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Derechos Humanos: Boletín Día a Día del 28 de junio al 11 de julio de 2007

Miércoles, 18 de Julio de 2007

 
Boletín Día a Día del 28 de junio al 11 de julio de 2007
 

Asociación Nacional de Ayuda Solidaria

ANDAS


Boletín Día a Día del 28 de junio al 11 de julio de 2007

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Crisis humanitaria en Vista Hermosa y Puerto Rico (Meta)

Dos campesinos asesinados por el Ejército, uno desaparecido, uno detenido arbitrariamente, amenazas masivas y fumigaciones en miles de hectáreas de pancoger acelera la crisis


La Comisión de Derechos Humanos del Bajo Ariari, denunció a VOZ que el pasado 4 de julio a las 10 de la mañana se presentó un tiroteo en la vereda Nueva Esmeralda, municipio de Vista Hermosa. Según testigos, la residencia de la campesina María del Socorro Ortega, fue atacada por las tropas del Ejército Nacional desde aire y tierra. Ortega quién se encontraba en el interior de la vivienda resultó muerta.


Las tropas no permitieron que vecinos y familiares de la víctima se acercaran a la vivienda, agrediendo física y verbalmente a las personas que llagaban a averiguar por los hechos. El cuerpo de la campesina fue trasladado hasta el municipio de La Macarena (Meta). Los militares destruyeron todos los enseres de la casa de la víctima.


En horas de la tarde del 4 de julio anterior, el Ejército baleó el vehículo en el que se movilizaba Víctor Julio Chávez, en el sitio conocido como Cruce de la Herradura, causándole la muerte. El cadáver de Chávez fue trasladado al municipio de Granada donde, al cierre de esta nota, permanecía en la morgue.


El 5 de julio, al medio día, unidades de la Brigada Móvil 12 del Ejército, incursionaron en la finca del campesino Reynel Tulandi Rivera, en la vereda Canaguay, del municipio de Vista Hermosa, y luego de detener al labriego, le pusieron prendas militares –según testigos- y desde entonces se desconoce su paradero.


Entre el 28 de junio y el 2 de julio pasados, en la misma región, un campesino fue desaparecido por paramilitares, dos defensores de derechos humanos y dos pobladores, entre ellos la presidenta de la junta de acción comunal de la vereda La Cooperativa, fueron amenazados por miembros del Ejército y una vivienda fue víctima del pillaje de tropas del batallón Bacna de la Brigada Móvil 4.

Fumigaciones


Durante todo el día 4 de julio anterior, varias avionetas del programa de fumigaciones del gobierno, estuvieron regando el veneno conocido como glifosato sobre cultivos de pancoger en las veredas Pradera, Caño Danta, Miravalles, San Pedro, El Jordán, y La Rivera, en la zona de Puerto Toledo en el municipio de Puerto Rico. Decenas de familias quedaron expuestas al hambre y la miseria. Según la denuncia presentada, en ninguno de los sitios fumigados había cultivos ilícitos.


Las comunidades expresaron su rechazo a la “irresponsabilidad” de las autoridades de Antinarcóticos, porque, según los campesinos, en la región se desarrollan proyectos de seguridad alimentaría con la oficina de Parques y Recursos de cooperación internacional. También hicieron un llamado a los organismos de control del Estado, para que investiguen las irregularidades que la Fuerza Pública está cometiendo con la población inerme.


Igualmente, las comunidades insisten en la necesidad de la creación de una Comisión Especial de la Fiscalía y la Procuraduría, que se encargue de vigilar y proteger los derechos humanos de toda la población.



Desplazamiento forzado

Campaña Tierra, Vida y Dignidad


La población desplazada de Colombia, en su lucha por la obtención de la devolución de sus tierras, justicia, reconocimiento a sus derechos y reparación integral por parte de los victimarios y el Estado, ha emprendido una campaña denominada, Tierra, Vida y Dignidad, en la cual están comprometidas de manera activa las organizaciones indígenas, afro descendientes, campesinas y urbanas, entre otras, víctimas de crímenes de lesa humanidad, destierro de sus sitios de origen y pérdida por métodos violentos de sus tierras.

La campaña pretende, por un lado, presionar al gobierno y a las autoridades para que por medio de un Pacto Social, se les garantice el retorno a sus sitios de origen, le sean devueltas sus tierras usurpadas por paramilitares , latifundistas, multinacionales, macroproyectos industriales, y se les haga efectiva inmediatamente la reparación integral por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra sus comunidades.

Por otro lado, dicha campaña busca que el drama que padecen más de tres millones 700 mil desplazados, la mayoría niños y mujeres, se haga visible ante la comunidad nacional e internacional, para que estas se solidaricen con las víctimas y presionen al gobierno de Uribe a brindar solución inmediata a la crisis. También se busca obtener el apoyo de partidos políticos, movimientos sociales, sindicales, defensores de derechos humanos, académicos, estudiantiles y solidarios.

Dentro de la campaña, se tienen proyectadas la realización de movilizaciones nacionales los días 16, 17 y 18 de julio próximos, y el establecimiento en el país de un Tribunal Internacional de Opinión, durante los días 21, 22 y 23 de noviembre del presente año.

Entre las organizaciones que impulsan la campaña Tierra, vida y Dignidad, están: Asociación Nacional de Desplazados de Colombia, Asociación Nacional de Desplazados Afro descendientes, Coordinadora Nacional de Desplazados, Mesa de Interlocución Gestión y Desarrollo y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado.



Convocatoria al encuentro de Víctimas

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, capítulo Cundinamarca, en desarrollo de las orientaciones emanadas de la tercera asamblea realizada en junio de 2006, y con el propósito de organizar, concientizar, visibilizar y movilizar las personas y organizaciones afectadas por la violencia, promovida por acción u omisión del Estado, convoca para los días 14 y 15 de julio de 2007 el encuentro regional de víctimas de crímenes de estado a realizarse en la ciudad de Bogotá.  La crisis humanitaria que se agrava día a día en  el país, por cuenta del ‘parauribismo’, comprometido con la corrupción y el paramilitarismo. La mal llamada Ley de Justicia y Paz, que desconoce los derechos de las víctimas a verdad, justicia, reparación integral   y la memoria,  exige continuar fortaleciendo la organización y movilización como estrategias eficaces en la lucha contra la  impunidad.
”Invitamos a las organizaciones sociales y sindicales, a familiares de víctimas, a unirse al Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado y participar de este encuentro regional que abordará los siguientes ejes de discusión: Contexto político, Contexto y balance organizativo,
Estrategias de lucha contra la impunidad y Memoria”, dice el comunicado del Movice conocido por VOZ. Informes  email: movimientodevictimas2@yahoo.es. Teléfono 2827008 3421307.

536 sindicalistas asesinados en el gobierno de Uribe

Un informe de Amnistía Internacional conocido el pasado 3 de julio, afirma que en lo que va corrido del gobierno de Uribe, han sido asesinado 536 sindicalistas, 18 de ellos en lo que va del 2007. Agrega el informe de AI que de los 115 sindicalistas asesinados el año pasado, 77 son colombianos. “Colombia es el país más peligroso del mundo para ejercer el sindicalismo”, dice el informe. En total, 2.245 sindicalistas han muerto por homicidio en Colombia desde 1991, 138 han desaparecido forzosamente y casi tres mil quinientos han recibido amenazas. “Una farsa de proceso de desmovilización paramilitar, sumada a miles de casos de amenazas y homicidio, y a una falta crónica de investigaciones y procesamientos, convierten a Colombia en uno de los lugares más peligrosos del mundo para los sindicalistas”.

En Colombia se incrementa la tortura

El pasado 26 de junio, se celebró a nivel mundial el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura. El panorama que presentaron varias organizaciones defensoras de derechos humanos agrupadas en la Coalición Colombiana contra la Tortura, conjuntamente con la Organización Mundial Contra la Tortura y Terre des Hommes de Italia, para Colombia, es desolador. Coincidieron en que las políticas de Estado colombiano ha hecho que la tortura se incremente sobre líderes sociales, jóvenes indígenas y campesinos. Según el informe, realizado por estas asociaciones, entre 2000 y 2001 la Defensoría del Pueblo recibió sólo cuatro denuncias, mientras que, entre 2002 y 2003 se conocieron 435 casos de "malos tratos, tratos crueles o degradantes y torturas". Las ONG admiten que, "se ha traducido en que la fuerza pública utiliza cada vez más la tortura como mecanismo de investigación en la búsqueda de positivos. La tortura hace parte de la educación de los agentes oficiales".


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