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Derechos Humanos: Boletín Día a Día del 23 al 29 de agosto de 2007

Sábado, 1 de Septiembre de 2007

 
Boletín Día a Día del 23 al 29 de agosto de 2007
 

Asociación Nacional de Ayuda Solidaria

ANDAS

Boletín Día a Día del 23 al 29 de agosto de 2007

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Crisis humanitaria en el sur de Nariño

Al menos 1.600 refugiados han pasado la frontera con Ecuador. El vecino país solicitó ayuda internacional ante la avalancha de expatriados colombianos que huyen de las agresiones del Ejército, los paramilitares y la violenta erradicación de coca


“No quisimos esperar a que entraran a erradicar las matas de coca. Nos dio miedo. Las otras veces que ingresó el Ejército hubo maltratos y con niños de por medio no podemos esperar a que algo ocurriera”, le dijo un padre de dos niños que llegó también con su esposa a San Lorenzo, estado de Esmeraldas en el lado ecuatoriano.


Las personas afectadas en su mayoría ancianos, niños y mujeres, tuvieron que abandonarlo todo en los caseríos Mata Plátano, Puerto Rico, Mata Palo, Los Vientos, Mataje Alto y Las Balsas, corregimiento Llorente, municipio de Tumaco (Nariño).


Hasta el fin de semana anterior, unos 1.600 desplazados habían logrado arribar a San Lorenzo, una deprimida población ecuatoriana, en busca de protección para sus vidas, pero se esperaba la llegada de al menos otras 400 personas, que también huían de los atropellos del Ejército colombiano, de las fumigaciones con glifosato y de la violencia contra los labriegos emanada de la Fuerza Pública en la erradicación manual de los cultivos ilícitos.

Quienes llegaron huyendo a San Lorenzo rechazaron la política de erradicación de cultivos ilícitos del presidente Álvaro Uribe, pues, aseguran, atenta contra sus vidas. "El Ejército sabe que la mayoría de cultivos ha sido fumigada" y que las tropas "entraron por la necedad del presidente Álvaro Uribe, quien dice que tiene que acabar con todo, inclusive con los campesinos, porque para él somos objetivo militar como los guerrilleros", le manifestaron los campesinos a los medios que se hicieron presentes allí.

Contaron que desde hace mucho tiempo, han tenido que sembrar coca para poder sobrevivir con sus familias. “Con cualquier otro cultivo nos morimos de hambre y también nuestros hijos”, dijeron. "Es una necesidad a la que nos vemos obligados, pero el gobierno colombiano no entiende eso y nos erradica sin darnos asistencia técnica para cultivar otra cosa", señaló uno de los campesinos asentado en San Lorenzo a los medios.

El Gobierno del vecino país se vio en la necesidad de pedirle ayuda a la comunidad internacional y al propio gobierno colombiano para solventar las demandas de los más de mil campesinos cocaleros que desde el miércoles 22 de agosto llegaron a territorio ecuatoriano con sus familias temiendo las represiones del Ejército, durante las operaciones de erradicación de los cultivos de coca.

Gustavo Samaniego, alcalde de San Lorenzo, le dijo a los medios que “la situación es muy delicada por la falta de recursos y empeorará si la situación se prolonga por más de una semana”. También se quejó de que ninguna autoridad de la Embajada colombiana se haya interesado por la situación de sus compatriotas.

Por su parte Luis Sztorch, jefe de la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados (Acnur) en Nariño y Putumayo, dijo que “lamentablemente por la erradicación, a los campesinos no se les ofrece ninguna alternativa. Los dejan en una disyuntiva y no tienen que comer, por eso se presenta el éxodo”. Adicionalmente afirmó que entre los desplazados hay miembros de la comunidad indígena Awa.

Por la magnitud de la crisis humanitaria desatada se formó una comisión de ayuda en la que participan varias instituciones nacionales y extranjeras, como la Acnur, la Defensoría Regional del Pueblo, la Pastoral Social, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) y representantes de la Zona de Fronteras y de la Secretaría de Gobierno del departamento de Nariño. Mientras tanto el presidente Uribe evadió su responsabilidad culpando, como siempre, a la guerrilla de las Farc.


Paramilitares amenazan a defensores de derechos humanos en el Meta


El pasado 26 de agosto, cuando el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Región del Ariari, Héctor Hugo Torres, abrió el buzón de correo electrónico de la organización, encontró el siguiente mensaje remitido por paramilitares que se hacen llamar “Águilas Negras”. Lo transcribimos sin editar:


“ola  perros  malparidos  sapos  yasabe aquienes  nos estamos refiriendo  a todos  esos  sapos   directivos   delas asociaciones      asociacion agroguejar   asociacion  de desplasados  la nueba esperanza  Asociación Asoprodesguejar Comisión Bajo Ariari todos estos ijueputas directivos de hoy en adelante serán objetibo militar muerte total por estar metidos en lo que no les importa sean convertido en un estorbo para nu estra organización ACC Aguilas Negras”.


Con anterioridad, varios defensores de derechos humanos y campesinos de esta región del país, han sido amenazados por los escuadrones de la muerte al servicio del Estado terrorista, entre ellos, Aidee Quimbayo, vicepresidenta de la junta de acción comunal de la vereda Danubio Uno, del municipio Puerto Rico (Meta) y coordinadora del Comité de Derechos Humanos de la misma vereda.


También han recibido amenazas Edilberto Daza Bejarano, vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos, Jaime Ortega, coordinador de la misma Comisión, y el propio presidente de la ONG, Héctor Hugo Torres, quién logró escapar milagrosamente de un atentado contra su vida perpetrado por estas organizaciones criminales en Villavicencio hace pocos días.


Atentado paramilitar

El pasado 19 de agosto en la inspección de Medellín del Ariari, municipio de El Castillo (Meta) , a las 9:15 de la noche, en un billar de esa inspección, ubicado en la salida de caserío, en la vía que conduce hasta la cabecera municipal del El Castillo, fue abaleado el campesino Isaías López, por paramilitares, quienes se encontraban escondidos en cercanías del coliseo. Los hombres de la estrategia paramilitar ocultaron sus rostros con pañoletas, y saliendo de la oscuridad y le propiciaron ocho impactos de bala. La víctima es miembro de la junta de acción comunal de la vereda La Floresta en el mismo municipio. Isaías López se encuentra en un hospital de Granada – Meta- y se teme por su vida, la de su familia, como también por la de todos los líderes sociales y pobladores de aquella zona del país infestada por las estructuras paramilitares.

Acusado el Ejército de torturar y robar

Las comunidades del corregimiento de Balsitas en el municipio de Dabeiba (Antioquia), han venido denunciando los abusos del Ejército Nacional que van desde el robo de animales, pasando por las intimidaciones y llegando al punto de torturar a los habitantes del corregimiento. Las denuncias las hace la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz en contra del Batallón No. 74 de la Brigada Móvil de Contraguerrilla y el Batallón Voltígeros de la Brigada 17 del Ejército con sede en Carepa, en el mismo departamento. Según los campesinos, uniformados al mando del teniente León Pacheco Ángel, abusan de su autoridad; tratan de manera cruel, amenazan de muerte, controles abusivos de alimentos y medicinas y obligan a los campesinos al desplazamiento forzado con operaciones militares que justifican con la aplicación del programa de Seguridad Democrática, una de las políticas bandera del gobierno del presidente, Álvaro Uribe.


Ejército desaparece campesino


El domingo 19 de agosto anterior, a las cinco de la tarde, el joven Gonzalo Tiboche Largo, de 20 años de edad, identificado con Registro Civil No. W1W 0250312 de Nunchía –Casanare-, fue detenido por el Ejército Nacional, en la Inspección de Morcote y conducido, por los mismos, hacia la vereda Niscota, municipio de Paya, departamento Boyacá. Desde entonces se desconoce su paradero. En horas de la mañana, aproximadamente las 4:00 a.m., del lunes 20 de agosto, se escucharon unas detonaciones en la vereda Niscota, según indican los habitantes de arma de fuego. Se teme por la vida de este joven campesino. El joven es un campesino agricultor, humilde habitante de la vereda Niscota, en límites entre Casanare y Boyacá. Según su familia, el joven salió, como suele hacerlo y muchos lo hacen de día domingo al caserío de Morcote, distante a una hora de la vereda Niscota. Según testigos, allí fue detenido por el Ejercito Nacional, Tropas de la Brigada 16 y visto por muchas personas, por última vez a las 5:00 p.m. con efectivos del Ejército Nacional que luego condujeron hacia la vereda Niscota.


Fumigaciones y militarización en los campos araucanos


Desde el pasado 24 de agosto se viene adelantando una nueva oleada de fumigaciones del Plan Colombia sobre los campos araucanos. Las aspersiones han sido acompañadas desde esta semana con desembarcos de tropa, ametrallamientos indiscriminados y militarización de las veredas de los municipios de Arauquita, Fortúl, Saravena y Tame.


Saravena y Tame


Prensa Rural. En particular, han sido afectadas por los operativos y fumigaciones las comunidades de las veredas Filipinas, Laureles y Pueblo Nuevo, en zona rural del municipio de Tame. La Asociación Campesina de Arauca, organización popular que trabaja por los derechos humanos y el desarrollo autosostenible del campesinado araucano, ha denunciado que “los operativos militares son acompañados de ocupación ilegal de viviendas, escuelas, iglesias, entre otros bienes civiles, al tiempo que se fotografía, filma y empadrona arbitrariamente a la población”, razón por la cual las comunidades temen por su vida e integridad.


Líderes campesinos del departamento, comunican a Prensa Rural que solicitan con urgencia la intervención de organismos humanitarios y entes de control para que se haga seguimiento al accionar de las tropas, con el fin de evitar los habituales abusos sobre la población civil y la vulneración de los derechos humanos de los araucanos. Así mismo, rechazan la ejecución de fumigaciones, las cuales afectan indiscriminadamente cultivos de alimentos, flora y fauna, así como traen repercusiones sobre la salud humana.


Temor en la vereda La Unión, en la parte media del valle del río Cimitarra


Prensa Rural. En la vereda La Unión, jurisdicción del municipio de Yondó (Antioquia) se viene dando la presencia de miembros del Ejército Nacional, quienes vestidos de civil ingresan en horas de la noche a las casas de los poblados y de las fincas de los campesinos, en donde realizan requisas, sin identificarse ni dar explicación alguna.


El último caso reciente se presentó el 24 de agosto pasado, cuando personas extrañas ingresaron en horas de la madrugada a la casa del señor José Brand y de Gustavo Hernández y procedieron a requisar todo. Al no encontrar nada de su interés, se fueron del lugar.


En la región solo se ve la presencia de tropas del Ejército Nacional, que patrullan con mucha frecuencia y llevan consigo a un desmovilizado como guía, conocido como Jairo. Este sujeto fue el causante de la muerte del presidente de la junta acción comunal de la vereda La Unión, Cruz Aldelio Brand, quien fue asesinado por el Ejército Nacional el pasado mes de junio. Este desmovilizado hizo señalamientos falsos e injustos sobre Cruz Aldelio y se prestó para realizar el montaje para presentarlo como caído en combate, siendo el más reciente "falso positivo" en la región.


Estos hechos han causado que los campesinos, llenos de temor, se desplacen de sus parcelas para proteger su vida y la de su familia. La comunidad está preocupada por estos hechos que se están presentando en la región y exige al gobierno nacional seguridad y garantías para permanecer en sus tierras, así como el respeto de sus vidas y pertenecías.


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