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Derechos Humanos: Boletín Día a Día del 8 al 14 de noviembre de 2007

Martes, 20 de Noviembre de 2007

 
Boletín Día a Día del 8 al 14 de noviembre de 2007
 

Tres sindicalistas fueron asesinados en una semana

En cínica maniobra para no entorpecer más el TLC con Estados Unidos el vicepresidente Santos quiso culpar a la “extrema izquierda” de los crímenes

Camilo Raigozo. VOZ


Leonidas Silva Castro, presidente de la Subdirección de la Asociación Sindical de Institutores Nortesantandereanos, del municipio de Villacaro, Norte de Santander, fue asesinado el pasado 2 de noviembre como a las siete y media de la noche en su residencia ubicada en el barrio Prados del Norte de dicho municipio. El dirigente sindical apenas regresaba a su casa después de haber participado en la 13 olimpiada del sindicato en las instalaciones de Villa Silvania.


El día siguiente, 3 de noviembre, el turno fue para Jairo Giraldo, presidente de la Subdirección del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Frutera, Agroindustrial, Pecuaria, Hotelera y Turística del Grupo Empresarial Grajales: Sinaltraifrut. Tras su asesinato el vicepresidente Francisco Santos expresó que, “Muestra que los enemigos del sindicalismo también están en la extrema izquierda”.

El 7 de noviembre dos sicarios que se movilizaban en una moto de alto cilindraje, acabaron con la vida de la profesora Mercedes Consuelo Restrepo Campo, a quién le dispararon en cinco oportunidades. Mercedes Consuelo fue docente durante 30 años y finalmente trabajaba en la institución educativa Hernando Botero O’Byrne, del municipio de Cartago (Valle). Durante los últimos cuatro años formó parte de la subdirectiva del Sindicato Único de Educadores del Valle (Sutev), en Cartago, donde desempeñaba el cargo de secretaria de asuntos de mujer, niñez y familia.

Además de su labor sindical, Mercedes Consuelo participó de forma muy activa en la pasada campaña electoral, apoyando a candidatos del Polo Democrático Alternativo a la Alcaldía de Cartago y a la Asamblea del Valle del Cauca, actividades que el régimen y su ejercito sicarial no le perdonaron.

La persecución contra el movimiento sindical, ONG defensoras de los derechos humanos, campesinos, indígenas, periodistas, negritudes y toda aquellas organizaciones sociales o personas que critiquen o se opongan al régimen que preside Álvaro Uribe Vélez, se manifiesta en los asesinatos, amenazas, desplazamientos y encarcelaciones arbitrarias de sus dirigentes y activistas. En lo que va corrido de este año han sido asesinados 30 sindicalistas, mientras que en el tiempo que lleva Uribe gobernando, su régimen ha cobrado la vida de 558.


Detenciones arbitrarias en La Uribe


Desde La Uribe (Meta), organizaciones campesinas denunciaron ante la comunidad nacional e internacional, que la Fuerza Pública acompañada de personal militar encapuchado, viene realizando capturas masivas de forma irregular, violándole a las comunidades los derechos humanos fundamentales.


El pasado 29 de octubre, en horas de la mañana, los habitantes de la inspección La Julia, municipio de La Uribe, vieron que la Policía patrullaba acompañada de encapuchados, quienes llegaron a varias residencias y detuvieron a sus moradores sin ninguna orden judicial. En la redada fueron detenidas arbitrariamente 12 personas, Jhon Freddy Velásquez, Hipólito Calderón, Hugo Jaramillo, José Ángel Angarita, Víctor Murcia Ferreira, Luis Efrén Ramírez López, Nancy Castaño, Orlando Aguirre, Luis Hernando Sierra, José Díaz Cuellar, Mauricio Gallego, Darley Upegui y Eliécer Sierra, quienes fueron trasladadas a la Macarena y posteriormente a Bogotá colocándolas a ordenes de la Fiscalía 16 especializada. Tres días después, en el mismo caserío aterrizó un helicóptero y militares encapuchados detuvieron a otras cinco personas que corrieron la misma suerte.


Las comunidades hicieron un llamado urgente a la Procuraduría, la Defensoría, la Personería y demás entidades de vigilancia y control del Estado, para que los acompañe y proteja de los atropellos y abusos de los que vienen siendo víctimas. El mismo mensaje fue extendido a las organizaciones colombianas y extranjeras defensoras de los derechos humanos, para que intercedan y denuncien internacionalmente los abusos del gobierno de la 'seguridad democrática', contra la población inocente e indefensa.


Agredida y amenazada directora de la OFP


Cuando los hombres tocaron a la puerta, Yolanda Becerra Vega, pensó que eran las dos mujeres que se habían devuelto y abrió. Los sujetos encapuchados empujaron la puerta y golpearon a Yolanda colocándola contra la pared. Uno de ellos la encañonó con un arma de fuego y le dijeron: “hijueputa, el cuento se le acabó. Tiene 48 horas para que se vaya, sino, vamos a acabar con su familia, usted no se nos escapa”. Durante 15 minutos los presuntos ‘paras’ revolcaron y destruyeron el apartamento de la líder sindical y defensora de los derechos humanos, como también trataron de llevarse la CPU del computador. Los hechos ocurrieron el pasado 4 de noviembre en la ciudad de Barrancabermeja. Becerra Vega es directora de la Organización Femenina Popular (OFP) y forma parte de Espacio de Trabajadores y Trabajadoras por los Derechos Humanaos de Barrancabermeja. Los atacantes también intimidaron a Jacqueline Rojas, integrante de la OFP y a Juan Carlos Galvis, vicepresidente nacional de Sinaltrainal,

Amenazado líder campesino

El líder sindical José Alfredo Agudelo Lombana, actualmente miembro activo de la dirección del Partido Comunista en el Sumapaz y responsable de Derechos Humanos del Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Sumapaz (Sintrapaz), al igual que miembro del Comité Permanente de Verificación y Seguimiento de Derechos Humanos del Sumapaz, ha venido siendo víctima de hostigamientos y amenazas permanentes contra su vida e integridad personal. En estos momentos no cuenta con protección a pesar de las reiteradas denuncias, lo que pone en entredicho las supuestas garantías para el ejercicio sindical, tanto de él como de los demás lideres y defensores de derechos humanos en la localidad.

Ejército ejecutó a otro campesino

El 4 de noviembre, a las 5:30 a.m., la amenaza que había recibido la población de parte del ejército se cumplió. Esta vez, tropas del Batallón 95 “Ricardo Díaz”, adscritas a la Brigada 30 del Ejército, bajo el mando del mayor Herrán, ejecutaron al campesino Dioselí Ascanio Acosta, de 44 años, agricultor y padre de cinco menores de edad. El señor Dioselí se encontraba de cacería en su finca ubicada en la vereda La Cristalina, municipio de Teorama (N. de Santander), cuando fue sorprendido por las unidades militares que abrieron fuego y le ocasionaron la muerte.


Asesinatos de militares y ‘paras’


El cabecilla narco paramilitar Ever Veloza, alias “HH”, quién comandaba los bloques Calima y Bananero, confesó en su versión libre ante la Fiscalía que cometió al menos 1.500 asesinatos en Urabá, entre 1995 y 1996. En el Cauca según su versión es responsable de las masacres del Naya, Alaska, El Palo y Zabaletas. Dijo el paramilitar que en la ejecución de sus crímenes en Urabá contó con el apoyo del Ejército, la Policía y el DAS y que coordinó acciones con el general Rito Alejo del Río y el capitán Bayron Carvajal. Declaró que el coronel Jaime A. Vargas movió la tropa para que los 'paras' cometieran la masacre del Naya, y el coronel Jorge Amor le dio una lista con 35 personas para la matanza de Alaska. Agregó en su declaración que cuando a la Fuerza Pública la habían presionado por el aumento de homicidios en el territorio esta les había pedido que a las victimas las desaparecieran o las enterraran.


Acnur denunció que hay impunidad


Jean-Nöel Wetterwald, representante de la Acnur en Colombia, dijo que gran cantidad de investigaciones por desplazamiento forzado permanecen en la impunidad debido a una falta de compromiso del Estado. Añadió que llama la atención que cada año hay más de 200 mil nuevos desplazados que se suman a los millones ya existentes, sin que los responsables sean perseguidos, investigados y enjuiciados. “Si alguien comienza a trabajar en la persecución de los que generan el desplazamiento, tal vez van a bajar los números de desplazados", dijo el Comisionado y continuó diciendo que "Ya que la gente que se ha desplazado lo ha perdido todo, entonces nos parece muy importante, tal vez cómo y cuando no importa tanto, lo cierto es que estas gentes son víctimas y hay que repararlas".


el Gobierno de Uribe protege el paramilitarismo con esta ley de impunidad’.
Camilo Raigozo

El pueblo español abucheó al ministro del Interior Carlos Holguín Sardi y al vicepresidente Francisco Santos en el marco del foro en el que se entregaba un balance internacional del primer año de la Ley de Justicia y Paz, que finalizó el pasado 14 de noviembre en Madrid.

Igualmente, manifestantes y organizaciones humanitarias peninsulares le exigieron al gobierno de Uribe quitar el manto de inpunidad con que pretende cobijar a los 'paras' en la mal llamada Ley de Justicia y Paz. "Acabar la democracia genocida", le exigen los españoles al primer mandatario colombiano.

En un aparte de su intervención en el foro, el presidente de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón, afirmó que desde que se inició la aplicación de la ley de Justicia y Paz, han sido asesinadas más de tres mil personas a manos de paramilitares en desarrollo de este proceso. Aseveró también, que hasta ahora la reparación a las víctimas de los ‘paras’ no se ha llevado a cabo.

Por su parte, el coordinador de Política Internacional y Derechos Humanos de la coalición española Izquierda Unida (IU), Francisco José Pérez, dijo que “el Gobierno de Uribe protege el paramilitarismo con esta ley de impunidad”.

Aún faltan por exhumar más de 4 mil víctimas de los paramilitares

Caracol Radio


Más de mil cuerpos han sido exhumados en desarrollo del proceso de justicia y paz con los desmovilizados paramilitares. El director nacional de la Unidad de Justicia y Paz, Luis González León aseguró que ya han entregado 140 restos de víctimas a sus familias y en los laboratorios de la Fiscalía hay 300 en espera de ser identificados con pruebas de ADN.

González entregó en Barranquilla un informe sobre las gestiones realizadas en el proceso de exhumaciones. Indicó que gracias a las versiones de Justicia y Paz, la Fiscalía tiene un listado de 4 mil fosas pendientes por excavar en todo el país.

Luis González León explicó a Caracol Radio que el proceso de Justicia y Paz con las Autodefensas ha superado todas las expectativas y por eso se acondicionarán nuevas salas para las víctimas en todo el país y más fiscales serán dispuestos para atender la larga lista de desmovilizados que se están postulando.


Amenazados estudiantes de la UIS


El pasado domingo 11 de noviembre, fueron amenazados vía Internet los estudiantes de la Universidad Industrial de Santander: Manuel Guillermo Jaimes, julian Acosta Salinas, Ana Lucía Carvajal, Fidel Enrique Naranjo, José Landazabal, Javier Castro, Carol Baez y Ronaldo Ospino.


Los sicarios hicieron llegar la amenaza a los estudiantes en mensaje enviado al correo electrónico de la Comisión Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, Santander.


“Sabemos que la expresión del terrorismo y la salvaje guerrilla colombiana están entre los estudiantes UIS. Los vamos a matar a todos en sus casas”, dice un aparte de la siniestra misiva.


Líderes campesinos continúan encarcelados arbitrariamente

El régimen narcoparamilitar se ensaña criminalmente contra las organizaciones agrarias

Por Camilo Raigozo

El pasado 29 de septiembre, en Barrancabermaja, Santander, fueron detenidos de forma arbitraria los dirigentes de la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (Acvc), Andrés Gil, Oscar Duque, Evaristo Mena y Mario Martínez. La sede de la organización fue allanada, decomisados varios documentos y las memorias de los computadores.

Según información de las mismas comunidades, organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, a los dirigentes agrarios se les está vinculando, investigando y procesando de forma irregular por el delito de rebelión. Actualmente, los cuatro líderes campesinos permanecen encarcelados injustamente en la ciudad de Bucaramanga.

La Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra, es una organización legalmente constituida en 1998 y trabaja en la protección, defensa y promoción de los derechos de los campesinos de ocho municipios del magdalena medio. Acciones que el oprobioso régimen narco-para-militar que preside Uribe no perdona.

En Sumapaz

El pasado 27 de octubre, víspera de elecciones, en un cinematográfico operativo, el Ejército, la Policía, el DAS y la Fiscalía, detuvieron arbitrariamente a los dirigentes campesinos de San Juan de Sumapaz, Moisés Delgado y Beto Poveda. Ambos miembros del Partido Comunista y activistas políticos por el Polo Democrático Alternativo en la región, partido por el cual, Delgado salió elegido edil.

El proceso contra los dirigentes agrarios es toda una infamia  que muestra la saña, la persecución y la presencia de oscuras presiones para lograr la condena”, dijo un directivo del Partido Comunista.

Según el cuadro político, “contra Moisés hay todo un reciclaje de supuestas pruebas y testigos. Hace dos años pretendieron encauzarlo y no pudieron. Testigos comprados lo sindicaban de ser un auxiliar de la guerrilla. Como en aquella época no pudieron condenarlo, han revivido el proceso. Las mismas acusaciones pero con otros testigos”.

Contra Beto Poveda el proceso es quizás más perverso. Se le acusa de ser uno de los jefes de la guerrilla y de haber participado en diversos actos de terrorismo. Nada más infame. Beto es un reconocido dirigente comunista y líder agrario de la región. Es uno de los fundadores de San Juan de Sumapaz. Desde hace meses ha estado hospitalizado pues viene soportando desde hace años una penosa enfermedad”, dijo Juan Cendales dirigente del PCC.

San Juan de Sumapaz es una extensa región agraria de Bogotá, con una larga historia de lucha contra el latifundismo y por la reforma agraria. La principal fuerza política ha sido el Partido Comunista y el Sindicato Agrario su principal organización social. Por eso el odio de la inteligencia militar contra los habitantes de la región, dedicados fundamentalmente al cultivo de la papa”, advirtió finalmente Cendales .

 Las organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos nacionales y extranjeras, no deben dejar solos a estos seis dirigentes campesinos perseguidos y encarcelados injustamente por el Estado terrorista. Y desde todos los rincones del planeta se debe exigir su inmediata liberación.


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