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Derechos Humanos: El día a día en Derechos Humanos en Colombia

Jueves, 22 de Febrero de 2007

 

 

El día a día en Derechos Humanos en Colombia

-Un servicio de ANDAS-




En Bucaramanga (Santander), militares intentaron desaparecer a un obrero


La estrategia de Seguridad Democrática continúa destrozando los derechos humanos en todo el país. El Espacio de trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos, con sede en Barrancabermeja denunció ante la comunidad nacional e internacional el intento de desaparición de que fue objeto Alberto Pumarejo Arias, trabajador de construcción, quien fue detenido ilegalmente por personas que se identificaron como miembros de la Sijin y que posteriormente se estableció que eran militares adscritos a la Brigada 5 que desarrollan labores de inteligencia.


El viernes 9 de febrero de 2007, a las 6:30 p.m., cuando Pumarejo terminaba sus labores diarias, llegaron a su lugar de trabajo tres personas armadas y lo obligaron a montarse en un vehículo de color rojo y fue conducido hacia las afueras de Bucaramanga sobre la vía que conduce a la ciudad de Cúcuta.  Los captores iban acompañados por una mujer que lo señaló como comandante del 24 frente de las FARC.  Le manifestaron que si no colaboraba con ellos lo matarían.  Con amenazas de muerte lo obligaran a decir que sí era guerrillero y que entregaría unas supuestas caletas en la ciudad de Barrancabermeja.


Luego lo trasladaron a las instalaciones de la Brigada 5 en Bucaramanga y posteriormente lo llevaron a su casa en esa misma ciudad, donde vive con su esposa y sus cinco hijos menores. Le entregaron a la esposa veinte mil pesos y le manifestaron que eran ingenieros y que lo llevaban a realizar un trabajo en Mercadefur.  Lo regresaron a las instalaciones de la Brigada 5 y a las cinco de la mañana del día siguiente, emprendieron viaje hacia Barrancabermeja.  Una vez allí, se trasladaron al barrio Boston, donde supuestamente había una caleta con armas y lo pusieron a cavar el terreno para localizarlas.  Como no encontraron nada, dijeron que lo iban a matar y a enterrar en la zanja que él mismo había cavado.


Después lo llevaron al barrio Primero de Mayo a la casa de una hermana suya donde logró escaparse de los captores.  Los familiares de la víctima, se comunicaron con la Organización Femenina Popular y con la Policía Nacional para pedir ayuda y los militares fueron capturados y entregados al Batallón Nueva Granada.


El día 12 de febrero de 2007, Pumarejo Arias instauró denuncia contra el sargento segundo Díaz Guerrero, el cabo segundo Jairo Mantilla Sandoval y el sargento segundo Yeiro de Jesús Trujillo Pacheco, por intento de desaparición forzada y asesinato.  Los nombres de los militares violadores de los derechos humanos, fueron obtenidos con la intervención de la Defensoría del Pueblo. Ante los hechos, Alberto Pumarejo Arias y su familia, temen por su vida pues fueron amenazados que si se escapaba o denunciaba serían asesinados.



OFP denuncia la desaparición de hermana de una de sus integrantes


La Organización Femenina Popular (OFP), denunció la desaparición de forma misteriosa de la joven Catherine González Torres, de 20 años de edad, hermana de Sandra, integrante del equipo de dirección de esa ONG defensora de los derechos humanos, en la ciudad de Barrancabermeja (Santander).


La joven desapareció desde el pasado 13 de febrero, cuando a la 1 p.m., salió de su casa al sitio donde laboraba y desde entonces no se tienen indicios de su paradero. Al cierre de esta edición, la búsqueda había sido infructuosa por parte de sus familiares y amigos en las instituciones correspondientes lo que los condujo a poner la denuncia ante las autoridades competentes.


El ambiente de zozobra que se vive en la ciudad de Barrancabermeja por las continuas amenazas y asedio a jóvenes, hombres y mujeres; los hechos irregulares ocurridos recientemente, y denunciados por el Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos de Barrancabermeja, el pasado 12 de febrero, sobre el accionar de miembros encubiertos del Ejército Nacional, involucrados en el supuesto intento de desaparición de Alberto Pumarejo Arias y abuso de autoridad, nos hace temer por la vida y la integridad física de Catherine González Torres”, advirtió la OFP.


Durante el lanzamiento del Plan de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Colombia, el pasado 15 de febrero, el procurador general de la Nación Edgardo Maya, reveló que en los últimos 20 años, han desaparecido unas 11.000 personas en el país. Dicho Plan, será el trabajo conjunto de la Defensoría, la Procuraduría General, la Fiscalía, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Presidencia de la República y Organizaciones No Gubernamentales que han venido trabajando sobre el tema.


Según el director general del Instituto de Medicina Legal, Alberto Duque, en el 2006 se registraron 4.367 desapariciones. Sin embargo, Duque afirmó que “eso es solamente una pequeña muestra del problema”. La Fiscalía ha recuperado unos 3.000 restos de personas asesinadas por paramilitares en fosas comunes y, ha logrado identificar una buena parte de ellos, pero hasta el momento, no se tiene una cifra aproximada de la cantidad de fosas comunes existentes con las osamentas de miles de personas que fueron desaparecidas y asesinadas por los ‘paras’en esa vergonzosa tragedia nacional.



Entrevista

La ‘parapolítica’ le quita legitimidad al gobierno

Opiniones de Rafael Palacios sobre los derechos humanos en Colombia


En el acto de entrega del premio otorgado por el Ayuntamiento de Siero en Asturias, al Programa de Protección a Líderes y Defensores de Derechos Humanos en Colombia, realizado el pasado 16 de febrero en la sede de Fecode en Bogotá, VOZ tuvo la oportunidad de hablar con Rafael Palacios, director de la Agencia Asturiana de Cooperación y Desarrollo, del gobierno del Principado de Asturias en España. Palacios es el responsable de Cooperación, Solidaridad y de los Derechos Humanos de su gobierno. Estas fueron sus opiniones:


VOZ: ¿A que se debe su presencia en Colombia?


Rafael Palacios: Estamos analizando los resultados de las investigaciones hechas en la tercera visita a este país. La primera fue en el año 2005. El objetivo es elaborar el tercer informe de investigación sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, recogiendo testimonios, recopilando pruebas sobre violaciones a los derechos fundamentales de las personas y las comunidades. El informe final, lo llevaremos a la OEA, al Parlamento Europeo, al Parlamento Español, al Parlamento Asturiano y a instancias de las Naciones Unidas.


V. ¿cuál es el resultado de esas investigaciones y durante cuanto tiempo las hicieron?


R. P.: Esas investigaciones las realizamos en periodos de 15 o 20 días. En cada viaje visitamos diferentes regiones del país recogiendo testimonios, recopilando pruebas, sobre violaciones a los derechos humanos. El resultado que ha arrojado ese trabajo, es la confirmación de la continua y sistemática violación a los derechos humanos en Colombia, tanto, a través de la violencia directa, del asesinato, la persecución, el desplazamiento y la desaparición forzada, como de la violencia estructural. Es decir el robo de territorios, la injusticia social, el no acceso a la educación, a la salud, a la vivienda e igualdad de condiciones de todos los habitantes de Colombia.


Legalización de la mafia


V. ¿Las negociaciones entre el gobierno y los paramilitares representa alguna disminución en violaciones a los derechos humanos?


R. P.: Nuestra percepción por los testimonios y pruebas recogidas, es que no se está produciendo una disminución en las violaciones a los derechos humanos en Colombia. Lo que vemos es que están apareciendo nuevos delitos y nuevos fenómenos. Estamos recogiendo, por ejemplo, en las zonas de Urabá y Nariño, testimonios que nos dicen que hay, como decimos en Europa, ‘los mismos perros con distintos collares’. Es decir, los paramilitares ya no delinquen como “Autodefensas”, sino como “Águilas Negras”, como “Machos” u otra serie de nombres.


Seguimos recogiendo pruebas sobre la connivencia entre Fuerzas Militares con grupos paramilitares. Sigue habiendo grupos de presión sobre las zonas humanitarias u organizaciones sociales que quieren recuperar sus territorios arrebatados o que optan por una iniciativa de paz. Seguimos recogiendo pruebas de la persecución, el señalamiento o el asesinato de los líderes sindicales, de los defensores de los derechos humanos, de los líderes políticos. Estando hace poco en una reunión en Pasto (Nariño), en la puerta se repartió un comunicado firmado por “Las Águilas Negras”, en el cual se amenaza gravemente a los miembros del Polo Democrático Alternativo.


Por lo tanto, sigue manteniéndose una presión sobre opositores al gobierno, sigue manteniéndose una violación continua de los derechos humanos y sigue estando Colombia en una situación de injusticia social. Como se ve, lo que hay son nuevas modalidades, pero en el fondo no está cambiando la situación, ni se aprecia desgraciadamente una evolución positiva. Lo único que está consiguiendo la Ley de Justicia y Paz, es una especie de legalización de la mafia. En Colombia perdura una situación grave, que tenemos que denunciar ante la comunidad internacional y que tenemos que observar muy atentamente.


Parapolítica


V.: ¿Que concepto le merecen las declaraciones dadas por los ‘paras’ en el marco de la Ley de Justicia y Paz?


R. P.: Bueno, por una parte yo creo que hay una gran dosis de cinismo. Otra parte importante de no reconocimiento, porque parece que es gratuito matar y asesinar. Nos preocupa y, así lo hemos hecho saber a las instituciones colombianas, que a las víctimas las están volviendo doblemente víctimas cuando se presentan a declarar, a desmentir a sus victimarios, a reclamar la devolución de sus tierras, a indagar por el paradero de sus seres queridos o de sus restos. Es el caso del asesinato de Yolanda Izquierdo y de al menos otras 15 personas. Víctimas hechas nuevamente víctimas. Se habla de una reparación, a través de entrega de dineros o de la devolución de los territorios cuando no hay certificación de que eso sea cierto. Por lo tanto, pensamos que la verdad, la justicia y la reparación no se están consiguiendo, no se está avanzando en ese camino. Y esas son condiciones mínimas para alcanzar una paz perdurable en Colombia.


V.: ¿Qué opina sobre la parapolítica?


R. P.: Nos parecen hechos muy graves, porque la detención de esos congresistas lo que demuestra son unos niveles de corrupción inconmensurables. Eso le quita legitimidad al gobierno porque han sido ellos quienes lo apoyaron de forma fraudulenta. En cuanto a la complicidad entre sectores de la Fuerza Pública con el paramilitarismo para cometer delitos, muchos de lesa humanidad, nos parece igualmente muy grave y seguiremos denunciándolo ante las instancias internacionales mencionadas anteriormente.


V.: ¿Entonces que pueden esperar las víctimas del paramilitarismo?


R. P.: Solo hay una forma de resarcir en parte el daño que se les causó: verdad, justicia y reparación plena e integral. No hay otra. La reparación pasa por la restitución de las tierras, de la dignidad y de la soberanía de los pueblos. Nada de lo anterior no se está dando. Solo se dará con el avance de los sectores sociales de izquierda. Por eso, las personas que militamos en la izquierda esperamos que organizaciones como el Polo, puedan ocupar los espacios de gobierno que todos necesitamos.



Estudiantes en huelga de hambre


Estudiantes de la Universidad de Cundinamarca, hicieron llegar a este medio, un comunicado fechado el 14 de febrero que dice. “De manera cordial y responsable queremos comunicar a la comunidad, nuestro profundo sentimiento de indignación por la grave crisis académica y administrativa que padece la universidad de Cundinamarca. Situación que se presenta por una serie de políticas direccionadas por la actual administración representada por el señor rector Adolfo Miguel Polo Solano, y el secretario general Adriano Muñoz Barrera.

La imposición de un ajuste curricular sin una debida planeación y participación activa de la comunidad académica, la deficiencia de los programas de bienestar universitario, el altísimo costo de las matriculas que deja a la universidad de cundinamarca como la universidad publica mas costosa del país, con posibilidad de un incremento para el próximo semestre.

El maltrato laboral a los trabajadores y docentes de la institución, el recorte irresponsable e injustificado de semanas académicas y la violación a nuestros derechos fundamentales, como el derecho a la protesta pacifica, a la libre expresión y a la organización, evidenciada con los señalamientos constantes, la persecución política, los comunicados rectorales de corte represivo y ante democrático y con la ilegal, ilegitima e inconcebible expulsión del compañero de décimo semestre de ingeniería electrónica, David Ricardo Suárez Leal, por participar en una justa protesta pacifica el segundo semestre de 2006; son una clara muestra de la crisis institucional que padecemos”.





Detención arbitraria del director del CPDH Nariño

El pasado 13 de febrero, en las horas de la tarde fue detenido por agentes del Estado, el director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), seccional Nariño, Javier Dorado Restrepo.

Dorado también era integrante de la junta directiva del Sindicato del Magisterio de Nariño (SIMANA). Ha sido amenazado en varias ocasiones desde el año de 1999 por lo cual fue integrado al Programa de Protección del Ministerio del Interior y de Justicia, desde abril de 2001. En el 2003 se le asigna un esquema de protección que le es retirado en abril de 2004 al disminuir injustificadamente su nivel de riesgo. El defensor de derechos humanos, había sido detenido arbitrariamente el 26 de mayo de 2005 y posteriormente encarcelado durante cuatro meses en los que logra tener pruebas fehacientes de la presión ejercida por funcionarios del DAS para obtener declaraciones en su contra. Dichas pruebas se encuentran a disposición de las autoridades competentes.

En el mes de noviembre, el Comité recibió información sobre la planeación del asesinato de Dorado Restrepo, por parte del paramilitarismo. Sin embargo hasta la fecha, el informe presentado por el DAS califica su nivel de riesgo como bajo y el Estado no ha adoptado medidas que garanticen la vida del líder sindical. Por el contrario, la persecución política contra Dorado, continúa con esta nueva detención injustificada.



Bloqueo alimentario

El pasado 7 de febrero soldados pertenecientes al Batallón Plan Especial Energético y Vial 7, retuvieron varios mercados y alimentos que transportaban los campesinos de las veredas del valle del río Cimitarra, en la vía que comunica el casco urbano de Yondó (Antioquia), con las veredas San Francisco y Bocas de Don Juan, en inmediaciones del corregimiento El Tigre. Las tropas detuvieron a los campesinos y les dijeron que para permitir el paso de los mercados, tenían la obligación de reseñar los dueños de los mercados con los nombres, huellas, firmas y números de cédula. En algunos casos retuvieron los víveres por varios días, tras los cuales los campesinos deben volver varias veces a reclamarlos. El acoso sobre los campesinos se viene presentando desde hace un mes y esta práctica se convirtió en el pan de cada día en la región.



Amenazados integrantes de Sinaltrainal


El  10 de febrero de 2007, aproximadamente las 10:30 de la mañana, se conoció el contenido de un sobre que desconocidos arrojaron por  debajo de la puerta de las oficinas del sindicato Astdemp en la sede de la CUT en Bucaramanga (Santander), ubicada en la Calle 42 No 14 – 09 piso dos. Al ser destapado el sobre contenía amenazas contra integrantes del sindicato Sinaltrainal, que trabajan con la embotelladora de Coca Cola en esa ciudad:


La amenaza se produjo después que  el Vicepresidente Francisco Santos, afirmara en Caracol Noticias el 12 de Diciembre pasado, al referirse a la intervención que hizo la Fiscalía General de la Nación sobre las finanzas de los clubes de fútbol colombiano, que “las campañas de desprestigio contra Coca Cola, Nestlé y otras empresas privadas, están siendo impulsados por sectores de extrema izquierda radical, infiltrados en sectores sindicales, que están generando campañas absolutamente absurdas contra las empresas”.


Varios de los trabajadores amenazados, han sido injustamente encarcelados, han sufrido atentados contra su vida y sus familias han sido víctimas de intento de desaparición forzada. También, han tenido que soportar judicializaciones permanentes por la empresa Coca Cola, suspensiones de sus contratos de trabajo y, precisamente en estos momentos enfrentan el intento por parte de las empresas, de impedir la inscripción de la junta directiva del sindicato en Bucaramanga, con la anuencia del Ministerio de la Protección Social. Según los trabajadores, están soportando en estos momentos una campaña sucia y de desprestigio en Coca Cola contra el presidente nacional de Sinaltrainal y otros líderes del sindicato.

“Responsabilizamos al Gobierno de Álvaro Uribe Vélez y todos sus funcionarios por la forma como vienen haciendo acusaciones públicas contra los sindicalistas y la oposición. Este hecho demuestra que el proceso de desmovilización de los paramilitares es pura retórica, ya que siguen las amenazas, los asesinatos, el desplazamiento, la judicialización y la tortura, entre otros. Exigimos del gobierno y las empresas garantizar la vida de los sindicalistas y el derecho de asociación”, dijeron voceros de Sinaltrainal en un comunicado.

El siguiente es el panfleto de los paramilitares contra sindicalistas:


El ejército asesinó a campesino en el nordeste antioqueño


Según denuncia la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana), se presentó un nuevo asesinato de un poblador civil a manos del Ejército Nacional.

Se trata de la ejecución de William Sánchez, de aproximadamente 28 años de edad, de oficio agricultor, y vecino de la vereda Alto Tamar, zona rural de Remedios (Antioquia), quien fue capturado el pasado 4 de febrero por tropas del Batallón Plan Especial Energético y Vial 8 y posteriormente ejecutado.

Según Cahucopana, el teniente coronel Nelson Vásquez, comandante del batallón niega el asesinato, pero se ha conocido que en la Sijín se encuentra el cuerpo de una persona muerta "en enfrentamientos" con las tropas del ejército. El pasado 6 de enero, tropas del mismo batallón, asesinaron a Heriberto Correa, campesino de la vereda Santa Marta del municipio de Remedios, quien fue sacado de la finca El Coquito y trasladado al caserío de esta vereda en donde lo ejecutaron.

Este asesinato se suma a las amenazas de muerte proferidas por efectivos militares sobre varios campesinos del nordeste antioqueño. La comunidad se encuentra en estado de zozobra por el temor de que se materialicen las amenazas, pues con William ya son siete los campesinos asesinados y desaparecidos por las tropas en el último año.


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