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Derechos Humanos: Boletín Día a Día del 27 de septiembre al 3 de octubre de 2007

Jueves, 11 de Octubre de 2007

 
Boletín Día a Día del 27 de septiembre al 3 de octubre de 2007
 

Detenidos tres directivos y allanada la oficina regional de la ACVC
Por Comisión Interclesial Justicia y Paz

El sábado 29 de septiembre, en operaciones simultáneas con participación de Agentes del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS y miembros de las Fuerzas Militares, en jurisdicción de los municipios de Cantagallo y Barrancabermeja fueron detenidos 4 campesinos que forman parte de la Asociación Campesina del Valle Cimitarra.

Tres de ellos, Andrés Gil, Evaristo Mena y Oscar Duque, son miembros de la junta Directiva de la Asociación Campesina del Valle Cimitarra y participaban en una reunión en el caserío de El Canqui, en Cantagallo.

Mario Martínez, también integrante de las comunidades fue detenido en el municipio de Barrancabermeja. Tres de los detenidos fueron trasladados a la sede del Batallón Nueva Granada de Barrancabermeja, celebre por la comisión de torturas, y el desplazamiento forzado de campesinos del magdalena medio. Por su parte Mario fue trasladado a la instalaciones de DAS.

La actuación contra la ACVC parece ser parte del desarrollo de una estrategia integral de represión en que las acciones judiciales o judicializaciones cumplen un papel de control sobre la organización, deslegitimación y desarticulación. No es la primera vez que se desarrollan este tipo de actuaciones a través del aparato de investigación y justicia del Estado.

Actuaciones abusivas, ilegales, arbitrarias que carecen de debido proceso, sana crítica y que se han fundamentado en un libreto en que falsos testigos y acusadores, aprendices de los manuales contrainsurgentes, repiten para destruir las propuestas comunitarias.

La ACVC durante el período de gobierno de Uribe ha sido blanco de la política de seguridad y Estado comunitario negando entre otras la Constitución de la Zonas de Reserva Campesina, forma de organización y de propiedad comunal de las comunidades campesinas, que posibilita la protección ambiental, la siembras productivas y la implementación de un modelo de desarrollo distinto al de los monocultivos y agronegocios.

Adjuntamos la Acción Urgente de la ACVC en la que exigen al Estado colombiano abstenerse de producir daños irreparables a la vida e integridad de lo integrantes de la Asociación con el traslado de sus integrantes de las instancias castrenses a las civiles, y el debido proceso de modo que nuevamente recobren la libertad sus asociados:

Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra / Sábado 29 de septiembre de 2007

En la vereda El Cagüí, en la ciénaga de San Lorenzo, zona rural del municipio de Cantagallo (sur de Bolívar) fueron detenidos por agentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) Andrés Gil, Evaristo Mena y Óscar Duque, miembros de la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC), quienes se encontraban en una reunión con la comunidad. Ante la oposición de los campesinos, los agentes realizaron disparos al aire.


Andrés y Óscar son fundadores de la ACVC y actualmente hacen parte de la junta directiva de la asociación. Ya el 5 de octubre de 2006, Óscar había sido detenido arbitrariamente por el ejército , siendo liberado en días posteriores.


Así mismo, en la ciudad de Barrancabermeja, las autoridades allanaron la oficina regional de la ACVC, ubicada en el edificio La Tora. Al lugar arribaron a las cuatro de la tarde cerca de 50 soldados junto a agentes del DAS. Allí detuvieron arbitrariamente a cinco personas que se encontraban en el apartamento que sirve de residencia a integrantes de la ACVC y campesinos del valle del río Cimitarra. También en Barrancabermeja fue detenido en su residencia Mario Martínez, directivo de la ACVC.

Andrés Gil, Evaristo Mena y Óscar Duque se encuentran detenidos en las instalaciones del Batallón Nueva Granada en Barrancabermeja, mientras que Mario Martínez fue llevado a la sede del DAS. Exigimos que se respete la integridad y el derecho al debido proceso de los integrantes de la ACVC, quienes deben ser trasladados de las instalaciones militares donde se encuentran para presentarlos ante las autoridades civiles competentes.

Repudiamos esta nueva ofensiva de las autoridades estatales contra la ACVC, organización legítima y legalmente constituida, y que fue interlocutora del Gobierno Nacional el pasado mes de julio, cuando se firmaron unos acuerdos para superar la crisis humanitaria regional.

Llamamos a la solidaridad nacional e internacional para que interceda ante el Gobierno Nacional para que éste respete la organización social y comunitaria del campesinado del Magdalena Medio y la vida e integridad de los miembros de la ACVC.
Favor dirigir sus comunicaciones a:


Batallón Nueva Granada
Teniente Coronel Jorge Horacio Romero Pinzón
Mayor Perdomo
Teléfonos: 097 6223238 ó 097 6223205
Presidencia de la República
Dr. Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República
Cra 8 # 7-26, Palacio de Nariño, Bogotá D.C.
E-mail:
auribe@presidencia.gov.co
Fax: 57 1 566 2071
Vicepresidencia de la República
Dr. Francisco Santos, Vicepresidente de la República
Cra 8ª # 5-57, Bogotá D.C.
E-mail:
fsantos@presidencia.gov.co; buzon1@presidencia.gov.co
Programa presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario.
Dr. Carlos Franco, Director
Cll 7 # 5-54, Bogotá D.C.
Teléfono: 565 97 97 ext. 744
E. mail:
cefaro@presidencia.gov.co
Fiscalía General de la Nación
Dr. Mario Hernán Iguarán Arana. Fiscal General de la Nación
Diagonal 22B # 52-01, Bogotá D.C.
E-mail:
contacto@fiscalia.gov.co; denuncie@fiscalia.gov.co
Defensoría Nacional del Pueblo
Dr. Volmar Pérez Ortiz. Defensor Nacional del Pueblo
Teléfono: 314 73 00
E.mail:
defensoria@defensoria.org.co
Procuraduría General de la Nación
Dr. Edgardo José Maya Villazón. Procurador General de la Nación
Teléfono: 336 00 11
E.mail:
reygon@procuraduria.gov.co; cap@procuraduria.gov.co; quejas@procuraduria.gov.co
Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia.
Teléfonos 658 33 00
oacnudh@hchr.org.co
Programa de Derechos Humanos de la Policía Nacional
Coronel Efraín Oswaldo Aragón. Director
Teléfono: 315 94 38
E.mail:
efrainaragon@gmail.com
Oficina de Derechos Humanos del Ejército Nacional
Coronel Enrique Garay Saleg. Director
Teléfono: 266 03 16
E.mail:
alie@ejercito.gov.co



Audiencia Pública en Saravena (Arauca)

Quiero presentar una denuncia...”

Para garantizar la impunidad los criminales son trasladados y en la mayoría de los casos premiados con ascensos dentro de sus instituciones


Por Camilo Raigozo. VOZ. Enviado especial


Quiero presentar una denuncia”, dijo con voz entrecortada y sollozante Ubaldino Montañez, un hombre de unos 78 años, subido en la tarima que se había dispuesto para ello, ante 3.500 personas que lo escuchaban con atención en el coliseo Simón Bolívar del municipio de Saravena, Arauca, el pasado 27 de septiembre, en la Audiencia Pública que se realizó sobre el estado de los derechos humanos en ese departamento.


Sus manos recias y callosas, su tez morena, marcada por las huellas que va dejando el tiempo por la combinación de polvo, sufrimiento y sol, lo delataban con facilidad como uno de los miles de campesinos de nuestra geografía nacional que han padecido la brutalidad y la violencia ejercida desde los altos poderes del Estado.


A mi hijo me lo asesinó la Policía o el Ejército el pasado 20 de julio, cuando lo detuvieron en el parque El Prado del barrio Pablo Antonio, del municipio de Saravena. Los asesinos lo trasladaron hasta la vereda La Gaitana, municipio de Cubará (Boyacá). Después lo apartaron de la carretera y lo internaron arriba en la montaña donde lo mataron pasándolo por guerrillero”, dijo en su denuncia pública el adolorido padre.


John Freddy Montañez Villamizar, apenas tenía 18 años cuando su vida fue segada por el Ejército Nacional, quién abandonó su cuerpo en la morgue de Cubará, donde lo encontraron sus familiares días después, reportado como “guerrillero dado de baja en combate”. John Freddy, se había ganado el cariño y la admiración de su comunidad por el amor al trabajo y al deporte a pesar de su corta edad. Laboraba en construcción y en su tiempo libre organizaba eventos deportivos en su barriada.


Como la de Ubaldino Montañez, fueron recogidas en la Audiencia Pública al menos 190 denuncias, de las miles que señalan al Ejército, la Policía, el DAS, la Fiscalía y los paramilitares como los principales agentes perpetradores de masacres, asesinatos selectivos, torturas, amenazas, desplazamiento forzado, detenciones arbitrarias, montajes judiciales, desaparición forzada y bloqueo económico, entre otras violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional humanitario, sin mencionar la miseria a la que han sido avocadas centenares de familias por las fumigaciones con glifosato ordenadas por el Gobierno.


Se conoció que entre el 2004 y el 2005, solo en el municipio de Tame, en el mismo departamento, fueron asesinadas por la Fuerza Pública y paramilitares más de 1.000 personas y otro número similar se encuentran desaparecidas. Estas estadísticas muestran el drama humanitario que padece la población de Arauca con la implementación de la política de seguridad democrática del actual gobierno.


La Audiencia Pública sobre Derechos Humanos, fue coordinada por las diferentes organizaciones sociales de Arauca, las asociaciones regionales de víctimas, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, que preside el senador del Polo Democrático Alternativo Alexander López, quién dirigió el evento acompañado de varios congresistas entre ellos la senadora Gloria Inés Ramírez.


Asistieron a la Audiencia las comunidades campesinas e indígenas del municipio de Saravena, Arauquita, Fortul y otras regiones del departamento. Se contó con veeduría internacional compuesta por el embajador de Argentina, un delegado de la embajada de Suiza, Naciones Unidas, la Acnur, la OEA y representantes de prestigiosas ONG internacionales defensoras de los derechos humanos, mientras que brillaron por su ausencia los grandes medios de comunicación afines al régimen uribista.


El fluido eléctrico fue suspendido en todo el departamento, precisamente en la fecha de la realización de la Audiencia Pública, por “mantenimiento”en la subestación Caño Limón, según dijeron a los medios alternativos que cubrieron el certamen, el gobernador Julio Enrique Acosta y el director de la Empresa de Energía de Arauca, Asdrúbal Armando Carreño Tovar.


Anthoc sometida a exterminio y liquidación

Por Camilo Raigoso. VOZ


La Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios de Colombia (Anthoc), que representa a trabajadores de más de 700 instituciones hospitalarias en 482 municipios de 26 departamentos, viene siendo víctima de una campaña de genocidio y liquidación, según le comentó a VOZ su vicepresidente nacional, Gilberto Luis Martínez Guerra, quién es también coordinador de Derechos Humanos del sindicato.


Más de 688 casos de amenazas a personas afiliadas a Anthoc se han realizado entre 1996 y 2007, proferidas por miembros de la Fuerza Pública y paramilitares, lo que ha llevado al desplazamiento forzado a 253 trabajadores y sus familias. De ellos, 22 tuvieron que salir del país. Han sido asesinadas 32 trabajadoras y 85 trabajadores, siendo Arauca, Caquetá, Meta, Antioquia y N. de Santander, los departamentos con mayor índice de criminalidad contra los sindicalistas. La mitad de estos crímenes ha ocurrido bajo el régimen de Uribe Vélez, con una impunidad del 98.9 por ciento.


Otro flagelo que soportan los trabajadores es la modalidad de montajes judiciales, en los que participan además de agentes del Estado, la red de cooperantes, informantes y supuestos reinsertados. 39 de las 53 detenciones han sido realizadas en el actual gobierno. A esto se suma una nueva modalidad de acciones criminales contra Anthoc: el asesinato y persecución a sus familiares. De esta forma, el Gobierno puede mostrar a la comunidad internacional su “buen” desempeño en la lucha contra crímenes de sindicalistas, pues estos, las estadísticas no los suman como tal.


Según Martínez Guerra, se reportaron 22 atentados contra el personal de la misión medica, entre otros, el cometido en el hospital Maria Inmaculada de Florencia, Caquetá, donde la organización sindical daría a conocer una propuesta alternativa de reorganización de la salud. El atentado dejó un muerto y 39 heridos. Por otro lado han sido desaparecidas nueve personas y 24 más han sido secuestradas. En seis ocasiones han ocurrido impedimentos, donde los heridos han sido rematados dentro de las ambulancias, algunas de estas incineradas por prestar salud en medio de combates.


Hospitales han sido tomados a la fuerza para realizar reuniones e intimidar a los trabajadores, como el caso del Hospital de Saravena, Arauca, utilizado por el Batallón Reveiz Pizarro, el mismo que asesino a tres sindicalistas entre ellos Jorge Prieto Chamucero, presidente de Anthoc, Arauca. En el actual gobierno, seis trabajadores han sufrido allanamientos arbitrarios a sus residencias y 39 padecieron detenciones arbitrarias.

Ejército asesinó a campesino


Las comunidades campesinas del sur del Tolima denunciaron que el 23 de agosto de 2007, a las seis de la mañana, llegó un grupo de militares a la casa del campesino Rubén Darío Luna Triana, de 48 años, padre de seis hijos y habitante de la finca Las Delicias, ubicada en la vereda San Pablo, municipio de Chaparral (Tolima). Los soldados hicieron salir al patio a Rubén y en presencia de su esposa y sus hijos, lo torturaron y con una puñaleta le abrieron el pecho y el estómago. Después fue rematado con un tiro de pistola en la cabeza y reportado como “guerrillero dado de baja en combate”.Las tropas iban acompañadas por Nilson Medina Cometa, alias ’Maseta’, persona reconocida en la región por sus conductas delincuenciales, razón por la cual había recibido el rechazo de la comunidad. Según la denuncia, este delincuente oficia ahora como informante del Batallón José Domingo Caicedo.


Cruz Roja Internacional informa de nuevo desplazamiento por combates en Nariño 

Pasto, octubre 1 (Caracol). El Comité Internacional de la Cruz Roja advirtió que durante las últimas semanas, 626 habitantes de los municipios de Tumaco y Cumbitara, se han visto obligados a huir de sus casas para preservar sus vidas.

El organismo humanitario internacional manifestó en un comunicado que la situación de los desarraigados es crítica, y dijo que los pobladores pidieron al ejército y a las Farc que los dejen vivir tranquilos.

En los últimos días, la Cruz Roja Internacional ha entregado más de 10 toneladas y media de alimentos para atender las necesidades de los desarraigados.


Paramilitares amenazan a defensor de derechos humanos

La víctima había tenido que huir del país luego de ser desplazada de Barranquilla

Por Camilo Raigozo


El defensor de los derechos humanos José Manuel Gómez, recibió el pasado 11 de septiembre, vía correo electrónico, otra amenaza de muerte, de parte de un grupo paramilitar respaldado por el Ejército. Gómez es un activista en la defensa de los derechos humanos quién trabaja con el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH).



El mensaje de los ‘paras’ dice textualmente: “Los terroristas como usted merecen es la muerte. No crea que escudándose en las ONG de Derechos Humanos se va a salvar hijueputa guerrillero. Lo declaramos objetivo militar, y estaremos cumpliendo”. Está firmado por paramilitares que se autodenominan “Águilas Negras”.



José Manuel Gómez trabajaba para la sección del CPDH en la ciudad de Barranquilla (Atlántico), pero se vio obligado a abandonar la ciudad en 2006 a causa de las amenazas de muerte de los paramilitares.



En marzo de 2005, un sujeto se acercó a él y le dijo que era miembro de los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula), una fuerza de seguridad conjunta que, en el departamento del Atlántico, está adscrita a la Brigada II del Ejército. Según los informes, el desconocido le pidió información sobre una lista de activistas de derechos humanos de la ciudad de Barranquilla. Gómez se negó a cooperar.



El 12 de enero de 2006, un hombre que se había negado a suministrar información falsa a los Gaula sobre José Manuel Gómez y otros activistas de derechos humanos de Barranquilla, fue víctima de un atentado con arma de fuego contra su vida, en el que murieron dos de sus acompañantes.


El 19 de julio de 2006, José Manuel Gómez recibió en su correo electrónico amenazas de muerte de paramilitares. En marzo del mismo año, su nombre hacía parte de una lista negra de activistas de derechos humanos que serían ejecutados, aparecida en el computador de un cabecilla paramilitar perteneciente al Bloque Norte, de las supuestamente desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Razones por las cuales tuvo que abandonar esa ciudad.


Denuncian falta de voluntad para juzgar a paramilitares colombianos

Por Prensa Latina

La falta de voluntad del gobierno colombiano de juzgar y desmantelar a los grupos paramilitares, es denunciada por la federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) en un informe que será presentado hoy en esta capital.

El agudo estudio sobre esa situación concluye al respecto que la Corte Penal Internacional debe investigar y juzgar a los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia desde el 1 de noviembre de 2002.

El informe es resultado de las investigaciones hechas por la FIDH durante dos años junto a juristas e instituciones de derechos humanos y se basa en la observación de las audiencias de paramilitares entre mayo y julio últimos en los Tribunales de Justicia y Paz en Bogotá, Medellín y Barranquilla.

Según la FIDH los paramilitares han cometido desde su aparición alrededor de 60 mil crímenes de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos, sin contar más de un millón de personas desplazadas por sus acciones y amenazas.

Colombia es el segundo país en el mundo con más desplazamientos forzados y sólo entre enero y junio de 2007, más de 770 civiles han sido asesinados o víctimas de desaparición, señala el documento.

La FIDH advierte que de los 30 mil paramilitares desmovilizados, el 92 por ciento se benefició de un régimen de amnistía de facto instituido por decreto y solo ocho por ciento está bajo la competencia de la Ley de Justicia y Paz.

Esta legislación, considera, fue implementada a través de decretos que no respetan la decisión de la Corte Constitucional, que se pronunció por su adaptación para que no violara el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

Asimismo puntualiza que bajo la Ley de Justicia y Paz los paramilitares pueden ser condenados como máximo a ocho años e prisión, que pueden purgar en granjas productivas o imponiendo ellos sus condiciones de reclusión, lo cual contradice la gravedad de sus crímenes.

Denuncia que sus declaraciones, denominadas versiones libres, se han convertido en apología del delito, pues no están obligados a confesar sus crímenes ni a develar la verdad de quiénes los apoyaron, ni a mostrar siquiera arrepentimiento.

La FIDH concluye que el gobierno colombiano debe anular el marco jurídico de la Ley de Justicia y Paz o en su lugar expedir una legislación que cumpla con los estándares internacionales.


Paramilitares Colombianos asesinan a campesinos en el estado Táchira

Por: Colectivo Tierra Nuestra

Nuevamente la sanguinaria oligarquía latifundista nacional, unida al terrorífico y letal poderío paramilitar colombiano, asesinan a campesinos venezolanos que rescatan tierras ociosas.

El pasado martes 02 de octubre, fueron asesinados por paramilitares colombianos, los campesinos Heriberto Peñalosa y Miguel Antonio Bastos, ambos miembros de la Cooperativa La Esperanza del Táchira, quienes eran el Presidente y Coordinador de Educación respectivamente.

Los campesinos asesinados eran legítimos ocupantes del Fundo “Rancho Rojo”, declarado ocioso por el INTI y ubicado en el sector Caño Arenoso, parroquia Rivas Berti, municipio Ayacucho del estado Táchira.

El pasado 16 de abril de 2007, el INTI, siguiendo procedimientos ajustados a derecho, entregaron el Fundo Rancho Rojo a los asociados de las cooperativas: “Los Tres Comandantes”, “La Esperanza”, “Futurama” y “Los Palmareños”; quienes desde la fecha hasta la actualidad ejecutaron actividades productivas en dichas tierras (ganadería bovina, siembra de pastos, cultivo de leguminosas, etc.).

La esposa del campesino asesinado Heriberto Peña, denunció que el terrateniente Iván Roa, presunto dueño del Fundo y quien jamás demostró su titularidad sobre el mismo, amenazó de muerte en varias oportunidades a los ocupantes del Fundo y manifestó abiertamente sus lazos con los paramilitares colombianos, aliados del gobierno de Álvaro Uribe.

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