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Derechos Humanos: Boletín Día a Día del 5 al 12 de septiembre de 2007

Sábado, 15 de Septiembre de 2007

 
Boletín Día a Día del 5 al 12 de septiembre de 2007
 

Asociación Nacional de Ayuda Solidaria

ANDAS

Boletín Día a Día del 5 al 12 de septiembre de 2007

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Holocausto del Palacio de Justicia

Vengo a defender la democracia, maestro”

El próximo 6 de noviembre se cumplirán 22 años de impunidad por los crímenes de lesa humanidad allí cometidos. Impunidad que empieza a flaquear

Por Camilo Raigozo.VOZ


La toma del Palacio de Justicia por el M-19 el 6 de noviembre de 1985, fue aprovechado por los militares para deshacerse de todo vestigio que los acusara como violadores de los derechos humanos. Foto Semana


Como lo recuerda la historia, a las 11 y 20 minutos de aquel miércoles 6 de noviembre de 1985, un comando guerrillero del M-19 tomó a sangre y fuego el Palacio de Justicia, situado en el costado norte de la central Plaza de Bolívar de Bogotá. En la incursión, los guerrilleros dieron muerte a dos celadores y al administrador del edificio. Después, en la sangrienta retoma del Palacio por parte de las Fuerzas Militares y la Policía, murieron al menos otras 100 personas y 11 más desaparecieron, en hechos que desde entonces se le han querido ocultar al país para mantener la impunidad, que dentro de dos meses completará 22 años.


La lucha de los familiares de las personas desaparecidas del Palacio de Justicia por encontrar el paradero de los restos mortales de sus seres queridos ha sido infatigable. No han cejado nunca en su empeño de que la justicia aclare los hechos y castigue a quienes ordenaron y ejecutaron sus muertes. En el año 2001, con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, quién lleva el caso, entablaron una denuncia por desaparición forzada y luego llevaron el proceso ante la Comisión de Derechos Humanos de la OEA.


A pesar de las pruebas presentadas en estos 22 años una y otra vez, de que sus familiares salieron vivos del Palacio, los familiares de los desaparecidos solo han recibido actitudes ofensivas por parte de las personas y entes encargadas de investigar y administrar justicia.


Nuevo giro


Varias personas salieron con vida pero luego sus cuerpos aparecieron bajo los escombros del Palacio. Foto archivo



Sin embargo, la historia parece dar un nuevo giro con la aparición de un video, que durante 21 años, nueve meses y 18 días permaneció inédito, el cual fue publicado por Noticias Uno, en la edición del pasado 26 de agosto. En el video, se ve claramente que el magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán, salió con vida del Palacio a las 2:17 minutos de la tarde del 7 de noviembre de 1985. Luego apareció asesinado bajo los escombros en el interior del mismo Palacio con un tiro en la cabeza, disparado a quemarropa con una pistola 9 mm. Un proyectil de las mismas características, fue el que le cegó la vida al presidente de la Corte, doctor, Alfonso Reyes Echandía, disparado a su tórax, el que se encontró severamente calcinado.

Tanto el doctor Reyes Echandía, como los magistrados José Eduardo Gnecco Correa, Horacio Montoya Gil y Manuel Gaona Cruz; las auxiliares Aura Nieto de Navarrete, Luz Estela Bernal Marín, y muchos más, murieron como lo detalla Medicina Legal, por tiros de armas del Ejército Nacional. Según las investigaciones acumuladas, se sabe que al menos, Andrés Almarales Manga, jefe del M-19 en la toma y el conductor José Eduardo Medina Garavito, fueron asesinados en las mismas circunstancias en las que murió el magistrado Urán.

Durante más de dos décadas la justicia le sostuvo a la familia y al país, que el magistrado Carlos Horacio Urán, había perecido “durante la sangrienta toma del M-19” y que su cuerpo fue encontrado entre los escombros un día después de los dolorosos hechos. Con esta nueva prueba, esa versión fue absolutamente controvertida y queda demostrado una vez más, que del Palacio, no solo salieron con vida algunos empleados de la cafetería, sino también altos funcionarios de la rama judicial.


Pieza clave


Cada 6 de noviembre los familiares manifiestan su amor por los desaparecidos del Palacio de Justicia. Aquí labran con flores el último camino por el que los vieron transitar con vida la última vez entre el Palacio de Justicia y la Casa del Florero. Foto C. Raigozo


El último video se convierte en pieza clave para el esclarecimiento de lo que realmente ocurrió durante la toma del Palacio por parte del M-19 y la sangrienta retoma del mismo por la Fuerza Pública, en la que está comprobado que las fuerzas del orden no solamente incendiaron el Palacio de Justicia, sino que ejecutaron con tiros de gracia a guerrilleros, magistrados y personal civil, dentro y fuera del recinto judicial, como lo revela la periodista Maureén Maya Sierra, en su libro Prohibido Olvidar. Dos miradas sobre la toma del Palacio de Justicia.


El presidente Uribe ha tomado partido de lo que permanece oculto sobre los trágicos sucesos de noviembre de 1985, para denigrar y calumniar a sus opositores políticos y para justificar la mal llamada Ley de Justicia y Paz, que no es otra cosa que el intento de cobijar con la más aberrante impunidad los crímenes de los narcoparamilitares que lo llevaron y mantienen en el poder. En ese intento de justificar sus ignominias, el Presidente ha manifestado que el M-19 ejecutó la toma del Palacio por encargo de los narcotraficantes con el objetivo desaparecer los archivos de las solicitudes de extradición que pesaban sobre ellos. La tozuda realidad señala que los únicos beneficiados con la incineración de los archivos y documentos, y la desaparición de los magistrados de las altas cortes, eran los militares procesados por violaciones a los derechos humanos, ya que no existía una sola copia de ellos en otro lugar. En cambio, para obtener copias de las solicitudes de extradición de los narcos, solo bastaba pedirlas a la Cancillería o a Estados Unidos.


Réquiem Para un Consejo de Estado”


Familiares de los desaparecidos. Foto C. Raigozo


La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, estaban en esos días emitiendo fallos condenatorios contra miembros de las Fuerzas Armadas. Un expediente que se quemó y nunca se reconstruyó, era el que había contra el ministro de Defensa de la época, general, Miguel Vega Uribe, llamado a indagatoria por la Corte, por las torturas a la doctora Olga López de Roldán. Como el anterior, habían cientos de casos de civiles y subversivos torturados, asesinados o desaparecidos en batallones militares. Según Maya Sierra, “junto a las amenazas de los extraditables, los magistrados también habían recibido un, ‘Réquiem para un Consejo de Estado’, en el que los militares los acusaban de ser títeres del comunismo, y la acción del M-19, fue una oportunidad que no desaprovecharon”.


Casi 22 años después, la célebre respuesta a un periodista emitida por el único responsable detenido por los sangrientos sucesos del Palacio de Justicia, coronel (r), Alfonso Plazas Vega: “Vengo a defender la democracia maestro”, sigue teniendo más vigencia que nunca. Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, Vicente Castaño, “Macaco”, “Don Berna”, “Jorge 40”, “Cadena”, Del Río, “Baez”, y al menos 31.000 criminales más, desplazaron a millones de campesinos despojándolos de sus tierras, masacraron a punta de machete, garrote, piedra, motosierra y bala a miles de niños, ancianos, mujeres y hombres inermes, tapizando con sus restos inmensas regiones del territorio nacional o tiñeron de rojo las aguas de caudalosos ríos de la hidrografía colombiana, defendiendo la misma causa del coronel Plazas: La “democracia”. Pero la “democracia” narcoburguesa, que ahora preside Uribe, maestro.



Paras’ amenazan a campesinos


La Corporación Cahucopana, denunció que el 4 de septiembre en la vereda Puerto Nuevo Ité, municipio de Remedios (Antioquia), al hogar de María Edit Jiménez y Henry Hoyos, presidente de la junta de acción comunal y miembro de Cahucopana, llegaron dos hombres encapuchados y amenazaron a Mónica Johana Ruba Cardona, quién se encontraba sola en la vivienda. Los paramilitares le dijeron que las familias Hoyos y Jiménez, tenían que abandonar la región y se le llevaron el registro civil de nacimiento. Dos días después, a las nueve de la mañana, los criminales regresaron vestidos de negro y encapuchados, cuando Mónica se encontraba sola en su vivienda. La tomaron a la fuerza, la golpearon, le rompieron la ropa y le dejaron marcas de rasguños en la espalda, amenazándola con que toda la familia tenía que desocupar el área o serían asesinados. La familia Hoyos Jiménez, viene siendo amenazada desde hace varios meses y para salvar sus vidas se vieron obligados a desplazarse al campamento de refugio humanitario que se instaló en Puerto Nuevo Ité y luego en Barrancabermeja, donde hubo una negociación con el Gobierno Nacional, el cual que se comprometió a garantizar el retorno a sus tierras y a la defensa de los derechos humanos, brindando protección y bienestar a las comunidades.


Paramilitares mantienen estructuras intactas: Alta Comisionada de las NNUU para DDHH


Alta Comisionada de la ONU
Louise Arbour (Foto VTV)

Bogotá, septiembre 10 (EFE).- Los grupos paramilitares que se desarmaron en Colombia mantienen sus "estructuras políticas y económicas", afirmó hoy en Bogotá la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la canadiense Louise Arbour.

La diplomática dijo que desmantelarlas es uno de los "importantes desafíos" que enfrenta el proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), dentro del diálogo de paz de esta organización con el gobierno del presidente Álvaro Uribe.

Más de 31.000 paramilitares entregaron las armas en virtud de este proceso, que comenzó a finales de 2002 y terminó a mediados de 2006, y que el pasado diciembre entró en la fase judicial, con la aplicación de la llamada Ley de Justicia y Paz, promovida por el Ejecutivo para los responsables de crímenes atroces.

La desmovilización "es un paso importante hacia adelante y se refleja en la disminución del número de violaciones cometidas por paramilitares el año pasado", reconoció la comisionada luego de firmar con el vicepresidente Francisco Santos un acuerdo que prorroga por tres años la oficina de la agencia de Arbour en Bogotá.

La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Ocacnudh) fue establecida en noviembre de 1996 para que observara, asesorara, cooperara y promoviera los derechos fundamentales.

Su trayectoria será objeto de un "análisis de impacto" por parte de dos expertos internacionales y uno internacional, quienes lo elaborarán y entregarán antes de que termine este año, según un acuerdo adicional firmado por Arbour y Santos.

Los documentos fueron formalizados en la Casa de Nariño (sede del Ejecutivo), dentro de una visita oficial de dos días de la diplomática que incluyó una reunión, el sábado, con el presidente Álvaro Uribe, además de encuentros con otros cargos y representantes de organizaciones de defensa de los derechos humanos.

La alta comisionada precisó que en el proceso con las disueltas AUC está "particularmente preocupada por el efectivo cumplimiento de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación", principios de la normativa para el desarme de las AUC.

Además, continuó, "aliento al gobierno a aplicar una política efectiva para la completa erradicación del paramilitarismo, esto es, una política que desmantele todas las estructuras políticas y económicas que mantienen los grupos paramilitares desmovilizados".

"Dichas políticas deben también apuntar a poner fin a todas las actividades ilegales de los paramilitares que no se desmovilizaron, así como a las de los nuevos grupos armados ilegales que surgieron después de iniciado el proceso de desmovilización", sugirió Arbour.

La alta comisionada también ratificó que promover una reconciliación duradera en Colombia exige que todas las partes en el prolongado conflicto armado interno se comprometan con "la construcción de un marco para la paz profundamente arraigado en los derechos humanos y el derecho internacional humanitario".

En este ámbito, dijo que esperaba "progresos en las negociaciones entre el gobierno y los grupos armados ilegales con el fin de superar el conflicto armado", y enfatizó que "en estos diálogos los derechos humanos, el derecho humanitario y los derechos de las víctimas deben tener una prioridad muy alta".

Ejecutados extrajudicialmente por el Ejército dos campesinos en Granada, Meta
Por CCAJAR

La Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” denuncia ante la comunidad nacional e internacional la ejecución extrajudicial, por parte de miembros del Ejercito Nacional del campesino Jairo Rojas Gaona, en el municipio de Granada, departamento del Meta.

Hemos tenido conocimiento de los siguientes hechos y por la gravedad de los mismos solicitamos la solidaridad Nacional e internacional.

Según informaciones referidas por la comunidad de la vereda El Progreso que limita con la vereda Siberia, municipio de Vistahermosa, en el departamento del Meta, el pasado miércoles 8 de agosto, aproximadamente a las 8:30 de la noche, el señor Jairo Rojas Gaona, habría sido ejecutado por miembros del Ejercito Nacional.

Según el relato del menor, él y su padre, se encontraban durmiendo. El primero se levanto al escuchar algunos disparos, no vio a su junta a el pero escuchó unas voces fuera de la casa que decían: “… mi teniente le dimos y ahora ¿qué va a decir mi Capitán?”

Junto al señor Jairo Rojas G. y su hijo, se encontraba Víctor Antonio Rodríguez, trabajador de la finca, quien decidió permanecer en la casa mientras seguían efectuándose los disparos. Por su parte, el menor de edad, decidió vestirse y salir sigilosamente fuera de la casa.

En su huida recibió varias ráfagas de disparos, que por fortuna no lo alcanzaron. Continuó corriendo y llegó a la casa de una de sus tías que vive cerca. Por otro lado, siendo aproximadamente las 11:30 p.m. se escucho (vecinos escucharon) el ruido de un helicóptero que sobrevolaba el área.

Al día siguiente el menor, junto con otros familiares regresaron a la casa en busca de los señores Rojas y Rodríguez, pero no se encontraban en el lugar, en este solo se evidenciaban huellas y manchas de sangre, matas tumbadas por las ráfagas y el techo de Zinc de la casa con varios impactos de bala; igualmente habían evidencias en el pasto del aterrizaje del helicóptero.

En busca del paradero de los campesinos, varios familiares se trasladaron hacia el Batallón 21 Vargas, donde reclamaron los cuerpos, que iban a ser enterrados en fosas como NN, el cementerio estaba lleno de Ejercito y se escuchaban voces que preguntaban sobre quienes…” eran los familiares de esos guerrilleros”…

El señor Jairo Rojas, había nacido el 29 de junio de 1961, convivía en unión libre con la señora Alba Lucia Sanabria Bustos, desde hacia mas de 20 años. De dicha unión tenían 7 hijos, la menor de las cuales tiene apenas cuatro (4) meses de nacida, y quien se encontraba enferma a causa de una neumonía, razón por la cual su madre Alba Lucía, había tenido que trasladarse el día 6 de agosto, para Vistahermosa para que le brindaran atención medica, razón por la cual el día los hechos no se encontraba en el lugar.

La familia Rojas Sanabria, vivía en la vereda El Progreso desde hacía más de 20 años, eran una familia muy conocida y querida en la región. Se dedicaban al cultivo en su finca de yuca, plátano y maíz y tenían unas pocas cabezas de ganado. El trabajador Víctor Antonio Rodríguez, les ayudaba en el cuidado de la Finca desde hacía tres años y vivía con ellos.

El día de los hechos, las dos víctimas con el menor, habían resuelto quedarse en una casita vieja donde tenían el gallinero y que queda a cinco minutos a pie de la finca, debido a que varias de sus gallinas se habían desaparecido, al parecer por la acción de un animal depredador, y habían decidido quedarse allí para ver si podían cazarlo.

La señora Alba Lucía Sanabria Bustos, y sus 7 hijos tuvieron que desplazarse de la finca debido al miedo y terror que esta situación les ha generado. Hoy temen por su vida e integridad y en particular por la situación de seguridad de su menor hijo, testigo presencial de los hechos.

Los hechos de la presente denuncia pública se enmarcan en una grave situación de violaciones a los de derechos humanos en la región, en particular ejecuciones extrajudiciales por parte de la Fuerza pública y unidades del Ejercito Nacional con jurisdicción en esta región del país.


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