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Derechos Humanos: El día a día en Derechos Humanos en Colombia

Sábado, 21 de Abril de 2007

 
El día a día en Derechos Humanos en Colombia
 

El día a día en Derechos Humanos en Colombia

-Un servicio de ANDAS-



Detenciones arbitrarias


La Asociación de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios de la Inspección de La Julia, la Asociación de Agricultores de La Julia y la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, denuncian ante la opinión pública nacional e internacional los atropellos que viene cometiendo el Ejercito Nacional, en la inspección de La Julia, municipio de Uribe (Meta).


El lunes 19 de marzo de 2007, a las 7:30 de la noche, en el municipio de Villavicencio fue abordado y detenido arbitrariamente por agentes del Departamento Administrativo de Seguridad, D.A.S.,  William Parra Rubio, afiliado a la Asociación de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios de la inspección de La Julia - Asoproaju, filial de Fensuagro, quién había sido herido por el Ejército Nacional el pasado 25 de febrero del año en curso.  
William Parra Rubio, se encontraba en tratamiento médico en Villavicencio de las heridas causadas y se estaba hospedando en la casa de un familiar.


El hecho se suma a lo acontecido el domingo 18 de marzo de 2007, en horas de la mañana, cuando fue detenido arbitrariamente sin razón aparente por el Ejército Nacional acantonado en la zona, Emilio Labrador Díaz, también afiliado a la Asociación de Agricultores de la Julia, filial de Fensuagro, junto con otros campesinos de la región cuando se dirigían al casco urbano de la Inspección de la Julia desde su lugar de residencia ubicada en la vereda El Placer por ser día de mercado.


La Inspección de la Julia se ha caracterizado por estar siempre en alto riesgo a causa de los asentamientos militares dentro del casco urbano y los continuos hostigamientos por parte de la guerrilla, lo que ha provocado a lo largo de este año zozobra en la población civil gracias a las amenazas intimidantes del Ejército Nacional con detenciones masivas de líderes, campesinos y de la comunidad en general ocasionado desalojo y desplazamiento de la población.



Amenazadas organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos


La Diócesis de Tumaco (Nariño), hizo un llamado a la opinión pública nacional e internacional ante una amenaza, dirigida a los miembros de organizaciones sociales, indígenas, eclesiales, humanitarias, defensoras de derechos humanos de Nariño, entre ellas a la Pastoral Social de la Diócesis, recibida vía Internet el 20 de marzo del presente año de parte de un grupo paramilitar que se autodenomina "Nueva Generación", hecho que coacciona el buen desarrollo de las acciones en bien de favorecer una vida plena y justa a las personas y comunidades del pacifico Nariñense.


Hacemos un llamado urgente para que desde el esfuerzo coordinado de las entidades municipales, departamentales y nacionales, junto con el acompañamiento nacional e internacional, se tomen las medidas para evitar los posibles actos de violencia que se pudieran producir en contra de las personas y organizaciones defensoras de la vida; y para enfrentar la grave situación que actualmente viven los municipios de la Costa Pacífica Nariñense, acciones que deben ir encaminadas a contrarrestar los factores generadores de violencia, que han provocado en los últimos años un aumento considerable de las muertes selectivas, las desapariciones, masacres, desplazamientos, amenazas y el temor generalizado de la población civil en muchas zonas de la región”, dicen voceros de la diócesis en un comunicado.



Continúa ola de asesinatos en Arauca


La Fundación de Derechos Humanos “Joel Sierra”, denunció ante la opinión pública nacional e internacional, a través de la red de organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos del orden nacional e internacional, los siguientes hechos:


El 21 de Marzo de 2007, a eso de las 5:20 p.m., aproximadamente, fue asesinado en el casco urbano de Saravena, el señor Alexander Caballero Rodríguez, de 29 años de edad.


El día 25 de marzo, a eso de las 6:00 p.m., en el sitio conocido como la Caseta, de la vereda El Pescado, del municipio de Saravena, fue asesinado el señor Eugenio Ramón Espitia, de 42 años de edad.


David Agudelo Henao, de 31 años de edad, fue asesinado el 26 de marzo de 2007, en el municipio de Saravena.


Con estos nuevos asesinatos, se confirma una vez más que el departamento, sigue siendo una de las zonas más violentas del país, a pesar de la fuerte militarización y la ayuda económica y humana del imperio norteamericano, y del hecho de haber sido declarado como escenario de guerra, supuestamente para recuperar el control institucional.



Persecución contra preso político


Por James Arley Cardona Gallego (Preso político denunciante): Desde mi convicción política y en mi condición jurídica de preso político, quiero, a través del presente, dar a conocer que:


1.      Desde el año 2001, vengo siendo víctima de persecución política por parte del Estado colombiano, representado en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), y que dicha persecución ha tenido su punto más álgido el día 05 de octubre del 2001, cuando en la cárcel de Bellavista (Medellín – Antioquia) personal del Inpec en contubernio con bandas paramilitares perpetraron un atentado en mi contra y del cual salí herido por arma de fuego.


2.      Desde entonces a la fecha, mi situación de seguridad no ha sido otra distinta a la de una permanente inestabilidad, razón por la cual reposan sobre mí medidas de vigilancia especial, representadas en “Seguridad física y suministro de alimentos”; máxime cuando el Inpec me obliga a vivir en un mismo espacio con más de 80 paramilitares.


3.      En los días comprendidos entre el 06 de agosto al 18 de agosto del 2006, por razones de seguridad y procurando preservar mi vida y mi integridad física y psicológica, me vi obligado a no recibir los alimentos que venían siendo suministrados directamente por personal de la guardia adscrito al Inpec. Esta negativa desató agresiones, intimidaciones y maltratos verbales por parte de funcionarios del Inpec, hecho, en su momento, denunciado ante los organismos de control del Estado y ante el mismo Inpec.


4.      El día 14 de marzo de 2007, el director y subdirector del Epcams, mayor retirado del Ejército de Colombia Juan Carlos Sandoval Gutiérrez, y el mayor retirado del Ejército de Colombia Pedro Nel Mahecha, ordenaron se adelante en mi contra proceso jurídico disciplinario por haberme negado a recibir los alimentos por razones de seguridad, en el mes de agosto del 2006; según informes del personal de guardia en los días 11, 14, 15 y 16 de agosto de 2006.


5.      Dicho proceso jurídico disciplinario, no es otra cosa que una nueva persecución político-jurídica a mi convicción y condición de detenido político; imposible la imparcialidad en un proceso de este tipo aún cuando el Inpec es juez y parte en el mismo.

6.      Reivindico la huelga de hambre como una vía de hecho, en mi estado de detención e indefensión, pacífica y posible, máxime si ésta está encaminada a coadyuvar la defensa y el respeto de derechos fundamentales. En mi caso defender los derechos a la vida, la dignidad Humana, más que un derecho es un deber. Solicito la intervención a que haya lugar por parte de las personas u organismos que así lo estimen.

Ejército asesinó a campesino en el nordeste antioqueño


La Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño y la Corporación Jurídica Yira Castro, pusieron en conocimiento de la comunidad nacional e internacional, los siguientes hechos:


El día 25 de marzo, a las 11 de la mañana, fue detenido por miembros del ejército nacional, adscritos al Batallón Calibio de la Brigada 14 al mando del teniente Castellanos, Carlos Mario García, de 22 años de edad, en la vereda ojos claros, jurisdicción del municipio de Remedios.

Durante el día 26 de marzo, líderes campesinos de la comunidad buscaron mediar para obtener la libertad del joven campesino, vinculado al proceso organizativo de la región, a través de actividades culturales al interior del grupo de jóvenes de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra.  Desde la Acvc se puso en conocimiento de la detención a la Defensoría del Pueblo Regional, buscando proteger la vida e integridad del joven.

En la tarde del 26 de marzo, cerca al lugar donde se encontraba la base militar instalada en la vereda de ojos claros, se escucharon disparos, lo que alertó a la comunidad, siendo informados de que el joven Carlos Mario García, había sido asesinado y que entregarían su cadáver a los familiares.

Ante esta situación, sus parientes cercanos se dirigieron a la ciudad de Barrancabermeja donde al parecer fue llevado el cuerpo de Carlos Mario García. Este tipo de actuaciones ilegales por parte de la Fuerza Pública presente en la zona, han sido sistemáticas, siendo García la quinta víctima campesina, presentada como guerrillero muerto en combate en los últimos cinco meses. Igual suerte corrieron los campesinos Wiliam Hernán Sánchez, José Heriberto Correa, Guillermo León Benítez y Pablo Emilio Benítez Sánchez.

Ejército y ‘paras’ arremeten contra comunidad


Los pobladores del corregimiento de La Victoria, municipio de Ipiales, límite con el Ecuador,  lanzaron una urgente y desesperada voz de auxilio, puesto que la población civil se encuentra asustada ante la inminente arremetida del terrorismo de estado.


Esta población que siempre se ha mantenido abandonada por el Estado, cayó bajo el dominio guerrillero desde hace algunos años. Posteriormente, el ejercito hacía incursiones y generalmente se presentaban los llamados "falsos positivos", puesto que después de asesinar personas, las fuerzas armadas vestían a los cadáveres con camuflados y los hacían pasar por combatientes dados de baja.


Hace tres meses, el ejército y la policía volvieron al pueblo, que queda a unos 37 kilómetros de Ipiales. Según denuncia la población, también existe un comando paramilitar acantonado en las afueras del pueblo el cual viene haciendo allanamientos, retenes, interrogatorios y pesquisas conjuntamente con las Fuerzas Militares.


Hace algunos días estas fuerzas del mal sacrificaron una res, agredieron a la dueña por reclamarles, como también golpearon a pobladores y retuvieron de manera ilegal por algunas horas a un poblador después de un combate militar.


El 26 de marzo de 2007, aparecieron muertos Wilson Ramírez y Flavio Zambrano Lara. Campesinos muy conocidos de la vereda San Jorge. El miedo se apoderó de la población civil y las autoridades están completamente mudas, no existe ningún pronunciamiento ni de la Defensoría del Pueblo, ni de la Personería de Ipiales.


Eminente desplazamiento masivo


(Mesa de Acompañamiento a las Comunidades de Montes de María). Debido al hostigamiento de que son objeto por parte de la Infantería de Marina y el Ejército Nacional los habitantes de Salitral y Don Gabriel en el municipio de Ovejas (Sucre), se están viendo en la necesidad de desplazarse masivamente.


Desde el año 2002, con la implementación de la política de Seguridad Democrática, los pobladores de la región de Montes de Maria han sido sitiados  por la fuerza pública y los organismos de seguridad del Estado, tratando de vincularlos al conflicto a través de las redes de informantes y, luego, con detenciones masivas arbitrarias, allanamientos ilegales, control de movilización y restricción al abastecimiento de alimentos y medicinas.


La situación anterior, ya denunciada ampliamente en la fiscalía General de la Nación y la Procuraduría,  sin que sean activados  mecanismo institucional alguno haya tomado medidas efectivas para proteger a la población y garantizarle el goce efectivo de sus derechos constitucionales, se ha agudizado a partir del mes de Marzo de 2007, cuando a la presencia de la Infantería de Marina se sumó la del Ejército Nacional,  agravando la situación el maltrato a la población civil con las demoras, requisas e interrogatorios en los retenes, sindicación como terroristas con las consecuentes amenazas  a los líderes comunales en particular, y bloqueo de los elementos cotidianos necesarios para la vida y el trabajo.


La población de los Montes de María es la misma que como víctima, ha ocupado un lugar prevalente  en los anales de las violaciones de los derechos humanos, donde se registran masacres  como las de El Chengue, El Salado, Macayepo y San Onofre, en las cuales no se vio la hostigante presencia militar protegiendo a la población ni  persiguiendo a los victimarios.


Las organizaciones de Derechos Humanos  exigimos del Estado, de las Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría General y de todos los organismos a quienes concierne garantizar los derechos constitucionales de la población, se ponga fin de manera definitiva a la persecución contra la población de los Montes de María. Que inexplicablemente se da por parte del Estado, cuando se produce la desmovilización de las bandas paramilitares que la martirizaron.


Solicitamos al estado que verifique, la grave denuncia que hace la población de los montes de maría, en el corregimiento de Centro Alegre, en donde el ejercito nacional y la Infantería de marina se han apropiado de los cultivos de las Aguacateras, sin ningún permiso de la comunidad, además esto le  ocasiona es un perjuicio, puesto que este es el sustento para la población.



Hostigamiento a Tovar Arrieta, directivo de la CUT


Por Domingo Tovar Arrieta. Pongo en conocimiento de ustedes hechos sucedidos el día jueves 22 de marzo de 2007 a las 8 a.m., para que se lleve los requisitos de ley en relación a algunos agentes de policía (por lo menos un llamado de atención y ubicación de responsabilidades individuales).


Este día y a la hora anotada me encontraba desayunando en el restaurante “La 29” ubicado en la Calle 19 con carrera 29 esquina, cuando el agente de policía apellido Rodríguez de placa número 408020 increpó a uno de mis escoltas y le dijo “ustedes que y ese carro? Somos escoltas y ese carro es oficial, responde mi escolta; eso no me interesa, si el carro es oficial o no, replicó Rodríguez.


Empieza la discusión entre policías y escoltas, porque los policías les dicen que ustedes no eran nada y ya tenía el agente de policía apellido Leal con placa número 15094, en la mano, yo llamo al Coronel Aragón al avantel 1935 y le comento lo que esta pasando manifestando los datos y diciéndole que tengo al frente al oficial Leal ya mencionado y este me dice “ni mierda yo no tengo nada que hablar con ese man” (referido al Coronel Aragón), Leal llega en compañía del agente de policía Valderrama de placa número 88565 (en la patrulla BIM-276 de Bogotá número 047529) se refiere diciendo “son terroristas y ese carro es para el transporte de terroristas, cuídense mucho”. Ya todos sabían quien soy porque se los había informado.


Transcurre el tiempo y llega el Mayor Luis Carlos Hernández de la estación de Teusaquillo quien pasa nuestros documentos a los policías y estos anotan cada uno en papeles, y a la vez se los muestran a personas civiles que van apareciendo y hablando con ellos, no sabíamos para qué, si Hernández supuestamente es el Comandante; este señor Hernández me dijo que me iba a levantar, a lo cual respondí que mientras no tuviera una orden judicial o me sorprendiera en flagrancia no me llevaba; el tenía mi carné de Dirigente Sindical y Defensor de Derechos Humanos diciendo que eso no le valía nada.


Llame al Doctor Jaime Pinillos Director de Protección, le comente lo que sucedía y me dijo que enviarán a alguien, no le alcance a escuchar el nombre.

Todos ustedes conocen la realidad de seguridad y riesgo tanto mía como la de mi familia y no es la primera vez que esto sucede con organismos de seguridad del Estado en este caso la policía, también han sido informados en la mesa del CRER donde asisten conmigo de todo lo que me viene sucediendo.


Hoy responsabilizo a estos integrantes de la policía por lo que me pueda pasar a mi y a los escoltas y haré conocer esta carta a los organismos internacionales de defensa de los Derechos Humanos, así como a la comunidad internacional, les recuerdo que soy objeto del Programa de Protección del Ministerio del Interior CRER y tengo medidas cautelares de la CIDH.

Detienen a estudiante


La Secretaria de Derechos Humanos de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (Aceu), denunció a la opinión pública nacional e internacional  los siguientes hechos:


El 20 de marzo del año 2007, a las 8:15 a.m. fue detenido en la ciudad de Neiva, el estudiante Silvestre Lozano, estudiante de ciencias naturales de la Universidad Sur Colombiana y miembro de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios Aceu.


La detención se llevó a cabo en el marco de un descomunal operativo por parte de miembros de la Policía Nacional de Colombia, los cuales golpearon brutalmente al estudiante en una de las calles céntricas de Neiva. Posteriormente fue conducido en un taxi a las instalaciones del Gaula  de la Policía Nacional. Dicha detención fue realizada sin orden judicial y de manera arbitraria e ilegal.


La detención en mención fue realizada en el marco de las amenazas y hostigamientos por parte de grupos paramilitares “Águilas Negras” contra estudiantes, profesores y trabajadores de la Universidad Sur Colombiana. Dicha amenaza fue hecha por medio de misiva intimidatoria llegada a la universidad el 7 de marzo de 2007.



Allanamiento y detenciones ilegales

  
La Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, denunció ante la opinión pública nacional e internacional, los siguientes hechos violatorios de derechos humanos fundamentales:


El viernes 16 de Marzo de 2007, Jairo García Ruiz , Shirley Eliana Camacho Ballesteros y un menor de edad, personas que trabajan y residentes en Bogotá, decidieron salir de paseo ecológico al  municipio del  Líbano en el departamento del Tolima, al llegar al Líbano se hospedaron en el Hotel El CHALET área urbana donde dejaron el vehículo en el que se transportaban; al día siguiente sábado recorrimos algunas veredas del mencionado municipio, como se les hizo tarde para regresar al pueblo al hotel donde estaban hospedados, solicitaron a una habitante de la región les permitiera pasar la noche en su vivienda.


El domingo 18 de marzo de 2007, a las 5:30 a.m. llegó el Ejército Nacional a la vivienda donde se hospedaban y sin orden judicial allanaron la vivienda. Jairo García y Shirley Eliana Camacho, fueron detenidos sin orden judicial y mantenidos bocabajo fuera de la vivienda; seguidamente entraron a la casa registraron las  pertenencias de ellos (maletas), en las pertenencias de Camacho tenía $250.000 en efectivo los cuales fueron hurtados por los militares.


Posteriormente fueron separados a los dos y el menor e incomunicados sometidos a permanente presión psicológica, amenazas  e interrogatorios exigiéndoles información de grupos armados ilegales en la zona, seguidamente los condujeron a otra vivienda en la vereda donde se encontraba un hombre vestido con prendas militares que inicialmente les dijo llamarse teniente Martínez y posteriormente teniente Elkin de Jesús García, que les solicitó los documentos de identidad, los ya estaban en poder de los uniformados.

 En esta vivienda fueron interrogados y presionados durante dos horas tiempo durante el cual los elementos personales (celulares, agenda y el Carné de trabajo de Camacho y una USB de García fueron manipulados y revisados por todos los soldados. Luego, les fue entregada una cámara digital y en GPS manifestándoles que eran de su propiedad lo cual no es cierto.


Más tarde, fueron llevados por el Ejército Nacional, adscritos al Batallón Patriotas, con sede en Líbano, a sus instalaciones militares donde permanecieron durante todo el día en calidad de detenidos. El grupo de militares estaba al mando del teniente Elkin de Jesús García  quien luego de llevarlos a las instalaciones de la base militar les informó que estaban detenidos por pertenecer a un grupo guerrillero.



Más fosas comunes


El DAS halló en las veredas Galaxias y Coclí del municipio de Curumaní (Cesar), 10 cuerpos desmembrados y enterrados allí por paramilitares. Cinco cadáveres mutilados fueron encontrados cerca de las fincas El Óscar y La Victoria, en Las Galaxias. Al  parecer dos podrían corresponder a los de una pareja que vivía en el sector para el año 2001 cuando se reportó su desaparición. Los otros tres corresponderían a un hombre de 56 años y dos que oscilan entre los 35 a 40 años.


Otros cinco cadáveres de sexo masculino estaban sepultados en la finca Las Palmas, en la vereda Cocli. Al parecer, dos serían de menores de edad de aproximadamente 15 años y tres de adultos entre los 35 y 45 años.


De estos asesinatos se sindica inicialmente como responsable al grupo paramilitar que para la época era dirigido por 'Omega', Jeferson Enrique Martínez López, considerado mano derecha en el Cesar del desmovilizado 'Jorge 40'.


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