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Derechos Humanos: El día a día en Derechos Humanos en Colombia

Jueves, 15 de Febrero de 2007

 
El día a día en Derechos Humanos en Colombia
 

El día a día en Derechos Humanos en Colombia

-Un servicio de ANDAS-



Las amenazas no se hicieron esperar después de los señalamientos del presidente Uribe


Más de 70 organizaciones sociales, defensoras de los derechos humanos, prensa alternativa, entre ellas ANDAS y el Semanario VOZ, fueron amenazadas después de las vehementes alocuciones del primer mandatario


Veinticuatro horas después de que el presidente Álvaro Uribe Vélez acusara de “terroristas vestidos de civil” a políticos opositores de Polo Democrático Alternativo, fue enviada a varias organizaciones sociales, sindicales, universitarias y a medios alternativos, una  nueva amenaza firmada por paramilitares.


El Presidente hizo estos señalamientos injuriosos el pasado 3 de febrero en un consejo comunitario realizado en Tierralta, Córdoba y luego los ratificó en varios medios de comunicación. Las amenazas llegaron, luego de que el senador Gustavo Petro anunció la realización de un debate en el Congreso de la República sobre los vínculos de políticos, empresarios y otros sectores, con el paramilitarismo en Antioquia, y luego de que afirmó que Santiago Uribe, hermano del Presidente, ha sido investigado penalmente por vínculos con paramilitares, y particularmente, por hacer parte del grupo “Los Doce Apóstoles”.


Mientras tanto, el cabecilla narcoparamilitar Salvatore Mancuso, admitió en un comunicado el 5 de febrero anterior, que el rearme paramilitar es una realidad. Sin embargo, varios analistas le comentaron a VOZ que “no se trata de un rearme de organizaciones paramilitares, sino que el llamado proceso de “negociación” y “desmovilización” no condujo al desmonte real de sus estructuras, que hoy siguen intactas asesinando a opositores del gobierno y traficando con drogas”.


El 7 de este mes, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, condenó las amenazas que han recibido más de 70 organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos, organizaciones sindicales y sociales. Reiteró la importancia que para el Estado de derecho y la sociedad democrática tiene el ejercicio del derecho a defender y promover los derechos humanos, del derecho a trabajar por la paz, del derecho a trabajar a favor de las víctimas y del derecho a las libertades sindicales. El ente internacional, también instó al gobierno a investigar, juzgar y sancionar a los responsables.


Las siguientes, son entre otras las instituciones amenazadas: Movimiento Nacional de Víctimas de crímenes de Estado, Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, Comisión Colombiana de Juristas, Colectivo de Abogados “Luis Carlos Pérez”, Fundación Manuel Cepeda Vargas, Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Comité Permanente por los Derechos Humanos, Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (Andas).


Asociación para la Promoción Social Alternativa ( Minga), Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia ( Sintraunicol), Asociación de Profesores Universitarios ( Aspu), Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro), Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), Asociación Comunidad Motilón Barí de Colombia, Comunidad Indígena Kankuama desplazada en Bogotá.


Instituto de Servicios Legales Alternativos ( Ilsa), Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos “Reiniciar”, Corporación Yira Castro, Justicia y Vida, Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, Frente Social y Político, Periódico VOZ, Prensa Rural, Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).


Libres Víctor Oime y su hijo


Luego de seis meses y un día, de permanecer injustamente presos en la Penitenciaría Nacional de La Picota de Bogotá, el pasado 7 de febrero a las 8:40 de la noche, recobraron la libertad el ex alcalde del municipio de Cartagena del Chairá (Caquetá), miembro del Comité Central de Partido Comunista Colombiano y uno de los fundadores de la Unión Patriótica en ese departamento, Víctor Rodrigo Oime Hormiga y su hijo de tan solo 20 años de edad, Arístides Oime Ochoa.


Ambos habían sido detenidos el 6 de agosto del año pasado, cuando una fiscal y hombres uniformados allanaron la antigua sede de la UP en el barrio Santa fe de Bogotá y procedieron a capturar al dirigente y a su hijo, sindicándolos falsamente de ser miembros del Frente 14 de las Farc. Simultáneamente, en el municipio de Puerto Rico (Caquetá), las fuerzas de seguridad del Estado, también detuvieron a su esposa María Eduviges Ochoa Ortiz y a otras nueve personas, todas inocentes.


Esta es la tercera vez que el dirigente pierde su libertad por largos periodos de tiempo, víctima de los consabidos montajes de la Inteligencia Militar, apoyada en testimonios de informantes pagados al servicio del Ejército.


Su hijo, Arístides Oime Ochoa, tratando de que sus ojos no se humedecieran, sin lograrlo, le dijo a VOZ en el momento de abandonar la cárcel: “El Estado represivo e injusto, ha truncado parte de mi vida, porque precisamente, cuando me capturaron aquí en Bogotá, yo estaba finiquitando los tramites de una beca que la Universidad Central de Venezuela me había otorgado para estudiar medicina. Ahora, mi futuro es muy incierto, como el de miles de jóvenes colombianos”.


Militares ‘paramilitares’


La Fiscalía ha hallado indicios sobre nexos de por lo menos 80 militares del Ejército Nacional con paramilitares. Es el descubrimiento del agua tibia, porque VOZ y varias ONG defensoras de los derechos humanos han venido denunciando esas alianzas desde hace varios años. Las alianzas que existieron entre militares y ‘paras’ en Antioquia, cuando Uribe era gobernador y se realizaron los más horrendos crímenes de lesa humanidad. El caso de los crímenes cometidos por paramilitares y militares del Batallón Colombia en el municipio de Viotá (Cundinamarca), en el llamado plan “Candado para Bogotá” atribuido a Uribe. Allí, en los años 2002 y 2004 decenas de campesinos fueron torturados, asesinados y desparecidos. Cientos de familias fueron desplazadas. Varios de esos crímenes los había denunciado el periodista Dick Emmanuelson en este semanario el 5 y el 29 de junio del año 2003. Lo propio había denunciado el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, con los crímenes cometidos conjuntamente entre militares del Batallón La Popa y paramilitares de esa región en la que más de 100 indígenas kankuamos fueron asesinados o desaparecidos. Y así, desde hace mucho tiempo por todo el país. Los grandes medios afines al régimen, guardaron silencio y miraron para otro lado. Ahora, se sorprenden con los recientes escándalos.


Paramilitares en El Charco (Nariño)


El pasado 16 de enero, llegaron por vía marítima en dos botes con motores fuera de borda a la vereda de Playa de Bazan, municipio de El Charco, 30 paramilitares de civil, fuertemente armados. Una vez en la población, obligaron a los habitantes a concentrarse en la cancha de fútbol y a los niños y docentes que se encontraban en ese momento dando clases les obligaron permanecer dentro de las aulas. Luego, derribaron las puertas de las viviendas para sacar a los moradores a la calle, luego mediante culatazos y disparos alrededor de los pies para que caminaran rápido los obligaron a que se desplazaran hacia la cancha de fútbol; algunas mujeres fueron lastimadas por los ‘paras’. Después de concentrar a la población, procedieron a saquear las viviendas y el comercio. Los criminales, antes de abandonar el sitio, dio un plazo de 24 horas para que un presunto grupo de narcotraficantes que estaba haciendo presencia en la población, abandonará la localidad o de lo contrario la población civil en general asumiría las consecuencias de los hechos de violencia que prometieron realizar si este grupo no la abandonaba el área. Ante el peligro, 15 familias tuvieron que desplazarse con destino indeterminado.

Detenciones arbitrarias

El 21 de enero de 2007, aproximadamente las 12.00 del día, unidades del Ejército Nacional, batallón 29, adscritos a la brigada 6, hicieron presencia en el casco urbano del corregimiento de Morcote, jurisdicción del municipio de Paya (Boyacá) y detuvieron a seis habitantes y líderes comunales de ese corregimiento. Entre las seis personas esta el Inspector de Policía de la localidad. Existe preocupación en los pobladores y familiares de los detenidos, ya que son personas trabajadoras y honestas de la región. Además porque según manifiestan los testigos de la acción arbitraria, no primó ninguna orden judicial. Las víctima fueron llevados a la ciudad de Yopal (Casanare) y recluidos en las instalaciones del DAS. Ellas son: Eliseo Ecue, Omaira García, Eulises Mendoza, Rocío Cachay, Álvaro Ruiz, José Londoño García y Álvaro Ruiz.

Otra víctima asesinada por los paramilitares en Urabá

(CUT). El 7 de febrero de 2007, en la ciudad de Apartadó, Antioquia, fue asesinada en su residencia, Carmen Cecilia Santana Romaña, de 28 años y madre de tres hijos.  Era la compañera de Hernán Correa Miranda, Primer Vicepresidente de la CUT. Carmen Cecilia Santana Romaña, trabajó en la finca Palmeras y como dirigente sindical se desempeñó en la Comisión de Reclamos del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Agrario, Sintrainagro.  Este asesinato se da en el marco de las amenazas que, a través del correo electrónico, le llegaron a diversas organizaciones sociales y de derechos humanos, en donde se alude que arreciarán contra las familias de los dirigentes de oposición al Gobierno.

Amenazado indígena Kankuamo

(Movimiento de Víctimas). 1.- El pasado 7 de febrero a las 3:20 de la tarde Wilmer Daza Ariza, recibió en su teléfono personal una llamada del celular número 315 8800883   donde le manifestaron "si no se calla la jeta vamos a picarte a ti o a alguno de tus familiares".

Esta amenaza fue hecha nuevamente el día 9 de febrero a las 5:30 p.m., del mismo número de celular. El 14 de enero de 2007 a las 10:58 de la noche, del mismo numero de celular 315 8800883 fue amenazado Imer Villazón Arias, también perteneciente a el grupo de lideres desplazados en Bogotá, a través de una llamada que recibió uno de los miembros de su núcleo familiar donde le manifestaban: "dígale al h. p. que se cuide de lo que dice y hace, porque lo vamos a matar".

A esto se suma también que el 8 de marzo del 2003 esta persona recibió una amenaza con las mismas características donde decían "dígale al hijo de puta de su marido y a los sapitos que lo acompañan que se cuiden", hecho que fue oportunamente denunciado.

Fuerza Pública agredió a educadores

(CUT). El pasado  7 de Febrero, el Magisterio del municipio de Cúcuta departamento Norte de Santander fue victima de la agresión por parte de la Fuerza Pública. Esta actitud fue premeditada porque el señor alcalde Ramiro Suarez  en un comportamiento autoritario manifestó a la opinión pública que si los maestros hacían uso del legitimo derecho a la movilización de la protesta el acudiría a la Fuerza Pública tal y como ocurrió.  La agresión dejo como resultado ocho educadoras heridas y más de un centenar de afectados por el gas,  los puños y puntapiés por parte de la policía nacional.

Ejército empadrona fincas

La Fundación de Derechos Humanos “Joel Sierra”, denunció, que, el 2 de Febrero de 2007, miembros del Batallón 27 del Ejército Nacional, realizó una jornada de empadronamiento en algunas fincas aledañas al caserío de Filipinas, municipio de Arauquita, donde tomaron datos como nombre de las fincas, número de hectáreas, nombre y cédula de ciudadanía de sus respectivos propietarios, al igual que el número de obreros y sus respectivos documentos de identidad, de la misma forma hicieron con los habitantes del caserío en mención, a quienes también les tomaron los nombres, números de sus respectivas cédulas y número de habitantes por residencias.

Amenazan a campesinos


(Fdhjs). Luego de los hechos que terminaron con el asesinato de los jóvenes Juan Pablo Verdugo Verdugo y Santiago Hernández Hernández, a manos del ejército Nacional, los paramilitares de civil que participaron en éstos, han lanzado una sentencia de muerte en contra de cuatro campesinos de la región.

 En efecto, el joven Alfredo Medina Toledo, de la vereda Alto Pajuila, recibió de una persona desconocida para él, la advertencia que debía cuidarse mucho por cuanto la fuerza pública y el señor Edison Ávila, lo estaban buscando para asesinarlo a él y a su hermano William Medina Toledo, de la misma manera, le informó que el día de la muerte de los jóvenes en la vereda La Chucua, iban era por ellos.

También le manifestó que Edison Ávila y el grupo con quien andaba, estaban buscando para asesinar al presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Alto Caño Rojo, el señor Omar Córdoba Córdoba y a su hijo Ever Córdoba Cruz.

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