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Derechos Humanos: Boletín Día a Día del 31 de enero al 6 de febrero de 2008

Lunes, 11 de Febrero de 2008

 
Boletín Día a Día del 31 de enero al 6 de febrero de 2008

Razones para apoyar la marcha de las víctimas el 6 de marzo
Camilo Raigozo


Porque existen entre 10 mil y 30 mil fosas comunes en todo el territorio nacional labradas por la estrategia paramilitar del Estado.


Masacre en el municipio de Mapiripán a mediados de 1997, cuando un grueso número de paramilitares en coordinación con el Ejército Nacional, entraron a la jurisdicción y torturaron, desaparecieron y asesinaron a niños, mujeres, ancianos y hombres, cuyo número sobrepasó el medio centenar. Cientos de masacres similares perpetradas por ‘paras’ y el ejército han ocurrido a lo largo y ancho del país al amparo de la impunidad.



Por los miles de niños, mujeres, ancianos y hombres inermes, asesinados, descuartizados y arrojados en fosas comunes o a los ríos; por los más de cuatro millones de compatriotas desplazados y despojados de sus tierras a punta de motosierra; por las miles de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por la Fuerza Pública; por las miles de personas desaparecidas por el terrorismo de Estado; por las miles de personas encarceladas ilegalmente, por mencionar solo algunas razones, por las que la gente decente que aún queda en el país, debe apoyar decididamente la marcha contra la infamia el próximo 6 de marzo, que es la marcha de las víctimas.

Oleada de asesinatos del Ejército en varias regiones del país

Este tipo de violaciones contra los derechos humanos y el derecho humanitario sigue creciendo al amparo de la impunidad rampante. Human Rights Watch así lo confirma en su último informe

Camilo Raigozo. Voz


Los líderes campesinos Hugo Armando Torres y Heynar Alexander Guerrero Paredes fueron ejecutados por efectivos de las unidades militares de la Brigada Móvil 13. Los dos crímenes tuvieron lugar en el caserío Nueva Unión, corregimiento de Teteyé, municipio de Puerto Asís (Putumayo), el pasado domingo 20 de enero. Los despojos mortales de los labriegos fueron presentados al día siguiente como de guerrilleros muertos en combate, lo que la comunidad desmiente.

Según la
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, a través de la emisora castrense los militares se refirieron a los dos campesinos muertos como alias “Turbino” y alias “El Caleño”, respectivamente. Los campesinos habían sido enterrados como NN pero el martes 22 de enero los restos de Hugo Armando Torres pudieron ser exhumados por sus familiares, mientras que los despojos de Heynar Guerrero solo pudieron ser desenterrados dos días después para que sus familiares pudieran darle cristianan sepultura

Estas dos ejecuciones se suman a las más de 17 que se han cometido en Putumayo en los últimos seis meses. Muchos de los casos se encuentran absolutamente silenciados y otros investigados por la Justicia Penal Militar lo cual es sinónimo de impunidad.


La Comisión Interclesial, también denuncia los asesinatos de Gabriel Ríos, efectuada el 21 de enero; Juan Carlos Cortés Estacio y Jhon Jaime silva Cortés, ocurrida el 23 de enro pasado. Estas otras tres ejecuciones fueron perpetradas por tropas del Ejército en Putumayo.


Magdalena Medio
Miguel Ángel González Gutiérrez, de 23 años, miembro activo de la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño e hijo de Miguel Ángel Gonzáles Huepa, directivo de la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra, fue asesinado por tropas del batallón Calibío de la 14a. Brigada del Ejército.
Este nuevo asesinato fue perpetrado por los uniformados el pasado domingo 27 de enero en la vereda Puerto Nuevo Ité del municipio de Remedios, en el Nordeste Antioqueño. El padre de la víctima había sido detenido arbitrariamente por las mismas tropas junto con otro campesino el 19 de enero anterior.


Tolima


En hechos ocurridos en la noche del pasado lunes 28 de enero, en la vereda Torres en municipio de Cunday, al oriente del departamento del Tolima, fueron asesinados los líderes campesinos Julio Zabala, presidente de la junta de acción comunal de la vereda y Julio Ayala, quién se desempeñaba como fiscal de la misma.


Aunque las investigaciones no han arrojado pruebas de quienes son los responsables, voceros castrenses y varios medios de comunicación acusaron a las Farc de los dos crímenes, pero la comunidad sindica al Ejército, pues es una zona altamente militarizada sin presencia guerrillera. Solo cuatro días antes, tropas del Batallón Caicedo acribillaron al militante del Polo en el municipio de San Antonio.


Arauca


El pasado 19 de enero, hombres sin identificar dieron muerte a Alirio Quiñónez, miembro del Comité Central de la Juventud Comunista quién se encontraba exiliado en Venezuela debido a la persecución del Ejercito Colombiano y los organismos de inteligencia. Estos hechos Habían sido denunciados reiterativamente por la JUCO.


Según un informe del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, en Arauca han sido detenidos de forma arbitraria durante los últimos cinco años alrededor de 3.800 personas a quienes se les acusa de rebelión y terrorismo, al menos 560 líderes han sido encarcelados ilegalmente, más de 19 mil personas han sido desplazadas y asesinadas al menos otras 170 personas. Los responsables son el Ejército y los ‘paras’ según estadísticas de varias ONG.


Al respecto de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por el ejército, en su último informe Human Rights Watch señala que “las ejecuciones extrajudiciales de civiles por parte del ejército colombiano han aumentado notablemente en los últimos años.


Colombia continúa presentando un grave problema de impunidad por violaciones a los derechos humanos. La falta de investigaciones y procesos eficaces para castigar los abusos ha generado un entorno en el que los responsables suponen, sin temor a equivocarse, que nunca se les exigirá que rindan cuentas por los delitos cometidos.


El problema es particularmente grave en casos sobre colaboración militar con los grupos paramilitares. Oficiales de bajo rango a veces responden por tales actos, pero en raras ocasiones se procesa a un oficial del alto rango”.


Mueren 20.000 niños en Colombia por agua no potable

Al menos 20.000 niños murieron en Colombia entre 2004 y 2006 por enfermedades causadas por el consumo de agua de mala calidad, según un informe difundido ayer por la Procuraduría General de la Nación. La investigación, entregada por el procurador general, Edgardo Maya, a los responsables de planificación del país estableció que 13 de los cerca de 42 millones de habitantes del país consumen agua de mala calidad.


Subrayó que las muertes de todos estos niños habrían podido evitarse si se hubieran adoptado medidas para garantizar el suministro de agua potable a la población. Una inversión equivalente a 2.000 millones de dólares está pendiente ejecución en los departamentos y municipios para planes de saneamiento básico para la infancia.


Paras’ siguen vigentes: HRW

 Camilo Raigozo. Voz


En el informe último de esta ONG conocido la semana pasada advierte que : “El gobierno colombiano sigue sosteniendo que, gracias a su programa de desmovilización, hoy ya no existen grupos paramilitares en Colombia. Tanto la Organización de Estados Americanos como la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia informaron, en 2007, que mandos medios de los grupos paramilitares siguen participando en actividades delictivas y reclutando nuevas tropas”.  


El informe agrega además que “Decenas de miembros del Congreso pertenecientes a la coalición del presidente Uribe, incluido el propio primo del presidente, el senador Mario Uribe, están siendo investigados por la Corte Suprema en 2007 por su supuesta colaboración con grupos paramilitares responsables de numerosos crímenes atroces. 17 congresistas se encontran capturados. Uno de ellos es el hermano de la ex canciller María Consuelo Araújo, quien, como consecuencia, renunció a su cargo.


El ex jefe de inteligencia del presidente Uribe entre 2002 y 2005, Jorge Noguera, también está siendo investigado por sus vínculos con grupos paramilitares.  El gobierno ha proporcionado financiamiento a la corte y ha hablado sobre la necesidad de descubrir la verdad en estos casos. No obstante, el presidente Uribe ha arremetido contra la corte en reiteradas oportunidades, acusándola de tener un “sesgo ideológico” y llamando personalmente a un magistrado de la Corte Suprema para hacerle preguntas acerca de investigaciones en curso”.  


Bombardeos en zona indígena

El proceso de militarización de la zona norte del Municipio de Páez está haciéndolo la brigada 29 del ejército nacional, y helicópteros bombardean la zona, poniendo en riesgo la vida de los pobladores.

Así mismo el ejército está cogiendo los centros poblados de los resguardos para refugiarse y volverlos escudos humanos en las comunidades de Monte Cruz Resguardo de Vitonco y Taravira en el resguardo de Talaga.

Los indicadores de pobreza y miseria se minimizan asesinando a las comunidades y pobladores, en los cuales el gobierno nacional invierte militarización y bombardeos, como forma clara de destierro de los pueblos”, dice un comunicado indígena.

Captura masiva arbitraria en Ríoblanco, Tolima

Camilo Raigozo


En un operativo, el Ejército, la Policía y la Fiscalía, detuvieron a ocho personas a quienes sindicaron de ser guerrilleros en el municipio de Rioblanco, Tolima. Las pruebas que esgrimieron las autoridades son informes de inteligencia y testimonios de presuntos reinsertados, que generalmente resultan falsos.


Las nuevas víctimas de la política de “Seguridad Democrática” son: el profesor Alexánder Prieto, de la vereda Gaitán, Dagoberto Torres, comerciante; Myriam Monroy, propietaria de la funeraria La Última Lágrima; Blanca Oviedo, estilista o peluquera; Timaco Buitrago, propietario de unas residencias; Tiberio Arcia, campesino; Pedro Sánchez, mesero de un bar; Eduardo Cárdenas Duque, hermano del alcalde Remigio Orlando Oviedo Duque.


Tres indígenas fueron asesinados por el Ejército

Cotaindoc


El Consejo Territorial de Autoridades Indígenas del Oriente Caucano (Cotaindoc), denunció el asesinato de tres comuneros indígenas a manos de tropas del batallón cuatro de alta montaña del Ejército Nacional, en hechos ocurridos el pasado 30 de enero a las 11 de la noche en el sitio conocido como Chulica, municipio de Sivia (Cauca).

En esta ocasión las víctimas fueron los comuneros indígenas Robert Heler Astaiza, del resguardo de Kizg y Luís Carlos Otero Velasco y Elías Pechené Pillimue del resguardo de Ambaló.

Después del múltiple crimen, tanto los medios de comunicación como voceros castrenses informaron a la opinión pública haber dado de baja en combate a tres subversivos cuando se encontraban extorsionando a personas en la zona, lo cual es absolutamente contrario a la realidad, según la comunidad indígena.

Minutos antes de ser ejecutados por los militares, los tres indígenas habían estado en el casco urbano de Silvia ejerciendo sus actividades cotidianas de comercio en el expendio de gas, agropecuarias y panadería, donde eran muy conocidos.

Desaparecen dos jóvenes en zona rural de Tame

Prensa Rural


El martes 5 de febrero de 2007, entre las dos y tres de la tarde, desaparecieron los hermanos William Aguirre Orozco y John Alexánder Aguirre Orozco, cuando se desplazaban entre las veredas Lejanías y Galaxias en el municipio de Tame (Arauca), buscando unas reses perdidas.


Cuando los familiares partieron en su búsqueda sólo encontraron rastros del paso de unidades militares. La situación es preocupante por cuanto William sufre de epilepsia y casi nunca salía de su casa. Ambos jóvenes son trabajadores campesinos y reconocidos habitantes de la región.


La Asociación Campesina de Arauca, en nombre de la comunidad, hizo un llamado a que se intensifique la búsqueda de las dos personas y expresaron que hay preocupación por la suerte de los jóvenes, pues en los últimos meses en este sector se han registrado cerca de ocho ejecuciones extrajudiciales perpetradas por el Ejército.


Más de un millón de niñas y niños colombianos son explotados laboralmente

Camilo Raigozo


Un mismo ente del Estado, el Ministerio de Protección Social, fue quien dio a conocer a la opinión pública la astronómica cifra , sin el mayor asomo de rubor.


El informe asegura que hoy en día 393.038 niñas, niños y adolescentes están vinculados en el sector agrícola a nivel nacional y 338.965 trabajan en el comercio, muchos de ellos en el comercio callejero.

En al menos 894 municipios del país, niñas, niños y adolescentes trabajan en condiciones de extrema miseria realizando trabajos extenuantes en minería, dice el documento.

Según un informe de la Unicef, conocido a finales del año anterior, más de dos millones de N
iños, niñas y adolescentes son explotados laboralmente en Colombia. Las áreas donde más son sometidos los infantes es en la explotación sexual, el reclutamiento forzado por los paramilitares, minería artesanal, agricultura y comercio callejero, entre otros.



¿Quién está detrás del desalojo de 300 familias en Pasacaballos?

Por Violeta

Pasacaballos, febrero 8 (Redacción). Pasacaballos, un corregimiento de la ciudad de Cartagena, aledaño a la zona industrial de Mamonal, es escenario hoy de uno de los más comunes episodios de los dos millones de habitantes que viven en la pobreza o en la miseria en Colombia, el desalojo.

Alrededor de 300 familias desplazadas invadieron este sector por falta de oportunidades para adquirir una vivienda digna, allí se instalaron en cambuches de plástico que albergan alrededor de 70 niños, 15 mujeres embarazadas y 30 ancianos, según sus habitantes.

La orden de desalojo está regida por una resolución de mayo del 2007 bajo la administración de Nicolás Curi, ex alcalde de Cartagena, gobierno que se conoció por las grandes dádivas y concesiones que dio al sector privado en detrimento de la comunidad.

En el caso de este sector, conocido como Herlinda Moisés no se conoce quienes lo están reclamando, pero si se sabe que allí se pretende construir la vía que unirá a Cartagena con la Isla Barú, que hace parte del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, uno de los futuros polos de desarrollo turístico de la Ciudad.

A las diez de la mañana del 6 de febrero arribaron al sector los funcionarios encargados de realizar la diligencia, acompañados por delegados de la Alcaldía Distrital, la Defensoría del Pueblo y la Defensa Civil. El Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, conocido ya por la brutalidad de sus actos, que han dejado no solo heridos, sino también muertos en sus intervenciones, avanzó hacia la comunidad, para que el desalojo pudiera realizarse.

La gente de la invasión estaba dispuesta a todo por defender lo poco que tienen, entre piedras, palos, bolillazos, golpes, y cápsulas de gas lacrimógeno transcurrieron tensionantes 45 minutos, gracias a la intervención de la Defensoría del Pueblo, el ambiente se calmó. Se había impartido la orden de suspender el desalojo, porque las personas que reclamaban las tierras no habían llegado con la maquinaria necesaria para su realización.

Mujeres y niños resultaron afectados por los gases lacrimógenos lanzados por el ESMAD, muchos ya tenían sus pocas pertenencias recogidas esperando lo peor, lo cierto es que es deber de la Alcaldía adelantar los planes necesarios para que estas personas puedan tener un techo digno en donde vivir, con la seguridad de que nadie vendrá a quitarles lo que les pertenece.

Esta noche la comunidad de Herlínda Moisés no dormirá tranquila porque sabe que tarde o temprano vendrán por ellos, por sus casas, por su tierra, nuevamente serán desplazados, ante la mirada irreverente de quienes duermen bajo un techo de verdad, cómodos, sin el temor que inspira despertar de nuevo.


Ejército asesinó labriego en el Tolima y lo presentó como subversivo

Por Nelson Lombana Silva

Ibagué, febrero 7 (Redacción). Unidades militares, al parecer pertenecientes al batallón Caicedo con sede en Chaparral, Tolima, asesinaron al labriego Edwin Torres, 25 años de edad, en el sitio Lejía Baja, cerca al cementerio del municipio de San Antonio, el lunes cuatro de febrero a la 1:20 de la madrugada, cuando iba rumbo a su casa después de haberse tomado unas cuantas cervezas en la panadería ubicada frente a la estación de energía.

Era hijo de Ramiro Torres y Ligia, una familia conocida en esta municipalidad. Edwin trabajaba en la finca de Eduardo Ruiz y de Rodolfo Oviedo como jornalero.

Vecinos de la región consultados por el semanario VOZ La verdad del pueblo, señalaron que el labriego una vez salió de la panadería se marchó a su casa y pasando el cementerio, militares abrieron fuego contra él, lo asesinaron, le colocaron uniforme y lo presentaron como subversivo caído en combate.

"Así mataron al compañero Israel González y así mismo lo presentaron en los medios de comunicación", dijo un indignado campesino de San Antonio, Tolima.

Las exequias del labriego Edwin Torres, se llevó a cabo el miércoles 6 de febrero en horas de la mañana en este municipio, en medio de la fuerte militarización y el terrorismo de Estado galopante. "El ejército nacional nos está matando, pedimos a la procuraduría general de la nación un pronunciamiento, a los organismos nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos. Repito: El ejército nos está matando y nos está presentando como guerrilleros", dijo un indignado campesino que participo de los funerales.

El drama de la comunidad desplazada

Por Edurri Thursday

De acuerdo con un estudio, según registros del Gobierno los desarraigados en Colombia son 2,4 millones, pero varias ONG y Codhes, la realidad es que superan los 4 millones de personas.

La situación en materia de ingresos de la población desplazada incluida en el Registro Único de Población Desplazada, Rupd, es tal vez la más crítica en lo que a realización efectiva de derechos se refiere.

Así lo establece un informe realizado la Universidad Nacional para el Codhes y presentado ante la Corte Constitucional y en el que se asegura que el 98% de los desarraigados cuenta con ingresos laborales inferiores a la línea de pobreza y que un 74% de ellos perciben ingresos laborales inferiores a la línea de indigencia.

En materia de ingresos la situación es también crítica, al constatarse que sólo el 11,8% de los ocupados percibe ingresos mensuales iguales o superiores al salario mínimo legal, y que un 49,8% recibe ingresos inferiores a medio salario mínimo.

Los niveles de remuneración laboral son tan bajos que cuando se agregan a nivel de cada hogar, casi la totalidad de los hogares desplazados incluidos en el RUPD (98%) cuenta con ingresos laborales inferiores a la línea de pobreza y que una gran proporción de ellos (74%) perciben ingresos laborales inferiores a la línea de indigencia”, señala el informe.

Indica que la gran mayoría de los empleos o negocios a los que está vinculada la población desplazada ocupada no cumple las condiciones de dignidad según la normativa prevaleciente, ni provee ingresos adecuados.

Entre los temas más críticos se destacan el incumplimiento de jornadas según los topes legales (sólo un 23,9% de los ocupada trabaja jornadas entre 40 y 48 horas), la inexistencia de contratos laborales para la población asalariada (sólo un 9,2% lo posee) y la baja afiliación a seguridad laboral y social (sólo un 7,5% de los asalariados está afiliados a ARP, salud y pensiones y apenas un 0,3% de los independientes se encuentra afiliado a salud y pensiones por su trabajo).

Así mismo señala el informe que “confirmando los registros obtenidos en ejercicios de años anteriores, se encuentra que el 9,4% de los grupos familiares incluidos en el RUPD ha sufrido dos desplazamientos y el 1,2% más de dos, con un promedio de 1,2 desplazamientos por grupo familiar, lo que delata una reiterada falla en el deber de protección del Estado”.

Añada que se observa que el mayor periodo de concentración del fenómeno fue el comprendido entre los años 2000 y 2002, con el 47,8% de los grupos desarraigados de su lugar de origen.

Se detecta también que el 75,2% de los grupos fue expulsado de las zonas rurales y que en su mayoría el desplazamiento fue grupal o masivo (53,8%).

La situación alimentaria, al menos en términos de insuficiencia, “es crítica”, al detectarse que por falta de alimentos o de dinero un 59,1% de esta población presentó algún indicio de alimentación insuficiente durante la semana anterior a la encuesta y un 42,0% dejó de consumir 4 o más desayunos, almuerzos y/o comidas en dicho periodo.

Por su lado, es muy bajo el acceso de los hogares desplazados incluidos en el RUPD a una vivienda que cumpla con todos los criterios que permitan clasificarlas como dignas de acuerdo con la normatividad prevaleciente (7,5%).

Dentro de los principales rezagos en cuanto a la realización del derecho a una vivienda digna se destacan la falta de una forma de tenencia segura, dado que sólo el 34,2% de los hogares que se acreditan como propietarios cuentan con escritura registrada y tan sólo el 7,8% que son arrendatarios poseen contrato escrito; la alta proporción de hogares con hacinamiento crítico (51,2%); y la falta de acceso a todos los servicios domiciliarios para un grupo importante de los hogares (36,8%).

Periodista amenazado por denunciar a ex alcalde de Magangue

Flip

El periodista Alexander Guerrero, del periódico ‘Magangué Hoy’ en el municipio de Magangué, Bolívar (norte del país), fue víctima de amenazas contra su vida, además de ser informado, por parte del alcalde local, de un presunto plan para asesinarlo.

Álvaro Uribe Vélez acompaña a Joge Luis Alfonso López, hijo mayor de alias "La Gata" y ex alcalde de Magangué. Foto: Semana.

El pasado 31 de diciembre de 2007, último día de mandato del alcalde saliente de Magangué, Jorge Luis Alfonso López, varios vecinos de la alcaldía se percataron de la extraña labor de los colaboradores de Alfonso. Los testigos vieron cómo los funcionarios sacaban de la alcaldía todos los computadores, muebles, teléfonos y hasta bombillos, dejando las oficinas completamente desocupadas.

La situación fue notificada al alcalde electo, Anuar Arana Gechem, quien de inmediato le pidió a Alexander Guerrero – quien había sido colaborador suyo en la campaña y ahora sería jefe de prensa de la alcaldía – que hiciera un registro fílmico del hecho.

Guerrero se desplazó a la alcaldía, grabó lo que estaba sucediendo, y entregó el video a los corresponsales de Canal Caracol y Canal RCN, los cuales denunciaron nacionalmente el hecho.

Ese día, el alcalde saliente no se quiso pronunciar ante los medios locales, pero ante la denuncia de los medios nacionales, rompió su silencio. Aseguró que cuando él se posesionó en enero de 2004 no había nada en la alcaldía, y por esa razón compró equipos con recursos propios y los prestó al municipio.

Al día siguiente, mientras el nuevo alcalde Arana se posesionaba, un escolta de Alfonso le atravesó su moto al periodista y le dijo: “usted nos la va a pagar”. El hombre también le advirtió que cuidara su vida. Cuatro días después, en la noche, el comunicador notó que algunos hombres en motocicletas rondaban su residencia de manera sospechosa. A esto se le sumó que el 15 de enero el alcalde Arana le comentó a Guerrero que había sido informado de un presunto plan para asesinarlo.

Según manifestó el alcalde Arana a la FLIP, algunos allegados suyos habían escuchado en un bar del municipio a varios hombres que planeaban el asesinato del periodista. Según el informante, el crimen debía ejecutarse antes del viernes 18 de enero. Ante la situación, Guerrero se vio obligado a salir inmediatamente del municipio, escoltado por agentes de Policía.

Arana aseguró que el ex acalde y sus funcionarios han querido entorpecer su labor debido a que su candidato perdió las elecciones. “De aquí (la sede de la alcaldía) se llevaron no solo los computadores sino los teléfonos y un fax, cosas que no tienen mayor valor económico pero lo que querían era obstaculizar nuestra administración (…) es que se llevaron hasta los cuadros”, comentó el mandatario. El alcalde Arana aseguró que la situación de riesgo de Guerrero se debió a su labor periodística: “gracias a su video pudimos denunciar a nivel nacional lo que estaba pasando”.

En diálogo con la FLIP, periodistas de la zona manifestaron que la situación de Guerrero es delicada, porque el rumor del plan de asesinato fue de conocimiento público.

Jorge Luis Alfonso y su administración cuestionada

Desde que Alfonso ganó las polémicas elecciones de 2003 – salpicadas por un presunto fraude y trashumancia electoral – su periodo estuvo relacionado con varias investigaciones por peculado, lavado de activos y acceso carnal violento. Las investigaciones estuvieron manchadas por supuestas irregularidades procesales.

El 10 de julio de 2006, la Fiscalía Nacional de la Nación le dictó medida de aseguramiento a Alfonso por lavado de activos y el desvío de siete mil millones de pesos de la salud en los años 2004 y 2005. Según la Fiscalía, los contratos se hicieron a través de empresas que luego giraron los dineros a cuentas bancarias de Alfonso y su señora madre, la empresaria del chance Enilse López, conocida como ‘La Gata’, sobre quien cursan otras investigaciones también por lavado de activos y por vínculos con el paramilitarismo.

Semanas después, el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI) realizó una diligencia para capturar a Alfonso. Sin embargo, una aparente filtración de la información permitió al ex alcalde huir de antes de ser capturado. Alfonso estuvo prófugo de la justicia por varios meses hasta que se le levantó la medida de aseguramiento, a pesar de que la Procuraduría General de la Nación le formuló pliego de cargos por las irregularidades que le investigaba la Fiscalía.

En noviembre de 2006, la Procuraduría encontró culpable a Alfonso, lo destituyó de su cargo y lo inhabilitó por 10 años para ejercer cargos públicos. Sin embargo, la defensa apeló la decisión y ésta fue revocada, lo que le permitió al polémico mandatario terminar su periodo de gobierno, aunque las investigaciones continúan en curso.

El Meridiano de Córdoba’ denuncia amenazas de muerte

Flip

William Salleg Taboada, director de ‘El Meridiano de Córdoba’, diario que circula en varios departamentos de la costa norte colombiana, denunció amenazas contra él y varios integrantes de su equipo periodístico.

Recientemente, el equipo de investigaciones del diario venía realizando una serie de denuncias por irregularidades en contrataciones locales y departamentales. La más importante de ellas hacía referencia a un presunto caso de corrupción en la contratación del plan departamental de aguas por parte de la gobernación de Córdoba.

Las amenazas comenzaron cuando una de las periodistas del periódico recibió una llamada telefónica días después de colocar un derecho de petición en el que solicitaba a la gobernación algunas informaciones respecto al contrato. En la comunicación, hecha al teléfono de su residencia, un desconocido le manifestó de forma intimidante: “No siga con los temas de la gobernación”.

Posteriormente, el pasado viernes primero de febrero, el diario publicó una información con las primeras denuncias sobre las irregularidades del contrato. Al día siguiente, la periodista recibió nuevamente una llamada amenazante en la que le advertían que atentarían contra su vida “si sigue adelante con lo del plan de aguas”.

La comunicadora, que pidió la reserva de su nombre, manifestó a la FLIP su preocupación por los hechos y aseguró que ello se debe a que el periódico se ha enfocado en denunciar la corrupción. “Siempre hemos levantado ampollas”, asegura. La periodista espera que la situación se tranquilice y no pase de una intimidación telefónica.

Por su parte, el director Salleg también recibió llamadas de ese tipo. El pasado 4 de febrero, un desconocido le advirtió telefónicamente: “deje el plan de aguas quieto”. En diálogo con la FLIP, Salleg manifestó no conocer el origen de las amenazas, sin embargo, dijo que publicará la totalidad de la investigación. “No nos vamos a dejar amordazar”, enfatizó. El director del matutino expresó su temor por estas intimidaciones y añadió que se encuentra a la espera de que las autoridades le brinden las medidas de protección.

Algunos periodistas de otros medios locales manifestaron a la FLIP que aparentemente en el tema del plan de aguas sí se han presentado algunas irregularidades: “la contratación se hizo demasiado rápido, lo cual hizo pensar que el contrato se ‘adjudicó a dedo’ y generó suspicacias”, comentó una de las fuentes consultadas.

Actualmente, la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría departamental realizan una revisión a dicho proceso de contratación para detectar las presuntas anomalías denunciadas.

Respecto a los hechos, el comandante de la Policía de Córdoba, coronel Óscar Atehortúa, aseguró a la FLIP que ha estado en comunicación con William Salleg y han evaluado algunas medidas de protección para implementar. “No vamos a dejar de prestar protección al periodista”, concluyó. El coronel se negó a suministrar mayor información por razones de seguridad.

Finalmente, Salleg comentó que en un programa de radio local lo acusaron de tener vínculos con grupos paramilitares, y pocos días después también recibió llamadas intimidantes. Ante esta situación, presentó denuncia ante la Fiscalía y comentó los hechos al comando de la Policía en Montería.



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