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Derechos Humanos: Boletín Día a Día del 29 de noviembre al 5 de diciembre de 2007

Lunes, 24 de Diciembre de 2007

 
Boletín Día a Día del 29 de noviembre al 5 de diciembre de 2007
 

Asociación Nacional de Ayuda Solidaria

ANDAS

Boletín Día a Día del 29 de noviembre al 5 de diciembre de 2007

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Tercera conferencia Internacional sobre Colombia

Cooperación Internacional no debe ser para la guerra

La sociedad civil internacional lamentó la abrupta suspensión del presidente Chávez y de Piedad Córdoba como mediadores para el intercambio humanitario


Camilo Raigozo. VOZ


Durante los pasados 29 y 30 de noviembre, se realizó en Bogotá la Tercera conferencia Internacional sobre Colombia, en la que participaron 35 países, entre ellos el denominado G-.24, la sociedad civil y el gobierno nacional. Unas 500 personas estuvieron presentes en el certamen en el que sobresalió la puja entre el gobierno y la sociedad civil colombiana, por la destinación que debe dársele a los aportes de la comunidad internacional.


La instalación de la conferencia estuvo a cargo del embajador de la República de Argentina, país que preside actualmente el G-24, Martín Balza, quien hizo un llamado por el respeto de los derechos humanos e instó a las partes en conflicto a que utilicen el diálogo en la búsqueda del camino de la paz a fin de sustraer al país de la grave crisis humanitaria que atraviesa. 


En el evento tripartita, el gobierno de Uribe realizó planteamientos en los que dejó ver su aspiración a que la cooperación internacional se destine a la aplicación del Plan Colombia fase dos que no es otra cosa que la profundización del conflicto social interno que padece Colombia, mientras que la sociedad civil y varios voceros de la comunidad internacional participante, abogaron para que dichos fondos se empleen únicamente para inversión social.


En el encuentro iniciado a las 8 de la mañana del jueves 29 de noviembre en las instalaciones de la Universidad de La Salle, los representantes de la comunidad internacional sostuvieron diálogos con voceros de la Sociedad Civil, los cuales giraron principalmente en torno a temas fundamentales de pobreza, víctimas, paz y derechos humanos, democracia y narcotráfico. Las organizaciones sociales que participaron en la Tercera Conferencia Internacional sobre Colombia entregaron al Gobierno y a la comunidad internacional un documento de 21 puntos con sus conclusiones, entre los que se destacaron, la solución política negociada del conflicto social y armado, el acuerdo humanitario inmediato, el respeto a los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, una reforma agraria real integral, el fin de las fumigaciones con glifosato y verdad, justicia y reparación integral a las víctimas del paramilitarismo.


Por su parte, los representantes de la Sociedad Civil internacional, declararon que su presencia en Colombia se debía estrictamente al conflicto armado interno y a la crisis humanitaria. Por otra parte, lamentaron la abrupta suspensión de la mediación del presidente de Venezuela Hugo Chávez pro el Acuerdo Humanitario, solicitando que este empeño continúe con el apoyo de otros países.

 

Camilo Borrero, miembro del Centro de Investigaciones Populares, Cinep, y vocero de Alianza de Organizaciones Sociales y Afines por una Cooperación Internacional para la Paz y la Democracia en Colombia, Alinaza, advirtió que la solución política negociada es la única vía posible para alcanzar la paz en Colombia y aseveró también que la construcción de un Estado pacífico, si bien se funda en el silenciamiento de los fusiles, también requiere de la aplicación de reformas de fondo que favorezcan a las amplias mayorías del país. Así mismo hizo un llamado para que no se estigmatice más a la oposición  ni a las organizaciones sociales que trabajan en defensa de los derechos humanos.  

Nuevas ejecuciones extrajudiciales Arauca


La Fundación defensora de los derechos humanos Joel Sierra, denunció que a la escalofriante cifra de personas asesinadas en el presente año por la Fuerza Pública y que luego son presentados como guerrilleros dados de baja en combates en el departamento de Arauca, se sumó la ejecución de Samuel Navia Moreno, de 27 años, estudiante de noveno grado en el Colegio Técnico José Eustacio Rivera y de Jhon Carlos Nocua Rueda, de 18 años, quien era un conocido empleado de establecimientos de comercio de este municipio.

Los dos jóvenes fueron asesinados por miembros del Ejército Nacional adscritos al Batallón Especial Energético y Vial Uno General Juan José Neira, en zona rural de la vereda El Silencio, en el municipio de Saravena, entre la vía que del Róyota conduce a Cubará, jurisdicción del departamento de Boyacá, la noche del 26 de noviembre del presente año.

Los cuerpos fueron trasladados por el ejército hacia la morgue del municipio de Saravena, luego que el Juzgado 47 de Instrucción Penal Militar, efectuara la diligencia de inspección de los cadáveres. La Brigada 18 del Ejército informó a través de los medios de comunicación que el día de 28 de noviembre que habían sido dados de baja dos terroristas del ELN, refiriéndose a los dos jóvenes asesinados.

Los familiares y vecinos de las víctimas, manifestaron enfáticamente que las dos víctimas no eran guerrilleros, sino trabajadores y estudiantes muy conocidos en el municipio Testigos afirman que los jóvenes fueron fueron vistos por conocidos en horas de la noche, departiendo en un establecimiento público en el casco urbano de Saravena. Igualmente informaron que los cuerpos presentaban signos de tortura.

El 20 de noviembre, fue asesinado Diver López , de 19 años, en el Barrio el Prado, de Saravena; de igual manera en el municipio de Fortúl fue ultimado José Libardo López. El 24 del mismo mes y el mismo día, perdió la vida a manos de asesinos estatales Ezequiel Jaimes, de 27 años, quién trabajaba en una funeraria del municipio. Los anteriores crímenes están ligados a la política de seguridad democratica del presidente Uribe, manifiestan las comunidades.

Paramilitares atacaron a comunidad Wayúu

La comunidad desplazada de bahía portete, ubicada en la alta guajira colombiana denunció una nueva incursión de paramilitares al mando de alias “ Pablo”, quienes el pasado 23 de noviembre asesinaron a Chichi Epinayu, de 35 años, secuestraron a Julian Epinayu, quién al cierre de esta edición se desconocía su paradero, e hirieron gravemente a Masparray Epinayu.

Ejército asesinó a cinco campesinos en Antioquia

Tropas del Batallón Atanasio Girardot, adscritas a la Cuarta Brigada del Ejército, dieron muerte a los campesinos Tomás Ignacio, Lorenzo y Leodan Yotagri, integrantes de una misma familia; al presidente de la junta de acción comunal de la vereda Gualí, Reinel Alberto Chavarría Berrío y al labriego Elver Correa. La masacre de los cinco campesinos ocurrió en la vereda mencionada, ubicado en el corregimiento Las Auras, jurisdicción del municipio de Briceño en el norte del departamento de Antioquia. Otra sexta víctima, Sergio Hernández, quedó gravemente herido y es atendido en el Hospital El Sagrado Corazón de Briceño. Voceros castrenses presentaron el múltiple crimen como guerrilleros dados de baja en combate, versión que la comunidad ha desmentido al afirmar que las víctimas eran reconocidos campesinos de esa localidad. El párroco del municipio, Rubén Dálmiro Zapata, estuvo de acuerdo con las versiones de la comunidad y dijo que eran humildes trabajadores del campo que nada tenían que ver con la subversión.

Caminando La Palabra por La Vida, la Dignidad y La Madre Naturaleza
Proceso de Liberación de la Madre Tierra

Consejo Regional indígena del Cauca

 

Con acciones encubiertas y el uso de la fuerza armada el Estado Colombiano ataca procesos de Liberación de La Madre Tierra, entre ellos a indígenas Nasa desplazados por el Volcán Nevado del Huila

 

De acuerdo con las determinaciones adoptadas por el gobierno nacional de reprimir a toda costa las acciones de exigibilidad que los pueblos en el Cauca venimos realizando, los miembros de la fuerza pública y los cuerpos de seguridad del Estado han actuado extralimitando sus facultades y sin observar el debido proceso. En este orden de ideas denunciamos los siguientes hechos.

 

1. Varios indígenas fueron heridos a bala en el territorio indígena de Huellas, Caloto, por efectivos de la fuerza pública, uno de ellos de extrema gravedad fue conducido para su atención a la ciudad de Cali el día 29 de noviembre del presente año. Se ha conocido que el día 5 de diciembre del año 2007, siendo a las 5:00 p.m. hora de visitas, dos sujetos que se movilizaban en un automóvil spring de color azul y vidrios polarizados, ingresaron a la clínica Rey David y procedieron a preguntarle a los familiares sobre cómo y dónde había resultado herido el comunero Lorenzo, dónde se estaban quedando en Cali. Los desconocidos nunca dijeron quiénes eran ni a que institución pertenecían y sin dar explicaciones se marcharon del hospital.
 
2. El día 2 de diciembre del año 2007, en el área urbana de morales, cinco (5) sujetos, dos de ellos armados, que se movilizaban en una camioneta de color blanco, tipo cuatro puertas, llegaron a las oficinas del Cabildo y preguntaron por su gobernador, al solicitarle cual era el motivo y para que lo necesitaban, uno de los sujetos se identifico con el nombre de EVER SARRIA propietario del predio La Sierra quien con lista en mano manifestó que  andaban buscando a los comuneros: IRMO ORDOÑEZ, YOLANDA GUACHETA, ROBER GUACHETA, JUAN ANTONIO VELASCO, FRANSISCO ZAMBRANO, LISBET OROZCO Y SANTIAGO PAJOY a quienes acusó de ser los promotores de las tomas de tierras. Finalmente y en tono desafiente y amenazante reiteró que estaba aliado con la propietaria de la finca La Marqueza y que no iban a permitir que le robaran la tierra.

 

3. El día 4 de diciembre del presente año, personal vestido de civil, y una mujer encapuchada, ingresaron de forma irregular a la propiedad colectiva de la comunidad Guambiana de La María Piendamo, interrumpieron un minga y allanaron una casa, llevándose a dos comuneros. Después de realizada la acción se colocaron chalecos azules, mostrando que eran agentes del CTI, que, según se dijo, actuaban con una guerrillera infiltrada.

 

4. Ante la falta de respuestas del gobierno nacional, las comunidades Nasa de Tierradentro, afectadas por la avalancha del Volcán Nevado del Huila, están haciendo presencia en la finca La Perla, ubicada en el municipio de Silvia Cauca. Allí las comunidades han denunciado varios hechos violentos en contra de los comuneros y comuneras que ha sido atacados con armas de fuego y granadas de fragmentación. Según los últimos informes se agravó la situación el día 6 de diciembre cuando de manera violenta la fuerza pública arremetió contra la comunidad y retuvo a 5 miembros de la Guardia Indígena,  y ellos son: MIGUEL ANGEL PEÑA,  YAMID HERNANDO PECHENE, RAFAEL ANTONIO CUENE, CARLOS ANDRES CALAMBAS y SANDRA PATRICIA CAMPO, algunos de ellos de Tierradentro, desplazados por la erupción del volcán nevado del Huila,  a quienes de forma irregular exhiben y golpean brutalmente los militares en el parque central de Silvia, además ya fueron judicializados. Se informa también por parte de la comunidad Nasa que hace presencia en la finca La Balsa de Itaibe Páez, que hasta allí llegó un grupo de personas, integrado por Deisy Medina, secretaria de gobierno; Eliana Álvarez, comisaria de familia; Jesús Tejada, inspector de policía y Manuel Montilla, personero de Páez; quienes amenazaron con la acción violenta de la fuerza pública si los indígenas no abandonan el predio. 

 

El Parlamento indígena denuncia estas situaciones vividas por los pueblos en Resistencia, donde la represión militar es la respuesta del gobierno nacional a nuestras justas exigencias. No obstante de estas dramáticas situaciones las comunidades indígenas ratificamos nuestra firme decisión continuar las acciones de exibilidad programadas y convocadas por las comunidades y autoridades espirituales bajo la indicación de realizar Rituales de Liberación de la Madre Tierra y la continuidad de la Sesión del Parlamento Indígena y Popular.

 

Frente a los sucesos narrados el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, reitera su preocupación por los procedimientos velados del Estado colombiano y por el uso exagerado de la fuerza para reprimir las exigencias de las comunidades, alertando a los organismos humanitarios de carácter nacional e internacional, a los gobiernos democráticos y todas las instituciones defensoras de los derechos humanos, por el trato recibido en el proceso de Liberación de La Madre Tierra, así como por los señalamientos racistas e irresponsables que hacen los voceros institucionales para referirse a los procesos indígena y se exija la libertad inmediata de los detenidos políticos que reclaman garantía al derecho a la tierra, a los derechos fundamentales y a los acuerdos incumplidos por más de 20 años.






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