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Derechos Humanos: Boletín Día a Día del 9 al 15 de agosto de 2007

Martes, 21 de Agosto de 2007

 
Boletín Día a Día del 9 al 15 de agosto de 2007
 

Asociación Nacional de Ayuda Solidaria

ANDAS


Boletín Día a Día del 9 al 15 de agosto de 2007

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Bodas de oro del decano de la prensa alternativa

VOZ cumple medio siglo de incansable lucha al lado del pueblo colombiano


Cincuenta años, que son una verdadera proeza en un periódico de oposición que ha sido perseguido, dinamitada su sede, asesinado uno de sus directores y varios de sus distribuidores y corresponsales, excluido de la pauta oficial y empresarial, y además, violentamente censurado en muchas regiones del país. A pesar de ello nunca ha dejado de circular.


Los cincuenta años de VOZ han venido siendo celebrados en diversas ciudades del país y en reconocimiento a su labor recibió la Orden Comendador del Congreso de la República.


La gran celebración de los cincuenta años será este domingo 19 de agosto en las instalaciones comunales del Barrio Marsella.


Será una fraternal fiesta política, un extraordinario acto cultural y un encuentro de unidad de los militantes y simpatizantes del Partido Comunista, del Polo Democrático Alternativo, del movimiento sindical, defensores de derechos humanos y el movimiento estudiantil, cívico y popular.


En medio de las actividades culturales y deportivas se realizará un Acto Político donde intervendrán el Director de VOZ, Carlos Lozano, el Secretario General del PCC, Jaime Caicedo y el candidato del PDA a la alcaldía de Bogotá, Samuel Moreno.


La fiesta y el aniversario de VOZ es un fraternal escenario de encuentros y reencuentros. Un evento de unidad. Un canto a la vida y a la esperanza.


Dentro de la programación cultural se destaca la participación de la orquesta internacional de Pacho Galán,Totó la Momposina, Batucada Unidos do Uirapuru, Brasil, Rock de los 60 con los Beatniks, Danzas Folclóricas de la Universidad Distrital, Charanga de la Candela y Rock Furibundo Serna.


Además, exposición internacional de caricatura con el maestro "Calarca", lectura de poemas y otras expresiones culturales. En las intervenciones centrales estarán Carlos Lozano, Samuel Moreno Rojas y Jaime Caicedo.


La boleta solo vale 13.000 pesos y le da derecho a participar de toda la programación del Festival y a un plato de ternera a la llanera o a dos platos de lechona tolimense. Informes: Tel. 2328220 - 2321461. Todo el mundo está invitado



Unión Peneya (Caquetá)

“Vayan póngale quejas a la guerrilla”

Graves denuncias de la población por la violación persistente a los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario por parte del Ejército

Camilo Raigozo

Enviado especial


De izq. a derecha, Israel Betancur, alcalde del municipio La Montañita, Ana Carolina Tamayo, de Acción Social y Héctor González, delegado del gobernador del Caquetá. Foto C. Raigozo


El pasado 17 de julio, los habitantes del corregimiento Unión Peneya, del municipio La Montañita (Caquetá), realizaron una marcha pacífica de protesta para exigirle tanto al gobierno local, como departamental y nacional, el cumplimiento de los compromisos pactados con la comunidad, para que esta pudiera retornar, después de permanecer tres años y 23 días como desplazados.


La única vía de acceso se encuentra intransitable por lo que Unión Peneya está prácticamente aislada. Foto C. Raigozo


Y es que contra los pobladores rurales y urbanos hubo toda clase de atropellos por parte de la Fuerza Pública, que los estigmatizó y acusó de ser guerrilleros. Ejecuciones extrajudiciales, restricción a la movilidad de alimentos y medicinas, hostigamientos, amenazas, desapariciones y detenciones arbitrarias, fueron entre otros los abusos que padecieron los moradores bajo la aplicación del Plan Patriota.


Uno de los múltiples casos de violaciones a los derechos fundamentales de la población de la Unión Peneya, ocurrió el 22 de septiembre del 2003, cuando el Ejército obligó a todos los habitantes del caserío a permanecer reunidos en el parque por muchas horas a la intemperie y sin alimentos saliendo enormemente perjudicados los niños y ancianos.


Mientras que la población permaneció prisionera en el parque, las tropas saquearon negocios, viviendas y fincas aledañas en atroz acto de barbarie, vandalismo y pillaje. Igualmente, violando todos los parámetros legales 11 personas fueron detenidas de forma brutal y arbitraria por los militares.


La marcha pacífica se desarrolló por las principales calles de Unión Peneya. Foto C. Raigozo


A comienzos de enero del siguiente año (2004), se implantó en la zona la Operación Año Nuevo, en la que fueron bombardeadas indiscriminadamente áreas rurales y urbanas habitadas por civiles, obligándolos a abandonar todas sus pertenencias y al desplazamiento forzado, condición que mantuvieron hasta el pasado 27 de enero cuando retornaron, no sin antes haber comprometido al gobierno en todas sus esferas a cumplir unas condiciones mínimas para el retorno.


Ni las autoridades civiles ni militares le han cumplido a la comunidad. La única vía que comunica al corregimiento con La Montañita y Florencia está intransitable. El trayecto que normalmente se hace en tres horas y media, hoy se emplean más de nueve, como lo pudo constatar VOZ. “Gracias a dios llegamos, y además ilesos”, dicen los lugareños al llegar. Por eso, ningún vehículo de carga o pasajeros quiere viajar hasta Unión Peneya volviendo más difícil la vida de quienes allí viven. Una gaseosa llega a costar tres mil pesos y una cerveza cinco mil. Lo mismo pasa con la canasta familiar, porque todo es escaso.


Según los campesinos, el pasado 27 de junio en el sitio conocido como Américas de Jamaica, el Ejercito asesinó a los labriegos, Manuel Osorio de 35 años y a su hermano Albeiro Osorio de 29, presentándolos luego como guerrilleros dados de baja en combate. “Han habido más ejecuciones extrajudiciales del ejército”, le dijeron a este medio los campesinos sin suministrar mayor información.


También denunciaron ante las autoridades civiles y militares con quienes se reunieron después de la marcha, que las unidades del ejército ocupan de forma abusiva las viviendas, poniendo en alto riesgo la seguridad de quienes las habitan violando el Derecho Internacional Humanitario y el derecho a la intimidad. La comunidad rechaza con vehemencia la instalación de bases militares dentro del caserío y en fincas habitadas por civiles.


“Estamos esperando que nombren profesores para el centro educativo Simón Bolívar, que el hospital funcione, que el alcantarillado y el acueducto sirvan para algo, que se arreglen las carreteras y que nos dejen trabajar en paz para poder sacar a nuestro hijos adelante”, le reclamaron los líderes sociales a Israel Betancur, alcalde de La Montañita, Ana Carolina Tamayo, de Acción Social, Héctor González Trujillo, representante del gobernador del Caquetá y a los mandos militares, quienes habían sido citados por la comunidad.


Ante la andanada de promesas, pomposos proyectos y extendidas oratorias de los funcionarios públicos asistentes al encuentro, el líder de la comunidad, Héctor Morales Gutiérrez, dijo que “el Gobierno es un mentiroso, esas promesas las hemos venido escuchando desde hace tiempo”, y agregó, “lo que nuestra comunidad necesita son hechos concretos, no más engaños”. Luego, en vista de que los delegados gubernamentales no ofrecieron soluciones especificas a la problemática social, el líder propuso que se levantara la mesa. Inmediatamente fue increpado por Héctor González Trujillo, delegado del Gobernador departamental, quién con ira le dijo: “vayan póngale quejas a la guerrilla”.


Sindicalistas culpan al gobierno por amenazas


Luego de que el vicepresidente Francisco Santos señalara que dirigentes sindicales colombianos que participaron en un foro social en Ecuador habían supuestamente apoyado a las guerrillas de las Farc y el Eln, las amenazas de paramilitares contra sus vidas y las de sus familias no se hicieron esperar. Las directivas de los sindicatos Sintraemcali, Sintraunicol y Sintrateléfonos, le exigieron al gobierno la protección de su integridad, ya que Santos los ha calumniado y puesto en peligro sus vidas. Las de Santos son palabras que matan, emotivas y falsas, argumentaron los líderes y agregaron que denunciarán ante el Congreso de Estados Unidos las amenazas de muerte recibidas de los paramilitares que defienden al gobierno de Uribe. “No puede ser que nos frustren el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, acusándonos de no proteger a los sindicalistas, y que simultáneamente vayan algunos a Quito a firmar una declaración política de apología al terrorismo”, dijo Uribe hace una semana y por esa razón los ‘paras’ atacaron.


Paras’ amenazan a estudiantes


El pasado 2 de agosto,  llegó vía Internet un comunicado de amenaza a la Universidad Industrial de Santander firmada por paramilitares que se hacen llamar ‘águilas negras’ bloque norte de Colombia. El panfleto intimidatorio señala como ‘objetivos militares’ a Walter Duarte Gómez, estudiante de derecho, Jefferson Corredor Ruyaban, estudiante de historia y militante de la Juventud Comunista, Diego Acosta Salinas, estudiante de ingeniería química y miembro de la Juco, Javier Alejandro Acevedo Guerrero, profesor de derecho, defensor de los derechos humanos, Álvaro Villamizar, sindicalista de la UIS, Yenny Blanco Flórez, estudiante de ingeniería industrial y Julián Acosta, estudiante de ingeniería industrial, militante de la Juco. “Señores Anarquistas, Guardias Rojos, Camilistas, Juco, Mesas de trabajo, Aceu y demás comunistas. Ustedes son objetivos militares para nuestra organización y deben ser eliminados. Creemos que hay que liberar a nuestras universidades, barrios, y el país de gente revolucionarios como ustedes, hijueputas guerrilleros de civil (...).


Policía de Buenaventura retiene niños y mujeres embarazadas señalándolos de ser guerrilleros

Justicia y Paz

En operaciones de registro y control desplegadas en los barrios populares como acciones preventivas, unidades policiales han cometido graves abusos de autoridad contra los afro colombianos de los barrios San Francisco, Punta del Este, La Independencia, en el municipio de Buenaventura (Valle).

 Retenciones arbitrarias de los pobladores, entre ellos niñas y niños, son parte de la rutina, que es justificada con la existencia del Decreto 092 del 30 de abril de 2007, “Por medio del cual se dictan disposiciones transitorias de prevención y conservación del orden público en el municipio de Buenaventura”, con el cual se ha desbordado la ley para retener  a niños de 10 a 16 años. Las mujeres jóvenes, igualmente, además han sido objeto de retenciones arbitrarias y de falsos señalamientos y acusaciones de establecer relaciones sentimentales con la guerrilla, sofisma justificatorio del desborde institucional.

 Dicho Decreto faculta a la policía y autoridades judiciales “a realizar batidas ciudadanas y los controles policivos necesarios en todo el territorio municipal de Buenaventura, siempre y cuando se obtenga información veraz y objetiva de posibles hechos generadores de violencia que atenten contra la seguridad ciudadana y convivencia pacífica (…) la identificación y retención temporal de personas con asuntos pendientes con la justicia hasta tanto se defina su situación jurídica por parte de las autoridades competentes, población que será conducida y recibida en el comando o estación de policía, bajo condiciones de seguridad, dignidad y buen trato… no podrán permanecer detenidos más de treinta y seis (36) horas”

 Las actuaciones policiales están contra derecho. El modelo represivo contra la guerrilla de las FARC EP se ha dirigido contra la población, la que viene sufriendo procedimientos en los que se restringe arbitrariamente su libertad, en los que se abusa de la autoridad bajo un parámetro que puede calificarse de  persecutorio.

Jueves 26 de Julio desde las 4:30 p.m., y por espacio de una hora,  de acuerdo con testigos, 20 agentes de la policía Nacional  y por lo menos 10 de la SIJIN, al mando del Mayor TOBO, comandante de la policía  de Buenaventura, realizaron un operativo en el  barrio Punta del Estedeteniendo arbitrariamente a cuatro mujeres y a cinco varones, entre ellos cuatro menores de edad.

Los efectivos estatales ingresaron a varias residencias sin orden judicial de allanamiento, tomaron registros fotográficos y de video de los habitantes en el interior de sus casas. Posteriormente, sacaron a la fuerza a y subidos en una camioneta los jóvenes Geraldine Sinisterra, de 16 años; Angie Valencia, de 15 años; Efigenia Mosquera, de 17 años, y Diana Pilar Valencia, de 20 años.

También fueron detenidos Didier Calimeño, de 25 años, Roberto Canga, de 25 años y dos más de quiénes no ha sido posible establecer sus nombres. Junto a estos pobladores fue detenido el niño Brayner, de 12 años de edad.

En el interior del vehículo oficial les comunicaron a los pobladores que estaban detenidos y que los conducían para una corroboración de información.

 Nuestra Comisión de Justicia y Paz se comunicó aproximadamente a las 7:00 p.m.,  con el Programa de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la República, informando de los hechos conocidos y solicitando respuesta sobre las razones de la actuación policial y la situación jurídica de las personas, los motivos por los cuales se encontraban detenidos menores de edad, así como de informar a las familias del lugar de reclusión.

El gobierno Nacional reportó a nuestra Comisión de Justicia y Paz que la razón del operativo policial obedecía a la verificación de documentos de identidad, y el contraste con huellas dactilares. No brindó ningún tipo de respuesta al resto de los interrogantes

 Pasada la media noche los detenidos fueron dejados en libertad.

De acuerdo con los testimonios de las mujeres detenidas ilegalmente, la policía les manifestó que todo se debía a “que en este barrio, muchas mujeres se estaban volviendo guerrilleras”. A ellas las interrogaron sobre sus relaciones sentimentales, los nombres de identidad de sus novios o parejas. Así mismo, los policías afirmaron que el operativo estaba amparado en un nuevo decreto para la ciudad de Buenaventura que les daba la posibilidad de realizar allanamientos y detenciones sin orden judicial.

 A los varones los obligaron a quitarse parte de la ropa, les tomaron fotos semidesnudos,  lo mismo hicieron con las huellas dactilares.

Sábado 28 de julio, hacia las 4:30 p.m., dos vehículos de la policía llegaron al barrio San Francisco, de la comuna Siete del municipio de Buenaventura, zona de Bajamar e ingresaron por la fuerza a varias casas.

De una de las viviendas sacaron a la fuerza a Wilmar Riascos de 16 años y lo llevaron detenido. Doris Portocarrero, madre de Wilmar, y su hermana Surys Riascos, de 18 años, en estado de gravidez,  se opusieron a la retención ilegal del hijo, por lo que también fueron detenidas

En la acción y sin conocer el motivo fue detenida la niña Doris Fernanda Riascos de 10 años de edad; el joven  Jorge Luis Portocarrero de 17 años.

Hacia las 5:00 p.m., aproximadamente, nuestra Comisión de Justicia y Paz se comunicó con la Vicepresidencia de la República, informando el desarrollo del operativo policial en el barrio San Francisco. A través de la comunicación se solicitó  conocer la razón del procedimiento policial, las motivaciones de las detenciones, la inclusión en la misma de niñas y niños, y  el respeto debido a una mujer en estado de embarazo.

 Aproximadamente, una hora después fueron dejadas en libertad.

 El mismo día, en otro sector del barrio San Francisco, fueron retenidos de manera abusiva Sandra Perlaza, de 28 años; Oleisa Riascos, de 27 años; Alexis Mirri Aragón, de 13 años; Yina Aragón, de 16 años; Jesús Alberto Quintero y Jhonatan Torres Arboleda de 17 años.

Todos fueron llevados a la estación de policía de Buenaventura donde fueron fotografiados y reseñados. A quiénes se opusieron inicialmente a ser fotografiados, los presionaron e intimidaron, posteriormente los encerraron en  calabozos.

 Por el joven Jhonatan Torres Arboleda, sus padres pagaron a uno de los policías la suma de 30.000 pesos para que lo dejaran en libertad.  Con posterioridad todos fueron dejados en libertad.


Ejército prepara montajes judiciales contra campesinos

El Martes 7 de agosto de 2007, a las 7 de la noche aproximadamente, fue sacado del caserío Gaitán, municipio de Rioblanco (Tolima), por miembros de la Quinta División del Ejército Brigada Móvil 8 al mando del Mayor Ávila, el joven campesino Isaul Buitrago Ospina, de 17 años de edad aproximadamente, habitante de la vereda San Mateo, quien había llegado al caserío de Gaitán a comprar unos medicamentos para su hermano Arley quien había sufrido heridas en uno de sus pies cuando desarrollaba sus labores como agricultor.

Buitrago fue retenido y llevado a la base militar cerca al caserío por dos soldados entre los que se encuentran uno de apellido Cubillos y otro apodado “el diablo”, pertenecientes al grupo de contraguerrillas Pijaos. El día miércoles 8 de agosto Isaul Buitrago fue hallado muerto y uniformado en la base militar. De ahí fue evacuado en helicóptero hacia Neiva y de allí lo regresaron a Planadas donde lo enterraron en una fosa común de donde finalmente lo rescató la familia.

Este acto criminal se suma a los anteriormente cometidos por el Ejército contra campesinos de la región donde el día 20 de Noviembre de 2006, en la finca El Águila en la vereda La Pradera, fue asesinado el campesino Miguel Ipus Medina. El 29 de Noviembre de 2006, en Maracaibo fueron asesinados Heremildo Valero Bedoya, Virginia Hernández Valero y Abelino Rada Vargas. El 20 de Mayo de 2007, fue asesinado entre la vereda La Cristalina y El Cambrin el campesino Hersai Yate Urbano y los más recientes crímenes cometidos contra campesinos en el municipio de Chaparral, donde fueron asesinados el 19 de Julio de 2007, Camilo Avilez y Jesús María Riaño, siendo ya costumbre reportarlos como guerrilleros dados de baja en combate.  Estos crímenes motivaron la marcha de más de 3.000 campesinos al casco urbano de Chaparral en repudio a la arremetida indiscriminada de la fuerza pública contra indefensos campesinos.

El domingo 12 de agosto, el mayor Ávila, de la Quinta División del Ejército, quien lleva aproximadamente seis meses comandando las operaciones militares en la zona, convocó a la una de la tarde a una reunión con toda la comunidad de Gaitán y sus veredas circunvecinas, con el propósito, supuestamente, de esclarecer ante la comunidad las circunstancias del asesinato de Isaul Buitrago Ospina, reiterando ante los asistentes que el joven había sido dado de baja en combate por sus tropas cuando éste los atacó.   

Ante los reclamos justos de los habitantes por el crimen del joven campesino, en un acto de represalia el mayor Ávila presentó a un supuesto desertor de la guerrilla, que se hace llamar ‘Tola’. Lo utilizó para señalar a varias personas quienes valerosamente denunciaron el crimen.

Éste delincuente utilizado por el ejército para intimidar a los campesinos, se dedico a señalar a varios de los asistentes a la reunión como milicianos de la FARC, evidenciando los montajes judiciales que se están preparando para justificar futuras detenciones masivas. Este hecho se suma a las reiteradas amenazas del ejército contra los campesinos diciéndoles que “cómo no quieren colaborar con el Ejército, cuando ellos salgan de la zona, los que van a llegar a pasarles cuenta de cobro son los paramilitares autodenominados ‘águilas negras’.    


Paras’ amenazan en Barrancabermeja 

La Organización Femenina Popular denunció amenazas de muerte contra 11 jóvenes habitantes de los barrios La Candelaria, Las Malvinas y El Chicó, en el sector nororiental de Barrancabermeja (Santander). Un panfleto con un listado de nombres correspondiente a 11 jóvenes fue pegado en una casa de dicho sector mientras otros fueron dejados en sus calles.

 

En el anónimo se menciona que  las “Águilas Negras”, van a perseguir a los(as) jóvenes que aparecen en la lista por considerar que son delincuentes y se dedican al consumo de alucinógenos.

 

Estas amenazas se suman a otras que dos semanas atrás hiciera el mismo grupo a los(as) defensores(as) de derechos humanos de la ciudad. A las organizaciones no gubernamentales y sindicatos como Credhos, Organización Femenina Popular, Asodesamuba, la Unión Sindical Obrera y el Polo Democrático Alternativo.


Ejecuciones extrajudiciales del Ejército

El día jueves 9 de agosto de 2007 a las 4:30 a.m., Ulpiano Ortiz Fajardo salió de su casa a realizar sus labores habituales de venta de mercancía en la localidad y en los alrededores. Durante el día no se comunico con su compañera, ni con su hermano quien lo esperaba para concretar un negocio. En vista de lo anterior, sus familiares iniciaron su búsqueda sin obtener ningún resultado.

El día viernes 10 de agosto de 2007 la compañera y los hermanos fueron enterados por radio emisoras que Ulpiano Ortiz Fajardo y Jairo Alexis Castro, habían sido asesinados por militares de la Vigésimo Novena Brigada del Ejército. Para sorpresa de sus familiares las emisoras mencionadas indicaron que las víctimas eran miembros del ELN y que habían sido muertos en combate.

De manera inmediata los familiares de las víctimas acudieron a las instalaciones de la Fiscalía en el municipio de Timbìo, Cauca, en donde adelantaron las diligencias para la reclamación de los cuerpos. Finalizando la tarde los cadáveres de Ortiz y Castro fueron entregados a sus familiares. En la Fiscalía le informaron a la hermana del primero, que le habían decomisado una escopeta. Se desconoce hasta el momento que autoridad realizó el levantamiento y el traslado de los cuerpos hasta el municipio de Timbío.


Paramilitares amenazan a directivos de la USO


Un comunicado de la Unión Sindical Obrera (USO), advierte que en los últimos 15 días el sindicato petrolero ha recibido constantes amenazas escritas, por Internet y telefónicas, dirigidas contra varios directivos de la asociación trabajadora. Quienes han hecho las amenazas son paramilitares de las Auc que se hacen llamar ‘águilas negras’.


Las ciudades más afectadas por las alertas criminales son Barrancabermeja y Bucaramanga en el departamento de Santander y en Bogotá, capital del país.


El pasado 12 de agosto, a las 7 y 45 de la noche, Edgar Mojica Vanegas, miembro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Paz de la USO recibió una llamada en su celular en la que un individuo le dijo: “sabemos del trabajo que esta haciendo en derechos humanos, en especial las denuncias internacionales, si sigue en eso vamos a proceder, lo tenemos ubicado a usted, pero en especial a su familia”.


Paramilitares amenazan a defensor de derechos humanos


Paramilitares que dicen pertenecer a las Auc Bogotá y Auc Bosa, amenazaron y hostigaron nuevamente al dirigente de la Coordinación Nacional de Desplazados, Rigoberto Jiménez, el pasado 11 de agosto. Los criminales se hacen llamar ‘Águilas Negras’ y dicen defender al gobierno de Álvaro Uribe. “Por una Bogota sin guerrilleros”, titulan los comunicados remitidos por Internet.


Apartes del último mensaje de los paramilitares dice:

 

“Señor hijo de puta Rigoberto Jiménez y todos sus compinches habladores de mierda del gobierno, parece que no entendieron el mensajes ustedes siguen con la idea del Tribunal Internacional para juzgar al gobierno por el desplazamiento y principalmente el hijo de puta guerrillero de Rigoberto Jiménez que ya tiene las horas contadas porque tenemos orden del patrón de darles en la primera oportunidad que nos de el gran hijueputa esta creyendo que estamos charlando y esta pensando que no sabemos que sale de Bogotá es hablar mal del gobierno”



La Coordinación Nacional de Desplazados es un espacio de unidad de acción donde convergen un sinnúmero de distintas expresiones organizativas de población desplazada a nivel local, regional y nacional, con asiento en diferentes partes del país.


La ONG tiene como propósito articular esfuerzos para exigir el cumplimiento de garantías para el ejercicio de sus derechos, frente a las políticas públicas adoptadas por el Estado para su atención, sin descuidar el análisis de los factores que alimentan el conflicto armado y socioeconómico que vive el país y que toman el desplazamiento forzado como una estrategia de guerra y muerte.

 

Desde hace más de cuatro años la Coordinación Nacional de Desplazados viene impulsando el Tribunal Internacional de Opinión, “El Desplazamiento Forzado es un Crimen de Estado”, desde diferentes partes del país en una labor de sistematización de los hechos y los responsables del desplazamiento forzado desde la voz de las víctimas.


En el último año, buscando escuchar las propias voces de la víctimas se han realizado audiencias públicas regionales en las ciudades de Popayán, Quibdo, Bogotá y Arauca. Impulsadas y acompañadas por el Comité Impulsor del Tribunal Internacional de Opinión, conformado por varias ONG nacionales e internacionales.

 

Amenazas de muerte contra Rigoberto Jímenez

 

El 28 de junio de 2007, al terminar la audiencia pública sobre desplazamiento forzado en Quibdó, Rigoberto Jiménez, fue interceptado por hombres quienes le ordenaron no estar mas tiempo en la ciudad.

 

El 12 de julio de 2007, dos hombres identificados como Manuel Giraldo y Felipe Jiménez pararon al defensor de los desplazados en la carrera 10 con calle 17 en Bogotá y le dijeron que venían de Pereira a retomar el trabajo de las ‘Águilas Negras’. En tono amenazador pretendieron disuadir a la CND para que no continuara en la preparación de un Tribunal Internacional de Opinión sobre Desplazamiento.


Finalmente, le dieron un plazo de tres días para abandonar Bogotá. Al día siguiente, cuando Andelfo Pérez, otro líder de la organización, y Rigoberto Jiménez salían de la oficina, vieron a un hombre que  les tomaba fotografías desde una moto blanca, junto con otro hombre que se movilizaba en una moto de la Policía Nacional.

 

El 12 de agosto, los dos hombres que habían abordado a Rigoberto Jiménez día antes, fueron vistos por él mismo rondando en cercanías de su casa, en una camioneta blanca sin placas, desde las seis de la mañana hasta horas de la noche, ante lo cual Jímenez se mantuvo en su hogar sin poder salir.

 

Mensajes recibidos en el correo electrónico de la CND

 

El  24 de julio de 2007, desde aucbogotanueva2007@yahoo.es,  firmado por Auc Nueva Bogota, Águilas Negras de Soacha, en el cual se amenaza directamente a Rigoberto, el cual se lee; “hace varios días que le advertimos personalmente que si seguía hablando mierda del gobierno tenia que callarse la boca o salir de Bogotá, usted no ha hecho caso. aténgase a las consecuencias porque la próxima vez que lo veamos lo vamos es a bajar, es orden del patrón”.

 

El 26 de julio de 2007, desde aucbosa2007@yahoo.es  firmado por Águilas Negras de Bosa muerte a todos los guerrilleros, con el Asunto: tebas amorir hoy, en el cual se señala a la Coordinación Nacional de Desplazados como “mentirosos” que “engañan a la gente desplazada” y “los vamos a acabar todos uno a uno y vamos a empezar por el Señor Rigoberto Jiménez hijo de puta guerrillero que se cree el mas bravito” asegurando que esta es la segundo advertencia y que solo hacemos tres. También se lee en el correo “que el se siente protegido por la abogaduchita de la Yira Castro que lo que hacen es proteger a los cobardes guerrilleros que se amparan detrás de las organizaciones de derechos humanos para seguir haciendo terrorismo con la guerrilla”.

 

El 30 de julio de 2007, desde  aucbosa@yahoo.es firmado por Auc Águilas Negras de Bosa el cual nuevamente amenaza a Rigoberto Jiménez y se lee “ Señor Rigoberto Jiménez y van tres usted esta creyendo que la cosa es jugando no ha hecho caso ni usted ni las abogaducha de la Yira Castro estamos vigilando todos sus pasos y movimiento sabemos que piensan denunciar y si lo hacen les va peor les a vamos a dar por donde mas les duela la idea es limpiar a Bogotá de toda clase de guerrilla por una Bogotá sin de delincuentes”. 

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