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Derechos Humanos: Boletín Día a Día del 3 al 9 de julio de 2008

Jueves, 17 de Julio de 2008

 
Boletín Día a Día  del 3 al 9 de julio de 2008

Asociación Nacional de Ayuda Solidaria

ANDAS

Boletín Día a Día  del 3 al 9 de julio de 2008

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Secuestro institucional

¿Y el Estado cuando devolverá al menos los restos de las miles de personas que ha secuestrado?

La Fiscalía ha revelado que investiga la desaparición de 15.645 personas.  Varias ONG coinciden en que pueden ser más del doble, de las cuales el 97 por ciento son atribuidas a agentes estatales y paramilitares y el 3 por ciento a las guerrillas. 

Por Camilo Raigozo. Voz

 

  El dirigente sindical Guillermo Rivera fue desaparecido forzadamente el pasado 22 de abril. Su cuerpo sin vida fue hallado en Ibagué, Tolima el pasado 15 de julio.

 

La desaparición forzada no es otra cosa que un secuestro prolongado, con el agravante de que las víctimas pierden todo rastro, toda huella, todo vestigio. Son crímenes perfectos, silenciosos, en los que los familiares y los testigos evitan hablar, denunciar, ya sea porque no pierden la esperanza de que sus seres queridos regresen algún día o porque las amenazas de los mismos victimarios se lo impiden.

 

De esa forma, miles de Ingrid Betancourt han sido secuestrados por agentes del Estado y paramilitares, sin que hasta el momento se tenga el más mínimo indicio de ellas y ellos. Sus familias nunca han recibido prueba alguna de supervivencia. No saben si están vivos o muertos.

 

Según Gustavo Gallón, director de la Comisión Internacional de Juristas, desde el inicio del primer periodo de Uribe hasta mediados del año pasado, se presentaron 1.259 denuncias de desaparición forzada. Sin embargo el investigador, periodista y escritor colombiano radicado en Francia, Hernando Calvo Ospina, afirma en su libro, ‘El terrorismo de Estado en Colombia’, de que son 10.586  personas desaparecidas entre líderes y dirigentes campesinos y populares, simpatizantes de movimientos de izquierda, defensores de derechos humanos, estudiantes y sindicalistas.

 

Otras investigaciones serias demuestran que entre agosto de 2002 y mediados de 2003, recién posesionado Álvaro Uribe, ocurrieron 410 desapariciones, de las cuales 390 fueron cometidas por agentes del Estado y paramilitares, y 13 fueron atribuidas a las guerrillas.

 

Por su parte, la Asociación de Familiares de Desaparecidos, Asfaddes,  registró 1.362 desaparecidos en 2002 y 1.189 en 2003. Cerca de 68 mil víctimas han denunciado desapariciones y crímenes de lesa humanidad desde la expedición de la Ley de Justicia y Paz, afirma la revista “Criminalidad 50 Años”, de la Policía Nacional. Para el coronel César Augusto Pinzón Arana, jefe de la Dijin, Colombia demorará entre 20 y 25 años para exhumar los restos de las víctimas de los paramilitares.

 

Doble pena

 

A diferencia de otros crímenes atroces y de lesa humanidad, los familiares de las víctimas de desaparición forzada sufren una doble pena. Por un lado, no le es permitido al tiempo cerrar las heridas abiertas hasta tanto no se sepa algo del ser querido, lo cual puede durar toda la vida en la mayoría de los casos.

 

Por otro lado, para colmo de su tragedia, sufren la invisibilidad del Estado, la indiferencia de la sociedad y de la prensa, quienes no quisieron ver ni reconocer este delito, durante casi tres décadas transcurridas desde el momento en que el Estado empezó a utilizar esta estrategia en su guerra sucia contra los opositores al régimen que se instaló hace ya casi 200 años y que está ahora en manos del narcoparamilitarismo, aún más sanguinario.

 

  Olvidados por la sociedad, familiares de secuestrados, desaparecidos por el Estado muestran las imágenes de sus seres queridos en los parques de las ciudades. Aquí en Villavicencio, Meta. Foto. C Raigozo

 

 

Solo hasta el año 2000 fue aprobada la Ley de Desaparición Forzada y desde entonces se pudo comenzar a procesar a sujetos responsables de este tipo de crímenes. Se creó la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, pero aún así la impunidad alcanza casi a la totalidad de los casos.

 

Al respecto de este ente, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia afirma en su último informe conocido hace pocos días que “ha sido muy incipiente”. La Procuraduría General de la Nación, máximo garante de los derechos humanos en el país, apenas adelanta 16 investigaciones disciplinarias por desapariciones forzadas, en las cuales el mayor número de involucrados son miembros del ejército.

 

Más de un desaparecido cada día en Bogotá

 

Por su parte la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Susan Lee, advirtió que en Colombia casi a diario se presentan casos de desaparición forzada. Lee señaló que "llama mucho la atención que mientras la gran mayoría de los países de Latinoamérica han superado esta triste historia, Colombia sigue siendo el único que año tras año figura dentro de la lista donde la desaparición forzada sigue como una práctica recurrente".

 

En lo que va corrido del año, se han denunciado solo en Bogotá 203 desapariciones, según la propia Fiscalía.

 

En el informe de marras la Alta Comisionada recordó que el año pasado los paramilitares revelaron la ubicación de 1.009 fosas comunes donde se hallaron los despojos de  1.196 personas secuestradas y asesinadas. Una ínfima parte han podido ser identificadas.

 

La opinión de importantes organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos, tanto nacionales como externas, es que a pesar de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado colombiano, es muy visible la falta de voluntad política del sistema judicial interno para perseguir la desaparición forzada.

 

Por las miles de víctimas del terrorismo de Estado ninguna personalidad del país convocará marcha alguna para pedir su liberación.

 

Ni los jerarcas de la iglesia rezarán por ellos. Ni las fuerzas militares ‘jaquearán’ al gobierno para liberarlos, y mucho menos los todopoderosos medios de “comunicación”, con sus periodistas estrellas, iniciarán campañas para exigir que los devuelvan pronto sanos y salvos a sus hogares.

 

Sus familiares continuarán la travesía de su trágico destino en solitario con su drama a cuestas, sin llamar la atención de una sociedad insensible, inmoral e hipócrita.

 

Parauribismo/

Aparece sin vida el dirigente sindical Guillermo Rivera

Por Comité de búsqueda

 

Lamentamos informarle al movimiento social y a la opinión pública nacional e internacional que el día de hoy, martes 15 julio, se conoció oficialmente de la aparición en la ciudad de Ibagué, del cuerpo sin vida del compañero Guillermo Rivera, dirigente sindical y político, desaparecido el pasado 22 de abril en la ciudad de Bogotá.

 

  El líder sindical Guillermo Rivera es otra víctima del régimen de terror  imperante en Colombia.

 

Las informaciones preliminares indican que el dirigente sindical fue asesinado y sepultado como NN el día 28 de abril, seis días después de su desaparición. Es un asesinato que no ha sido esclarecido y donde los indicios continúan comprometiendo a efectivos de la Policía Nacional, como expresión de un nuevo crimen de Estado, por acción u omisión.

 

La labor de denuncia nacional e internacional no puede detenerse. El asesinato de Guillermo Rivera constituye una agresión más al movimiento sindical y a la oposición política que continúa ocultando el Gobierno Nacional en medios de sus cánticos de guerra.

 

Llamamos a todos los sectores democráticos a pronunciarse y movilizarse en contra de esta nueva agresión, en momentos en que solo se le convoca a rechazar el secuestro, ignorando la permanencia en el país de otros crímenes atroces como la existencia de más de 15.000 desapariciones forzadas, el desplazamiento de cuatro millones de pobladores y el asesinato permanente de lideres del movimiento popular y de la oposición política, como en el caso de Guillermo Rivera.

 

El 18 de julio gran marcha por los derechos de la comunidad desplazada

Por Camilo Raigozo. Voz

 

Las organizaciones nacionales de población desplazada, convocan a todas las organizaciones regionales, departamentales, municipales y a los desplazados no organizados a marchar el día 18 de julio de 2008, a nivel nacional.

 

Las organizaciones locales determinan el sitio y la hora de salida de la marcha y en la capital de la república el encuentro será a las 12 del día en el Parque Nacional, carrera séptima con calle 38, para de ahí marchar hasta la Plaza de Bolívar a las dos de la tarde.

  Más de cuatro millones de colombianos deambulan en un país en el que las efímeras ilusiones se calcinan en la hoguera de la injusticia social.

 

Las familias víctimas del desplazamiento forzado, esperan contar con la solidaridad de las diferentes organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, defensoras de derechos humanos y en general de todos los colombianos.

 

Colombia tiene la segunda mayor cantidad de personas desplazadas en el mundo después de Sudán, con más de cuatro millones de personas desarraigadas por métodos violentos de sus territorios.

 

Más de seis millones 500 mil hectáreas de tierras les fueron arrebatadas a punta de motosierra por paramilitares, ganaderos, terratenientes, multinacionales y agroindustriales.

 

Tarazá, Antioquia

Arrasados extensos cultivos de alimentos por fumigación aérea     

Decenas de familias quedaron en la ruina a pesar de que en mayo pasado el gobierno había prometido solo la erradicación manual de los cultivos ilícitos

Por Camilo Raigozo. Voz

 

  En febrero pasado 2177 campesinos estuvieron desplazados en Tarazá, Antioquia por las fumigaciones aéreas.

Un informe publicado el pasado 7 de julio, por el Instituto Popular de Capacitación, IPC, sobre las fumigaciones aéreas y sus consecuencias en esta parte del país, da cuenta de cómo decenas de familias campesinas quedaron avocadas al hambre y a la ruina luego de que el gobierno por intermedio de la Policía Antinarcóticos reiniciara las fumigaciones aéreas desde hace un mes, a pesar de que en mayo pasado se había comprometido con el campesinado a erradicar únicamente por la vía manual los cultivos ilícitos.

 

"Dañaron plantaciones de maíz, arroz, yuca, plátano, cacao y mataron los peces de varios estanques", denunció un líder del corregimiento La Caucana a IPC. Consultado por el Instituto, el representante de los labriegos de La Caucana, expresó también su contrariedad porque en los acuerdos hechos con el presidente Uribe el pasado 3 de mayo, este se había comprometido a fortalecer programas de sustitución de cultivos de uso ilícito por siembras de yuca, caucho y cacao entre otros.

 

Recuerda el IPC que tras el paro que comenzó el 20 de abril y terminó el 6 de mayo, los cerca de siete mil campesinos que se congregaron en el casco urbano de Tarazá, dieron fin a su protesta convencidos por el gobierno del apoyo estatal y regresaron a las parcelas con la moral alta, dispuestos a sustituir la hoja de coca por productos legales que no sólo contribuyeran a su alimentación diaria sino a la economía de la región.

 

"Comenzaron a erradicar ellos mismos y a sembrar comida, pero apareció la avioneta y acabó con todo", le reiteró la fuente a IPC y denunció además que durante las jornadas de erradicación manual se pudo constatar que se dejaron algunos sembradíos de coca sin afectar, lo que a juicio del labriego es sospechoso, "pues yo creo que los dejaron ahí como pretexto para fumigar".

 

"Con estas aspersiones los campesinos han comenzado a expresar su cansancio con el Gobierno y su falta de seriedad de los acuerdos", le dijo el líder campesino a nuestra fuente y agregó que “ya hay desánimo entre los pobladores rurales que tenían el propósito de erradicar la hoja de coca”. Las zonas más afectadas están ubicadas en los corregimientos de La Caucana, El Doce y El Guaimaro.

 

Otro dirigente campesino del corregimiento El Guaimaro, le aseveró a IPC que con sus propios ojos ha visto como la avioneta está fumigando potreros donde no hay palos de hoja de coca, sino cultivos de productos lícitos.

 

"He visto como, cerca del río Tarazá, han fumigado potreros sin hoja de coca, pero sembrados con productos legales. Eso es muy triste, nos están dejando sin comida". El líder campesino hizo la denuncia luego de recorrer casi todas las veredas constatando por sí mismo los daños que han sufrido los cultivos de maíz, arroz, yuca, ají y ñame.

 

Edgar Muñoz, director de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata) de Tarazá, le confirmó al Instituto que desde hace un mes han estado llegando a su oficina campesinos de diferentes veredas de la localidad a denunciar los daños que han producido las aspersiones aéreas.

 

"Estamos decididos a no ir a otra protesta, eso solo nos trae golpizas  de la policía y hambre. Queremos que el Gobierno nos escuche, que cumpla con los compromisos", le dijo el líder campesino de El Guaimaro al Instituto Popular de Capacitación

 

 

“Estimativos extraoficiales señalan que en Tarazá habrían al menos 6.000 hectáreas sembradas con coca, el mayor centro de cultivo de Antioquia, y se dice en la localidad que sus 42 mil habitantes, de una u otra forma, tienen que ver con el negocio de la coca.

 

Circunstancia que se ve agravada por la población flotante, en particular de los llamados raspachines, que provienen de distintas zonas del departamento, incluidos de algunos barrios populares de Medellín”, dice el documento de IPC.

 

Premio Nóbel de Paz presidirá audiencia final del Tribunal Permanente de los Pueblos en Colombia.       

Por Sinaltrainal

 

  Adolfo Pérez Esquivel, argentino, Premio Nóbel de Paz en 1980, estará en Bogotá la próxima semana presidiendo el TPP..

 

El Premio Nobel de Paz Adolfo Pérez Esquivel, presidirá en Bogotá Colombia, la audiencia final o deliberante del Tribunal Permanente de los Pueblos Sesión Colombia. Esta se desarrollará en el auditorio León De Greiff de la Universidad Nacional de Colombia, del 21 al 23 de julio próximos de 8 de la mañana hasta las 5 p.m.

 

En 1980 cuando recibió el Premio por su trabajo en defensa de los Derechos Humanos, dijo: "Lo asumo en nombre de los pueblos de América Latina, en particular de los pobres y de todos aquellos comprometidos con sus pueblos".

 

Veintiocho años después, hace presencia en Colombia para presidir la audiencia que emitirá el fallo final por las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos por y/o en beneficio de transnacionales y monopolios nacionales, con la anuencia de los gobiernos de Colombia y de los países donde se encuentran ubicadas las casas matrices de las empresas acusadas.

 

El proceso inició en Berna Suiza en el mes de noviembre de 2005 y culmina en su primera fase  con esta audiencia deliberante en Bogotá. El TPP aborda el análisis de los impactos de la política de transnacionales presentes en los sectores: agroalimentario, petrolero, minero, biodiversidad, servicios públicos  y por los crímenes contra comunidades indígenas.

 

Paramilitares secuestran a 10 personas en el Cauca

Por Camilo Raigozo

 

Las primeras cuatro personas secuestradas por paramilitares autodenominados “Los Rastrojos”, ocurrió el pasado 2 de julio en la vereda San Juan de la Guadua, municipio de Argelia, Cauca.

 

En dicha localidad los ‘paras’ detuvieron a las cuatro víctimas cuyos nombres se mantienen en reserva y se los llevaron con rumbo desconocido. La comunidad teme por la vida de los cuatro campesinos.

 

Los labriegos Evelio Rodríguez y Guido Muñoz, quienes fueron sacados de sus viviendas por los escuadrones de la muerte del actual régimen en la madrugada del pasado miércoles 9 de julio, en la vereda La Ceiba del municipio de Patía. Su suerte es desconocida hasta el momento.

 

Dos días después, el 11 de julio en horas de la mañana, los ‘paras` secuestraron a Eslenia Muñoz, Manuel Garcés, Roosevelt Gómez y Edilmo Papamija, en la vereda El Convenio,

del Municipio de Patía.

 

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