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Derechos Humanos: El día a día en Derechos Humanos en Colombia

Miércoles, 28 de Marzo de 2007

 
El día a día en Derechos Humanos en Colombia

El día a día en Derechos Humanos en Colombia

-Un servicio de ANDAS-

 

 

Magnicidio de Manuel Cepeda Vargas

“Se abre la puerta para que el genocidio de la UP sea reconocido como una estrategia del Estado”

 

Miles de familiares y sobrevivientes de los más de 5.000 casos que  conforman este exterminio político planificado, deben ser reparados y resarcida su dignidad y su derecho a saber la verdad

 

El martes 9 de agosto de 1994, cuando el senador de la Unión Patriótica, Manuel Cepeda Vargas, se dirigía de su residencia hacia el Congreso,  fue asesinado por sicarios entre los que se encontraban los sargentos Hernando Medina Camacho y Justo Gil Zúñiga Labrador, pertenecientes a la Brigada 9 del Ejército Nacional con sede en Neiva.

 

El pasado 6 de marzo el Estado colombiano reconoció su responsabilidad en dicho crimen, por acción y omisión, para evitar que el caso llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es la primera vez que el gobierno acepta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su participación en el asesinato de un miembro de la UP.

 

VOZ habló con el abogado Iván Cepeda Castro, hijo del inmolado dirigente comunista, quién insistirá en llevar el caso hasta la Corte Interamericana. Esto fue lo que nos dijo:

 

¿Doctor Cepeda, porqué se niega a una solución amigable?

 

El tiempo con el que se contaba para haber encontrado una salida amistosa ya sucumbió. Durante años el Estado se mantuvo dilatando una conciliación; pero al mismo tiempo, altos funcionarios continuaron justificando ante la sociedad colombiana y la externa, el exterminio contra de la Unión Patriótica y el Partido Comunista. Además, la verdad en el caso del homicidio de mi padre es aún muy incompleta. El Estado debe reconocer que no solo es responsable por acción y omisión, sino también aceptar que sus agentes actuaron en complicidad con los paramilitares, y que existió un macabro plan de exterminio denominado Golpe de Gracia, concebido este por altos mandos militares.

 

¿Qué altos mandos estarían involucrados?

 

Hay serios indicios que señalan la responsabilidad de los generales Ramón Emilio Gil Bermúdez, en su momento comandante de las Fuerzas Militares, y Harold Bedoya Pizarro, en diversas actuaciones que ayudaron a generar un ambiente propicio para el crimen. Igualmente, se debe vincular a la investigación al jefe paramilitar Vicente Castaño, así como esclarecer las identidades de las altas personalidades del país que conformaron o conforman el Grupo de los Ocho, que aparecen como los determinadores de quienes debían ser asesinados por militares y paramilitares. Todos estos aspectos sobre los responsables intelectuales del genocidio es lo que deseamos que sean examinados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es precisamente lo que el gobierno se empeña en evitar.

 

¿Pero sí el gobierno les ofrece una buena indemnización económica transarían?

Más que una retribución económica, que desde luego es apenas justa, nuestra lucha es contra la impunidad no solo por el asesinato de Manuel Cepeda Vargas, sino del exterminio planificado de más de cinco mil personas pertenecientes a la UP y al Partido Comunista. Lo que los familiares y sobrevivientes del genocidio queremos es el esclarecimiento de la verdad plena por encima de todo y la imposición de la justicia, porque es la única manera de que estrategias como esa no vuelvan a repetirse. Queremos, que los culpables intelectuales paguen por sus crímenes. Además, a las víctimas y a sus familiares se les debe desagraviar por sus derechos fundamentales violados, como el derecho a la vida, integridad física, libertad de expresión, dignidad y buen nombre, políticos y el derecho a la justicia, entre otros.

¿Qué otros asuntos faltan por esclarecer?

Deseamos que se investigue el llamado “Plan Golpe de Gracia” denunciado por la UP ante el gobierno de Cesar Gaviria y con el que el alto mando militar buscaba exterminar a los dirigentes de izquierda y los remanentes de la Unión Patriótica, entre ellos mi padre y Miller Chacón, asesinado posteriormente. Aún faltan más responsabilidades por esclarecer tanto de agentes del Estado como de paramilitares, esto por hacer alguna distinción, porque ambos pertenecían al Estado. Ninguno de los sicarios pertenecientes a las Fuerzas Militares o a los paramilitares actuaron por su propia cuenta, sino que respondían a intereses muy poderosos del país. El caso de mi padre, estaba en el contexto del exterminio de toda una colectividad política, por lo que para ejecutar una empresa de esa envergadura, implicó unas estructuras que comprometen seriamente a varios sectores del país. Más de 5.000 militantes de la UP fueron asesinados, entre ellos, dos candidatos presidenciales, ocho parlamentarios, 70 concejales y 11 alcaldes.

¿Qué riesgos le ha traído su empeño por esclarecer la verdad?

Después del asesinato de mi padre, mi familia ha tenido que padecer el exilio y una serie de amenazas contra nuestras vidas. Cuando fueron condenados los suboficiales del Ejército, mi esposa y yo tuvimos que permanecer durante tres años y medio fuera del país. Muchos familiares de víctimas, han sido perseguidos, desaparecidos y asesinados. Otros tantos inocentes han sido encarcelados. Al testigo principal en el caso, le desaparecieron dos de sus seres queridos, y muchísimos familiares y sobrevivientes permanecen en el exilio. De igual forma, ha habido un constante empeño por desaparecer las pruebas. Y últimamente, se apela a la difamación para obstaculizar la búsqueda de la justicia internacional. Entre las injurias lanzadas se ha querido justificar este asesinato con la existencia de un frente guerrillero que lleva el nombre “Manuel Cepeda”.

 

¿Qué sigue ahora?

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le recomendará al Estado colombiano dar cumplimiento a una serie de medidas como la investigación y la reparación entre otras. Sí el Estado incumple, y no hay un cierre del proceso en el país, entonces el caso podría pasar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una vez allí, el Estado podría sufrir una condena internacional, obligado a indemnizar a las víctimas y a dar cumplimiento a otras sanciones.

 

Sí al intercambio Humanitario

 

Siete Congresistas estadounidenses se ofrecieron como garantes para que el gobierno colombiano y las Farc realicen el anhelado intercambio humanitario. Los representantes demócratas Jim McGovern, Janice D. Schakowsky, Sam Farr, Raúl M. Grijalva, Peter Welch, Maurice Hinchey y Wiliam D. Delahunt, suscribieron una carta dirigida a los gobiernos de España, Francia, y Suiza, como también al comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, en la que el ofrecimiento se extiende incluso al acompañamiento personal en la zona donde se realicen los diálogos para el intercambio. Los legisladores respaldan la propuesta hecha por estos tres países en el 2005, en la que pedían un despeje de 180 kilómetros cuadrados, en los municipios de Pradera y Florida en el Valle del Cauca. “Si las Farc y el Gobierno la aceptan nos comprometemos a respaldar el proceso y a estar presentes en la zona donde las conversaciones tengan lugar. En momentos clave de esos diálogos estaremos disponibles para cualquier asistencia, asesoría, acompañamiento u apoyo político que el Congreso de E.U. pueda brindar", dicen los congresistas en su carta de ofrecimiento. Al cierre de esta edición se conoció que el comisionado Restrepo había contestado a los congresistas estadounidenses  diciéndoles que el gobierno colombiano “valoraba”  su ofrecimiento.

 

Ejército asesinó a campesino

 

Según denuncias de la comunidad, el pasado jueves 15 de marzo del presente año, en la vereda Ocové, municipio de Labranzagrande (Boyacá), miembros del batallón 29 adscrito a la Brigada 16 , con sede en Yopal Casanare; sacaron de su casa y obligaron seguir con la tropa al señor Carlos Guevara, campesino de esta vereda. Horas mas tarde miembros del Ejército dijeron a la comunidad que habían dado de baja a un guerrillero. Los pobladores reconocieron que el cadáver que llevaban era de Guevara.

No a la repetición del paramilitarismo

 

El senador del Polo Gustavo Petro y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, presentaron el pasado 20 de marzo ante el Congreso de la República, un proyecto de acto legislativo por medio del cual se eleva a rango constitucional los derechos de las víctimas de crímenes contra la humanidad y se establecen mecanismos para garantizar la no repetición del paramilitarismo en Colombia.

 

Más agresiones en Cartagena

 

La Unión Sindical Obrera denuncio el pasado 16 de marzo, que en las horas del mediodía, cuatro hombres en dos motos de alto cilindraje llegaron hasta el sitio de residencia de uno de los escoltas del sindicalista Rodolfo Vecino Acevedo, integrante de la Junta Directiva Nacional de la USO , y procedieron a disparar contra el vehiculo donde además se movilizaba el padre de su esposa. Minutos antes la compañera de Vecino se había quedado en el Distrito Militar de Cartagena. Todos los trabajadores sindicalizados se encuentran consternados por el nuevo atentado dirigido contra Rodolfo Vecino y su familia, quienes ya habían sido objeto de otro acto violento contra sus vidas el día 25 de noviembre de 2006.

 

Ceso-FIP rechaza amenazas contra presidente de Asociación de Periodistas del Huila, Aspehu

 

Debido a reiteradas amenazas telefónicas, el colega Germán Hernández, jefe de redacción del Diario del Huila y presidente de la Asociación de Periodistas del Huila, Aspehu, tuvo que abandonar su trabajo y vivienda para refugiarse en otra región del país.

 

El periodista recibió varias llamadas donde le anunciaban su muerte, una de ellas hecha desde un celular que se alquila por minutos en un local frente al periódico huilense, luego que publicara varios artículos sobre la escandalosa corrupción en el hospital de Neiva.

 

El colega Germán Hernández también es promotor, cofundador y presidente de ASPEHU, organización que agrupa  a cerca de 80 periodistas del departamento, y que fue conformada el 27 de marzo del año pasado, con el apoyo de la Federación Internacional de Periodistas.

 

“A los corruptos que amenazan a nuestro colega, queremos decirles que no él no está solo. Más de 500.000 periodistas afiliados a la FIP, en 116 países, lo respaldan”, declaró Eduardo Márquez, director del Centro de Solidaridad de la Federación. “Una agresión más y les haremos pagar un alto precio, con los lentes y micrófonos del mundo sobre ustedes, pues conocemos su identidad, sus redes, sus apoyos políticos, sus contratos torcidos”, concluyó.

 

Paramilitares planean masacre contra pobladores de San José de Apartadó

 

Todo muestra, pues, que existe un plan para asesinar a  siete personas y que la matanza va a ser atribuida a la guerrilla.

Texto completo del Derecho de Petición interpuesto por el Padre Javier Giraldo Moreno s.j. ante el vicepresidente de Colombia.

Bogotá, Colombia, marzo 7 de 2007

Dr. FRANCISCO SANTOS C.
Vicepresidente de la República
Ciudad

De toda consideración.

Por medio del presente escrito, acogiéndome al Derecho Constitucional de Petición consagrado en el Artículo 23 de la Constitución Nacional y en los artículos 5 y ss del Código Contencioso Administrativo, me permito solicitarle de manera apremiante detener el plan que se ha ido revelando entre colaboradores de la fuerza pública en San José de Apartadó, que amenaza con destruir siete vidas más en dicha población y cuyos desarrollos y contextos le expongo a continuación:

1. En la penúltima semana de febrero de 2007 ( 19 a 24 de febrero) el paramilitar ELKIN DARÍO TUBERQUIA, quien desde 2004 trabaja ilegalmente al servicio de la Brigada XVII del Ejército Nacional, abordó a varios pobladores de San José de Apartadó en las cercanías de la terminal del transporte de Apartadó, y les hizo conocer una lista de siete personas a las cuales él señalaba como las culpables de un atentado perpetrado contra el poblador NUBAR TUBERQUIA el 13 de noviembre de 2006. Las siete personas que figuraban en dicha lista son campesinos que habitan en los alrededores del caserío de San José de Apartadó y que son ampliamente conocidos en la zona y, aunque no son integrantes de la Comunidad de Paz, son pobladores del lugar desde hace muchos años. Sus nombres son: CARLOS ARTURO CATAÑO SERNA; JORGE MARIO HIGUITA HIGUITA; ALNUARIO ANTONIO HIGUITA RAMÍREZ; HENRY HIGUITA; JOHN KENNEDY HIGUITA y otros dos cuyos nombres no retuvieron los testigos. Según el paramilitar Elkin Tuberquia, es extraño que la guerrilla no haya asesinado a estas personas que perpetraron el atentado contra Nubar, y mucho más si se tiene en cuenta que la fuerza pública que está instalada en San José, está dispuesta a dejar entrar a la guerrilla para que asesine a dichas personas. Si la guerrilla no los mata en los próximos días, ellos (Ejército y paramilitares) los matarán.

Todo muestra, pues, que existe un plan para asesinar a esas siete personas y que la matanza va a ser atribuida a la guerrilla.

2. Para comprender los móviles de este plan criminal, es necesario tener en cuenta las circunstancias del atentado de que fue víctima el Señor NUBAR TUBERQUIA, el 13 de noviembre anterior, así como sus antecedentes.

Nubar era el poseedor de una casa-lote ubicada cerca del cementerio de San José de Apartadó, la cual había adquirido años antes mediante una promesa de compra-venta. Dicha casa-lote fue usurpada violentamente por la Policía el 1° de abril de 2005, cuando el Presidente Uribe le ordenó a la Policía ingresar a los espacios de vivienda de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, luego de la masacre perpetrada por el Ejército en las veredas Mulatos y La Resbalosa, el 21 de febrero de 2005. Nubar protestó por la usurpación de su propiedad, pero en los meses siguientes fue abordado repetidas veces por oficiales de la Policía quienes le propusieron negociar su casa-lote e incluso le ofrecieron ayudarle en los trámites para su titulación, de modo que el negocio se pudiera realizar con todas las formalidades legales. Dado que es una persona con muy escasos recursos económicos, Nubar aceptó negociar ante la perspectiva de perder definitivamente su casa y de poder obtener de ella al menos algún rédito económico, dada la contundencia de las armas invasoras del Estado. Sin embargo, con el paso de los meses comenzó a quejarse del incumplimiento de la Policía y a denunciar el "engaño" de que había sido víctima. Así, en una reunión que tuvo lugar en el caserío de San José el 11 de noviembre de 2006, convocada por militares y policías, Nubar denunció enérgicamente a la Policía por dicho engaño y le manifestó a sus amigos que tenía deseos de recuperar por las vías de hecho su propiedad, llamando a periodistas y a organismos de derechos humanos como testigos. Para la semana siguiente se esperaba también la visita de una comisión de personalidades de los Estados Unidos al caserío de San José y él pensaba acudir a ellos para denunciar el engaño. Dos días después de la reunión, el lunes 13 de noviembre, varios pobladores que bajaban del caserío de San José hacia el asentamiento de San Josesito (asentamiento de los desplazados) pudieron observar la presencia de cuatro hombres armados en la carretera, cuando ya estaba oscureciendo; con mucho temor, los pobladores saludaron a los armados, pero los armados no respondieron al saludo, lo que levantó graves sospechas sobre los motivos de su presencia en aquel lugar. Momentos después pasó Nubar por ese lugar, cuando ya estaba de noche, y al día siguiente fue hallado inconsciente sobre la carretera. Desde entonces sufre una muerte cerebral debida a golpes contundentes en su cabeza. En un primer momento se creyó que pudo tratarse de un accidente, pues quizás se habría caído del caballo en que iba montado, pero al analizarse las circunstancias de los hombres armados que esperaban justo en el lugar donde él fue encontrado inconsciente, así como la ausencia, en su cuerpo, de las huellas características de una caída de caballo, no quedó duda de que se trataba de un atentado. Los pobladores que observaron a los armados, cayeron en cuenta de que eran personas extrañas y desconocidas en la región. En cambio los siete que están en la lista de Elkin Tuberquia, son personas ampliamente conocidas por todos los pobladores de la zona e incluso algunos de ellos habían presentado, en compañía de Nubar, una demanda contra la Policía, cuando los agentes quisieron impedirles el acceso a sus zonas de cultivo, alegando que el paso hacia ellas estaba minado.

3. Es importante también, para comprender los alcances de esta nueva amenaza de muerte, recordar los antecedentes del portador del mensaje.

ELKIN DARÍO TUBERQUIA es un campesino de 35 años que habitó por varios años en la vereda Las Nieves, de San José de Apartadó, donde aproximadamente en 1996 se vinculó como miliciano al grupo insurgente de las FARC, por fuerza mayor, ya que esa zona rural, donde sus familiares poseían tierra laborable, estaba en cierta medida controlada por las FARC, organización que cuidaba de su seguridad obligando a todos los pobladores del entorno a demostrar de alguna manera que no eran agentes de sus enemigos. Elkin fue denunciado, capturado, procesado y condenado a causa de esa vinculación forzosa a la insurgencia, permaneciendo varios años en la cárcel hasta 1999 y luego obligado a presentarse periódicamente ante diversas autoridades judiciales. Cuando en 2001 retornó a su parcela en la vereda Las Nieves, la insurgencia lo obligó nuevamente a prestarle alguna colaboración, pero esta vez mucho menos significativa y esporádica, como condición para permanecer en la zona, prometiéndole ayudarle a su vez con alimentos para su familia. Acosado por la pobreza y la conflictividad de la zona, Elkin decidió retirarse y trasladarse al caserío de San José de Apartadó. Allí, el 12 de marzo de 2004 fue víctima de una detención ilegal, sin orden de captura ni flagrancia, señalado por un informante que el Ejército había conducido también ilegalmente a San José esa noche para que señalara a pobladores como guerrilleros. Llevado a la Brigada XVII, fue brutalmente torturado por el Coronel Néstor Iván Duque, Comandante del Batallón Bejarano Muñoz de dicha brigada, quien lo golpeó en todo su cuerpo y trató de ahorcarlo, obligándolo a declarar frente a una cámara de video que era "guerrillero", bajo la amenaza, si no declaraba eso, de entregarlo inmediatamente a paramilitares que esperaban ya en la puerta para asesinarlo. Mantenido ilegalmente en la Brigada varios días, fue presentado a la Fiscalía donde fue indagado sin presencia de abogado y donde el juez hizo caso omiso de las torturas denunciadas por el Defensor del Pueblo, que deberían haber invalidado su falsa "confesión", la que a la postre resultó ser la "única prueba", como el mismo fiscal lo consignó en su fallo. Fue dejado en libertad el 25 de marzo gracias a un recurso de Habeas Corpus interpuesto por el Defensor del Pueblo, pero el juez le hizo firmar, antes de dejarlo en libertad, un acta de "aceptación de cargos" sin que él supiera lo que estaba firmando y sin asistencia técnica de abogado, acta que sirvió para capturarlo de nuevo el 22 de diciembre de 2004. Llevado nuevamente a la Brigada XVII de manera ilegal, estuvo desaparecido por 15 días, y cuando la Defensoría del Pueblo logró ubicarlo en la Brigada XVII bajo el extraño rótulo de "reinsertado", las autoridades pertinentes, como el Ministerio del Interior y la Fiscalía, le negaron a la Comunidad de Paz la asesoría jurídica y psicológica que quiso brindarle. A partir de entonces se le vio en patrullajes continuos con tropas del Ejército y acudiendo a diligencias judiciales a acusar falsamente a pobladores como "guerrilleros" o "milicianos". Cuando personas que lo conocimos y habíamos departido con él en momentos de sufrimiento, recibiendo sus testimonios espontáneos de lo que había sido su vida, en realidad llena de persecuciones, penurias y chantajes, pudimos acceder a él después de su falsa "reinserción", constatamos que su personalidad se había transformado profundamente y que sus principios éticos habían sido destruidos. Se le vio frecuentemente rindiendo falsos testimonios sin pudor alguno, como el que rindió públicamente, en la Comisión Segunda Constitucional de la Cámara de Representantes, el 25 de mayo de 2005, donde profirió numerosas y graves falsedades sin recato alguno, siendo una de las más graves el falso relato sobre la masacre del 21 de febrero de 2005 en las veredas Mulatos y La Resbalosa, que no solo fue indignante y ofensivo para quienes conocimos a fondo a las víctimas sino que fue elaborado desde su total dependencia de sus victimarios quienes lo difundieron ampliamente para exonerarse del crimen. Todo esto funda la hipótesis de que Elkin fue sometido a procedimientos psíquicos en extremo perversos de alienación de su conciencia. A pesar de que quienes asistimos a la sesión del 25 de mayo de 2005 pedimos a la Cámara de Representantes que gestionara su entrega a un organismo internacional de total independencia, que garantizara su acceso a ayudas psiquiátricas, los directivos de la Comisión Segunda de la Cámara no cumplieron con su promesa de gestionar dicha entrega. Posteriormente Elkin sería conducido a la Procuraduría a declarar que "no había sido torturado en 2004", para limpiar la hoja de vida del Coronel Néstor Iván Duque a quien el Presidente Uribe quería mantener en altos cargos sin hacer caso de su estatus de criminal de guerra según el Estatuto de Roma. En los años sucesivos (2005-2007) Elkin ha sido utilizado por la Brigada XVII del Ejército para cometer delitos instigados por los militares. Desde Apartadó, donde frecuentemente busca a pobladores de San José que realizan allí diligencias, ha enviado numerosas amenazas de muerte, y en junio de 2006 medió en el robo del computador de la Comunidad de Paz. De allí que los planes de asesinato contra las mencionadas siete personas de San José, revelan una intencionalidad de la fuerza pública, de la cual él se ha convertido en los últimos años en instrumento dócil y vocero informal, gracias a la destrucción de su conciencia moral, la que afloraba siempre en su interlocución frecuente con los integrantes de la Comunidad de Paz cuando aún gozaba de autodeterminación. Las amenazas que él ahora profiere vienen, sin duda alguna, de la fuerza pública, que pretende ocultar tras ese pobre ser humano que ellos degradaron moralmente hasta extremos tan humillantes de alienación, su responsabilidad directa en hechos que siempre han querido realizar: la destrucción de la Comunidad de Paz.

4. Este tipo de mensajes premonitorios de matanzas colectivas han sido frecuentes en los 10 años de existencia de la Comunidad de Paz, pero se han incrementado especialmente desde la presencia de la Policía y el Ejército en el caserío de San José, a partir de abril de 2005.

Fue así como en los últimos meses de 2005 diversos paramilitares que se acercaban al asentamiento de San Josesito o que llamaban allí por teléfono, entre ellos el mismo ELKIN TUBERQUIA, comenzaron a anunciar una masacre para los días de Navidad o Año Nuevo. Las intervenciones apremiantes de la comunidad internacional obligaron al director del Programa Presidencial de Derechos Humanos a desplazarse hasta la zona y a reunirse con militares y policías para conjurar las llamadas de alerta que surgían de dentro y fuera del país. Con todo, la masacre fue perpetrada el 26 de diciembre de 2005 en la vereda La Cristalina, dando muerte el Ejército a 6 jóvenes de ambos sexos mientras dormían. Dicha masacre la perpetró el Ejército no solo con toda la premeditación que hacían suponer sus anuncios persistentes durante varios meses, sino que fue además "negociada" con un miliciano que había decidido entregarse al Ejército y cuyo aporte inicial exigido fue preparar dicha masacre, otorgándole como pago 4 millones de pesos por cada vida humana destruida. Mayor vileza moral es difícil de concebir. Así mismo, el 4 de junio de 2006 a las 11:00 horas, militares y policías presentes en el caserío de San José comenzaron a conversar sobre otra gran masacre que se preparaba contra la Comunidad de Paz, mientras dos testigos de la misma Comunidad estaban entre los que escuchaban en silencio. El 22 de agosto de 2006, a las 10:00 horas, ante tres testigos que se lo comunicaron cada uno de manera independiente a miembros del Consejo Interno de la Comunidad de Paz, los policías y militares acantonados en San José departieron sobre sus planes ya diseñados para ejecutar una nueva gran masacre contra la Comunidad de Paz atribuyéndosela luego a la guerrilla. El 25 de septiembre de 2006 ya fueron 40 paramilitares uniformados y armados, quienes a 10 minutos del caserío de San José, intensamente custodiado por el Ejército y la Policía, manifestaron que su misión continúa siendo destruir la Comunidad de Paz y a sus líderes. Posteriormente, el 19 de octubre de 2006, el reconocido paramilitar Henry Guzmán ingresó disimuladamente al asentamiento de San Josesito y penetró en varias viviendas, donde anunció un final de año doloroso para la Comunidad, saliendo luego a departir con los policías acantonados en San José. El 30 de octubre de 2006, a las 11:00 horas, un paramilitar que dijo llamarse "Eduardo Cárdenas" visitó a una familia que fue integrante de la Comunidad y que por diversas necesidades habita ahora en Apartadó, para ofrecerle grandes sumas de dinero si colabora con un espionaje interno en la Comunidad de Paz con el fin de preparar el exterminio de sus líderes. El 6 de noviembre de 2006, el ahora paramilitar Ovidio Torres, quien el 30 de junio pasado robó el computador de la Comunidad por encargo del Ejército, el cual le ofreció una alta remuneración por ello, se presentó en compañía del supuesto paramilitar "Eduardo Cárdenas" para tratar de convencer a familias de San José de Apartadó que ahora permanecen en Apartadó, sobre la aceptación de ofertas monetarias para espiar los movimientos de los líderes de la Comunidad de Paz con el fin de asesinarlos. El 27 de febrero de 2007 una persona llamó por teléfono al asentamiento de San Josesito, cuyo timbre de voz delataba claramente al paramilitar Apolinar Guerra, anunciando nuevamente una gran masacre contra la Comunidad de Paz. APOLINAR GUERRA es otro campesino que habitaba en el territorio de San José de Apartadó y que el 12 de marzo de 2004 fue ilegalmente capturado junto con ELKIN TUBERQUIA, sometido a las mismas brutales torturas por el Coronel Néstor Iván Duque y al mismo montaje judicial posterior, apareciendo luego como "reinsertado" en la Brigada XVII en diciembre de 2004 y patrullando desde entonces con las tropas oficiales, de manera ilegal. La transformación de su conciencia moral ha podido comprobarse en repetidas prácticas de torturas que él ha realizado en compañía de soldados de la Brigada XVII en las veredas de San José, particularmente tomando a niños como sus víctimas. A nadie se le oculta que convertir a un torturado en torturador solo se logra mediante procedimientos psíquicos en extremo perversos. En los dos últimos meses, se ha podido comprobar que un número de entre diez y quince campesinos que han tenido una trayectoria similar a la de Elkin Tuberquia y Apolinar Guerra, profundamente transformados en su consciencia moral hasta el punto de constituir una identidad colectiva plenamente distinguible, están conformando una unidad contrainsurgente –absolutamente ilegal- dentro de la estructura de la Brigada XVII, pues se están desplazando por las veredas de San José de Apartadó bajo el nombre de "Batallón de las Águilas Negras", tal como han sido vistas en la vereda La Cristalina (enero/febrero de 2007), tomando justamente el mismo nombre de los contingentes reciclados de paramilitares que están aterrorizando a la población colombiana a lo largo y ancho del país.

Dada la misión especial que se le ha confiado en la protección de los derechos humanos fundamentales, le ruego, Señor Vicepresidente, intervenir de manera urgente para que no se lleve a cabo este plan.

Luego de dialogar con las personas afectadas, y dada su convicción de que los integrantes de la fuerza pública presentes en el caserío y sus alrededores han sido fuerza de agresión y de ninguna manera de protección, lo que los lleva a presumir que sus jerarquías están detrás de este plan, le ruego, Señor Vicepresidente, no contemplar ningún tipo de protección a las víctimas por parte de integrantes de la fuerza pública sino ordenarles perentoriamente no ejecutar dicho plan. Las sanciones y medidas administrativas dependerán de los diversos órganos del Estado, pero su absoluta ineficacia en las últimas décadas nos llevar a mirar más hacia la justicia universal.

Lamento profundamente que la ausencia de una interlocución con la Comunidad no permita buscar soluciones que deberían ser de fondo para estas realidades tan dramáticas, pues el Gobierno no ha aceptado las condiciones mínimas para que una interlocución pueda ser desarrollada en términos de buena fe, luego de lo ocurrido en 2005. Ello no exonera, sin embargo, al Gobierno de Colombia, de acatar las Resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de someterse a los cánones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Atentamente,

Javier Giraldo M., S. J.

 

 

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