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Derechos Humanos: Boletín Día a Día del 6 al 12 de marzo de 2008

Martes, 18 de Marzo de 2008

 
Boletín Día a Día  del 6 al 12 de marzo de 2008

Marcha del 6 de marzo

Retaliación sangrienta del régimen

Cuatro personas asesinadas y más de 28 amenazadas por paramilitares en la última semana son la respuesta del régimen presidido por Uribe a las formidables manifestaciones contra el terrorismo de Estado

Por Camilo Raigozo. Voz

 

  Las organizaciones sociales le pedirán a Uribe la renuncia de su consejero José Obdulio Gaviria, primo de Pablo Escobar. Foto Semana.

 

Después del éxito que tuvieron las manifestaciones en homenaje a las víctimas y contra el terrorismo de Estado en 102 ciudades del mundo y en 24 ciudades colombianas, las retaliaciones del régimen, por intermedio de la estrategia paramilitar no se hicieron esperar. Entre el 4 y el 12 de marzo último, asesinaron a cuatro líderes sindicales y amenazaron a 28 personas más. Según la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, en lo que va corrido del año ya han sido asesinados 10 sindicalistas.

 

Iván Cepeda, director del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, en rueda de prensa ofrecida el pasado 14 de marzo, dijo que los hechos graves empezaron desde el momento en que el consejero del presidente Uribe, José Obdulio Gaviria, primo de Pablo Escobar, manifestara a través de los medios de comunicación que ni él ni el Presidente estarían en la manifestación del 6 de marzo, por ser según Gaviria, convocada por las FARC. Aunque las organizaciones sociales le insistieron al alto Gobierno que rectificara las afirmaciones, esto nunca sucedió y –según Cepeda- los graves hechos que se están presentando, son las consecuencias.

 

General Naranjo

 

Luego de las declaraciones del consejero, vinieron las amenazas contra las comunidades y los organizadores del homenaje a las víctimas en el departamento de Nariño. El 28 de febrero, sujetos desconocidos atentaron contra la vida de Adriana González, organizadora de la manifestación en Pereira, Risaralda y el mismo día de las marchas  y luego de estas, se han registrado seguimientos contra varias de las personas organizadoras.

 

Entre  los líderes sindicales, se registra un hecho particular y es el asesinato de Carlos Burbano, líder de la movilización en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá. Burbano era el vicepresidente de la Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios Anthoc, y había sido amenazado y hostigado previamente al 6 de marzo por su labor de organizador.

 

Previamente a este hecho tan grave, el general Oscar Naranjo comandante de la Policía Nacional, había convocado a una rueda de prensa en la cual hizo el anuncio de que en el computador del comandante de las FARC, Raúl Reyes, se había encontrado una invitación del Frente Sur del grupo subversivo, para participar en los actos de homenaje a las víctimas del 6 de marzo en el Caquetá.

 

El mismo 12 de marzo, paramilitares autodenominados “Águilas Negras” del Bloque Metropolitano de Bogotá,   dirigieron sus amenazas ya no solo a organizaciones de derechos humanos nacionales, sino también a medios de comunicación y a organizaciones internacionales de derechos humanos. Dos días después, se conoció que los coordinadores del 6M en el Cauca, Darío Tote y en Sucre, Ingrid Vergara y Pedro Geney, miembros del Movice, fueron amenazados y se ha registrado un seguimiento sistemático contra ellos.

 

Informes a organismos internacionales

 

Las organizaciones afectadas han presentado ante  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, un informe detallado de la grave situación que se viene presentando en el país y para varias personas puestas en alto riesgo, se ha solicitado medidas de protección cautelar.

 

También se ha informado a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza y a la Relatora de las Naciones Unidas, sobre la situación de los Defensores de los Derechos Humanos en el Mundo.

 

Igualmente, las organizaciones pusieron en conocimiento de los hechos a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría, mientras que entablaron una denuncia penal ante la Fiscalía. Además, le presentarán al presidente Uribe un Derecho de Petición en el que le solicitarán la renuncia de José Obdulio Gaviria.

 

“Consideramos que es muy difícil que el Presidente pueda seguir manifestándole al mundo que en Colombia se acabó el paramilitarismo , cunado después de una manifestación multitudinaria se ha presentado esta lluvia de atentados, crímenes, amenazas y hostigamientos contra la población. Es muy sintomático que ni las personas, ni las organizaciones que intervinieron en las manifestaciones del 4 de febrero, estén siendo asesinadas, amenazadas u hostigadas, como lo están soportando quienes participamos en el homenaje a las víctimas el 6 de marzo”, dijo finalmente Cepeda.

 

Paramilitares amenazan a estudiantes y profesores de la Universidad de Caldas

 

El Colectivo de Derechos Humanos Jaime Pardo Leal y la Federación de Estudiantes Universitarios, FEU, denunciaron las constantes amenazas y hostigamientos de los que vienen siendo víctimas estudiantes y profesores de la Universidad de Caldas, entre ellos Carlos Andrés Ospina Parra, estudiante miembro de la Organización de Estudiantes de Sociología y dirigente de la Coordinadora de Medios Alternativos de Manizales.

 

 Al contrario de lo que afirma el presidente Uribe, las estructuras paramilitares continúan intactas.

 

El pasado 13 de febrero, a las 11 y media de la mañana, en el municipio de Viterbo, Caldas, dos sujetos y una mujer que se identificaron como integrantes del DAS, abordaron a Ospina Parra y lo obligaron a subirse a una camioneta en la que lo llevaron hasta un paraje en las afueras de la ciudad. Allí fue sometido a un interrogatorio por un individuo al que llamaban “Nacho”, quién lo intimido con  un arma corta y una granada.

 

Alias “Nacho”, insistió en obtener de la víctima información acerca de Nicolás Giraldo y otros estudiantes y profesores de la universidad. Además le preguntaron insistentemente por su familia, especialmente por su hermana menor, quien también es estudiante de la Universidad y por su hermano gemelo, esto como señal de intimidación.

 

Finalmente, los secuestradores dejaron en libertad a Ospina, no sin antes ofrecerle trabajo como “soplon” y amenazarlo en el caso de que no aceptara. Desde luego, el estudiante tuvo que huir de la ciudad para refugiarse en alguna otra parte del país.

 

Varios integrantes de la comunidad universitaria han venido padeciendo persecución y hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y por paramilitares, después de que en mayo del año pasado los estudiantes realizaran una protesta generalizada para exigirle al Gobierno mayor inversión en educación y salud. En esa ocasión, fueron detenidos ilegalmente 25 estudiantes quienes fueron reseñados, fotografiados y filmados por miembros de la Fuerza Pública.

 

En junio siguiente, fueron arrestados a la salida de la  universidad los estudiantes Nicolás Giraldo, Johan Ruiz  y el profesor Jaime Alberto Pineda, lo que generó nuevas movilizaciones y protestas de la comunidad universitaria. Las tres personas fueron liberadas, pero el acoso y las amenazas contra estudiantes y profesores ha sido constante por parte de la Fuerza Pública y de paramilitares.

 

Ejército y Fiscalía filman y fotografían ilegalmente

 

La Asociación Campesina del Catatumbo denunció que el pasado 13 de marzo, en la vereda El Retiro, corregimiento de Cartagenita, municipio de Convención  (Norte de Santander), fueron bajadas las personas que iban en el bus de Convención hacia el corregimiento de La Trinidad, por tropas de la Brigada Móvil No. 15 e integrantes de la Fiscalía, quienes fotografiaron y filmaron a cada pasajero con el argumento de que lo hacían para protegerlos. La Corte Constitucional, en la Sentencia C 1024/02, prohíbe la toma de fotografías, números de cédula y cualquier dato personal de las personas. “Desconfiamos plenamente, ya que en la región del Catatumbo se han presentado estas acciones por parte de las autoridades y el resultado ha sido la detención arbitraria de las personas fotografiadas, como sucedió en el municipio de El Tarra hace tres años”, dice la denuncia.

 

Paramilitares amenazan en la Guajira

 

Ocho personas fueron amenazadas por paramilitares autodenominados “Águilas Negras”, por intermedio de un panfleto que les hicieron llegar y en el cual los declaran objetivo militar. Los hechos ocurrieron el pasado 13 de marzo en el municipio guajiro de Manaure. Las personas amenazadas son pertenecientes al grupo político contrario a la administración actual, y en él se les anuncia que de no abandonar el pueblo en los próximos cinco días, sus vidas y las de sus familiares correrían peligro. Se les acusa inicialmente de denunciar la elección del actual alcalde Humberto Martínez Fajardo, según un artículo del diario El Heraldo. Otras de las razones por las que los ‘paras’ amenazan a los ocho ciudadanos, es la venta de las Salinas de Manaure, que por Ley tiene que hacerse a operadores privados. En el panfleto, los criminales defensores del gobierno de Uribe argumentan que este proceso de negociación se está llevando a cabo con “empresarios venezolanos seguidores del presidente Hugo Chávez”.

 

Indígena víctima de mina antipersona

 

El pasado 8 de Marzo, a las 2:30 p.m., el comunero del Resguardo de Huila José Reinel Remigio Oca, de 28 años, se encontraba limpiando en su parcela para sembrar maíz y fríjol, momento en el cual con la herramienta hizo contacto con un artefacto explosivo, explotando y causándole graves heridas sufridas en todo su cuerpo y posteriormente la muerte, estaba en compañía de Victoriano Tumbo Capaz, de 25 años y Aurelio Pete Cuetetuco de 26 años, también comuneros del Resguardo quienes resultaron heridos por las esquirlas. Es una zona altamente militarizada y los enfrentamientos entre el Ejército y la insurgencia de las FARC son frecuentes. En muchas ocasiones las tropas del Ejército, según denuncias de las comunidades, se atrincheran en los caseríos y en las viviendas violando el derecho humanitario.

 

 

 

Crisis humanitaria en el Guaviare por desplazamiento

 

De la zona donde las FARC han entregado al presidente Hugo Chávez los cautivos que tenían en su poder y a los cuales dejó en libertad en un gesto unilateral, han sido desplazadas al menos 80 familias, cuya mayoría han arribado a San José del Guaviare, huyendo de los bombardeos del Ejército, de los campos minados, de las fumigaciones aéreas y por miedo a ser capturados por las Fuerzas Armadas quienes los acusa de ser colaboradores de la guerrilla. En los últimos 30 días han llegado más de 200 personas desplazadas, la mayoría procedentes de Tomachipán y La Paz. Diariamente llegan en promedio cuatro familias por los sitios conocidos como Caño Mosco, Caño Grande y Cerro Pelado.

 

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