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Derechos Humanos: Boletín Día a Día del 31 al 6 de agosto de 2008

Martes, 19 de Agosto de 2008

 

Boletín Día a Día  del 31 al 6 de agosto de 2008

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Crimen de Estado

Asesinado Luís Mayusa Prada líder del PCC y del PDA en Arauca

Era sobreviviente del exterminio de la Unión Patriótica y había sufrido varios atentados contra su vida en Villavicencio y Saravena

Por Camilo Raigozo. Voz

 

Luís Mayusa Prada

 

El pasado viernes 8 de agosto, a las 9: 30 de la mañana aproximadamente, fue asesinado por desconocidos Luís Mayusa Prada, líder político y social del Partido Comunista Colombiano (PCC) y del Polo Democrático Alternativo (PDA), cuando se encontraba a pocas cuadras de su residencia en el barrio Galán de Saravena, Arauca, luego de haber cumplido una cita médica con su pequeño hijo.

 

Mayusa Prada de 46 años, casado y padre de cuatro hijos había sobrevivido al exterminio de la Unión Patriótica y en la actualidad era un reconocido dirigente sindical de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT.

 

Igualmente hacía parte del Partido Comunista Colombiano y del Polo Democrático Alternativo en los departamentos del Meta y Arauca, razones por las cuales había sufrido varios atentados contra su vida habiendo tenido que desplazarse varias veces de Villavicencio y Saravena.

 

Padeció en carne propia el exilio político, perseguido por la oligarquía antidemocrática y criminal que ha gobernado a Colombia desde la muerte del libertador Simón Bolívar.

 

En los años ochenta y noventa del siglo pasado Mayusa fue candidato por la Unión Patriótica al Concejo municipal de Villavicencio y a la Asamblea Departamental del Meta.

 

Recientemente fundó el Centro de Estudios e Investigaciones Sociales de Arauca, CEIS,  era miembro de la dirección regional del PCC , secretario de gobierno del municipio de Fortul, integrante de la Dirección Departamental del Polo Democrático Alternativo y candidato a la Asamblea por esa colectividad en los pasados comicios electorales.

 

Su liderazgo político, social y comunitario desde la oposición, le acarrearon a él y a su familia constantes persecuciones por parte de los organismos de inteligencia del Estado, la Fuerza Pública y los paramilitares.

 

Esta nueva ejecución extrajudicial selectiva contra miembros de los partidos de oposición, pone en evidencia la falta de garantías para el ejercicio político y sindical en el país, con el agravante de que el caso de Luís Mayusa hace parte de la demanda internacional contra el Estado colombiano por el genocidio cometido contra la Unión Patriótica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

 

Cabe recordar que Nieves y Carmen Mayusa Prada, hermanas del líder asesinado, apenas hace algunos días recobraron la libertad, después de que se desmontaran las falsas acusaciones que se les imputaba por parte de la Fiscalía en desarrollo de la mal llamada “política seguridad democrática” del presidente Uribe.

 

El pasado 31 de julio en el municipio de Arauquita, la comunidad araucana hizo más de 300 denuncias contra la Fuerza Pública y los paramilitares, a los que acusaron de realizar asesinatos selectivos, masacres, detenciones masivas ilegales, desplazamientos forzados, amenazas, infracciones al derecho humanitario y fumigaciones, entre otras violaciones a los derechos civiles fundamentales.

 

El Partido Comunista Colombiano, la Comisión de Paz y Derechos Humanos de la Asamblea Departamental de Arauca, el Polo Democrático Alternativo, la Corporación Reiniciar y múltiples organizaciones sindicales, sociales y defensoras de los derechos humanos nacionales e internacionales repudiaron el cobarde asesinato e instaron a los organismos de control y al gobierno de Uribe a realizar una inmediata y eficaz investigación para que este otro crimen no sea cobijado con el manto de la impunidad.

 

Del mismo modo expresaron sus más sentidas condolencias a los familiares, compañeros de la Unión Patriótica y del Partido Comunista Colombiano, y le exigieron al gobierno nacional cesar inmediatamente la persecución y muerte contra los sobrevivientes del genocidio contra la UP,  “pues no es razonable que Luis Mayusa haya sido asesinado en un municipio absolutamente controlado por la Fuerza Pública , sin que esta no haya hecho nada para evitar su muerte”.

 

Cárcel Doña Juana de La Dorada, Caldas

Graves violaciones a los derechos fundamentales de los presos políticos

Por Camilo Raigozo. Voz

 

  El régimen continúa violando los derechos fundamentales de la población política recluida en las cárceles del Estado.

 

El colectivo de presos políticos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc EP y del Ejército de Liberación Nacional, ELN, recluidos en la cárcel de alta y mediana seguridad Doña Juana, ubicada en la Dorada, Caldas, denunciaron nuevamente ante la opinión pública nacional e internacional, las graves violaciones a sus derechos humanos fundamentales por parte del nuevo director de la cárcel, la guardia y del Ejercito Nacional.

El 9 y 10 de julio pasado, con pretextos ficticios previamente maquinados, el Inpec decidió sorpresivamente trasladar a cinco guerrilleros presos a diferentes cárceles del país, cuando estaban próximos a cumplir audiencias públicas judiciales en Ibagué y Medellín.

 

Al no cumplir la audiencia pública en su fecha y hora fijadas, el reo se ve abocado a perder una cantidad apreciable de tiempo mientras los jueces les fijan otra nueva. “Es un ensañamiento contra los presos políticos”, argumenta la denuncia.

 

Según la denuncia recibida por VOZ, el 9 de julio sacaron al prisionero Álvaro Hener López del patio 1B sin permitirle recoger todas sus cosa y al parecer enviado inmediatamente a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá, ignorando que él tenía audiencia pública en Ibagué el 28 del mismo mes.

 

Al día siguiente el Inpec hizo lo mismo con Tulio Murillo, quien perdió una de sus piernas, Luís Arturo Garcés, Felix Sanabria e Inocencio Morantes. Murillo tenía fijada la audiencia pública en Medellín el 22 de julio.

 

El  mismo 10 de julio, se montó un ‘espectacular operativo’ de requisas en las celdas de los presos políticos. Estos fueron sacados a los patios y en su ausencia un Grupo de Reacción Inmediata con perros antiexplosivos y antidrogas, más un camarógrafo, realizaron las inspecciones.

 

En declaraciones a los medios, los directivos del Inpec aseveraron que a los presos les habían encontrado armas, planos, teléfonos celulares y droga, entre otros elementos prohibidos.

 

“Eso es absolutamente falso. Sí encontraron esos elementos, fue porque ellos mismos los pusieron ahí en nuestra ausencia”, dicen los presos políticos afectados que además señalan el hecho como “un montaje grotesco”. En el operativo, les fueron hurtados a los presos, documentos para su defensa, correspondencia, artículos de aseo personal y hasta un gatito que tenían como mascota.

   

El 14 de julio 72 presos políticos fueron redistribuidos en diferentes patios de la cárcel poniendo en alto riesgo  su vida y su integridad física y la de sus familiares pues los obligaron a compartir celdas con paramilitares y reos comunes. De lo que les pueda pasar a esas personas  responsabilizan directamente a las directivas del Inpec.

 

Indígenas denuncian arbitrariedades del Ejército en el Tolima

Por Nelson Lombana Silva. Voz

 

  Campesinos e indígenas han realizado innumerables marchas de protesta exigiendo el respeto a sus derechos.

 

Los  indígenas del sur del Tolima denuncian ante la defensoría regional del pueblo, atropellos, amenazas e intimidaciones por parte de unidades militares adscritas al batallón Caicedo con sede en el municipio de Chaparral.

 

Según denuncia, hace ocho días militares sin distintivos propios del ejército nacional, llegaron al resguardo Totarco – Niple, del municipio de Coyaima, presentándose como guerrilleros exigiendo dinero, recolectando la suma de cien mil pesos. 

 

Por su parte, en el resguardo indígena San Miguel del municipio de Natagaima, los militares afirman que allí existe caleta de explosivos y buscan afanosamente a un miembro de esta comunidad de nombre René Benítez.

 

Patrullan de civil y con armas cortas, unas veces se hacen pasar como guerrilleros, en otras como paramilitares y en otras con distintivos del ejército.

 

En carta fechada siete de agosto de 2008, dirigida al doctor Santiago Ramírez, defensor regional del pueblo, el gobernador del resguardo San Miguel, José Alcibiades Apache Romero, expresa su problemática y exige del funcionario presencia en la zona para conjurar la grave situación.

 

Dice la nota: "De manera más atenta le solicito su intervención  en aclarar los señalamientos  hechos por el ejército nacional, donde suponen ellos  que en el resguardo indígena San Miguel Natagaima en su territorio existen  caletas con explosivos y buscan a indígenas con nombre propio, en operación realizada de civil  y sin identificarse utilizando armas cortas llegaron el día miércoles 30 de julio a las 7:30 de la noche y lo han seguido haciendo hasta hoy siete de agosto".

 

Por fumigaciones mueren 25 niños en Vaupés

El gobierno de Álvaro Uribe Vélez es el directamente responsable de esas muertes

Por Camilo Raigozo.Voz

 

  Indígenas del Vaupés condenados a morir de hambre por las fumigaciones. Foto PVAC.

 

Al menos 25 infantes indígenas han muerto por hambre en Cumaribo, Vichada, causada por las devastaciones de las fumigaciones aéreas con glifosato sobre cultivos alimenticios ordenadas por el presidente Uribe, informó la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes.

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Según la Consultoría, quedan confirmadas las denuncias hechas por esa comunidad en abril pasado por intermedio del gobernador indígena, Cantalicio Monroy, quién advirtió que las consecuencias de reanudar las fumigaciones serían catastróficas. El Gobierno pasó por alto las súplicas y condenó a muerte por hambre a numerosas personas principalmente niños.

 

“A pesar de varios requerimientos hechos por una comisión de esa comunidad en abril pasado a entidades como la Defensoría del Pueblo y Acción Social para gestionar la no reanudación de las fumigaciones a cultivos de uso ilícito, esta comenzó en abril con los mismos efectos nocivos para la comunidad: daño de los cultivos de pancoger y afectación económica.

 

“El resultado, una nueva hambruna que cobra las vidas de 25 niños y tiene en grave emergencia a esa comunidad, sitiada por una selva inhóspita de la que solo se puede salir en días de verano, cuando baja el caudal de los ríos y caños que la rodean”, dice en su información la ONG..

 

“La carta enviada en abril relataba como en 2007 las fumigaciones produjeron una terrible hambruna de la que los habitantes de Cumaribo solo pudieron escapar en enero pasado cuando el verano les permitió a cerca de 5.000 personas salir desplazadas hacia la capital, Puerto Carreño y la ciudad de Villavicencio, departamento del Meta.

 

“En esa misiva los miembros de la comunidad Barranco Siare anunciaron lo que pasaría si el gobierno continuaba fumigando Las onsecuencias de la fumigación, además de la devastación en los cultivos sería la contaminación de las fuentes de agua como el río Uvá y sus afluentes, afectando especialmente la salud de niños y madres gestantes.

 

“La comunidad solicitó también conformar una comisión interinstitucional que viajara a la zona para conocer de primera mano la problemática y mediar con el Gobierno para encontrar soluciones urgentes. Pero nada pasó y las consecuencias están saliendo a flote.

 

“Pero la respuesta es la misma y hoy a pesar de que hay 25 menores muertos, las entidades del Estado y organismos humanitarios aseguran que las dificultades del terreno y los escasos medios de transporte no permiten llegar a la zona”, relató Codhes.

 

Campesino desaparecido en el nordeste antioqueño apareció asesinado

Por Cahucopana

 

 La Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana) denuncia ante la opinión pública, las autoridades civiles, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y ante las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, que el campesino Manuel Sánchez, desaparecido desde el día martes 5 de agosto de 2008 en la vereda Lejanías del municipio de Remedios (Antioquia) fue encontrado asesinado el pasado sábado 9 de agosto.

 

El régimen narco- terrorista continúa cobrando víctimas inocentes.

 

Manuel Sánchez era un campesino de aproximadamente 40 años de edad, padre de familia, habitante de la vereda Lejanías del municipio de Remedios, miembro de la Junta de Acción Comunal de la vereda, dedicado al trabajo artesanal de la mineria.

 

Las comunidades del nordeste antioqueño han sido víctimas de manera recurrente durante los últimos años, de multiples violaciones de derechos humanos que van desde homicidios hasta desplazamientos forzados y de una fuerte represión a la organización y la resistencia campesina.

 

El día martes 5 de agosto de 2008 a las 6 de la mañana, el señor Manuel Sánchez, identificado con la C.C. No. 78.320.818, de aproximadamente 40 años de edad, salió de su vivienda ubicada en el sitio conocido como Mulatos, montado en una mula y llevando consigo otras dos hacia el caserio de la vereda Lejanías del municipio de Remedios, departamento de Antioquia, aproximadamente a 2 horas de camino, a donde nunca llegó.

 

Vecinos del lugar encontraron en horas de la tarde de ese día las mulas amarradas a un lado del camino, aproximadamente a media hora de Mulatos.

 

Al no obtener respuesta por parte de las autoridades frente a la denuncia de esta situación, el día viernes 8 de agosto la comunidad organizó una comisión para la busqueda del señor Sánchez.

 

Por fin el día sábado 9 en horas de la tarde personas que participaron en la comisión encontraron el cuerpo sin vida de Manuel Sánchez quien fue asesinado de manera violenta cerca del sitio donde fueron encontradas la mulas que llevaba.

 

A Manuel Sánchez le fue cercenada la cabeza, la cual presenta multiples heridas de machete.

 

La corporación Cahucopana ha puesto esta información en conocimiento de todas las autoridades competentes solicitando se realice como es debido el levantamiento del cadáver y se inicien todas las acciones pertinentes para el esclarecimiento de los hechos y el establecimiento de los responsables por el homicidio de Manuel Sánchez.

 

Sin embargo las autoridades locales se han negado a cumplir con esta labor a su cargo y han manifestado que sea la comunidad la que efectúe el levantamiento del cuerpo y que lo traslade hasta la morgue del municipio de Remedios.

 

El comando de la policía de Remedios ha manifestado que no puede acceder a la zona para efectuar el levantamiento hasta tanto el ejército no garantice su seguridad, a lo cual el ejército se ha negado a pesar de su fuerte presencia en la región desde hace varios meses.

 

Frente a esta situación la comunidad ha decidido enterrar el cuerpo en el lugar en que fue encontrado a la espera de que las intituciones estatales decidan cumplir con sus obligaciones legales y constitucionales.

 

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