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Derechos Humanos: Boletín Día a Día del 30 de agosto al 5 de septiembre de 2007

Sábado, 8 de Septiembre de 2007

 
Boletín Día a Día del 30 de agosto al 5 de septiembre de 2007
 

Asociación Nacional de Ayuda Solidaria

ANDAS

Boletín Día a Día del 30 de agosto al 5 de septiembre de 2007

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V Foro Departamental sobre la Problemática Agraria y Desplazamiento Forzado.

Por Yenny A. Pino


Durante los días 30 y 31 de agosto pasado, se realizó en Medellín, el Foro Departamental sobre la Problemática Agraria y el Desplazamiento Forzado, que convocó a diferentes organizaciones sociales, campesinas, de derechos humanos, estudiantiles y académicas, con el fin de debatir y plantear propuestas a desarrollar frente a las problemáticas que se viven.


En el desarrollo del evento se destacaron las experiencias que han venido desarrollando los campesinos en el occidente y oriente de Antioquia, en proyectos de agro ecología.


Dichas experiencias se destacaron por el gran avance que han logrado alcanzar a nivel latinoamericano cuyos principales focos de aplicación se encuentran en el municipio de Santa fe de Antioquia y aledaños, donde los campesinos han logrado fortalecer su economía de forma sostenible y amigable con el medio ambiente.


Según los mismos lideres, esta propuesta se enmarca en un mecanismo de resistencia pacifica al conflicto armado que por décadas han tenido que padecer.

Otras propuestas presentadas se relacionaron con la producción tropical sostenible a cargo de la fundación “Sembradores de Esperanza”, la Escuela Campesina en Liborina, Antioquia, la Asociación de Pequeños y Medianos Productores del Oriente Antioqueño (Asoproa).

Un punto fundamental para el proceso que se ha impulsado desde el Foro, fue recoger los elementos históricos y políticos de la situación del campesinado en Colombia, lo cual fue recreado por los profesores Héctor Mondragón y Alfredo Molano.


Algunas de las conclusiones del evento surgidas del análisis de las experiencias campesinas fueron:

  • La capacitación y la organización de los campesinos en proyectos que sean acordes con las condiciones de estos y que sean sostenibles, además el fortalecimiento del intercambio de las experiencias campesinas.

  • La constitución de un mercado agrícola donde se reduzcan los intermediarios en el proceso del intercambio.

  • Trabajar conjuntamente organizaciones sociales, campesinas, indígenas y afro descendientes, en el tema del retorno de las familias campesinas desplazadas.

Por ultimo, se hizo énfasis en la importancia que tiene la movilización y la protesta, como mecanismos de presión ante las inconsistencias de lo jurídico en lo referente a las necesidades de los campesinos, sabiendo que la historia muestra que lo jurídico por sí solo no logrará construir condiciones favorables para las comunidades campesinas y por el contrario, como lo muestra el nuevo estatuto rural que esta en curso, la situación económica, social y política de las comunidades campesinas, indígenas y negras, se irá empeorando cada vez más, gracias a las disposiciones del mismo.


Fuerza Pública asesinó al menos a dos campesinos en el sur de Nariño

Los campesinos pedían de forma pacífica dialogar con el Gobierno pero recibieron plomo y garrote

Por Camilo Raigozo. VOZ


La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombianos Francisco Isaías Cifuentes, informó a los diferentes medios de comunicación sobre la violenta represión ejercida por la Fuerza Pública en la vereda El Azucar, corregimiento de Llorente, municipio de Tumaco (Nariño), con ataques aéreos y terrestres sobre unos 2.000 campesinos que pedían pacíficamente al gobierno, diálogos para la sustitución de cultivos ilícitos.


En el operativo llevado a cabo el pasado 30 de agosto contra los labriegos intervinieron las fuerzas especiales antinarcóticos de la Policía, los Escuadrones Antidisturbios (Esmad), el batallón contra guerrilla 113 de la Brigada Móvil 19 y fuerzas aerotransportadas.


Según el comunicado de la ONG defensora de los derechos humanos en esta zona del sur del país, se ha confirmado el asesinato de dos personas, producto de la violenta agresión ejercida por las fuerzas estatales, pero se temía que el número de campesinos muertos pudiera ser mayor. También se desconocía el número de personas heridas, pero en informes extraoficiales se hablaba de más de cincuenta que no habían podido ser atendidas.


Desde el 22 de agosto anterior, huyeron de esta misma región unos 2.000 campesinos que pasaron la frontera del vecino país de Ecuador y lograron llegar hasta San Lorenzo, en el departamento de Esmeraldas limítrofe con Colombia a ponerse a salvo de la arremetida de la Fuerza Pública.


Entre el grupo de personas que se han visto obligadas a recurrir a la siembra de cultivos ilícitos para poder sobrevivir con sus familias y que fueron atacadas violentamente por las fuerzas estatales, había campesinos, afro descendientes e indígenas.


Según el comunicado recibido por este medio al momento del cierre de la presente edición, las fuerzas militares y policiales no habían permitido que los heridos fueran auxiliados, ni que se llevara a cabo el levantamiento de los cadáveres.


Las organizaciones sociales de campesinos y organizaciones defensoras de los derechos humanos, instaron al gobierno a que respete el derecho a la vida y la integridad física de las personas, así como los demás derechos fundamentales y el Derecho Internacional Humanitario de las comunidades afectadas por la disyuntiva entre sembrar coca o morirse de hambre, dada la ausencia del Estado en cuanto a la inversión social en la zona.


El campesinado le ha venido pidiendo al gobierno de Uribe que subsidie y financie la sustitución de cultivos ilícitos con ayuda económica, técnica e inversión en la infraestructura vial y otras necesidades de la zona, pero ha encontrado oídos sordos por parte del mandatario.


Igualmente, llamaron la atención a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría, a la Veeduría y los demás entes de control del Estado para que asuman su responsabilidad en la protección de los derechos civiles de las comunidades agredidas por las fuerzas estatales.


También pidieron la intervención inmediata de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y de otras entidades internacionales encargadas de vigilar la protección integral de las comunidades.


Atropellos del Ejército en el Catatumbo

Prensa Rural


Tropas del Batallón de Contraguerrilla No. 46 "Héroes de Saraguro", adscrito a la Brigada 30 del Ejército Nacional, bajo el mando del mayor Gallego, arribaron el 27 de agosto de 2007 a las 5:30 de la mañana a Puerto Ninfa, sobre el río Catatumbo, perteneciente a la vereda La Unión Baja, del corregimiento Filo Gringo, del municipio de El Tarra, en Norte de Santander, Según lo informó Prensa Rural. Desde su llegada, la tropa empezó a retener arbitrariamente a la población campesina que se encontraba en el puerto y aquellos que venían desplazándose en las canoas sobre el río Catatumbo.


Siendo aproximadamente las ocho de la mañana, ya habían ochenta campesinos retenidos, de los cuales veinte eran menores de edad. De igual manera, las mujeres y hombres mayores de edad fueron registrados e inscritos en un listado con número de cédula por parte de los militares.


Ante la denuncia de la comunidad, una comisión de verificación conformada por el Observatorio Internacional de Paz (IPO, por sus siglas en inglés) se trasladó en horas de la mañana hasta Puerto Ninfa el 28 de agosto de 2007 y sostuvo una reunión con el mayor Gallego, en la cual se le recalcó que por mandato del Derecho Internacional Humanitario y en especial del principio de distinción, sus unidades militares no podían permanecer escudadas en la población civil que allí se encontraba, pues el puesto de control se localizaba a menos de diez metros de las viviendas del caserío.


Así mismo, se le recordó que no es función del Ejército Nacional adelantar censos de la población civil. Ante estas argumentaciones, el mayor Gallego reconoció las infracciones que su tropa había cometido en el desarrollo del operativo militar, pues la retención de menores de edad no sólo atenta con los derechos fundamentales de los niños, sino también se convierte en un trato degradante e inhumano.


Guerra silenciosa de paramilitares deja más de 200 wayúus muertos”

La Fuerza de Mujeres Wayúu denunció que en los últimos cinco años esa etnia ha sido víctima de las acciones armada de grupo paramilitares que operan en el departamento de La Guajira.

El Espectador


De acuerdo con un informe presentado por ese organismo, llamada originalmente en dialecto Wayúú como Sütsüin Jiyeyu Wayúu, casi la mitad de la de las víctimas, aproximadamente 94, pertenecían a las comunidades indígenas de Maicao

En el documento  “Desde el desierto. Notas sobre paramilitares y violencia en territorio wayúu de la Media Guajira” fue preparado por la secretaria general del Cabildo Wayúu Nóüna de Campamento y vocera de la SJW, Karmen Ramírez Boscán.
“Es una compilación de escritos, crónicas, testimonios y, lo más importante, creo, es una triste lista de wayúus que han sido asesinados”, explicó Ramírez.

Aseguró que la obra aborda un proceso al que todos los días “se suma más gente y también, infortunada y dolorosamente, más nombres a esa larga lista (de víctimas)” de la comunidad Wayúu, compuesta aproximadamente por 300.000 indígenas.

Los paramilitares llegaron en 1998 al territorio de los wayúus, y en esa zona empezó a operar el Bloque Norte  de las Autodefensas.

La presencia paramilitar se dio de manera no muy clara y, en un principio, desde el Gobierno se aseguró que el conflicto en La Guajira se derivaba de “peleas entre clanes”, recordó Ramírez, diseñadora gráfica que en 2006 viajó a Ginebra, becada por la ONU, dentro de un programa de estudios para pueblos indígenas.

Esa supuesta explicación del conflicto fue recogida por el presidente, ÁlvaroUribe, cuando la ley wayúu “tiene códigos de honor y de guerra muy estrictos, en los cuales no se involucran las mujeres ni los niños, pero sobre todo se defiende el territorio”, insistió.

Con esta alusión, Ramírez subrayó que la guerra lanzada por los paramilitares ha dejado también como víctimas a mujeres y niños, y ha causado, asimismo, desapariciones y desplazamientos forzados.

Explicó que los territorios que dejaron las Autodefensas al momento de su desmovilización han sido ocupados por la banda emergente Águilas Negras, lo que ha mantenido vigente la “guerra silenciosa”, que se recrudeció desde finales de 2002, “en pleno cese de hostilidades, en pleno proceso de paz”.

Es una presencia que causa más “dolores y penas”, y prolonga la crisis en el territorio indígena, dijo la vocera de la SJW, que ahora iniciará la realización de un censo de la población desplazada.

 “No hemos podido establecer el número de desplazados”, admitió Ramírez, quien señaló que esta población vulnerable no sólo ha viajado a Bogotá o ciudades de la costa Caribe, sino que se han desplazado a áreas  venezolanas como las de Machiques, Valencia o Maracaibo, y la misma capital del vecino país, Caracas.


La SJW fue creada hace casi cinco años, y es una alianza de siete asociaciones indígenas que representan a más de sesenta comunidades de base, entre ellas las de autoridades tradicionales y de cabildos.


Cae montaje judicial

Por Joel Sierra

En efecto los jóvenes Leonardo Rodríguez Jiménez y Carlos Javier Castellanos Flórez, fueron víctima de los consabidos montajes judiciales, desarrollados en el marco de la macabra estrategia de judicialización que tantas veces hemos denunciado y cuyo fin es desarticular el histórico tejido social construido por la comunidad araucana y amordazar la expresión de un pueblo, para asegurar la explotación y expansión de los intereses económicos transnacionales representados en los megaproyectos en ejecución y proyección en el departamento.

A cerca de la actuación procesal, dijo la Jueza: “... en el caso sub-júdice, asoman dudas en la etapa del juzgamiento, cuando se estudian las declaraciones de los militares que participaron en el operativo que culminó con las capturas, poco descriptivas sobre la forma como se enteraron de la supuesta llegada de un guerrillero del ELN, enviado a la vivienda de otro guerrillero para cumplir labores propias de su actividad insurgente, donde fueron

capturados; por demás carentes de todo detalle que corrobore sus acusaciones, mientras que de acuerdo a la lógica, la sana crítica y las demás pruebas presentadas legalmente, nos muestran un escenario totalmente diferente, pues no hay certeza de efectivamente estarse desarrollando una actividad propia del grupo insurgente en esa residencia como lo corrobora el mismo ejército, vecinos de la zona y aún el reinsertado José Edwin Castrillón

Gelvez, ex miembro del ELN, elementos materiales que son muy descriptivos y presentan un motivo claro y preciso para dudar de la información suministrada al oficial del ejército; aunado a las declaraciones de testigos de los hechos y vecinos, reponencias que son contestes con las afirmaciones de los aquí implicados y que reposan en la causa, quienes apuntan a que estas personas no son conocidas como miembros de algún grupo rebelde que milite en la zona...”.

Con relación a la falta absoluta de elementos probatorios de cargo, dice la sentencia: “... Para efectos de la valoración del testimonio de los uniformados debe esta sentenciadora partir de un presupuesto básico, resaltado por los señores defensores de los acusados, y que atañe a que, fuera de la información proveniente del ejército nacional, no existe ningún otro elemento de juicio que acredite que efectivamente los mencionados señores fueran combatientes y/o colaboradores o cómplices del ELN...”.


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