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Derechos Humanos: Boletín Día a Día del 27 de marzo al 2 de abril de 2008

Miércoles, 9 de Abril de 2008

 
Boletín Día a Día  del 27 de marzo al 2 de abril de 2008

Asociación Nacional de Ayuda Solidaria

ANDAS

Boletín Día a Día  del 27 de marzo al 2 de abril de 2008

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ONG de víctimas pide que se suspenda extradición de jefe paramilitar colombiano a EEUU

 

(Telesur). El movimiento que reúne a las víctimas de los paramilitares en Colombia pidió este lunes, por la vía judicial, que se suspenda la extradición a Estados Unidos de Carlos Mario Jiménez, jefe ultraderechista al que se le atribuyen unos 10 mil crímenes.

[Paramilitares+Víctimas.+Un+feretro+y+dos+mujeres+adoloridas.jpe] A la organización criminal dirigida por “Macao” se le atribuyen por lo menos 10.000 personas asesinadas. Foto Semana.

 

La solicitud fue presentada ante el Consejo de la Judicatura en Bogotá por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), que recurrió al recurso constitucional de tutela para impedir que Jiménez sea enviado a Washington.

La extradición de "Macaco", alias de Jiménez, fue autorizada el pasado viernes por el presidente colombiano, Álvaro Uribe, dos días después de que
la Corte Suprema de Justicia (CSJ) considerara como legal la petición sobre él, formalizada por Washington el pasado octubre.

Jiménez afronta en Cortes de Washington y Florida procesos por narcotráfico, lavado de activos y financiación al terrorismo.

El portavoz del Movice, Iván Cepeda, explicó en una reunión con la prensa que el recurso está dirigido contra Uribe, el ministro del Interior y de Justicia, Carlos Holguín, y el presidente de
la CSJ, Francisco Javier Ricaurte, actores en la gestión de la solicitud sobre "Macaco".

Jiménez es una de las "principales y poderosas figuras" de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), fue jefe del Bloque Central Bolívar (BCB), estructura principal de esa organización, y tuvo bajo mando suyo unos 7 mil hombres, que actuaron en diez departamentos del país, destacó Cepeda.

Además, "tiene un imperio económico y una riqueza significativa que se ha erigido a través del narcotráfico, pero también de la usurpación de inmensas extensiones de tierra a miles de personas en esos diez departamentos", continuó el portavoz.

Cepeda afirmó que esta extradición tendrá como consecuencia que no haya sentencias judiciales contra Jiménez en Colombia, que su fortuna quede en la impunidad y que "secretos muy comprometedores que tienen que ver con la identidad de figuras políticas, empresariales y, además de eso, con jefes militares, queden también en el silencio".

En el recurso, la organización no gubernamental (ONG) defiende que los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación son preferentes y que sobre ellos
la Corte Constitucional tiene argumentos suficientes en relación con la jerarquía de estos mismos principios.

 

 

El Gobierno está entregando tierras de indígenas a particulares

A las más de seis millones de hectáreas de tierra arrebatadas a campesinos por intermedio de la estrategia paramilitar, hay que sumarle ahora la usurpación de los resguardos indígenas

Por Camilo Raigozo. Voz

  

El consejero territorial de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Onic, Javier Alexander Sánchez, denunció ante la opinión pública nacional e internacional, que tierras de resguardos indígenas, están siendo entregadas a empresas multinacionales, según lo registra la Red de Derechos Humanos en su boletín semanal .conocido por VOZ.

 

 A la cifra de más de cuatro millones de desplazados, ahora hay que sumarle el desplazamiento indígena de sus resguardos.

 

Según el líder indígena, la usurpación de tierras pertenecientes a resguardos indígenas por parte del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder se viene presentando en los departamentos de Tolima, Meta, Vichada, Putumayo, Cauca y Atlántico, entre otros. 

 

Señaló además a la Red que la problemática se generó a partir del extravío de al menos 200 procesos de prescripción, saneamiento y constitución de resguardos indígenas, en el momento en que el antiguo Instituto de Reforma Agraria, Incora, pasó a ser Incoder, Con la pérdida de dichos procesos, quedó como si las comunidades indígenas nunca hubieran solicitado la constitución de sus asentamientos como resguardos.

 

Igualmente las poblaciones indígenas se quejan de que desde hace más de una década el Incoder tiene al menos 420 procesos de titulación represados, lo que las hace temer que en la próxima desaparición del Incoder prevista por el gobierno  para junio de este año, vuelvan a “extraviarse” los procesos dejándolos inermes frente a la voracidad de las multinacionales, de los terratenientes y de los paramilitares, quienes están al acecho de los territorios indígenas para sus mega proyectos minero agro industriales, ya que para esto cuentan con la complicidad del gobierno de Uribe, como en el caso de la finca Carimagua, para citar un ejemplo.

 

“Para esquivar las consultas a las comunidades indígenas, el Incoder  se inventa linderos que no existen y de esta manera adjudica territorios pertenecientes a resguardos indígenas a particulares”, dice Javier Alexander Sánchez., quién agrega que, "estas tierras están siendo asignadas a empresas multinacionales para la producción o implementación de monocultivos como caucho, palma aceitera o ganadería extensiva”.

 

Sánchez dijo que el pasado 20 de febrero en jurisdicción de Puerto Carreño, Vichada, llegaron al menos 20 sujetos bien armados que se transportaban en tres camionetas buscando a las autoridades indígenas de la comunidad Merey.

 

Les dijeron a los indígenas que venían en representación de la empresa Ercaucho y que tenían que abandonar los terrenos lo antes posible “a las buenas o a las malas” ya que ellos poseían los títulos de los terrenos. Así quedó consagrado en la denuncia que instauraron las comunidades amenazadas ante las autoridades de Puerto Carreño.

 

Un artículo publicado a finales de febrero por el semanario Llano 7 Días dice que  el Incoder entregó cinco mil hectáreas que hacen parte del resguardo indígena Awalibá, en Puerto Gaitán (Meta).

 

De un plumazo en noviembre de 2004 el Incoder pasó a manos de tres particulares las cinco mil hectáreas que conforman la finca La Campana, habitada desde hace más de 70 años por indígenas de la etnia Sikuani, que hacen parte del resguardo Awalibá, en Puerto Gaitán (Meta).

Adicional a esta problemática legal, los indígenas sienten amenazado su territorio por el incendio que el pasado 27 de febrero consumió por completo las viviendas y literalmente todos los enseres de las 10 familias asentadas en este territorio ancestral.

 

Organizaciones regionales e internacionales estuvieron de acuerdo en que es necesario calificar el incendio de las casas de los indígenas Sikaune, como un hecho gravísimo, dice entre otras cosas la nota del semanario.

 

Continúan amenazas a organizadores del 6 de marzo

El Movimiento Nacional de Víctimas denunció públicamente los hostigamientos que se vienen presentando contra su líder en Sincelejo, Ingrid Vergara y demandó la inmediata atención de todas las autoridades competentes, para que las medidas cautelares que le fueron concedidas en 2007 en vista del acoso permanente de que ha sido objeto, efectivamente logren brindarle la debida protección y garantizarle su integridad.

Íngrid Vergara, como líder del Movice, Capitulo Sucre, fue la responsable de coordinar las marchas del pasado 6 de marzo en ese departamento, y al igual que otras personas y organizaciones que apoyaron dicha convocatoria está siendo instigada.

Los hechos más recientes en su contra se registraron el pasado miércoles 2 de abril a las 8:45 a.m., cuando la niña Cendi Paola Rorres Vergara, de 12 años, hija de Ingrid Vegara fue abordada en el patio del colegio Escuela Normal Superior de Sincelejo, por tres hombres y una mujer, quienes se movilizaban en una camioneta Toyota de color blanco con vidrios polarizados. El conductor del vehículo le expresó: “te vamos a matar por lo que tu madre está haciendo”.

Presuntos ‘paras asesinan a campesino

(Prensa Rural). El sábado 29 de marzo a las cuatro de la mañana, en la vereda Cañabraval Bajo, del municipio de San Pablo (sur de Bolívar), hombres encapuchados que se desplazaban en una motocicleta asesinaron en su casa a William Barreto, un reconocido agricultor de la región.

El  asesinato se presentó en medio de la presencia de paramilitares que se autodenominan "Águilas Negras", situación ya denunciada en repetidas ocasiones por los habitantes de la zona y la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC).

Así mismo, los campesinos del sur de Bolívar han denunciado la presencia de hombres encapuchados en la carretera que conduce de la vereda La Unión al casco urbano del municipio de San Pablo, quienes desde hace varios días se encuentran allí sin que las Fuerzas Militares presentes en la zona realicen nada al respecto.

La población exigió que las autoridades competentes tomen las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de los campesinos de la región del sur de Bolívar y contengan la serie de asesinatos que estos grupos paramilitares vienen adelantando.

Hallan fosas comunes en Magdalena

El DAS  informó a principios de la semana pasada que fueron encontrados los restos mortales de nueve personas en el sector Sitio Nuevo, departamento de Magdalena que fueron víctimas de paramilitares comandados por "Jorge 40" y “John Setenta”. 

Entre las víctimas encontradas figuran dos ex policías, dos vendedores y un concejal de la zona, desaparecidos por la Auc, responsables de la desaparición y asesinato de entre 10 mil y 30 mil civiles en las dos últimas décadas, así como el desplazamiento forzado de más de cuatro millones de personas.

‘Paras’ amenazan a la comunidad de la Universidad del Tolima

(Estudiantes). A raíz de la participación de todos los sectores de la Universidad del Tolima en la manifestación ciudadana del día 6 de marzo en contra del terrorismo de Estado, en su accionar legal e ilegal, se han acrecentado las amenazas a estudiantes, organizaciones estudiantiles y funcionarios de nuestra institución.

El jueves 21 de marzo vía correo electrónico las "águilas negras bloque centro" hicieron llegar su ultimátum a diferentes miembros de la universidad, donde amenazan las organizaciones sociales, niegan el derecho legítimo y legal a la protesta, insultan con todo tipo de palabras soeces y declaran "objetivo Militar" a todas las expresiones vivas del alma mater.

Otro sindicalista asesinado

(Sintracarbon). El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Industria del Carbón Sintracarbon denunció ante la opinión pública nacional e internacional, el asesinato del dirigente gremial Adolfo González Montes, el cual se realizó de forma atroz con sevicia y tortura sobre su humanidad el pasado 22 de marzo del presente año. Fue el sindicalista número 13 asesinado este año.

Actualmente, algunos directivos  de la organización sindical vienen siendo amenazados por vía telefónica, o bajo la  presencia de personas extrañas merodeando por los alrededores de sus residencias. Se tiene conocimiento de la existencia de listas de sindicalistas como “objetivos militares” de paramilitares.

“Solicitamos  a la empresa Cerrejón propiedad  de las multinacionales BHP Billiton, Anglo Americam y Xstrata,  la verdadera aplicación y respeto de los derechos humanos. Estos se realizan aplicando y respetando cada una de éstas normas en la práctica, y en el momento justo que los trabajores y dirigentes sindicales lo requieren”, dice el comunicado emitido por el sindicato.

Amenazado líder de negritudes del Naya

(Justicia y Paz). El pasado 19 de marzo fueron amenazados de muerte el reconocido líder y representante legal del Consejo comunitario de las Comunidades Negras del río Naya, Isabelino Valencia Rodallega y a los defensores de derechos humanos de la Comisión de Justicia y Paz, Frank Cayapúr Delgado, Edgard Mina Cuero y Yimi Armando Jansasoy Muñoz, quienes hacen parte del equipo de acompañamiento a los afrodescendientes del Consejo Comunitario del Naya.

Las amenazas llegaron a través de dos escritos dejados en el lugar de habitación del equipo permanente de
la Comisión de Justicia y Paz, en el caserío de San Francisco Naya. Las amenazas escritas son firmadas por el grupo de control “para-el Naya  Águilas Negras”, en la primera  indican que si abandonan la zona inmediatamente no les ocurrirá nada y en la segunda reiteran la amenaza advirtiendo que no responden si no salen pronto.

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