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Derechos Humanos: COLOMBIA / Paramilitarismo-Parapolitica 31/08/2010

Martes, 31 de Agosto de 2010

 
COLOMBIA / Paramilitarismo-Parapolitica 31/08/2010
CONTENIDO:


* Coalición y PIN dejan sin asiento a oposición y minorías en el CNE
* La reinserción urbana de las AUC fracasó en Medellín
* Uno de cada tres políticos ha tenido nexos con grupos ilegales: Claudia López
* El miedo ronda a defensores y líderes de víctimas
* Asesinan miembro de la comunidad de paz de San José de Apartadó
* Los gnósticos y los ‘paras'
* Rivera denuncia que 'testaferros de los paras' recibieron apoyo del gobierno
* Iván Cepeda denunciará que la 'paraeconomía' ha usurpado más de 5 millones de hectáreas a víctimas
* Mario Uribe acepta que se reunió con Mancuso pero que no hizo pactos con 'paras'
* Ex jefes 'paras' quieren aportar en el debate en torno al acuerdo de unidad nacional


http://www.semana.com/noticias-nacion/coalicion-pin-dejan-asiento-oposicion-minorias-cne/143802.aspx
Coalición y PIN dejan sin asiento a oposición y minorías en el CNE

Pescando en río revuelto, el PIN consiguió cuatro votos para alcanzar representación en el máximo organismo electoral. La pregunta que surge es ¿quiénes fueron los cuatro parlamentarios que le dieron el guiño a este cuestionado partido? La coalición tendría la respuesta.

Al Polo Democrático y al Partido Verde no les alcanzó el acuerdo que a última hora sellaron con el propósito de que la oposición o los partidos independientes tuvieran asiento en el Consejo Nacional Electoral, CNE.

Juntos, y con el respaldo de dos partidos indígenas (ASI y Ainco), intentaron dar el golpe político en la elección del lunes en la noche, pero su impulso sólo les alcanzó para obtener 25 votos, uno menos que el cuestionado Partido de Integración Nacional, PIN.

En la elección que llevó a cabo el Congreso en pleno, la coalición de gobierno arrasó en la escogencia de magistrados, y gracias a su poder de representación en el Congreso, consiguió hacerse con ocho de las nueve curules.

La restante, la novena curul, se fue a las manos del cuestionado PIN, que pese a contar con 22 parlamentarios, consiguió el respaldo de otros cuatro, apenas los suficientes para vencer al Polo y al Partido Verde y así ocupar un lugar en el ente electoral.

Como la votación fue secreta, la pregunta que hay en el Congreso es quiénes fueron los que le dieron la bendición al PIN. Para los Verdes y la oposición las cosas parecen más claras. Fue la propia coalición de gobierno la que cedió los cuatro votos.

Miembros de la U, el partido que lidera la ‘Unidad Nacional' reconocieron que la pesca milagrosa del PIN se produjo en los propios socios de la coalición, pero descartaron que haya sido al interior de su partido. "Sería grave que en la U hayan respaldado al PIN", dijo el senador Mauricio Lizcano.

Conservadores, en tela de juicio

Las miradas se tienden hacia el Partido Conservador. El senador del PIN, Edgar Espíndola, admitió que en este y en otros procesos de negociación en el Congreso, los Conservadores han sido "aliados naturales".

Sin embargo los conservadores rechazan ese señalamiento, y como prueba de ello, es que en la elección de los magistrados del CNE también intentaron pescar en río revuelto, y por eso postularon a tres aspirantes y no dos como estaba previsto.

Pero por cuestión matemática, la plancha de candidatos presentada por la coalición solo les permitió a los conservadores obtener dos magistrados.

"Quedó claro que los conservadores, en esta elección, no suscribieron ningún acuerdo con el PIN. Ellos apostaron a tener tres magistrados y no los dos que finalmente consiguieron. Si hubiese mediado un acuerdo, ¿por qué postularon un candidato de más?", le dijo Espíndola a Semana.com.

Sin embargo, algunas voces en el Congreso advierten que la decisión de postular un tercer candidato pudo ser una estrategia política, con el propósito de desvirtuar los rumores que señalaban que ya tenían un acuerdo suscrito con el PIN y desmarcarse de ese partido.

Lo cierto es que las cuentas no eran claras. Antes de la elección, los partidos de la coalición excluyeron de su plancha al PIN, y dejaron que la novena curul se la disputaran con las minorías.

El PIN, por sí solo, no tenía el poder suficiente para escoger un magistrado pues el mecanismo de cifra repartidora había determinado que se necesitaba un mínimo de 25 votos para obtener un magistrado.

Polo y el Partido Verde consiguieron, con el favor de los movimientos indígenas, esa cifra. Pero la sorpresa es que en el escrutinio el PIN obtuvo 26 votos.

PIN y la coalición

Por eso, el senador Jorge Enrique Robledo, del Polo, dijo que es "evidente" que el PIN "tiene el respaldo de otros sectores" del ‘santismo', de lo contrario no hubiera podido conseguir esa votación. "Eso aclara una cosa que todos sabemos, que el PIN es parte de la manguala de la ‘Unidad Nacional', que lo tengan a las escondidas, debajo de la cama, ese es otro asunto".

Alfonso Prada, congresista del Partido Verde, dijo que el PIN se presentó como movimiento independiente, pero si así lo fuera, no tendría cómo derrotar la plancha de aspirantes presentada por los verdes y el Polo. "El PIN no es independiente, hace parte de esa alianza de la Unidad Nacional y vota los proyectos de la mano con el gobierno".

El senador Edgar Espíndola, al ser consultado por Semana.com, fue franco al afirmar que "siempre hemos creído que hay que apoyar la propuesta del presidente Santos. El Presidente dijo que iba a gobernar con todos y quienes estamos aquí creemos que estamos en un partido legítimamente constituido".

Sin embargo, Espíndola dijo que el magistrado que obtuvieron en el CNE no fue producto de ningún acuerdo con la coalición. "Vieron que nuestro candidato era muy bueno, tenía las calidades y por eso lo apoyaron. Gracias a ese apoyo y a la consolidación de nuestra bancada tenemos un miembro en el CNE".

Así fue la votación

Los partidos de la coalición presentaron una plancha de candidatos en la que obtuvieron 205 de los 256 votos en total.

Dicha votación le permitió al partido de la U tener tres magistrados (Óscar Giraldo Ramírez, Luis Bernardo Franco y Pablo Guillermo Gil de la Hoz).
Al partido Conservador, dos (Juan Pablo Cepero y Nora Tapia Montoya).
Al partido Liberal, dos (Joaquín José Vives y Gilberto Rondón).
Y a Cambio Radical, uno (Carlos Ardila Ballesteros).

El noveno magistrado, perteneciente al PIN, obtuvo 26 votos, correspondientes a los 22 congresistas de ese cuestionado movimiento, y a cuatro de otras colectividades. Gracias a esos votos, el magistrado José Joaquín Plata resultó elegido.
http://www.semana.com/noticias-opinion/reinsercion-urbana-auc-fracaso-medellin/143777.aspx
La reinserción urbana de las AUC fracasó en Medellin
Quienes han administrado la ciudad durante los últimos años están obnubilados con su proyecto estético de ciudad.
Juan Diego Restrepo E.*

Tantas veces las autoridades municipales se negaron a aceptar que el proceso de reinserción de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) había sido un fracaso que crearon un ambiente de falso optimismo que llevó al entonces alcalde de Medellín y ex candidato presidencial Sergio Fajardo Valderrama a concebir y difundir la famosa frase "pasamos del miedo a la esperanza".

Esa afirmación es hoy una ilusión y las laderas de Medellín arden que da miedo. No sólo en la comuna 13, como lo han mostrado de manera reiterada los medios de información locales, regionales y nacionales. Son varias las comunas donde las libertades individuales y colectivas están limitadas por el accionar de las bandas armadas ilegales y la incapacidad del Estado para contrarrestarlas. Basta observar el mapa del conflicto realizado recientemente por analistas de la Corporación Convivamos para concluir que el problema ha llegado a niveles de extrema preocupación que, incluso, comprometen la gobernabilidad de la ciudad. (Ver mapa)

Es paradójico lo que se vive en Medellín: mientras las administraciones de Fajardo Valderrama (2003 - 2007) y de Alonso Salazar (2008 - 2011) han invertido miles de millones de pesos en educación, emprendimiento, salud, recreación y vivienda, las bandas armadas ilegales se empoderaron de amplios sectores de la ciudad, posean mejores armas y tengan mayor disciplina para atacarse unas a otras.

¿Dónde pueden buscarse entonces las explicaciones? Parte de esas explicaciones se encuentran en el fracaso del modelo de reinserción urbana que diseñó la Alcaldía de Medellín a través del Programa de Paz y Convivencia, que convirtió a los desmovilizados en ciudadanos especiales, les otorgó más poder del que tenían en la ilegalidad y fue incapaz de constituirse en una solución definitiva a las expresiones violentas urbanas que tenían que ver con fenómenos como la defensa territorial, el reclutamiento de menores de edad y el sometimiento de las comunidades, sobre todo las más pobres.

Durante varios años diversos sectores sociales y políticos locales, nacionales e internacionales expresaron públicamente sus reparos a ese proceso, sustentados en las denuncias que constantemente hacían los pobladores de diversas comunas, quienes advertían que los desmovilizados de las AUC seguían ejerciendo el control territorial, imponían el orden y, además, utilizaban recursos públicos para financiar sus actividades delictivas.

Lo que pedían esos sectores críticos del modelo de reinserción era una discusión pública para corregir sus falencias y reorientarlo. No obstante, tanto Sergio Fajado como Alonso Salazar, en su condición de Secretario de Gobierno y Alcalde, se negaron a esa petición y, por el contrario, optaron por cuestionar a quienes proponían esas reflexiones y a reclamarles incluso silencio, pues, según ellos, estaba en juego la imagen de la ciudad.

Podrá decirse en defensa del proceso de reinserción que algunos desmovilizados tuvieron una exitosa reincorporación a la vida civil, tal como lo reconocerá la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación en su segundo informe nacional sobre desarme, desmovilización y reinserción llamado La reintegración: logros en medio de rearmes y dificultades no resueltas, próximo a publicarse, pero el documento también advertirá que "otros han reincidido en delitos, con el narcotráfico y en grupos rearmados que afectan a Medellín y el Valle de Aburrá, el Bajo Cauca, Urabá y el Oriente, propiciando en los últimos años disputas violentas entre ellos".

¿Dónde estaban las fallas del proceso? Quisiera aventurar algunas respuestas: a) en no reconocer a tiempo el problema por parte de las autoridades, en particular de las civiles; b) en la creencia según la cual todos los críticos del proceso con las AUC eran "enemigos" del gobierno local y querían hacerle daño a la imagen de la ciudad; c) en el desconocimiento sobre el origen delincuencial de cientos de los cerca de tres mil desmovilizados de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada, quienes, una vez "legalizados", retornaron a sus bandas de origen; d) en desestimar las denuncias ciudadanas; e) en desestimar que miembros de la Fuerza Pública fueron conniventes con algunas expresiones de violencia derivadas de los nuevos "actores de poder" en los que se constituyeron algunos de los desmovilizados de las AUC; f) y, por último, en la incapacidad del modelo para cortar las líneas de mando entre los desmovilizados y sus jefes recluidos en las cárceles.

La situación de violencia que atraviesa hoy Medellín es la sumatoria de un conjunto de decisiones desacertadas, las cuales se pudieron corregir si se hubiera tenido la tolerancia suficiente para escuchar a quienes alertaron desde un principio de los errores que se estaban cometiendo, con unas condiciones sociales y económicas que aún no son afectadas de manera positiva y de manera estructural por las políticas impulsadas localmente. En esencia, la oferta legal aún es incapaz de competir con la oferta ilegal.

Frente a los problemas de violencia que sacuden hoy a Medellín y los cuales se pudieron remediar en su momento, cabe preguntarse si es pertinente preguntarse a quiénes se les debe reclamar responsabilidades políticas por el fallido proceso de reinserción de las AUC; también es importante cuestionar a quien corresponda si el proyecto estético en el que se embarcó la ciudad fue el adecuado para superar el conjunto de inequidades que soportan las comunidades más pobres; y, finalmente, es importante plantear de nuevo la posibilidad de abrir un debate público con el fin de examinar lo hecho y, partiendo de allí, explorar nuevas maneras de superar los fenómenos de violencia.

Quienes han administrado la ciudad durante los últimos años están obnubilados con su proyecto estético de ciudad, encerrándose en una especie de urna de cristal, donde sólo se han escuchado a sí mismos. Una ciudad verdaderamente democrática se construye entre todos, no sólo entre los amigos que sólo dicen lo que uno quiere escuchar. Quizás llegó la hora de abrir esa urna.

http://www.verdadabierta.com/parapolitica/2656-uno-de-cada-tres-politicos-tiene-nexos-con-grupos-ilegales-claudia-lopez

Uno de cada tres políticos ha tenido nexos con grupos ilegales: Claudia López

La investigadora Claudia López fue la editora del libro "Y refundaron la patria", que desentraña los nexos entre los grupos armados, el narcotráfico y la clase política colombiana. VerdadAbierta.com habló con ella sobre las claves para entender la captura del Estado.

El libro fue hecho por investigadores de centros de investigación como Nuevo Arcoiris, Congreso Visible, Dejusticia, Grupo Método y la Misión de Observación Electoral - Moe. López, quien destapó en 2002 las alianzas de los grupos paramilitares con congresistas y senadores, ahora es la editora de este extenso estudio que ahonda no sólo en las complicidades de 'paras' y políticos, sino también de narcos, guerrillas y las nuevas bandas criminales.

En el fondo la pregunta que intentaron responder es si los grupos armados se apoderaron del Estado colombiano. Y encontraron que no lo lograron en su totalidad, pero que al menos uno de cada tres políticos, en el ámbito local, departamental o regional, han tenido o tienen relaciones con grupos armados ilegales.

Otra conclusión a la que llegaron es que los delincuentes han buscado tomarse el Estado para legitimarse y además buscar encubrir sus delitos.

Según el libro, los políticos aliados con paramilitares, guerrilleros o narcotraficantes, también encontraron en la administración pública la mejor forma para lavar recursos de actividades ilícitas como el narcotráfico.

Claudia López habló con VerdadAbierta.com sobre las revelaciones de este libro titulado "Y refundaron la patria".

VerdadAbierta.com : ¿El libro trata de demostrar la teoría del Estado mafioso?

Claudia López: No tenemos fundamento para afirmar eso. Aquí ha habido dos visiones extremas, una que dice que en Colombia no ha pasado nada y que se trata de unas cuantas manzanas podridas, entonces lo dejan como un problema medio trivial y personalizado. Y quienes dicen que Colombia es un narcoestado, que está completamente capturado por el narcotráfico.

Nosotros nos dimos a la tarea de establecer, entre esas dos visiones, cuál era la evidencia. La evidencia judicial indica que una tercera parte de los cargos políticos de elección popular efectivamente ha sido cooptada por el narcotráfico, el paramilitarismo, la guerrilla y grupos armados de diferente tipo.

No es una cifra menor. Uno de cada tres alcaldes, gobernadores, concejales, de miembros del Congreso, han tenido nexos con grupos armados.

Y lo que ocurrió es que desde 2002, la inmensa mayoría de estas tendencias que habían cambiado el mapa local y regional político confluyeron en el proyecto político uribista, hicieron parte de la coalición de gobierno del ex presidente Álvaro Uribe, cogobernaron con él durante 8 años y de esa forma llegaron hasta esferas del poder nacional.

Mucho ha de tener la influencia de un alcalde o un concejal para ser capaces de llegar a la Presidencia de la República. De manera es que esa es la magnitud exacta: una tercera parte del Estado político ha estado capturado por organizaciones ilegales.

VA : ¿Dónde se puede ver esa captura del Estado?

CL: Además,La verdad es que nos dimos a la tarea de hacer una monografía departamento por departamento. El libro contiene un cd en el que va la monografía de cada departamento explicando el contexto de conflicto que vivieron desde el 90 hasta 2007. Además, cómo cambió el mapa político en ese contexto de conflicto, cómo desaparecieron el Partido Liberal y Conservador y aparecieron esos partidos vinculados a la parapolítica y a la farc-política.

Desafortunadamente no hay departamento que se escape, en todos hay algún indicio, por supuesto las dimensiones son distintas. yo diría que más que captura, eso que llaman reconfiguración del Estado, haber cambiado el mapa político y la operación estatal ocurrió en departamentos como Córdoba, Antioquia, Cesar, Magdalena, Santander, Meta, Casanare y Norte de Santander para sólo mencionar algunos ejemplos muy destacados por la enorme penetración de los grupos armados.

Norte de Santander, por ejemplo, es uno de los departamentos que poco se mencionan en la parapolítica pero quizás es uno de los más cooptados a todo nivel. De manera que no podemos decir que alguno se salve, tal vez en Nariño uno podría decir que hay menos influencia, pero en todos hay un rastro de mafiosos e ilegales y políticos reconfigurando el Estado.

VA : ¿Qué buscan los grupos armados con capturar el Estado?

CL : En primer lugar buscan evadir que los persigan, buscan impunidad, obviamente si logran inhibir, cooptar, capturar al fiscal, al juez, al agente de inteligencia, al miembro de la fuerza pública, o al político que a su vez coordina la fuerza pública, pues limita su riesgo de exposición penal, que es lo que buscan: impunidad.

Lo segundo es capturar rentas. Hay un vínculo cada vez más estrecho entre las actividades ilegales como el narcotráfico y la corrupción pública, porque en la práctica la corrupción se ha vuelto un mecanismo de lavado del narcotráfico, entonces son dos negocios que van convergiendo. Es muy útil usar la estructura económica del Estado para hacer impunidad y lavado de recursos.


Lo tercero que buscan es legitimidad. Es que si logran disfrazarse de políticos y que no les digan parapolíticos sino honorable senador, que no les digan mafiosos sino señor alcalde, obviamente eso da un amparo de legitimidad y legalidad que les permite operar a gran escala.

Cuando esos políticos aliados con los ilegales llegaron a escenarios como el Congreso donde se decide la estructura institucional del Estado, pudieron cambiar las normas de economía agraria para legitimar el despojo, pudieron cambiar las normas de justicia para proveerse en un alto nivel de impunidad como la ley de justicia y paz. Pudieron cambiar el sistema político y electoral para poder usar los partidos y que esos partidos aunque avalaran a gentes involucradas con la ilegalidad no resultaran sancionados.

Entonces lograron cambiar la estructura institucional, tener legitimidad política y social, hacer operaciones de lavado económico y político, eso lo que buscan los ilegales con penetrar la política.

VA: ¿Al final dónde está el conflicto?

CL: En el libro lo que tratamos de mostrar es que esa idea de las autodefensas contrainsurgentes es más un mito que una realidad. La verdad es que el narcoparamilitarismo tenía intereses más importantes que combatir a la guerrilla, tenía el interés del narcotráfico, reconfigurar el poder político y que sus aliados volvieran al poder porque la apertura del sistema democrático en Colombia se los estaba quitando. Buscaban tener legitimidad social y control territorial.

Como también encontramos que eso de que la guerrilla actúa por los pobres y en defensa de los marginados y de los campesinos, incluso de los cocaleros en Colombia, es un mito. Nosotros decimos que la guerrilla y el paramilitarismo fueron muy machitos para pelear contra la población civil inerme, para arrasar campesinos, para masacrar a mujeres y niños en pueblos enteros, pero conflictos y disputas directas entre ellos muy poquitas.

Los unos y los otros se han usado como una excusa para sus reales propósitos, que para ser contrainsurgentes o contraparamilitares.
http://www.verdadabierta.com/conflicto-hoy/rearmadados/2666-el-miedo-ronda-a-defensores-y-lideres-de-victimas

El miedo ronda a defensores y líderes de víctimas
En el último mes, tres líderes y defensores de derechos humanos han sido asesinados. Según varias Ongs en el último año ya son 39 los líderes asesinados y se cree que estos crímenes están asociados con denuncias que han realizado sobre desplazamiento forzado y reclamaciones de tierras.

Organizaciones de derechos humanos advierten que en 15 departamentos, donde están las tierras más ricas del país, líderes de víctimas y defensores de derechos están siendo asesinados.

El último crimen conocido fue el del presidente de una junta de acción comunal de San José de Apartadó, Álvaro Montoya, asesinado al parecer por las Farc. (Ver nota Asesinan miembro de la comunidad de paz de San José de Apartadó)

La comunidad de paz informó que a las seis de la mañana del 12 de agosto, varios hombres camuflados y armados de fusiles obligaron a Álvaro Montoya a bajar de un campero de transporte público, cuando se dirigía a San Josesito, una vereda cercana a San José de Apartadó.

Los hombres le ordenaron al conductor seguir su camino y unos minutos después habitantes del pueblo encontraron el cuerpo de Montoya a un lado de la carretera destapada.

En un comunicado público, la comunidad de paz de San José de Apartadó señaló que la víctima tenía una farmacia en el pueblo y era presidente de la junta de acción comunal de San José. También denunciaron que el crimen se cometió a pesar de la presencia de patrullas del Ejército en la zona.

La comunidad de paz de San José de Apartadó se declaró neutral frente al conflicto y rechazan la presencia de todos los grupos armados en su territorio. Esta posición les ha traído amenazas, hostigamiento y muerte de ‘paras' y guerrilla. Además la justicia condenó varios miembros de la Brigada XVII del Ejército por su complicidad en la masacre de ocho personas el 21 de 2005.

En relación con los líderes de organizaciones de víctimas, La Consultoría para el Desplazamiento, Codhes advierte que, con el asesinato de Álvaro Montoya ya son 39 los líderes asesinados entre el 1 de marzo de 2002 y el agosto de 2010. Somos Defensores y Codhes coinciden en que estas agresiones y crímenes están asociadas a las denuncias que han realizado los defensores y líderes sobre desplazamiento forzado y reclamaciones de tierras.

"Vamos de mal en peor en términos de garantías a los líderes de víctimas. Vemos que los nuevos grupos paramilitares están desarticulando a ese movimiento social que está reclamando tierras. Los lugares donde están ocurriendo los crímenes son particularmente las tierras más ricas del país. Esto es una advertencia al Ministerio de Agricultura y al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) sobre cómo van a garantizar la restitución de tierras a las víctimas de la violencia", señaló Jorge Rojas, director ejecutivo de Codhes.

En los reportes de Somos Defensores y de Codhes coincide que los departamentos más afectados son: Antioquia, Putumayo, Caldas, Atlántico, Córdoba, La Guajira, Valle del Cauca, Norte de Santander, Bolívar, Nariño, Chocó, Arauca, Risaralda, Sucre y Cauca. "Los casos más graves están en el Valle, donde los grupos armados ilegales no están dispuestos a que se restituyan las tierras. Han matado a mucha gente. Esta es la nueva geografía del paramilitarismo", agregó Rojas.

En zonas críticas como el suroccidente del país, el número de víctimas de la violencia también habría aumentado. En Popayán, donde se registró el más reciente asesinato de un defensor de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo pasó de atender 94 víctimas durante el primer semestre de 2009 a 1.015 víctimas durante el primer semestre de 2010.

La muerte de Beto Ufo Pineda

El miércoles 25 de agosto también se conoció el asesinato de Beto Ufo Pineda, un reconocido líder de los desplazados en Popayán.

Janeth Mosquera, otra líder y amiga de Pineda, aseguró que este asesinato es consecuencia de la estigmatización que padecen los defensores de víctimas en esta región del país. "Todo el que habla de derechos humanos y representa a los que no tienen voz, lo mandan callar con la muerte. Nuestra vida está valiendo un tiro. Estamos totalmente desprotegidos".

Mosquera sobrevivió a un atentado el pasado 27 de julio, pero siguió recibiendo amenazas telefónicas, además dejó de recibir protección con escoltas y por eso, teme que sea asesinada como Pineda. "Lo conocía desde hace 11 años. Trabajamos en la Cruz Roja y nos capacitamos para ayudar a las víctimas del desplazamiento. Beto apareció muerto hace unos días. La situación es crítica", dijo.

En otro caso conocido, el pasado 24 de agosto la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) denunció el asesinato de Beto Ufo Pineda Muñoz y la agresión física contra Olga Castillo, ambos líderes de las víctimas del desplazamiento en Popayán, Cauca.

Según Codhes, Pineda Muñoz desapareció el pasado 17 de agosto cuando se disponía a trabajar en la finca El Rosal, una tierra que en 2007 el Gobierno Nacional le había entregado a 10 familias víctimas del desplazamiento. Tres días después, los medios locales reportaron que su cuerpo fue hallado sin vida en la vía a Coconuco, a 15 minutos de Popayán, con heridas provocadas por machete. Pinedo era representante de la organización de víctimas Nueva Floralia, y tenía medidas de protección debido a las múltiples amenazas que había recibido.

"El pasado 24 de agosto Olga Castillo fue agredida físicamente por un sujeto que se movilizaba en una moto. Solicitamos a las entidades del Gobierno Nacional, Regional, la Defensoría del Pueblo, se garantice el derecho a la vida y a la integridad física de los líderes de población desplazada que se encuentran amenazados", indicó Codhes en un comunicado.

Esa misma solicitud la realiza el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (Cpdh), a raíz del asesinato de Norma Irene Pérez. La mujer había desaparecido el 7 de agosto en el municipio La Macarena, y seis días después los medios locales reportaron que su cuerpo fue hallado sin vida con heridas de bala, en la localidad de La Unión.

Según la Ong, Pérez fue una de las líderes de derechos humanos que el pasado 22 de julio se movilizó a Bogotá para participar de una audiencia convocada por el Congreso Nacional. Durante el encuentro, Pérez denunció la existencia de una fosa común La Macarena, que al parecer tiene los restos de víctimas de los llamados ‘falsos positivos'.

La situación se agrava
Frente al panorama, las organizaciones de derechos humanos indican que estos hechos no son aislados y que las agresiones contra líderes aumentaron durante los últimos dos años.

Somos Defensores, el Programa no Gubernamental de Protección de Defensores de Derechos Humanos, advierte con base en estadísticas que los casos de agresiones contra defensores aumentaron de 82 casos en 2008 a 174 casos en 2009. Aunque el balance más actualizado de 2010 será publicado en septiembre, Somos Defensores señala que mayo ha sido el mes más crítico.

"Si bien el año 2009 fue el peor de los últimos cuatro años en cuanto a agresiones se refiere, el año 2010 y en particular el mes de mayo, parece superar todo pronóstico", indica el programa. Ese mes siete defensores fueron asesinados y más de 100 organizaciones de derechos humanos fueron víctimas de amenazas por parte de los actores armados ilegales, a través de panfletos, correos electrónicos, mensajes de texto y llamadas telefónicas intimidantes.

"Desde hace semanas la Defensoría ha solicitado a la Secretaría de Gobierno del Departamento la convocatoria de un comité técnico, para impulsar la Mesa de Garantías. Este mecanismo está congelado y no se ha podido concretar. Es urgente que se reúna el comité para buscar soluciones a estas situaciones que están sucediendo con los defensores y líderes de víctimas de la región", dijo Víctor Meléndez, defensor Regional del Pueblo.
http://www.verdadabierta.com/component/content/article/54-generales/2667-asesinan-miembro-de-la-comunidad-de-paz-de-san-jose-de-apartado

Asesinan miembro de la comunidad de paz de San José de Apartadó
El presidente de la junta de acción comunal, Álvaro Montoya murió el 12 de agosto pasado, al parecer a manos de las Farc.
Varios medios comunitarios informaron el asesinato del líder de la comunidad de San José de Apartadó. Según denuncian habitantes de la región, en la mañana del 12 de agosto pasado varios desconocidos armados con fusiles y camuflados obligaron a Álvaro Montoya a bajar de un vehículo de transporte público, cuando se dirigía a San Josesito, una vereda cercana a San José de Apartadó, Antioquia.

Los hombres armados le ordenaron a la camioneta seguir su camino. Unos minutos después encontraron el cuerpo de Álvaro Montoya, a un lado de la carretera destapada. Varios medios de comunicación locales señalaron que las Farc perpetraron el asesinato de Álvaro Montoya.

En un comunicado público, la comunidad de paz de San José de Apartadó señaló que la víctima tenía una farmacia en el pueblo y era presidente de la junta de acción comunal de San José. También denunciaron que el crimen se cometió a pesar de la presencia de patrullas del Ejército en la zona.

La comunidad de paz de San José de Apartadó se declaró neutral frente al conflicto y rechazan la presencia de todos los grupos armados en su territorio. Esta posición les ha traído amenazas, hostigamiento y muerte de ‘paras' y guerrilla. Además la justicia condenó a varios miembros de la Brigada XVII del Ejército por su complicidad en la masacre de ocho personas el 21 de febrero de 2005.

 

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