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Derechos Humanos: El día a día en Derechos Humanos en Colombia

Lunes, 23 de Abril de 2007

 
El día a día en Derechos Humanos en Colombia
 

El día a día en Derechos Humanos en Colombia

-Un servicio de ANDAS-



Crisis humanitaria el nordeste antioqueño

No nos dejen solos”: campesinos

Ejército y ‘paras’ continúan amenazando, torturando, asesinando y desapareciendo personas.

El pasado 25 de marzo las tropas retuvieron a dos jóvenes; uno logró escapar, pero al otro lo asesinaron.

Más de 350 campesinos, entre ellos 10 bebés, 99 menores de nueve años, ancianos y varias mujeres embarazadas, tuvieron que desplazarse en condiciones infrahumanas


La comunidad agro minera del nordeste antioqueño, culpa al Ejército Nacional y a los paramilitares del asesinato de 12 personas y la desaparición de otras cuatro en los últimos nueve meses. El nuevo crimen se presentó el pasado 25 de marzo, en la vereda Ojos Claros, municipio de Remedios (Antioquia), cuando tropas del batallón Calibío adscritas a la Brigada 14 del Ejército Nacional, al mando del teniente Castellanos y del sargento Palomino, retuvieron de forma ilegal a dos jóvenes campesinos de esta vereda, uno de los cuales logró escapar, mientras que el otro, Carlos Mario García, de 21 años, fue asesinado por las tropas, que luego lo presentaron como “guerrillero dado de baja en combate”.


Los dos jóvenes se encontraban bajando madera por el río Tamar en el momento en que se encontraron con las tropas, quienes procedieron a detenerlos ilegalmente con el propósito de asesinarlos. Carlos Mario García, estaba afiliado a la junta de acción comunal de la vereda Ojos Claros y también era miembro del grupo juvenil y cultural de la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (Acvc).


Después del crimen el comandante da la Brigada 14, coronel Jorge Alberto Segura Manonegra, dio informaciones falaces en varios medios de comunicación donde afirmó que en un supuesto enfrentamiento con la guerrilla de las Farc las tropas del Batallón de Ingenieros 14, habían dado de baja a un subversivo al que le habrían incautado un fusil AK-47, con un proveedor y municiones, mientras que otro se les había escapado.


Refugio humanitario


Ante las graves violaciones a los derechos humanos fundamentales por parte del Ejército Nacional en complicidad con paramilitares, los habitantes de varias veredas del municipio de Remedios se vieron forzados a desplazarse para salvar sus vidas dejando abandonadas todas sus pertenencias. Al cierre de esta edición, al menos 350 personas, entre las que se encontraban 10 bebés, 99 menores de nueve años, ancianos y varias mujeres embarazadas, habían llegado en busca de refugio a la vereda Puerto Nuevo Ité, donde se establecieron temporalmente en condiciones infrahumanas. Al sitio de refugio continuaban llegando más familias desplazadas a medida que pasaban las horas.


En rueda de prensa ofrecida por un grupo de campesinos desplazados de esa región a la capital del país el pasado 10 de abril, estos le dijeron a los medios, entre otras cosas, que el desplazamiento ha sido presionado por el Ejército y paramilitares, por la entrega de parte del gobierno en concesión a la multinacional canadiense Anglo Gold Ashanti por intermedio de su filial en Colombia, la compañía Kedahda, de un área de terreno superior a las 21.900 hectáreas con inmensa riqueza aurífera, que los lugareños han estado explotando de forma artesanal. “El gobierno quiere sacarnos de la zona, echarnos de allí a como de lugar, utilizando para ello los métodos más brutales del terrorismo de Estado”, le dijo a VOZ Wilson Vega, líder social y dirigente de la Acvc. Agregó que en la zona, paramilitares están amenazando a los pobladores diciéndoles que hay una lista de 23 personas que “deben ser asesinadas”.


Por su parte, Braulio Gracia, miembro de la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana), advirtió, que paramilitares están incendiando las viviendas que tuvieron que dejar abandonadas los desplazados. Añadió, que la campaña de desalojo campesino, incluye un feroz bloqueo económico, de alimentos y medicinas.


Acompañamiento


Varias ONG informaron a este medio que la empresa Kedahda ha presentado ante el gobierno colombiano 2.114 solicitudes de concesiones mineras que superan los 2,3 millones de hectáreas, la mayoría en la zona donde se está presentando el desalojo campesino y en el área contigua, el sur de Bolívar.


Exigimos al Estado colombiano el respeto de nuestras vidas, el respeto a nuestros derechos humanos fundamentales y el respeto al Derecho Internacional Humanitario. Solicitamos el acompañamiento y la solidaridad de la comunidad nacional e internacional, para que no permitan que nos sigan asesinando y desplazando de nuestras tierras. Anhelamos que nuestra crisis humanitaria se haga visible. No nos dejen solos”, dijeron a VOZ varias de las personas que intervinieron en la rueda de prensa.


La Acvc, Cahucopana, varias organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos y algunos medios de comunicación, con el acompañamiento del Observatorio Internacional de Paz, realizaron entre el 12 y 15 de abril pasados, una Comisión de Verificación y Acompañamiento que llegó hasta el Campamento Humanitario de Refugio de Puerto Nuevo Ité. “Esto no es suficiente, es necesario hacer más y que más personas y organizaciones se involucren con ayuda”, dijeron voceros de las organizaciones solidarias a VOZ.


Rearme paramilitar


En el Sur de Bolívar desde mediados de la década de los noventa  las Autodefensas del Bloque Central Bolívar incursionaron y fueron consolidando un poder militar, económico y político. Dicho poder no ha sido alterado en medio del llamado proceso de desmovilización. En la actualidad se continúa ejerciendo en la región a la luz de las autoridades municipales y regionales. Sin embargo este rearme paramilitar no ha sido nominado públicamente  en todos los municipios del Sur de Bolívar, como ha ocurrido en otras regiones del país que se han denominado Águilas Negras, Aguilas Rojas, ONGs, Tiznados, etc.  Por parte de personal del Ejército Nacional, se ha ido sembrando el terror en las comunidades, como lo hicieron en la década del 90. En varias oportunidades miembros de la Fuerza Pública han manifestado “detrás de nosotros vienen las águilas negras”, tal como ocurrió en el mes de enero de 2007, en el municipio de San Pablo, donde el Ejército anunció que al Cañón de Santo Domingo, zona rural de este municipio llegarán las Águilas Negras, situación que también han venido anunciando en la zona  minera de la Serranía de San Lucas.



Desplazamiento forzado se incrementa


La Defensoría del pueblo manifestó su preocupación por los desplazamientos masivos sucedidos durante el primer trimestre del presente año, con lo cual se hace evidente una vez más, la grave crisis humanitaria y de derechos humanos que afecta a millones de compatriotas. Durante lo corrido del 2007, desplazamientos como los sucedidos en Planadas–Tolima, San Miguel–Putumayo, El Charco y La Tola en Nariño, sobre los cuales la Defensoría se ha pronunciado, así como el que ocurrió durante los últimos días en Ituango­ en el­ Departamento de Antioquia. Hay que anotar, que la Defensoría no tuvo en cuenta el desplazamiento masivo ocurrido en Remedios (Antioquia), ocurrido la semana pasada.


Seis años de impunidad


El 11 de abril del 2001, un grupo de 100 paramilitares hicieron un atroz recorrido por la región del Alto Naya (Cauca) y masacraron a más de 100 personas, desaparecieron a otras 60 personas y desplazaron a varios millares de sus tierras. Por ello en el marco del encuentro regional preparatoria  en el Cauca, para  el  Encuentro Nacional  de Víctimas pertenecientes a  Organizaciones Sociales que se realizará a finales de abril, (con presencia de más de 60 víctimas provenientes de diferentes puntos del Cauca, las cuales fueron convocadas por las organizaciones sociales que están comprometidas con el encuentro y el proceso nacional),   luego de  visitar la sede del arzobispo de Popayán y a la Universidad del Cauca,  en caravana de víctimas acompañaran a la comunidad del Naya, asentada en la laguna de Timbió para conmemorar el sexto aniversario de la masacre.



Más atención a desplazados


La Procuraduría General de la Nación le pidió al gobierno que le brinde atención inmediata a los más de 7.000 desplazados en los departamentos de Nariño y Putumayo, víctimas de los enfrentamientos armados que se han presentado entre paramilitares y Ejército contra insurgentes de las Farc. La Procuraduría advirtió sobre la situación de La Tola y El Charco en Nariño, donde los desplazados suman más de 4.900 personas, la mayoría niños, ancianos y mujeres. A la crisis de Nariño, en el departamento del Putumayo se han desplazado unas 3.000 personas debido a las fumigaciones que terminan por afectar a las personas, los animales, los ecosistemas y los cultivos lícitos.



Colombia, segundo mayor país con desplazados en el mundo


El Consejo Noruego para los Refugiados (CNR), advirtió este lunes 16 de abril en Ginebra (Suiza), en su informe anual, que Colombia solo es superado por Sudán en número de personas desplazadas internamente que ya sobrepasan los 3,8 millones de personas. Según el CNR el año pasado aumentó el desplazamiento debido a las fumigaciones previstas en el Plan Colombia. Otros países de Latinoamérica donde se presentó desplazamiento interno fueron, Guatemala, México y Perú. Señaló también el informe que en América Latina hay 4,1 millones de personas desplazadas de sus hogares, de las que 3,8 millones son de Colombia, un país -dice el informe- que es el de la región “en donde más civiles se ven obligados a dejar sus hogares por el conflicto armado interno”, y que en 2006 se incrementaron en más de 200.000.

Cerca de 50 mil víctimas piden reparación de ‘paras’


La mayoría provienen de la Costa Atlántica, de Antioquia y de Putumayo. A las fiscalías están acudiendo cerca de mil personas cada día a denunciar crímenes casi todos de lesa humanidad cometidos por paramilitares. En los departamentos mencionados más los Llanos Orientales, están apareciendo múltiples fosas comunes con cientos de cadáveres enterrados por los ‘paras’. Tan solo contra ‘Jorge 40’ se han presentado más de 6.000 denuncias, pero se espera que esa cifra se multiplique a medida que pasa el tiempo. Por su parte Mancuso ya sobrepasa las 4.000 denuncias en su contra. Dos de cada 10 denuncias son por robo de tierras y en el 10 por ciento de las denuncias no se conoce al victimario.


Mujeres y niños los más golpeados por los ‘paras’


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentó un informe sobre el sufrimiento por parte de las mujeres en la violencia paramilitar y alerto sobre la inexistencia de penas para estos delitos en la mal llamada ley de Justicia y Paz. El informe de la CIDH dice que 52 de cada 100 desplazados son mujeres, y de estas, el 30 por ciento son cabeza de familia. Entre los delitos cometidos por los paramilitares contra las mujeres, abunda el delito sexual, dice el informe. Deja un sabor extraño el hecho de que en días pasados el gobierno del presidente Uribe, le donara a la CIDH, la suma de 500 mil dólares como ayuda al financiamiento al ente internacional. Las preguntas que surgen son: ¿Qué quiere comprar Uribe? Y ¿Porqué mejor no le dio esa plata a los desplazados?.


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