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Derechos Humanos: Boletín Día a Día del 26 de julio al 1º de agosto de 2007

Sábado, 4 de Agosto de 2007

 
Boletín Día a Día del 26 de julio al 1º de agosto de 2007
 

Uribe se declaró angustiado por los paramilitares

En contraste el primer mandatario ignora totalmente los derechos de las víctimas


(http://notimundo.blogspot.com). En un consejo comunal realizado el pasado 28 de julio en la localidad sur occidental de Kennedy en Bogotá, el presidente Uribe dijo sin ningún desparpajo ni vergüenza a los asistentes, casi con lágrimas en los ojos, “yo tengo angustia. Yo le confieso al país que tengo preocupación por resolverle el problema a esos 19 mil (paramilitares).


Durante la semana el mandatario se había ido lanza en ristre contra la Corte Suprema de Justicia, porque esta se negó a aplicar los beneficios de la sedición a un paramilitar procesado por concierto para delinquir, lo que le dolió bastante al Presidente y no lo pudo ocultar.


Uribe acusó a los magistrados de la Corte de tener un sesgo a favor de la guerrilla de las Farc y en cambio actuar en contra los paramilitares. Esa actitud del Presidente pone en peligro la fortaleza del Estado y menoscaba la independencia de los poderes.


En tono visiblemente acongojado el primer mandatario agregó :"Si estos 19 mil muchachos quieren la paz, se desmovilizaron y están en el programa de reinserción, ¿por qué les vamos a incumplir? Si nosotros los obligamos a ellos a cumplir, ¿por qué les vamos a incumplir?".


El alma paramilitar de Uribe, no le permite angustiarse de la misma manera por las víctimas de esas hordas de criminales por las que tanto aboga. Ya su gobierno tiene listo un proyecto de ley, que con seguridad, será aprobado expeditamente por su ‘aplanadora ‘uribista’ en el Congreso, con la que les garantizará total impunidad a sus ‘héroes’ de las motosierras.


Mientras tanto, cuatro millones de desplazados, la mayoría niñas, niños y mujeres, a los que los defendidos de Uribe expulsaron de sus regiones quitándoles con métodos violentos sus tierras, deambulan sin ninguna esperanza de que sus derechos sean reconocidos. Por ellos el Presidente no siente angustia, sino rabia.


Tampoco siente la menor angustia el Presidente, de que los cabecillas narcoparamilitaares se nieguen a informar donde se encuentran las fosas comunes donde enterraron a sus víctimas. Fosas cuyo número oscila entre 10 mil y 31 mil. Eso no es motivo que le preocupe al Presidente y mucho menos que lo acongoje.


El pasado martes 24 de julio, un buen número de víctimas asistieron al Congreso para que sus voces fueran escuchadas. Las bancadas uribistas, se ausentaron, no quisieron escucharlas. En cambio, esa misma ‘aplanadora uribista’ fue la misma que abarrotó y vitoreó a Mancuso, ‘Baez’ y a ‘Cuco Vanoy, cuando estos asistieron al Congreso invitados por ellos mismos.


En días pasados el mismo diario El Tiempo informó que el gobierno y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, estaban buscando con totuma 800 millones de pesos para proteger la vida de las víctimas que están siendo amenazadas por los narcoparamilitares por atreverse a denunciarlos y a reclamar la devolución de sus tierras. Mientras tanto -afirmó El Tiempo- en el presupuesto nacional se aforan 200 mil millones de pesos para beneficiar a los victimarios.


Dice con toda razón Reinaldo Spitaletta en su columna:, “Secuestrados, desaparecidos, desplazados, torturados, los despojados de sus parcelas, los exiliados, un arrume casi infinito de víctimas que claman justicia. Sin embargo, aquí las víctimas son invisibles, lo que hace de su condición una humillación más.


Los sobrevivientes de la crueldad tampoco tienen la palabra. No los escuchan. Algunos se manifiestan en parques (como las Madres de La Candelaria, en Medellín), otros van a las audiencias de los asesinos y gritan un rato, pero no tienen acceso a los medios. O sucede también que mientras los congresistas reciben a los victimarios, desprecian a sus víctimas”.


Las víctimas se unen para hacer valer sus derechos

Con éxito se realizó en Bogotá el primer encuentro de víctimas pertenecientes a organizaciones sociales


Mesa directiva de instalación. De izq. a derecha: Pedro Santana, Marleny Oorjuela, Iván Cepeda, Lid Bindigio y Bruno Moro, de la ONU al fondo.

Durante los pasados días 26, 27 y 28 de julio, se realizó con éxito el encuentro de víctimas pertenecientes a organizaciones sociales, en las instalaciones de la Plaza de los Artesanos de la ciudad de Bogotá. 2340 delegados de 300 organizaciones sociales entre los que se encontraban representados sectores como la población desplazada, sindicatos, indígenas, mujeres, partidos políticos, periodistas, campesinos, jóvenes, afro descendientes, LGBT, víctimas de crímenes de Estado, familiares de secuestrados y desaparecidos.


Hemos hecho visibles ante el país los derechos de las víctimas pertenecientes a organizaciones sociales, valoramos los impactos sufridos en los diferentes procesos de victimización padecidos por ellas y logramos acordar una agenda común para la movilización social y política alrededor de la búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación colectiva y la no repetición”, dijeron en su comunicado final las organizaciones.


Otro de los objetivos del evento fue manifestar el respaldo y la solidaridad de las organizaciones participantes a la Corte Constitucional, por su fallo del 18 de mayo del 2006, como también a la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por la sentencia de segunda instancia que rechazó la pretensión del gobierno de invadir el fuero y la independencia de la rama jurisdiccional. “Las organizaciones y personas participantes en este encuentro respaldamos a estos dos organismos que de forma oportuna sacaron la cara por las victimas y se colocaron en la ruta de construcción de la verdad la justicia y la reparación con no repetición”, manifestó Pedro Santana, uno de los organizadores del encuentro.


Vista parcial de los asistentes al Encuentro.

En el evento se escuchó el clamor de pueblos indígenas, comunidades afro descendientes, sindicatos, organizaciones, movimientos estudiantiles, sobrevivientes del genocidio contra la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano y otros movimientos de oposición, de masacres como las ocurridas en El Salado, San Onofre, Curvaradó, Mapiripan, San José de Apartadó, Antioquia, Magdalena Medio, Catatumbo y el Putumayo entre otras.


Investigaciones realizadas por organizaciones defensoras de los derechos humanos, demuestran que entre 1965 y 2006, más de cuatro millones de personas fueron desplazadas internamente o buscaron refugio político en otros países, se cometieron mas de 65 mil ejecuciones extrajudiciales, de las cuales mas de 5 mil corresponden al genocidio de la UP y el PCC y 2.515 sindicalistas; 10 mil personas han sido detenidas y desaparecidas y hoy sus cuerpos se encuentran sepultadas en fosas comunes. Más de seis millones de hectáreas de tierras fueron arrebatadas violentamente a comunidades campesinas y hoy se encuentran en manos de narcoparamilitares.


Blanca Nieves Meneses tuvo que caminar muchas horas para llegar a La Dorada (Putumayo), desde donde viajó hasta Bogotá con la esperanza de que alguien le de razón sobre la suerte de sus cuatro hijas desaparecidas por paramilitares. Los documentos de identidad de sus niñas la acompañan siempre a donde quiera que va pues no ha perdido la fe de encontrarlas. “Que el Presidente se presente acá y nos ayude a recuperar los cadáveres”, le dijo a VOZ mientras dos lagrimones empezaban a rodar por sus mejillas curtidas por el sol.


Estamos convencidos de que la victimización de millones de colombianos no puede explicarse solamente por la existencia del conflicto armado interno. Otras dinámicas de orden social, económico, como los megaproyectos, y político, también han victimizado a grandes grupos sociales. Conflictos por la tierra, intereses políticos regionales, laborales, violencia sexual, entre otros, son tratados por el Estado de manera violenta y arbitraria”, dice el documento final en uno de sus apartes.


David Rojas fue desplazado de Barrancabermeja por los paramilitares, comandados por el cabecilla “Julián Bolívar” en el año 2001. Huyó a Bucaramanga (Santander), pero allí también lo fueron a buscar los criminales y logró esconderse en Bogotá. Los ‘paras’ le quitaron su casa y dejaron a su esposa y a sus seis hijos en la calle. Cuando Rojas se acercó a Barranca a auxiliar a su familia, los asesinos lo estaban acechando y le pegaron tres tiros. Uno de los cuales perforó su médula espinal y lo dejo parapléjico. “No tengo vivienda, ni esposa, ni hijos. Todo lo perdí, todo me lo arrebataron las Auc”, le contó a VOZ y agregó que, “Tengo la esperanza de que el Estado pague por sus crímenes, porque el paramilitarismo es una política del Estado”.


Se conoció también, que se realizará un gran acto masivo de solidaridad con las victimas y de rechazo al paramilitarismo que el Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado ha convocado para una fecha aún no determinada, pero que se desarrollara en los próximos días en toda Colombia. Este acto masivo, buscará que las victimas de todo el país, de la ciudad, el campo, de las comunidades indígenas, se pronuncien frente a la política de impunidad y de invisivilización que se promueve desde el gobierno nacional y extiendan su brazo de apoyo a las demás victimas de Colombia.





El lugar más peligroso del mundo para sindicalistas

La organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI) dijo este martes que Colombia es uno de los lugares más peligrosos del mundo para los sindicalistas. En un informe especial, AI reveló que entre 1991 y 2006 2.245 de ellos fueron asesinados, 138 desaparecieron forzadamente y 3.400 más fueron amenazados. AI responsabiliza de esa situación a organizaciones paramilitares de derecha, al ejército y al gobierno de Colombia, a la guerrilla de izquierda y a la falta "crónica de investigaciones y procesamientos" de los responsables. Al presentar el informe en Londres, Susan Lee, directora del programa regional para América de AI, dijo que "al no proteger debidamente a los sindicalistas, las autoridades colombianas están transmitiendo el mensaje de que pueden seguir cometiéndose abusos contra ellos".

Nuevas amenazas contra ONG


La Corporación Jurídica Yira Castro, organización defensora de los derechos humanos, recibió por segunda vez en una semana amenazas de los paramilitares autodenominados “Águilas Negras”. En ambas ocasiones apuntan contra el activista Rigoberto Jiménez y otros miembros de la organización. En el segundo comunicado las autodenominadas “Águilas Negras de Bosa”, hacen alusión directa a la Corporación Jurídica Yira Castro a la cual señalan como “protectora de Guerrilleros”, amparadas en una Organización de derechos Humanos para hacer terrorismo. Este hecho se suma a los ya conocidos ataques en contra de los miembros de la Corporación Jurídica Yira Castro, y a la sede de la Corporación, la cual fue víctima de un allanamiento ilegal el día 22 de junio de la presente anualidad, en el que fueron sustraídos 5 cpu de computador, un portátil, una cámara de video, cds, diskettes y documentos relacionados con procesos judiciales adelantados por la Corporación a favor de víctimas del desplazamiento forzado en varias regiones del país.


Ejército asesinó a campesino y ‘paras’ atentaron contra defensor de derechos humanos en el Meta


Como a las 11 de la mañana del pasado 27 de julio, José Genaro Pachón salió de su casa ubicada en la vereda Buena Vista, jurisdicción del municipio de Puerto Rico (Meta), con el fin de arreglar un cercado de alambre que miembros del Ejército habían destrozado dejando un boquete por donde se escapaban las reses.


Familiares del campesino dicen que aproximadamente a las dos y media de la tarde, escucharon unos disparos y que dos horas después aterrizó y despegó de manera rápida un helicóptero militar, en el sitio donde el campesino estaba arreglando su cerca como a 150 metros de su vivienda.


En vista de la demora inexplicable de Pachón, su familia salió a buscarlo por los alrededores encontrándose con tropas del Batallón 32 Libertadores de la Uribe. Los militares les respondieron que no habían viso a ningún civil por la zona pero que por los alrededores se encontraban mas unidades castrenses.


Tres miembros de la comunidad partieron hasta Barranco Colorado y desde allí se comunicaron con el coronel Murcia Cano, quién les reportó que ese mismo día en enfrentamientos sus hombres habían dado de baja a un guerrillero, cuyo cuerpo estaba en la morgue de Granada (Meta).


La familia del campesino asesinado recogió su cadáver en la morgue de Granada y le dio cristiana sepultura en medio de inmenso dolor y consternación. La comunidad de Puerto Rico realizará una marcha de protesta el sábado 4 de agosto en la cabecera municipal en rechazo a las constantes violaciones a los derechos humanos y del derecho humanitario de la Fuerza Pública contra la población civil de la región.


Atentado paramilitar contra defensor de derechos humanos


El 31 de julio anterior, paramilitares de civil que se identificaron como “Águilas Negras”, asaltaron en Villavicencio el lugar donde cotidianamente se hospeda Héctor Torres, defensor de los derechos humanos cuando viaja a esa ciudad.


Minutos antes de que Torres llegara a hospedarse, varios sujetos que se movilizaban en el taxi de placas UTV 430 de Villavicencio, habían irrumpido en la vivienda amenazando con armas de fuego a las personas que allí se encontraban obligándolas a tirarse en el piso.


Donde está ese hijueputa (sic) de Héctor Torres”, gritaban los sicarios mientras lo buscaban por todas partes hasta en los armarios y debajo de las camas. Uno de los miembros de la familia del hostal que había logrado escapar por una ventana logró dar aviso a la Policía quién llegó al sitio evitando una tragedia mayor. Todos los ‘paras’ lograron huir excepto el conductor del taxi quién quedó detenido junto con el vehículo a órdenes de la Policía de Villavicencio


Héctor Torres denunció también que funcionarios del área de derechos humanos del Ministerio del Interior entre ellos Flor Romero, quién lleva el caso, se comportan de una manera displicente y agresiva cuando se les pide que actúen a favor de las personas que están en alto riesgo. “Antes a usted se le han concedido muchas cosas”, le ha dicho Romero al defensor de derechos humanos cuando este le ha pedido mejoramiento de su sistema de seguridad.

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