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Derechos Humanos: El día a día en Derechos Humanos en Colombia

Jueves, 3 de Mayo de 2007

 
El día a día en Derechos Humanos en Colombia
 

El día a día en Derechos Humanos en Colombia

-Un servicio de ANDAS-


Arauca y Casanare

Continúa la ejecución de campesinos por parte de miembros del Ejército

Van 13 personas asesinadas por las tropas en lo que va corrido del año



El pasado día 16 de abril, fueron asesinados Luis Guillermo Robayo Mora, de 25 años y su hermano, Rubén Dario Avendaño Mora de 14 años, por miembros del ejército al parecer adscritos al grupo Gaula, en la zona rural de Hato Corozal (Casanare). Las víctimas eran campesinos oriundos de la vereda La Colorada, del Sector Agua Blanca, del municipio de Sácama, departamento de Casanare y habían salido el día 14 de abril, con el ánimo de comprar un ganado en Paz de Ariporo.

El 20 de abril, en la vereda Laureles Uno, del municipio de Tame, fueron asesinados Alirio Carrillo Durán de 55 años y Jaime Elías Leal, de 63 años, por miembros del Ejército Nacional adscritos a la Brigada Móvil 5. Estos campesinos, en compañía de otros tres, habían sido obligados por parte de uno de los grupos armados de oposición que operan en la región, a recoger un cadáver de uno de los subversivos que había sido abatido el día anterior en enfrentamientos entre el ejército y la guerrilla. Cuando los campesinos se trasladaban a pie con el cadáver en mención, fueron atacados indiscriminadamente por el Ejército que se encontraba en el sitio a lado y lado del camino, además llegaron helicópteros que desde el aire hicieron disparos indiscriminados. En estos hechos también resultó herido Bernabé Flórez Leal, quien se encontraba trabajando cerca al lugar de los ametrallamientos aéreos.

El Ejército traslado los cadáveres de los dos campesinos y el del subversivo muerto en combate, en los helicópteros hasta Arauca capital. Los familiares de los dos campesinos asesinados, recibieron malos tratos e insultos por parte del ejército cuando se acercaron a preguntar por sus seres queridos. Les dijeron que no eran unos ancianos campesinos si no que eran miembros de las guerrillas.

 La comunidad del sector, lo mismo que todos los familiares han expresado públicamente que las dos personas asesinadas por el Ejército no pertenecían a ningún grupo armado y que eran humildes trabajadores que gozaban de gran reconocimiento en su comunidad. 

Con estos dos crímenes, suman ya 13 las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por tropas del Ejército colombiano en lo que va corrido del presente año. “El gobierno nacional y los organismos de justicia y control, no han escuchado nuestras denuncias públicas, de que estas ejecuciones no son hechos aislados sino de una macabra estrategia del Estado tendiente a sembrar el terror y la desesperación en la región”, le dijo la comunidad afectada a la ONG defensora de los derechos humanos.



Detenidos arbitrariamente y torturados tres sindicalistas



El pasado 26 de abril, en las oficinas de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, ubicadas en el casco urbano de Santa Rosa (Sur de Bolívar), fue detenido por efectivos del Batallón Antiaéreo Nueva Granada de la Brigada Quinta, el presidente de la Federación, Teófilo Manuel Acuña Ribón.  Para la detención, el Ejército exhibió una orden de captura del fiscal 28 seccional Cartagena Edward José Cabello Baquero, donde habla de alias Teófilo de profesión líder sindical.


En el momento de la detención, Acuña Ribón fue golpeado por los uniformados quienes impidieron hasta último momento que la víctima recibiera asesoría de su abogado lo que hacía temer por su integridad física. Según los denunciantes, los militares le estarían cobrando al sindicalista agro minero sus testimonios en el proceso que se le sigue al Batallón Antiaéreo Nueva Granada, por el asesinato de Alejandro Uribe, líder de la Federación.


Por otro lado, el 11 de marzo de 2007, en la ciudad de Barrancabermeja (Santander), fueron detenidos de forma arbitraria y torturados los dirigentes de la Unión Sindical Obrera (USO), Ariel Corzo Díaz y Fredy Hidalgo por parte de agentes de la Policía.


A las 8.30 de la noche de la fecha mencionada, los dos sindicalistas cenaban en un restaurante ubicado en la Avenida del Ferrocarril con carrera 20, del barrio Torcoroma de Barrancabermeja. Allí fueron abordados por la patrulla de placas CLD 077 con tres policías a bordo y otros dos policías que se movilizaban en una moto, entre ellos el agente Lorduy, quienes les exigieron los documentos de identificación. Cuando los agentes se dieron cuenta de que las dos personas eran sindicalistas de la USO, les manifestaron que él “no sabían leer y que debían acompañarlos hasta la estación de Policía” y que “los encerrarían por 24 horas”. Cuando Corzo Díaz e Hidalgo le preguntaron a los policías cual era el motivo de su detención, estos manifestaron que los llevarían a la estación y que a ellos no les interesaba que trabajaran en esa “hijueputa” empresa.


A partir de ese momento, los cinco policías y otro más que se les unieron, entre los que se encontraban Lurduy, Mejía y Mesa golpearon brutalmente a los dos líderes sindicales y al escolta de Ariel Corzo, Felipe Hostos, hasta provocarles severas lesiones físicas. Los policías no permitieron que las víctimas fueran atendidas por Medicina Legal y finalmente los obligaron a firmar un documento en el que hacía constar el “buen trato” recibido, por estos.



Alerta temprana


La Brigada 12 del Ejército, junto con paramilitares saquean casas de campesinos en Gorgona (Meta) y se dirigen a Puerto Toledo. Las comunidades campesinas del área del río Guejar Puerto Toledo (Meta) denunciaron que tropas de la Brigada 12 del Ejército, que han vinculado en sus filas a paramilitares supuestamente desmovilizados, llegaron a la zona conocida como Gorgona, saqueando las casas, robándose las gallinas, los cerdos y los víveres de los campesinos. Se han llevado enseres como motobombas que han vendido en otros lugares por 100 mil pesos. Los campesinos expresan la preocupación que estas mismas tropas se dirigen ahora hacia Puerto Toledo, población reiteradamente agredida y victimizada por la fuerza pública y temen que las acciones vandálicas de estas tropas se repitan. Las comunidades hicieron un llamado a las autoridades nacionales y, sobre todo, a los organismos de control, como la Procuraduría General de la Nación, e incluso a la Oficina de la ONU para los derechos humanos, con el fin de que hagan presencia en la zona y acompañen a los pobladores quienes se encuentran absolutamente desprotegidos y ha merced de los desmanes.



Claman a Uribe intercambio humanitario


Los doce ex diputados colombianos quienes se encuentran desde hace cinco años en manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), aseguraron este viernes que las intenciones del presidente Álvaro Uribe de rescatar a los retenidos del grupo insurgente “prolonga su sufrimiento”. En un video que esta insurgencia le envió a los familiares de los 12 ex diputados como prueba de supervivencia de los mismos, estos claman al presidente Uribe que se abstenga de rescatarlos a sangre y fuego. También instan al Gobierno para que acceda al despeje de los municipios de Pradera y Florida, situados en el sur del departamento del Valle y contribuya de esa manera a acabar con el sufrimiento de las personas en cautiverio. Los doce ex diputados consideraron, por su parte, que al grupo de países autorizados por el gobierno de Bogotá para que gestionen la apertura de una negociación (España, Francia y Suiza) se una Estados Unidos, del que son nacionales tres retenidos. Los políticos cuestionaron la llamada política de seguridad democrática de Uribe, pues rechazaron, en alusión directa a las negociaciones del gobierno colombiano con grupos paramilitares, a través de la Ley de Justicia y Paz, que la casa de Nariño negocie "con determinados actores armados ilegales" y ni siquiera considere negociar con otros grupos armados al margen de la ley que hay en Colombia. Inmediatamente, Uribe Vélez, reiteró que no aceptará la desmilitarización de los municipios de Pradera y Florida, exigidos por las FARC como condición para un acuerdo humanitario.


PCC rechaza amenazas terroristas contra su sede


El Partido Comunista Colombiano denuncia las reiteradas amenazas contra su sede Nacional en el Distrito Capital.  En la tarde del 24 de abril un motociclista  anónimo ratificó la intención de “volar” la edificación. Estos hechos hacen parte del ambiente de señalamiento y agresión contra sectores opositores.  Como antecedentes se conocen las distintas expresiones del Presidente con relación a la Unión Patriótica; los recientes señalamientos en contra de Wilson Borja y del Director del Semanario VOZ, Carlos Lozano, contra quien se ha hecho incriminaciones calumniosas; las distintas manifestaciones del jefe del estado en contra del senador Gustavo Petro, el presidente del Polo Democrático Carlos Gaviria, la Senadora Liberal Piedad Córdoba y otros destacados representantes de la oposición; a lo que se agrega la confesión de estar realizando espionaje sobre representantes del Movimiento Popular. El Partido Comunista Colombiano considera que la actitud del gobierno pone en peligro la integridad física de las personas mencionadas y estimula la ejecución de actos terroristas.



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