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Derechos Humanos: El día a día en Derechos Humanos en Colombia

Jueves, 10 de Mayo de 2007

 
El día a día en Derechos Humanos en Colombia
 

El día a día en Derechos Humanos en Colombia

-Un servicio de ANDAS-



Montes de María

Infantería de Marina asesinó a líder campesino

Política de ‘seguridad democrática’ sigue cobrando víctimas inocentes en todo el territorio nacional

Militares hicieron un montaje para hacer pasar al campesino como guerrillero “dado de baja en combate”


La Mesa de Acompañamiento y seguimiento de las Comunidades de Montes de María, denunció a la opinión pública nacional e internacional que militares pertenecientes a la Primera Brigada de Infantería de Marina, dieron muerte al medio día del jueves 3 de mayo, al líder campesino Luis Miguel Gómez Porto, de 36 años, en la vereda Ojito, municipio de Colosó (Sucre).


Gómez Porto era el presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de ese municipio, fungía como delegado ante Fensuagro por el Sindicato de Agricultores de Sucre y hacía parte del Comité de Conciliación de la Federación Comunal de este departamento. Por sus actividades sindicales las fuerzas armadas y de seguridad del Estado, siempre lo mantuvieron hostigado y amenazado. Razones que lo mantuvieron en inminente peligro junto a otros líderes y habitantes de la zona, por lo que la Mesa de Acompañamiento había solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, medidas precautelares de protección.


El líder agrario, ya había estado preso durante 14 meses víctima de un montaje que construyeron en su contra las fuerzas de seguridad locales y nacionales. Luego de demostrar su inocencia, había quedado en libertad el 18 de mayo de 2006.


Según denuncias y testimonios, la Fuerza Pública siempre tuvo en la mira a Gómez Porto, por su liderazago y gestión con sus comunidades. Cada vez que este tenía contacto con las tropas militares estas le quitaban los documentos, lo asediaban, lo maltrataban verbalmente y constantemente estaba vigilado.


Luis Miguel Gómez, había salido en las primeras horas del jueves 3 de mayo a visitar a su padre, quien reside en la misma vereda, así como a la abuela de su esposa. Luego de las dos visitas, se dirigió a su casa, tomando la vía por el sitio conocido como Loma Loca.


Allí en Loma Loca, según información suministrada a la comunidad por un soldado, militares de la Infantería de Marina que operan en la zona lo asesinaron.


El cuerpo del labriego fue encontrado con varios tiros de en el tórax, un fusil, “material para la fabricación de explosivos”, elementos alusivos a las Farc y rodeado por miembros del Ejército. Los criminales habían puesto esos elementos de guerra junto al cuerpo para hacer pasar al campesino como “guerrillero dado de baja en combate”, como finalmente lo denuncio ante los medios el Comando de la Primera Brigada de Infantería de Marina con sede en Corozal: “en desarrollo de la Operación "Mesías", tropas del Batallón de Fusileros de Infantería de Marina No. 4 sostuvieron un combate en el cual resultó muerto un presunto integrante de la cuadrilla 35 de la las Farc, alias “camioneta”, el pasado jueves 3 de mayo en área rural del municipio de Colosó”.


Cuando los familiares de la víctima llegaron a la zona, la Infantería les obstaculizó el paso argumentando que el sitio estaba totalmente minado. Después trasladaron el cadáver al municipio de Corozal. Los campesinos informaron que es mentira que el campo esté minado, y que los únicos que transitan por allí son los propios militares.


La comunidad informó que tres días antes, varias personas de civil estuvieron merodeando por la vereda del Ojito y sus alrededores a bordo de una camioneta de la Policía y que la vereda estaba militarizada desde hacía varios días.


"Es muy usual que tanto el Ejército como la Infantería de Marina presenten a todos los campesinos que asesinan vestidos de guerrilleros 'dados de baja en combate'", dijeron con indignidad y dolor los pobladores.


A estos hechos se le suma la detención arbitraria de José Piñeres, de 83 años de edad, el pasado 30 de abril, quien se encuentra en la Cárcel de la Vega en Sincelejo. Hace cuatro años, Piñeres fue obligado por las tropas a acompañarlas por las montañas utilizándolo como escudo humano.



Continúa la ejecución de campesinos en Arauca y Casanare



El pasado día 16 de abril, fueron asesinados Luis Guillermo Robayo Mora, de 25 años y su hermano, Rubén Dario Avendaño Mora de 14 años, por miembros del Ejército al parecer adscritos al grupo Gaula, en la zona rural de Hato Corozal (Casanare). Las víctimas eran campesinos oriundos de la vereda La Colorada, del Sector Agua Blanca, del municipio de Sácama, departamento de Casanare y habían salido el día 14 de abril, con el ánimo de comprar un ganado en Paz de Ariporo.

El 20 de abril, en la vereda Laureles Uno, del municipio de Tame (Arauca), fueron asesinados Alirio Carrillo Durán de 55 años y Jaime Elías Leal, de 63 años, por miembros del Ejército Nacional adscritos a la Brigada Móvil 5. En estos hechos también resultó herido Bernabé Flórez Leal, quien se encontraba trabajando cerca al lugar de los ametrallamientos aéreos y terrestres. Suman ya 13 las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por tropas del Ejército colombiano en lo que va corrido del presente año en la región.

Agresión policial a periodista


El pasado Primero de Mayo, en la marcha de los trabajadores por el centro de Bogotá, la periodista y defensora de los derechos humanos Adriana Cuellar fue víctima de la violencia policial contra los manifestantes, luego de que ella quiso intervenir para que varios agentes no siguieran golpeando en el suelo a un joven. Cuando Cuellar intervino ante los agentes para que cesaran la golpiza brutal contra la persona que estaba en el piso y quiso tomar fotografías de los hechos, tres policías sin ninguna identificación ni placas, la emprendieron contra ella a puntapiés y empujones causándole lesiones en sus miembros inferiores. El Colectivo de Abogados Alvear Restrepo puso en conocimiento de la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos la flagrante violación contra la libertad de prensa y los aberrantes atropellos contra los defensores de los mismos. Se espera que haya justicia y se sancione a los implicados.



Criticas de HRW al proceso con ‘paras’

En su informe del año 2006, Human Rights Watch asevera que el gobierno colombiano afirmó haber completado exitosamente la desmovilización de más de 30,000 presuntos paramilitares, pero que persisten serias dudas en cuanto a la eficacia del proceso de desmovilización para lograr un genuino desmantelamiento de las complejas estructuras criminales y financieras de los paramilitares, y asegurar la verdad, la justicia y una debida reparación. Agrega el documento que los comandantes paramilitares aún no han dado pasos significativos para entregar su enorme riqueza ilícita, devolver las tierras tomadas por la fuerza o demostrar que han dejado de realizar sus lucrativas actividades criminales. Hubo varios indicadores preocupantes de su persistente influencia incluyendo: informes sobre la supuesta infiltración de los paramilitares DAS; un gran numero de amenazas contra académicos, lideres sindicales, defensores de los derechos humanos y periodistas; y la formación de nuevos grupos paramilitares, según informó la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA . Afirma también la ONG que durante todo el año siguieron los crímenes de paramilitares, incluyendo asesinatos y desapariciones forzadas. La Fiscalía reveló que en el computador confiscad a un socio de “Jorge 40” contenía pruebas de más de 500 asesinatos cometidos en tan sólo un departamento.


Impunidad y nexos entre militares y ‘paras’


La HRW manifiesta que la ineficacia de Colombia en la investigación, enjuiciamiento y sanción de abusos de los derechos humanos es de larga data y ha creado un ambiente en el que los autores de abusos presumen, en forma correcta, que nunca rendirán cuentas por sus delitos. El problema –dice HRW- es particularmente agudo en los casos de abusos militares, incluyendo aquellos que involucran denuncias creíbles de nexos entre los militares y los paramilitares. Oficiales de bajo rango son a veces sancionados en casos como estos, pero rara vez es procesado un comandante.  A principios del 2006, se hicieron públicas decenas de acusaciones de que unidades del ejército habían ejecutado a civiles y habían vestido sus cadáveres con ropa de guerrilleros para que así pudieran ser considerados como muertos en combate. En otro caso, 21 reclutas militares fueron presuntamente torturados por sus supervisores durante su entrenamiento, siendo sometidos a golpizas, quemaduras y abuso sexual.



Desplazamiento interno  

Al respecto del desplazamiento dice la HRW en su comunicado que: Con un total acumulado de más de 3.7 millones de desplazados, Colombia continúa teniendo la más grande crisis de desplazados internos del mundo después de Sudán, y los casos de desplazamientos forzados aumentaron entre el 2003 y el 2005, de acuerdo a la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes). Si bien las cifras del gobierno para esos años son menores, reflejan la misma tendencia. (Al momento de redactar este informe, no se disponía de datos para el 2006.)  

Aquellos que son desplazados internamente están generalmente en peores circunstancias que los miembros más pobres de las comunidades que los reciben. Dos tercios viven en viviendas inadecuadas sin acceso a servicios higiénicos básicos, de acuerdo a estudios del Comité Internacional de la Cruz Roja, la Iglesia Católica y la Universidad de los Andes. Sólo uno de cada cinco desplazados recibe atención médica y unos 300,000 niños desplazados no tienen acceso a la educación, señaló el Centro de Supervisión de Desplazamientos Internos, basado en Ginebra, en un informe en junio de 2006.  
 
Discretamente, el gobierno colombiano se ha distanciado de su política anterior, ampliamente criticada por observadores locales e internacionales, que había promovido el retorno de los desplazados a las comunidades de origen como su principal respuesta al desplazamiento. Pero el gobierno central se ha negado en algunos casos a otorgar reconocimiento a grupos que considera que están adoptando una “postura política” contra el gobierno. Como un asunto práctico, la negación de reconocimiento significa que la mayoría de desplazados retorna a sus hogares aún cuando la situación de seguridad no les permite un retorno seguro y digno.  

En respuesta a una resolución de la Corte Constitucional del 2004 que señalaba que el sistema gubernamental para asistir a los desplazados era inconstitucional, el gobierno colombiano aumentó sustancialmente su presupuesto para la protección y ayuda humanitaria de los desplazados.  

Un programa de asistencia financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y administrado por la Organización Internacional para las Migraciones y la Fundación Panamericana para el Desarrollo tuvo un inicio lento en el 2006.  


Defensores de derechos humanos y otros grupos vulnerables  

Los defensores de derechos humanos, así como líderes sindicales, periodistas y otros grupos vulnerables continúan siendo objeto de amenazas frecuentes, acoso y ataques por su trabajo legítimo. Las investigaciones de estos casos rara vez culminan en procesos penales o condenas.

El Presidente Uribe una vez más hizo declaraciones atacando a los medios de comunicación por su legítima cobertura de temas públicos, señalando directamente a periodistas y publicaciones individuales, y acusándolos de ser deshonestos, maliciosos y peligrosos para las instituciones democráticas.  

El Ministerio del Interior tiene un programa de protección, establecido con financiamiento de los Estados Unidos, para resguardar a personas amenazadas. Sin embargo, algunas personas que han recibido protección se han quejado de sentirse intimidadas por los escoltas armados – que con frecuencia han sido agentes del DAS – asignados para acompañarlas.  


Inminentes masacres paramilitares denuncian campesinos del Meta 

En repetidas ocasiones y desde hace varios meses la Comisión de Derechos Humanos y las comunidades han venido alertando a las autoridades sobre el riesgo que corren los campesinos de los municipios de Vista Hermosa y Puerto Rico (Meta),  por cuanto paramilitares que se autodenominan “Águilas Negras” han anunciado masacres.  

Miembros de la ONG defensora de los derechos humanos afirmó que “tan pronto como hemos conocido las informaciones de parte de los campesinos nos hemos comunicado con el general Guillermo Quiñónez, comandante de la cuarta división del ejercito y con personal encargado de derechos humanos de la misma división con el fin de ponerles en conocimiento de la presencia de paramilitares que tienen sus campamentos en la vereda de el Darién y la Argentina del Municipio de Puerto Rico. También, han intentado establecerse en la vereda Brisas del Guejar con el fin -según ellos- de masacrar a pobladores de Puerto Toledo”.  

Según la CDH, se conoce por informes de campesinos de la región que en los últimos días los paramilitares han establecido un reten en la desembocadura del río Guejar en el rió Ariari donde amenazan a la población con entrar a la región de Santa Lucía por los lados de Puerto Margarita y masacrar a los pobladores.  

Existe especial preocupación por que los paramilitares anunciaron que el Ejército despejaría las veredas de Barranco Colorado, Chispas y otras veredas de la parte baja sobre el río Ariari y que ellos van a hacer una “limpieza de supuestos milicianos y colaboradores de la guerrilla”. Además, los ‘paras’ han anunciado que las matanzas van a ser peores que las de Mapiripan. Los criminales, se están alistando por el lado del sitio conocido como El Barrancon, margen izquierda  del rió Ariari entre Puerto Rico y Puerto Concordia.  





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