiaron por tal despojo.

En este sentido  nuestro trabajo en las ciudades debe orientarse en concientizar a lo afiliados de nuestras organizaciones, en la necesidad de  luchar por soluciones temporales o transitorias de vivienda, estabilización socioeconómica, las cuales el estado debe proveer en cumplimiento de los principios rectores de desplazamiento, la ley 387 de 1997, la sentencia T 025 de 2004  y los respectivos autos que le hacen seguimiento, esto, mientras el conflicto que generó el desplazamiento se supera, esto sin dejar de lado la denuncia permanente y la exigencia de soluciones duraderas para todas las victimas de los crímenes de estado.

Otro aspecto no menos importante de nuestra lucha, la cual no hemos acogido de la mejor manera es la incorporación el marco de exigibilidad de los derechos de verdad, en justicia, reparación integral y garantía de no repetición de los crímenes del paramilitarismo, en esta tarea debemos reconocer que nos hemos quedado a la zaga, por tanto es urgente que promovamos desde nuestras organizaciones un vínculo más permanente y continuo hacia el fortalecimiento del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes Estado, y desde aquí, comprometer la base de  nuestras organizaciones en la tarea de la recuperación de la memoria,  el impulso de la movilización y la denuncia  por la vulneración de  nuestros derechos.

10 años de política pública de papel

Tras 10  años de marco normativo en materia atención a la población desplazada en Colombia, justo es hablar de balances y perspectivas, con el ánimo de buscar soluciones ciertas y duraderas a las inmensas problemáticas que viven cotidianamente los colombianos y colombianas en condición desplazamiento forzado por la violencia.

Antes de esto, es necesario advertir que las causas generan el conflicto y con ello el desplazamiento no han cesado en nuestro país, y por el contrario los más recientes acontecimientos políticos, deja en claro que la guerra se va a agudizar y la política de obligaciones a cultivos de uso ilícito también va a continuar. De otro lado cada vez es más claro de la desmovilización de grupos para militares, no son más que un “show mediático”, siguen intactas las estructuras de estos grupos, que ahora bajo nuevas denominaciones siguen ejerciendo control territorial, político, social y económico en sus zonas de influencia. Igualmente se esfumaron las esperanzas de un recambio humanitario.

La política pública del dicho al hecho

Ante éste panorama, el tema de la política pública de atención a la población desplazada cobra interés, dado qué se trata de una población vulnerable que demanda de los mayores esfuerzos por parte del estado colombiano y como lo señala el alto comisionado para los refugiados ACNUR “la búsqueda de soluciones duraderas para las personas desplazadas es uno de los mayores desafíos para Colombia” (1).

De esta manera el balance, parte de una referencia del marco normativo Vigente en el país y que tiene como principal instrumento la ley 387 de 1997 por medio de la cual se adoptaron las medidas para la prevención del desplazamiento y la atención, protección,  consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos, ley que fue reglamentada y a decir verdad empezó a regresar el espíritu de la misma ley en diciembre 2000 con el decreto 2569, es decir, el gobierno esperó cuatro años para reglamentar la ley que atendería el volumen más grande de víctimas del conflicto, sin embargo esta reglamentación se vio limitada porque ella se incorporó la expresión "de acuerdo a la disponibilidad presupuestal" con la que se negó la obligación de realizar esfuerzos presupuestales para el restablecimiento de los derechos vulnerados.

Esta situación fue mejor evidencia con la aprobación de la sentencia de la honorable corte constitucional T 025 de enero de 2004, a través de la cual la alta corte declaró la existencia de “…un estado de cosas inconstitucional en materia desplazamiento en Colombia”. O dicho de otra forma, la situación de los desplazados obliga al estado realizar esfuerzos especiales, de manera que se puedan superar la vulneración de más de 15 derechos fundamentales de que encierran en la condición desplazados forzados.

En tal sentido la corte constitucional propició una serie de órdenes orientadas a superar el estado de cosas inconstitucional, las órdenes obligaron al conjunto del estado y particularmente al gobierno, reclamando el establecimiento de planes precisos, programas, esfuerzos presupuestales, que pudieran corregir la situación de vulnerabilidad que se describía en la referida sentencia.

En virtud de lo ordenado por la  sentencia T 025 de 2004,   el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, expidió el decreto 250 de febrero de 2005, decreto a través del cual, se dota de un instrumento que diseña una respuesta integral al fenómeno desplazamiento, asumiendo de esta manera una serie de observaciones planteadas por la corte y en general por las organizaciones de población desplazada. Sin embargo el decreto en su articulado no reconoce la responsabilidad y obligatoriedad del estado, en cuanto al fenómeno de desplazamiento, ni apela a la figura constitucional de “urgencia manifiesta” cuando de apropiar recursos se trata, dejando de esta manera, descansar el plan en…. "los principios de subsidiaridad correspondencia... con los recursos de cada dependencia... y con los recursos que los entes territoriales incorporen" (2). Es decir pocos esfuerzos por establecer una partida presupuestal concreta que garantice el éxito del citado plan, además, comprometiendo a los entes territoriales, cuando se sabe que éstos no cuentan con lo recursos suficientes para enfrentar este tipo de retos.

Las consecuencias de este hecho se puede leer claramente en el auto 218 del 11 de agosto de 2006 en que se señala en la parte argumentativa, "la Corte Constitucional concluye que hasta la fecha, a pesar de que se ha informado a la Corte sobre ciertos avances importantes en áreas críticas de la política de atención a la población desplazada, no se ha demostrado que se haya superado el estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T/025 de 2004, ni que se esté avanzando en forma acelerada y sostenida hacia su superación” (3), y más adelante “…el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada no han demostrado satisfactoriamente ante la Corte que hayan adoptado las medidas necesarias para resolver el referido estado de cosas inconstitucional,…” (4).

La corte en este auto evalúa de manera exhaustiva el avance y evolución de la política pública a partir de los informes de seguimiento presentados por el gobierno nacional ante los cuales manifiesta lo siguiente: “·…(i) contienen un alto cúmulo de información que resulta irrelevante para determinar el cumplimiento de lo ordenado en los Autos en mención; (ii) su extensión es, a todas luces, excesiva, lo cual dificulta la identificación de las medidas específicas relativas al desplazamiento …; (iii) …la información suministrada a la  Corte en diferentes secciones del mismo informe es inconsistente, o varía de un informe bimensual de cumplimiento al siguiente, lo cual revela faltas en su elaboración y presentación, así como inconsistencias y falencias en la política de atención a la población desplazada; (iv) en no pocos casos, las distintas secciones de un mismo informe contienen párrafos idénticos, incluso copiados literalmente de informes anteriores, lo cual muestra que el proceso de reportar  … los avances en el cumplimiento de lo ordenado en los Autos de 2005 se convirtió en un  procedimiento mecánico y formal”. (5)

Indica la corte en el referido auto que existen 10 áreas críticas en la atención a la población desplazada en el país a saber:

(1) la coordinación general del sistema de atención a la población desplazada;
(2) las actividades de registro y caracterización de la población desplazada en el país;
(3) el aspecto presupuestal de la política de atención a la población desplazada, tanto en su formulación como en su proceso de ejecución  material;
(4) la ausencia general de indicadores de resultado significativos basados en el criterio del “goce efectivo de los derechos” de la población desplazada en todos los componentes de la política, a pesar del avance de algunas entidades al respecto;
(5) la falta de especificidad en la política de atención a la población desplazada, en sus diferentes manifestaciones;
(6) la desprotección de los grupos indígenas y afrocolombianos, especialmente afectados por el desplazamiento interno en los últimos meses;
(7) la escasa seguridad para los procesos de retorno de la población desplazada a sus tierras;
(8) la falta de diferenciación entre la atención recibida por los desplazados recientes frente a quienes se desplazaron antes de la adopción de la sentencia T-025 de 2004 y los Autos 176, 177 y 178 de 2005;
(9) la deficiente coordinación de las labores adelantadas por las entidades territoriales por parte del Ministerio del Interior y de Justicia; (10) la ausencia de un enfoque de prevención dentro de la política pública de atención a la población desplazada, y en particular dentro de las operaciones militares y de seguridad adelantadas por el Estado.” (6)

Todo lo anterior de la deja ver con claridad que más allá de la existencia de un amplio  marco normativo, el problema para el cumplimiento de la atención a tal problemática, reside, en la falta de voluntad política por parte de los gobiernos para hacer efectivo el cumplimiento de la normatividad, esta falta de voluntad se evidencia en lo que tiene que con la evidente negligencia para apropiar recursos económicos suficientes para superar el estado de cosas inconstitucional y más aún para proporcionar a la población desplazada del país soluciones integrales y duraderas.

El fortalecimiento organizativo en la perspectiva de la población desplazada

Frente a este panorama la perspectiva de la población desplazada no puede ser  distinta, que fortalecer su proceso organizativo y a partir de ello multiplicar la movilización, demandando el inmediato cumplimiento de los derechos vulnerados a la población desplazada, también es necesario que las organizaciones de población desplazada, lideren la apropiación de información que permita rápidamente la presentación ante la corte constitucional de incidentes de desacato a los funcionarios  que de manera negligente y reiterada incumplan las órdenes proferidas por la sentencia T-025, y los autos que hacen seguimiento.

En igual sentido las organizaciones de población desplazada deben  asumir el compromiso de fortalecer también procesos unitarios que permitan, enfrentar conjuntamente, el falso proceso de desmovilización y la Ley de Justicia y Paz y particularmente la política aprobada por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación,  en este sentido la exigencia por el resarcimiento a los derechos de las víctimas, justicia y reparación integral, que no pueden dejarse de lado y son en fundamental las reivindicaciones políticas que adelantan las organizaciones de población desplazada.

En este sentido la articulación al Movimiento Nacional de Víctimas es una tarea inaplazable, la incorporación de las ocho estrategias de lucha contra la impunidad a saber:

1. Una estrategia jurídica que persiga a los máximos autores de los crímenes y la responsabilidad de los agentes estatales

2. Una estrategia para la verdad y la memoria histórica

3. Una estrategia por la memoria y la reparación integral desde las víctimas: la Comisión Ética

4. Una estrategia para la no repetición: la prohibición legal del paramilitarismo

5. Una estrategia para la reparación: el catastro alternativo

6. Una estrategia de lucha contra la desaparición forzada: la exhumación de las fosas comunes y el derecho a enterrar

7. Una estrategia de lucha contra el genocidio político: verdad, justicia y reparación para las víctimas y los sobrevivientes de la Unión Patriótica

8. Una estrategia de organización: el fortalecimiento del Movimiento de Víctimas

Estas ocho estrategias se constituyen en una herramienta política que permitirá visibilizar ante el panorama nacional y especialmente internacional la falta de justicia y la negligencia, con que actúa el gobierno nacional para el cumplimiento de los derechos a las poblaciones víctimas del conflicto armado interno y podrá obligar a la comunidad internacional, a iniciar procesos de exigencia más contundentes en la búsqueda de los Derechos Humanos para nuestro país.

Finalmente es necesario con el esfuerzo de las OPD, y las organizaciones de victimas, de derechos humanos, sociales y políticas unificar criterios entorno a demandar de la comunidad internacional respaldo que permita exigir al estado colombiano su responsabilidad en el delito de lesa humanidad que es el desplazamiento, y consecuente con ello la aplicación de justicia a los responsables de tal, así como, la reparación integral para las victimas  del mismo


Tareas presentes de  ANDAS

La ultima etapa del año 2007 y el comienzo del 2008  sigue colmando de tareas en la búsqueda del restablecimiento de los derechos vulnerados a las victimas de los crímenes de Estado, y el fortalecimiento organizativo que permita mejorar nuestra concepción de la lucha y multiplicar la capacidad de movilización popular.

Así los  compromisos de los afiliados de ANDAS, se concretan en las siguientes actividades:

1-         Tribunal Internacional de opinión (TIO) El desplazamiento, crimen de Estado, 21 al 23 de Noviembre, evento a través del cual, mediante la denuncia  de casos específicos, se intenta buscar una condena al Estado Colombiano por su responsabilidad en esta tragedia humanitaria que afecta a más de 4 millones de colombianos. La actividad se realizará en la ciudad de Bogotá,  y el último día se convocará una gran jornada de movilización para escuchar el veredicto de los jueces.

2-         10 de Diciembre día Internacional de Derechos Humanos; para esta jornada ha sido propuesta por el MOVICE, una gran movilización contra la impunidad, de tal forma que ANDAS debe convocar movilizaciones en las capitales de departamentos, exigiendo verdad, justicia, reparación Integral y garantía de No repetición.

3-         Catastro Alternativo: a través de esta estrategia de lucha contra la impunidad, pretendemos elaborar un completo y documentado inventario de la usurpación  de bienes  a las victimas de la violencia con la que se propone iniciar un proceso de reclamación internacional para la restitución, e indemnización de los bienes usurpados.

4-         1ª Escuela Nacional de Derechos Humanos “EDGAR CAICEDO”  a realizarse del  8 de enero al 2 de febrero de 2008, con esta actividad se pretende entregar herramientas argumentales, conceptuales y políticas para enfrentar la lucha por la dignidad y los Derechos de las victimas.

5-         Galería de la memoria del desplazamiento masivo: se trata de elaborar una galería que registre la información de los desplazamientos masivos y/o colectivos, para lo cual hace falta que desde las seccionales se aporten datos sobre desplazamiento en los cuales ANDAS ha acompañado a las victimas.

6-         Finalmente se ha convocado el IV encuentro Nacional de Victimas de crímenes de Estado, del 6 al 8 de Marzo de 2008, por ello insistimos a los afiliados de ANDAS, directivos regionales y nacionales en la necesidad de retoma la iniciativa, en la constitución y fortalecimiento de los capítulos regionales, así como, el desarrollo de las 8 estrategias de lucha contra la impunidad, aprobadas por la  III asamblea nacional de julio de 2006

Todo este cúmulo de tareas obliga a ANDAS a redoblar el trabajo con los afiliados, promoviendo la capacitación, discusión y la apropiación de los estatutos, principios y orientación política de la organización. EL año 2008, es el año de la 9 asamblea Nacional y  el  18 aniversario de la organización…….. ¡a prepararnos!

La asociación nacional de ayuda solidaria Andas, ante el compromiso de reconstruir la memoria de las víctimas quiere, profundizar el compromiso para la realización de una galería de la memoria de los desplazamientos masivos en Colombia, con el propósito de rescatar del olvido graves acontecimientos que se han presentado la historia política de Colombia, pero que debido a la gran cantidad de este tipo de acontecimientos, y a la gravedad del crimen del desplazamientos van perdiendo trascendencia.

De esta manera el propósito es reconstruir la historia de algunos de estos hechos, desplazamientos como los de el Salado en el departamento de Bolívar, la zona montañosa de Buga y Tulua, Darién y Buenaventura,  en el departamento de valle del cauca, Cajibío en el Cauca, el desplazamiento de pequeñas coloradas en el departamento del Caquetá, la Uribe, el Castillo, alto y bajo Ariari, en el departamento del meta, por efectos del Plan Patriota, los desplazamientos en el medio y bajo Atrato Chocoano, los miles desplazados de la región de Urabá, por los generados en el departamento de Córdoba, el Catatumbo y la Grabara en el departamento del Norte de Santander, los indígenas desplazados en la Sierra Nevada de Santa Marta, los desplazamientos en el Pie de Monte, y Tumaco en el departamento de Nariño, en la región de Viotá y Sumapaz en el departamento de Cundinamarca, el Magdalena medio, Calamar Guaviare, el sur del Tolima. Estos entre otros que precisamente queremos documentar, y levantar una galería de la memoria, que le recuerda el país que estos hechos ocurrieron, y que permitan seguir buscando la aplicación de justicia por la comisión de estos hechos criminales.

Desplazamiento forzado

Tribunal Internacional de Opinión condenó al Estado

El proceso de despojo de tierras es más agudo en zonas indígenas, de negritudes y en áreas donde se ejecutan megaproyectos ganaderos, mineros, energéticos, ecoturísticos y agroindustriales

Camilo Raigozo. VOZ


Durante los pasados 21 al 23 de noviembre se realizó en Bogotá la Audiencia Nacional del Tribunal Internacional de Opinión (TIO): "El desplazamiento forzado en Colombia, un crimen de Estado". Fue convocado por la Coordinación Nacional de Desplazados (CND), Proyecto Justicia y Vida, Centre on Housing Rights and Evictions (Cohre), Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, y el Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA) . Previamente, se habían desarrollado en todo el país audiencias regionales en las que se recopilaron testimonios de las víctimas en Popayán, Quibdó, Bogotá, Arauca y Cartagena.


El organismo internacional sesionó durante los días mencionados, durante los cuales escuchó y recopiló centenares de testimonios, encontrando que en la gran mayoría de los casos, las victimas han tenido que abandonar sus tierras y sus bienes, por los actos criminales de grupos paramilitares y de agentes estatales pertenecientes al Ejército, la Policía y otras fuerzas de seguridad del Estado, por lo que el Tribunal Internacional de Opinión concluyó que este tiene una alta responsabilidad del desplazamiento forzado, el cual ocupa uno de los primeros lugares en el mundo superado solamente por Sudán e Irak.


Al respecto, el presidente del Tribunal Internacional, el cardenal belga Francois Houtart, dijo que son inocultables los nexos entre agentes del estado, militares y policías, en la creación y complicidad del paramilitarismo, que continua asesinando, torturando, amenazando y desplazando a personas, utilizando para ello nuevas denominaciones como Aguilas Negras, Cacique Nutibara, Nueva generación, Los Rastrojos y otras. Por las evidencias encontradas, el Tribunal Internacional de Opinión sobre el Desplazamiento Forzado, condenó al Estado colombiano, de manera simbólica, por su responsabilidad en acción u omisión de la situación de millones de desplazados. Así mismo, remitirá un extenso documento de conclusiones a la Corte Penal Internacional.


200 mil desplazados anuales

"Es vergonzoso que Colombia tenga más de cuatro millones de desplazados, sin contar los miles que están refugiados en otros países", dijo Houtart al enfatizar que es notorio el proceso de despojo de tierras en zonas indígenas, de negritudes y en sitios donde han prosperado megaproyectos ganaderos, mineros, energéticos, ecoturísticos y agroindustriales. "Muchas zonas de minifundio aptas para la agricultura llevaron a la violencia, desplazaron a las personas y hoy son grandes latifundios ganaderos", dijo a los medios el presidente del Tribunal, en el que intervinieron 13 magistrados de diferentes nacionalidades, quienes lamentaron la ausencia de representantes del gobierno, el cual había sido invitado.

Según datos de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), al 25 de octubre de 2005 habían sido desplazadas con métodos violentos, tres millones 662.842 personas. Desde entonces, como lo confirman datos de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur, al menos 200 mil personas siguen siendo desplazadas cada año, cifra a la hay que agregarle los 500 mil refugiados que han huido a Venezuela y Ecuador, la mayoría víctima de la política de “seguridad democrática”, del actual gobierno.

En el tiempo que Uribe lleva en el poder, apenas ha destinado 1.8 billones de pesos para la asistencia de más de cuatro millones de desplazados y menos del uno por ciento de este presupuesto va para la prevención. Además, la impunidad es aberrante, pues solamente hay 13 sujetos procesados por el desplazamiento de 619 mil personas entre el 2003 y el 2006, periodo en el que también fueron asesinados por lo menos 85 desplazados.


Colombia en la mira de la CPI


Colectivo Alvear Restrepo


Las diferentes visitas informales de carácter académico de los más altos funcionarios de la CPI a Colombia -y sus reuniones con víctimas, autoridades judiciales, el gobierno y organizaciones de derechos humanos- y la visita más reciente del propio Fiscal Luis Moreno Ocampo, responden a las expectativas de las víctimas de crímenes de lesa humanidad frente a la posibilidad de la superación de la impunidad, como reto histórico para exigir los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, derechos que serán imposibles en el marco de normas como las llamadas de Justicia y Paz que se aplican a los paramilitares.

Souhayr Belhassen, presidenta de la FIDH, le dijo a El Tiempo que la Ley de Justicia y Paz es “[...] una mascarada que se sancionó para evitar la acción de la CPI. [...] El informe constata que hay una voluntad de sustraer de responsabilidad penal a los principales autores de crímenes de lesa humanidad. Las víctimas que participan en las audiencias públicas no tienen garantías de seguridad. Los paramilitares siguen delinquiendo desde la cárcel y en lugar de arrepentimiento por sus crímenes, los justifican en sus versiones libres”. 

La CPI va a dinamizar las investigaciones y juicios internos por crímenes de lesa humanidad. Luis Moreno Ocampo dice: “Crímenes contra la humanidad y lesa humanidad no son cuestiones nacionales. Hay una comunidad internacional que puede intervenir. No es una cuestión local y no es un problema ideológico”. De esta manera contesta las críticas del Gobierno a la Corte Suprema y de otra pone de presente que si la justicia no funciona tanto la de Justicia y Paz como la ordinaria será inexorable la intervención de la CPI, y allí no valen los fueros presidenciales, parlamentarios o militares. “Si el estado nacional no garantiza que no habrá impunidad, la comunidad internacional lo va hacer”.

En esta visita se constatan por los altos dignatarios de la Fiscalía de la CPI que en Colombia se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad pese a la vigencia de la competencia de la CPI desde noviembre de 2002, entre ellas más de un millón de desplazados producidos durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, cientos de nuevos desaparecidos, miles de homicidios de civiles y ejecuciones extrajudiciales, y que estos crímenes que se suman a los anteriores se mantienen en la absoluta impunidad, y que se expidieron normas que como las de Justicia y Paz que permiten que de más de 35.000 desmovilizados colectivos e individuales solo estén en prisión 55.

Paras’ desaparecen a niño


El 11 de noviembre pasado, Jaider Stid Suárez Meza, de 15 años, salió de su casa en Barrancabermeja a Puerto Wilches. El 21 de noviembre de 2007, llamó una amiga del joven a la mamá de este, Marlene Meza y le comentó que poco antes de llegar a Puerto Wilches el día 11 de noviembre había un retén paramilitar y que miembros de este grupo armado retuvieron al joven y se lo llevaron sin que hasta ahora se sepa de su paradero.

Paras’ asesinaron a líder campesino

El dirigente campesino Oscar Orlando Galvis Ortiz, recibió varios disparos que le cegaron la vida propinados por un grupo de paramilitares que tiene azotada a la población del Magdalena Medio desde hace varias décadas. El crimen tuvo lugar en la zona conocida como Cerro de Burgos, jurisdicción del municipio de Simití, sur del departamento de Bolívar, según la fragmentada información que pudieron suministrar las comunidades campesinas a este medio. Cuando los campesinos no son ejecutados extrajudicialmente por militares o ‘paras’, entonces son perseguidos y encarcelados de manera arbitraria, como en el caso de los dirigentes agrarios del Magdalena Medio, Andrés Gil, Oscar Duque, Evaristo Mena y Mario Martínez, directivos de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC), detenidos de forma ilegal el pasado 29 de septiembre.




Agenda | Noticias | Jornadas Culturales y Seminarios | Medio Ambiente | Derechos Humanos | Vídeos | Movimiento de Víctimas | Columnistas | Movimientos Sociales | Movimiento Mujeres | Colombia | Brigadas por Colombia | Proyectos | Videoteca | Quienes Somos | Enlaces | Contacto |

2017 Colectivo Maloka - www.colectivomaloka.org | Diseño Original: Elzine Aristide | Programación y Mantenimiento Web: Vinx