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Derechos Humanos: Boletín Día a Día del 4 al 10 de octubre de 2007

Viernes, 12 de Octubre de 2007

 
Boletín Día a Día del 4 al 10 de octubre de 2007

El Gobierno quiere librar a los ‘paras’ de la CPI

La FIDH denunció la falta de voluntad del gobierno de Uribe Vélez de juzgar y desmantelar a los grupos paramilitares

Camilo Raigozo. VOZ


Como resultado de más de dos años de trabajo investigativo en Colombia, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) publicó la semana pasada un informe sobre la aplicación de la Ley de Justicia y Paz. El informe contó con la colaboración del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, ILSA y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. También se basó en la observación de las audiencias de Justicia y Paz que tuvieron lugar de mayo a julio de este año en los Tribunales de Justicia y Paz, en las ciudades de Bogotá, Medellín y Barranquilla.


Una de las conclusiones a que llegó la FIDH es que el llamado proceso cobijado con la llamada Ley de Justicia y Paz ha sido construido con el fin de sustraer a los capos paramilitares de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI), e instó al Gobierno a que derogue el marco jurídico de dicha ley y en su lugar expida un marco legal que cumpla con los estándares internacionales.


“La Corte Penal Internacional debe investigar y juzgar a los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia desde el 1 de noviembre de 2002”, dice el concienzudo estudio sobre la situación. Dice también el informe que los paramilitares han cometido desde su aparición alrededor de 60 mil crímenes de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos, sin contar más de un millón de personas desplazadas por sus acciones y amenazas. Otras fuentes como Codhes, afirman que el número de desplazados es cercano a los cuatro millones de personas y pone al país como el segundo del mundo con este flagelo.


Más de 80 fosas comunas han sido descubiertas, al final del 2006, la Fiscalía estimó que todavía faltaban por encontrar más de 3.000 personas. Sin embargo, se considera que este dato está lejos de reflejar la denuncia de más de 30.000 desapariciones forzadas.
El año pasado, más de 219 000 personas fueron desplazadas, y el total sobrepasa las 380.000 familias registradas. Entre enero y junio de este año, más de 770 personas fueron asesinadas o desaparecidas.


La FIDH advierte que solo el ocho por ciento de los 30 mil paramilitares desmovilizados está bajo la competencia de la Ley de Justicia y Paz, mientras que el 92 por ciento fue beneficiado con un régimen de amnistía de facto instituido por decreto. Dicha legislación –dice el informe- se puso en práctica a través de decretos que no respetan la decisión de la Corte Constitucional, que se pronunció a favor de adaptarla de tal manera que no violara el derecho de las víctimas a obtener verdad, justicia y reparación.


Igualmente la FIDH criticó que bajo la Ley de Justicia y Paz los paramilitares, autores de horrendos crímenes, solo pueden ser condenados a una pena máxima de ocho años de prisión que logran pagar en las llamadas granjas productivas o imponiendo ellos mismos las condiciones de su reclusión, lo cual es inmensamente contradictorio a la magnitud de sus crímenes. Advierte también el ente internacional vigilante del respeto a los derechos humanos en su informe que las declaraciones llamadas versiones libres rendidas hasta ahora por los ‘paras’, se han convertido en apología del delito y el paramilitarismo, porque no están obligados a confesar sus crímenes ni a revelar la verdad sobre quienes los apoyaron, ni mucho menos a expresar arrepentimiento.

Adicionalmente la FIDH, advirtió desde un comienzo, que el Gobierno de Uribe Vélez debería retirar su declaración hecha bajo el artículo 124 del Estatuto de Roma, que saca de la competencia de la CPI, los crímenes de guerra cometidos por todos los grupos armados en Colombia. La FIDH concluye que el gobierno colombiano debe anular el marco jurídico de la Ley de Justicia y Paz o en su lugar expedir una legislación que cumpla con los estándares internacionales.

A pesar del montaje y las amenazas, seguiremos adelante’: ACVC

Militares amenazan a los campesinos para que no se movilicen

El pasado 5 de octubre, en la vereda San Francisco, del municipio de Yondó (Antioquia), en la Zona de Reserva Campesina del Valle del río Cimitarra, tropas del batallón Calibío, de la Brigada 14 del Ejército Nacional, destruyeron la publicidad alusiva a la movilización nacional agraria y popular que se preparaba para hoy 10 de octubre.

Como si fuera poco, los soldados arengaron a la población en el sentido de que si llegaban a encontrar afiches de la movilización en las viviendas campesinas, procederían a quemar las casas, y que la orden es no permitir el desarrollo de la protesta en la región.

La Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC) hace parte de la Coordinación Nacional de Organizaciones Agrarias y Populares de Colombia que convoca a la movilización contra el gobierno de Uribe y sus políticas militaristas y antisociales. Como es sabido, cuatro de los dirigentes fueron arrestados el sábado 29 de septiembre, en el marco de un proceso judicial montado sobre declaraciones de reconocidos delincuentes que asolaron la región desde estructuras militares paraestatales. A pesar de esta dificultad, y de que los medios de comunicación regionales hablan de otras 18 órdenes de captura contra dirigentes de la ACVC, los campesinos sostienen la convocatoria y participaran en la movilización nacional, tal y como se ha venido planeando.

El anterior fin de semana se realizaron asambleas veredales en los cuatro municipios de la zona de reserva campesina, y las organizaciones sociales afirmaron que seguirán adelante con los proyectos y planes trazados, pues su actividad, desde la fundación de la Asociación Campesina en diciembre de 1996, ha sido legítima, pública y ajustada a la ley. Agregaron, que sus organismos sociales hacen la diferencia de los poderosos intereses que mueven los hilos de la persecución: élites empresariales y terratenientes cuyos vínculos con los peores crímenes de lesa humanidad tienen en vilo a sus representantes en cargos públicos, como ha venido conociendo el país a través del destape de la olla podrida de la llamada parapolítica.

“Desde la Zona de Reserva Campesina hacemos un llamado a las organizaciones y personas solidarias y defensoras de los derechos humanos, para que acompañen la movilización y estén en alerta ante nuevas arbitrariedades que se puedan presentar no sólo en nuestra región sino en todo el territorio nacional”, afirmó la ACVC en un comunicado público.

Uribe señala y ‘paras’ atacan

El corresponsal en Colombia de El Nuevo Herald, Gonzalo Guillén, tuvo que salir del país por amenazas de paramilitares contra su vida, luego de que el presidente Uribe hiciera señalamientos calumniosos e injuriosos en su contra, al imputarle culpabilidad por lo escrito en el libro de Virginia Vallejo, donde esta señala que Uribe y el criminal Pablo Escobar eran amigos. Según lo recordó hace pocos días el New York Times, documentos desclasificados de los organismos de inteligencia de lucha contra el narcotráfico de los Estados confirmarían que lo escrito por Vallejo en su polémico libro no está lejos de la verdad..

Denuncian reclutamiento de jóvenes para las Auc

Padres de familia han tenido que ver cómo miembros de grupos paramilitares entran a sus casas con la única intención de llevarse a sus hijos adolescentes sin ninguna explicación a cambio.

El Espectador

Al tiempo que le ordenan al joven que recoja algunas de sus pertenencias amenazan a los padres para que no denuncien a la policía el hecho, porque de lo contrario pondrían en riesgo no sólo sus vidas sino la del muchacho.
La denuncia de que hechos similares se repiten constantemente en varias zonas del sur de la ciudad fue hecha por un padre de familia a Caracol Radio, en donde relató la forma de cómo su hijo había sido reclutado por estos grupos al margen de la ley.

Según la información del padre afectado, la noche que su hijo fue llevado a la fuerza, en el sector de Altos de Cazucá en Ciudad Bolívar, otros 30 jóvenes también fueron sacados de sus hogares en las mismas circunstancias.

"El día que se lo llevaron no acababa de amanecer cuando irrumpieron a mi humilde casa dos hombres fuertemente armados con una lista de nombres en la mano y el rostro cubierto , sin dar explicaciones le pidieron a mi hijo de 16 años que alistara algunas pertenencias y que tenia que acompañarlos o de lo contrario se atendría a las consecuencias.. Mi esposa y yo les rogamos que no se lo llevaran, pero como única respuesta solo obtuvimos una grave advertencia: Que si denunciábamos a las autoridades la vida del muchacho y la de nosotros corría peligro", dijo el padre afectado en entrevista con la emisora Caracol.

Desde que sucedieron los hechos antes mencionados ha transcurrido un mes, sin que alguno de los padres haya recibido información de los menores.

El congresista Venus Albeiro Silva, se sumó a la denuncia del padre afectado al recordar que en 2005, él señaló que al menos 625 jóvenes habían desaparecido de diferentes barrios de la ciudad en circunstancias similares y que al menos otros 125 fueron asesinados al oponer resistencia a estos grupos de reclutamiento.

Detenido dirigente agrario en el Caquetá

Según denuncia la comision de derechos humanos de la Coordinación Nacional de Organizaciones Agrarias y Populares, en Cartagena del Chairá, departamento de Caquetá, fue detenido hoy miércoles 10 de octubre el líder agrario y dirigente comunal Isaac López López.

La detención fue efectuada por miembros de la Fiscalia décima de Florencia, mientras se dirigia a ésta ciudad para participar en la movilización agraria obrera y popular. Isaac es un reconocido dirigente agrario y líder comunal, y además es aspirante a la alcaldía de Cartagena del Chairá por el Polo Democrático Alternativo.

En los últimos cinco años, las ejecuciones extrajudiciales atribuibles a la Fuerza Pública aumentaron en un 65 por ciento

Un informe preliminar de la Misión de Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad en Colombia revela el incremento de los abusos cometidos contra la población civil.

Por Semana

La última vez que lo vio, iba montado en su caballo. Sixto Guzmán había salido de su casa en dirección al potrero para darles sal a unos terneros. Pero no volvió a la hora del almuerzo. Martha Liliana González, su esposa, lo esperó hasta las 4 de la tarde del 13 de septiembre, y en vista de que no llegaba, decidió caminar hacia donde suponía que debía estar. Los hechos ocurrieron en la vereda El Cóndor del corregimiento de Puerto Rico, Caquetá.

Una tragedia se cernía. Entró a la casa de una de sus vecinas, que aseguró haberlo visto. En su cara se advertía la palidez que produce el terror. Su vecina le contó que a él se lo habían llevado unos uniformados. Pero que no fuera sola porque podía ser peligroso, estaban armados y pedían información acerca de la zona. Que Sixto se había negado a guiarlos por los caminos, le habían quitado el caballo y lo habían amarrado.

Pasados unos minutos, a las 4:30, sonó una ráfaga de fusil. Luego, unos estallidos de granada. El pánico sobrecogió a las dos mujeres y a un hermano de Sixto, que para ese momento había llegado a buscarlo. Cuando pasó el ruido de las explosiones, media hora más tarde, Martha Liliana se lleno de coraje y fue a encarar a la escuadra del Batallón Cazadores que custodiaba el camino.

Uno de los soldados salió a su encuentro y le preguntó que para dónde iba. Ella contestó “devuélvame a mi esposo”. Martha Liliana pudo advertir, como contaría más tarde, que a unos metros se encontraba amarrado el caballo y a un lado del camino estaba lo que parecía un cuerpo, cubierto con hojas de helechos.

La pesadilla apenas comenzaba. Le dijeron que si ese caballo era suyo, que se lo llevara. Ella replicó que si no le entregaban a su esposo, los demandaría. “Ustedes hacen pasar a la gente como guerrilleros y les ponen armas para decir que mataron a unos bandidos”, les dijo indignada. La amenazaron, la grabaron con la cámara de un celular y le dijeron que volverían por todos los guerrilleros. “Nunca hubo un enfrentamiento con ningún grupo en la zona”, aseguraría Martha Liliana después.

Pasados tres días de búsqueda, de averiguar en la Sijín de Florencia, en el Batallón, Martha Liliana, junto con su hermano Alberto, logró encontrar el cadáver de Sixto. Fueron informados por el CTI de que dos cuerpos habían sido remitidos como N.N. de Cartagena del Chairá y que estaban en la Morgue de Florencia. Finalmente, el cuerpo les fue devuelto el lunes 16 de septiembre a las 4:30 de la tarde.

Hoy son muchas las preguntas que se abren para una familia de la cuál quedan tres hijos menores de edad y una mujer de 27 años. “Para ella ha sido muy difícil. Los niños no quieren volver a estudiar y el Ejército sigue en la zona” dice Alberto, su hermano. Todavía no se esclarecen los hechos, aunque ya fue radicada una denuncia en la Personería. ¿Por qué lo mataron?, ¿a dónde lo llevaron después?, más que preguntas por la verdad, es el clamor de una madre y esposa que está a la espera de justicia, con una mezcla de temor y coraje al mismo tiempo.

Inquietante coincidencia

En los últimos cinco años, las ejecuciones extrajudiciales atribuibles a la fuerza pública aumentaron en un 65 por ciento con respecto a los cinco años anteriores, al pasar de 577 a 955 casos. El asesinato de Sixto aún no entra en el registro de estos, debido a que es muy reciente. Pero si cumple con las características que tienen la mayoría. En un informe preliminar presentado esta semana por la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (Cceeu) se evidencia lo escabroso del tema.

Entre junio de 2002 y julio de 2006, las ejecuciones extrajudiciales tuvieron lugar en 27 de los 32 departamentos del país. Los casos aparecen en el marco de operativos militares anti-insurgentes, donde las víctimas, campesinos o indígenas en su mayoría, son capturadas en inmediaciones de su domicilio. Luego de la ejecución, son vestidos con prendas militares o reportados como “personal armado”, cuando los testimonios de sus familiares declaran que desaparecieron con su ropa habitual. A esto se suma la negligencia en el peritaje, la ocultación de información importante, o el hecho de que sea la “jurisdicción penal militar” la que lleva a cabo la investigación, lo que no garantiza su imparcialidad.

El Observatorio de derechos humanos y derecho humanitario de la Cceeu, conformado por observadores internacionales de Estados Unidos, Gran Bretaña, España, Alemania y Francia, establece cuatro características que revisten las ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la Fuerza Pública en Colombia:

* El aumento coincide con la política de “Seguridad democrática”
* Se han cometido en una porción importante del territorio nacional.
* Responden a patrones claros que se repiten en todo el país, independientemente de la unidad militar o policial implicada.
* Existe una intención deliberada de mantener en la impunidad esos casos. La mayoría está en la jurisdicción penal militar.

Según la Misión Internacional de Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad, en Colombia “existe suficiente evidencia para creer que la Fuerza Pública practicó esas ejecuciones”. Sin embargo, muchas son presentadas como un éxito militar, y la situación de la familias se agrava ante la descalificación reiterada que el Ejecutivo hace, en cabeza del presidente Uribe, cuando atribuye las investigaciones en materia de Derechos Humanos a una estrategia de la guerrilla.

Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

(Resumen). En 1998, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias señaló con gran preocupación que las políticas emprendidas por el Gobierno eran insuficientes para proteger adecuadamente el derecho a la vida de las colombianas y colombianos , debido al alto número de personas civiles han muerto por fuera de combate en Colombia, a causa de la violencia sociopolítica. De ellas 15.432 fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas perpetradas directamente por agentes estatales o por paramilitares que actúan con su apoyo, omisión, tolerancia o aquiescencia .

Las políticas emprendidas por los sucesivos gobiernos, no han sido efectivas para proteger y garantizar adecuadamente el derecho a la vida en Colombia. El problema se ha ido agravando en los últimos años . Entre julio de 1996 y junio de 200 2, el promedio anual de violaciones al derecho a la vid a atribuibles directamente a los agentes estatales fue de 118 víctimas . Entre julio de 2002 y junio de 2006 , se les atribuyeron, en promedio, 227 violaciones al derecho a la vida por año (es decir, que se aumentó en un 92% ). Este inusitado aumento coincide con la implementación de la política de "defensa y seguridad democrática" , uno de cuyos componentes más importantes es el fortalecimiento de la Fuerza Pública para el desarrollo de tareas ofensivas en todo el territorio nacional.

Durante los primeros cuatro años del actual gobierno, el pie de fuerza militar pasó de 124.000 a 170.000 soldados; pero lamentablemente, más Fuerza Pública no ha significado mayor seguridad. La política de "defensa y seguridad democrática" se funda en la reiterada negación del principio de distinción de la población civil. El Gobierno ha señalado insistentemente que la principal ventaja militar de los grupos subversivos son los vínculos que estos mantienen con la población civil, que adoptan la forma de complicidad u ocultamiento. El discurso gubernamental según el cual la población civil hace parte de los grupos combatientes que enfrenta militarmente, permite que la Fuerza Pública considere que la simple residencia en zonas tradicionalmente controladas por las guerrillas, constituye un indicio de la complicidad con esos grupos. También propicia que toda actividad que cuestione el orden social, político o económico imperante, sea asociada con los grupos guerrilleros. De esta manera, las ejecuciones extrajudiciales son utilizadas como una forma de castigar el supuesto vínculo entre la población civil y las guerrillas.

El alto número de ejecuciones extrajudiciales que agentes estatales han perpetrado durante las últimas dos décadas denota un problema estructural de la guerra contrainsurgente en Colombia: se ataca a la población civil porque se le considera parte del "enemigo interno" que hay que enfrentar militarmente, sin tomar en consideración las obligaciones establecidas en el derecho humanitario. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo ha advertido ya: el " Ejército colombiano ha dejado en claro que considera como miembros de las filas de la guerrilla a muchas personas que deberían ser tratadas como civiles de conformidad con el derecho internacional humanitario " .

En el periodo junio de 2002 – junio 2006 se han registrado 726 casos de ejecuciones extrajudiciales directamente cometidas por miembros de la Fuerza Pública. Esos casos no corresponden a hechos aislados. Por el contrario, se registraron ejecuciones extrajudiciales en 27 de los 32 departamentos del país.  Entre los más afectados se encuentran Antioquia (183 víctimas), Valle (53 víctimas), Arauca (40 víctimas), La Guajira (36 víctimas) y Nariño (32 víctimas). En todos se adelantan actualmente operativos militares. Muchas de las nuevas unidades, creadas en el marco de la actual política de seguridad, se encuentran involucradas en graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas ejecuciones extrajudiciales.

En su último informe anual sobre Colombia, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que persisten las ejecuciones extrajudiciales atribuibles a miembros de la Fuerza Pública y que registró su ocurrencia en 21 departamentos del territorio nacional: " "El derecho a la vida se vio afectado por la persistencia de homicidios con características de ejecución extrajudicial atribuidos a miembros de la fuerza pública, en particular del ejército, habiendo observado la Oficina en Colombia un incremento en el número de quejas recibidas con respecto a 2005. Estas conductas se registraron en 21 departamentos, especialmente en Antioquia, Nariño, Valle, Putumayo, Cesar, Atlántico, Tolima y Guajira.  En muchos de los casos reportados se identificaron tres elementos comunes:  la presentación de las víctimas civiles como muertas en combate, la alteración de la escena del crimen por los autores del mismo y la investigación de los hechos por la justicia penal militar" .

El panorama presentado ilustra la magnitud de las ejecuciones extrajudiciales directamente atribuibles a agentes del Estado y muestra que se están cometiendo en casi todo el territorio nacional, agravada por la impunidad en que se encuentran sus autores, debido a que, en la mayoría de los casos, quien investiga es la jurisdicción penal militar. Esta situación evidencia la existencia de problemas estructurales profundos en la Fuerza Pública y amerita una reflexión seria sobre el papel que están cumpliendo para garantizar la seguridad de los colombianos y las colombianas.

Cabe destacar cuatro rasgos principales de la situación que impera en Colombia, en materia de ejecuciones extrajudiciales: i) el aumento de las violaciones al derecho a la vida directamente atribuibles a la Fuerza Pública coincide con la implementación de la política de "seguridad democrática"; ii) las ejecuciones extrajudiciales se han cometido en una importante porción del territorio nacional; iii) las ejecuciones extrajudiciales responden a patrones claros de acción que se repiten en todo el país, independientemente de la unidad militar o policial implicada en los hechos; y iv) existe una intención deliberada de mantener en la impunidad esos casos, la mayoría de los cuales se encuentran en la jurisdicción penal militar.

Ejecuciones extrajudiciales y política de "seguridad democrática ". En realidad, la política de "seguridad democrática" propicia la práctica sistemática y generalizada de ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes estatales. Durante los primeros cuatro años del actual gobierno, el pie de fuerza pasó de 124.000 a 170.000 soldados. Además, se crearon siete Brigadas Móviles , seis Batallones de Alta Montaña y dos nuevas divisiones ( la Sexta y la Séptima ). Cada una de las divisiones cuenta con una Brigada Móvil, excepto la Cuarta que tiene dos. Sumado a lo anterior, se crearon pelotones de "Soldados de mi Pueblo", en casi todo el territorio nacional .

Lamentablemente, más Fuerza Pública no ha significado mayor seguridad. La política impulsada por el Gobierno se funda en la reiterada negación del principio de distinción. Ello ha contribuido a crear un ambiente favorable para la comisión de ejecuciones extrajudiciales por parte de la Fuerza Pública. El Gobierno insistentemente ha señalado que la principal ventaja militar de los grupos subversivos son los vínculos que estos mantienen con la población civil, que adoptan la forma de complicidad u ocultamiento . En consecuencia, uno de los principales objetivos de las acciones militares es el aislamiento de los grupos terroristas, cuyo principal soporte de acción es " la mimetización de sus integrantes dentro de la población civil " .

El discurso gubernamental según el cual la población civil hace parte de los grupos combatientes que enfrenta militarmente, permite que la Fuerza Pública considere que la simple residencia en zonas tradicionalmente controladas por las guerrillas, constituye un indicio de la complicidad con esos grupos. También propicia que toda actividad que cuestione el orden social, político o económico imperante, sea asociada con los grupos guerrilleros. De tal manera, las ejecuciones extrajudiciales son utilizadas como una forma de castigar el supuesto vínculo existente entre la población civil y las guerrillas .

Otro factor que propicia las ejecuciones extrajudiciales es la presión por resultados ejercida por el Presidente sobre los miembros de la Fuerza Pública. Aunque los altos mandos militares y el Ministro de Defensa Nacional niegan que la urgencia de positivos para mostrar como exitosa la guerra contra el terrorismo estimula ese tipo de violaciones a los derechos humanos, algunos miembros del Ejército Nacional han manifestado públicamente lo contrario .

  Según cinco oficiales del Ejército, "la gente no llega a imaginarse la tortura sicológica de tener que entregar resultados todos los días " . De acuerdo con un ex asesor del Ministerio de Defensa Nacional, existe "una insaciable presión por bajas (…). Y por eso también resultan verosímiles las afirmaciones de que no todas las bajas de la IV Brigada han sido hombres con fusil " . En opinión de un ex asesor de Seguridad Nacional, en el Ejército se "ha venido implantando un problemático esquema de evaluación [de desempeño]: valora excesivamente -y, a veces, exclusivamente- las bajas del oponente, y castiga desproporcionadamente los propios fracasos operacionales. Consecuencia: tendencia a lograr bajas sin asumir riesgos, sin exponerse demasiado o, mejor, nada. Resultados: civiles indefensos que aparecen muertos en combates que nunca existieron " .

Las ejecuciones extrajudiciales obedecen a patrones claros de acción. Las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por la Fuerza Pública no son hechos fortuitos. El alto número de ejecuciones extrajudiciales que agentes estatales han perpetrado durante las últimas dos décadas denota un problema estructural de la guerra contrainsurgente en Colombia: se ataca a la población civil porque se le considera integrante del "enemigo interno" que hay que enfrentar militarmente, sin tomar en consideración las obligaciones establecidas en el derecho humanitario.

Así mismo, el análisis de las circunstancias que rodean la comisión de ejecuciones extrajudiciales revela que sus responsables siguen patrones de comportamiento. Además de que las víctimas de ejecución extrajudicial casi siempre son señaladas como guerrilleras, la comisión del delito se perpetró mediante un modus operandi similar :

i)                     Realización de operaciones militares. Buena parte de las ejecuciones extrajudiciales son perpetradas durante operativos militares contrainsurgentes. La programación y realización de operaciones militares contra las guerrillas exigen resultados .

ii)                   Detención arbitraria de las víctimas. En la mayoría de casos, las personas que van a ser asesinadas son detenidas arbitrariamente por agentes estatales. Mientras dura la detención, suelen perpetrarse otras violaciones contra las víctimas y sus familiares o vecinos.

iii)                  Desaparición forzada de las víctimas. En algunos casos, quienes practican la detención niegan a sus familiares o vecinos conocer el paradero o la suerte de las víctimas de ejecución extrajudicial. A veces, no pueden ocultar el cadáver de sus víctimas. Otras veces, inhuman su cadáver como N. N.

iv)                 Manipulación y ocultamiento de hechos. Inmediatamente después de ocurrida una ejecución extrajudicial, los agentes estatales responsables ocultan cualquier evidencia que pueda comprometerlos. Además, como las operaciones militares exigen resultados, reportan las ejecuciones extrajudiciales como resultados legítimos contra las guerrillas .

Existe una intención deliberada de mantener en la impunidad las ejecuciones extrajudiciales. la mayoría de los cuales se encuentran en la jurisdicción penal militar. No obstante que la impunidad es un fenómeno generalizado en Colombia, en esos casos se pueden identificar patrones particulares de impunidad, que demuestran la acción de agentes estatales con el propósito deliberado de desviar las investigaciones y ocultar sus crímenes.

 Los patrones de impunidad identificados son, entre otros:


i)   las investigaciones se inician de manera inmediata en tribunales castrenses, a pesar de que en reiteradas oportunidades han sido declarados como incompetentes para la investigación y juzgamiento de crímenes como las ejecuciones extrajudiciales ;
 

ii)   La Fiscalía propone colisión negativa de competencias y envía los casos a la jurisdicción penal militar;

 

iii) Las investigaciones judiciales no se llevan a cabo de acuerdo con el principio de minuciosidad, lo que implica que no se dirigen a establecer la verdad de lo sucedido, ni a juzgar y sancionar a los responsables;

 

iv) La jurisdicción penal militar archiva las diligencias, sin fundarse en una investigación seria, declarando las muertes como ocurridas en combate.

               Las Brigadas Móviles son: la Brigada Móvil IX, con jurisdicción en los departamentos del Meta, Guaviare, Huila Vaupés y Vichada; la Brigada Móvil VIII, con cubrimiento en Cundinamarca, Tolima, la región del Sumapaz, Boyacá y Caldas; la Brigada Móvil XI, en Córdoba; la Brigada Móvil XV, en Norte de Santander; las brigadas móviles X y XIII, en Caquetá, Putumayo y Amazonas; y la Brigada Móvil XIV, en el Valle del Cauca.

              Uno de la Serranía del Perijá con jurisdicción en los departamentos del Cesar y Norte de Santander; uno en la Sierra Nevada de Santa Marta, con jurisdicción en el departamento del Magdalena; uno en Los Farallones, con jurisdicción en los departamentos del Valle, Tolima y Chocó; uno en El Espino con jurisdicción en los departamentos de Boyacá, Arauca y Casanare; uno en el departamento del Cauca; y uno en la región del eje cafetero.

              Véase Fundación Seguridad y Democracia, revista Coyuntura de seguridad, Bogotá, n.° 13, abril a junio de 2006, págs. 19 a 21.

              Véase Palabras del presidente Uribe en posesión del nuevo Comandante de la FAC , Bogotá, CNE, 8 de septiembre de 2003, www.presidencia.gov.co/discursos/framdis.htm

              Tercer considerando del decreto 2002 de 2002. En la sentencia mediante la cual decidió sobre la constitucionalidad de todas y cada una de las disposiciones contenidas en ese decreto, la Corte Constitucional advirtió que ese considerando no podía ser considerado como un fundamento jurídico aceptable, por dos razones: i) aceptarlo como fundamento jurídico implicaría "presumir la pertenencia de todos los habitantes civiles de Colombia, sin distinciones de ninguna especie, a dichas organizaciones [armadas al margen de la ley], con lo cual se crea para todos una inseguridad jurídica generalizada"; y ii) aceptarlo como fundamento jurídico representaría una negación absoluta del principio de distinción entre combatientes y no combatientes. Corte Constitucional, sentencia C-1024 de 2002, M. P. Alfredo Beltrán Sierra.

             "Según la información recibida, en las zonas calificadas de 'zonas rojas', donde actúan los insurgentes y tienen lugar enfrentamientos armados, las fuerzas de seguridad consideran que prácticamente todos los civiles son colaboradores de la subversión, alegación que fue denegada por los miembros de las fuerzas armadas con que se entrevistaron los Relatores Especiales. (…).

                "(…) las asociaciones y los particulares que critican la situación política, económica y social han sido víctimas de numerosas violaciones de los derechos humanos en Colombia en los últimos decenios. Los sectores influyentes tradicionales y los traficantes de droga entienden que la oposición política y la protesta social son una amenaza a sus intereses y ese tipo de actividades es calificado de subversiva no sólo por los sectores del ejército encargados de operaciones de contrainsurgencia en las zonas rurales sino también por ciertos representantes de autoridades e instituciones civiles. Acusados como 'pantalla' de las guerrillas y, por lo tanto, como enemigos internos, activistas de derechos humanos, abogados, especialmente los que se ocupan de víctimas de violaciones de los derechos humanos, sindicalistas, miembros de los partidos políticos de oposición, trabajadores sociales, etc., viven bajo el temor permanente de amenazas telefónicas o escritas y suelen verse obligados a salir de su zona de trabajo y residencia. La amenaza es muy real si se considera el número alarmante de activistas muertos a lo largo de los años en el pasado reciente". Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Informe conjunto del Relator Especial encargado de la cuestión de la tortura, Sr. Nigel S. Rodley, y del Relator Especial encargado de la cuestión de las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Sr. Bacre Waly Ndiaye, presentado en cumplimiento de las resoluciones 1994/37 y 1994/82 de la Comisión de Derechos Humanos. Visita de los Relatores Especiales a la República de Colombia del 17 al 26 de octubre de 1994 , 51° período de sesiones, doc. E/CN.4/1995/111, 16 de enero de 1995, párrafos 24 y 41. También véase: Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Informe del Relator Especial, Sr. Bacre Waly Ndiaye, presentado en cumplimiento de las resolución 1992/72 de la Comisión de Derechos Humanos, 49° período de sesiones, doc. E/CN.4/1993/46, 28 de diciembre de 2002, párr. 189.

El comandante del Ejército, general Mario Montoya desestimó que las presiones por resultados operacionales tuvieran algo que ver con violaciones arbitrarias del derecho a la vida de personas civiles:

                " El Tiempo: Otro caso es el de la IV Brigada y las denuncias sobre derechos humanos (sic). ¿Cree que la presión por resultados tiene que ver con estas supuestas irregularidades?

                "Comandante del Ejército, general Mario Montoya : No. Creo que eso no tiene nada que ver. Si eso fuese una situación generalizada podríamos pensar que el hecho de pedir resultados nos llevara a eso". "'Estos casos nunca debieron ocurrir'", diario El Tiempo, Bogotá, 11 de junio de 2006, pág. 1-7.

                En igual sentido se pronunció el ministro de Defensa Nacional, Camilo Ospina:

                "El Tiempo: Algunos oficiales dicen que se sienten muy presionados a dar resultados y que eso explicaría muchos errores…

                "Ministro de Defensa Nacional: Se presiona por resultados de una manera muy distinta, como cualquier empresa. Pero los resultados ni son muertos ni son heridos los resultados son las cifras globales. Aquí lo que importa es que los homicidios disminuyan, que los arrestos aumenten y que el secuestro disminuya, el resultado es la política, no son las cifras de individuos muertos o algo por el estilo". "'Hay buena oportunidad para acabar confrontación'", diario El Tiempo, Bogotá, 2 de julio de 2006, pág. 1-3.

            Testimonio de "tres coroneles y dos mayores, comandantes de batallones clave en la lucha contra las Farc en el sur y el oriente del país (y quienes pidieron omitir sus nombres para evitar represalias)". "Cada día se van unos 17 hombres del Ejército", diario El Tiempo, Bogotá, 2 de julio de 2006, pág. 1-2.

              Sergio Jaramillo, "La crisis del Ejército", diario El Tiempo, Bogotá, 11 de junio de 2006, pág. 1-7.
              Alfredo Rangel, "¿Qué pasa en el Ejército?", revista Cambio, Bogotá, n.° 677, 19 al 25 de junio de 2006, pág. 27.


              Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, doc. E/CN.4/1998/68/Add.1, 17 de diciembre de 1997,párr. 123.

              Información estadística aportada por la Comisión Colombiana de Juristas.

                      Ministerio de Defensa Nacional, Presidencia de la República, 2003. Definición: "Política de Defensa y Seguridad Democrática es el documento marco mediante el cual el Gobierno Nacional traza las líneas básicas de la Seguridad Democrática para proteger los derechos de los colombianos y fortalecer, con la solidaridad de la ciudadanía, el Estado de Derecho y la autoridad democrática, donde quiera que esté amenazada…" Sobre el control territorial y la acción coordinada del Estado se sostiene que ¨La Fuerza Pública iniciará el proceso de consolidación del control estatal sobre el territorio, asegurando su presencia permanente y definitiva en todas las cabeceras municipales, con el apoyo de brigadas móviles y demás unidades de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional..."






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