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Derechos Humanos: El día a día en los Derechos Humanos en Colombia

Miércoles, 28 de Febrero de 2007

 
 

El día a día en Derechos Humanos en Colombia

-Un servicio de ANDAS-



Después de dos años de la masacre, esta continúa en la impunidad


Sin embargo, los hostigamientos y las amenazas continúan. El 21 de febrero de 2005, fueron masacrados ocho miembros de la Comunidad de Paz de San José Apartadó, entre ellos tres niños, a manos de hombres que se identificaron como miembros del ejército colombiano. Como siempre ha ocurrido en estos casos, el ejército y los demás entes investigadores señalaron inicialmente a las Farc como responsables de la masacre, pero, el pasado 22 de febrero, la Fiscalía llamó a indagatoria a 69 militares de la brigada 17 del ejército, por encontrar méritos suficientes que los involucran en los atroces crímenes.


En la conmemoración de los dos años de la masacre, se realizaron en varias ciudades europeas y estadounidenses manifestaciones de protesta contra el gobierno de Álvaro Uribe. Activistas norteamericanos, protestaron ante el Congreso de E. U. exigiendo que se retirara toda ayuda al gobierno de Uribe, por la impunidad reinante en las continuas violaciones a los derechos humanos. Las últimas amenazas a los habitantes de San José de Apartadó (Antioquia), fueron hechas el 15 de enero de 2007, cuando, 10 paramilitares pidieron información sobre la Comunidad de Paz, sus dirigentes y personas que trabajan con ella. Estos le comunicaron a los campesinos que “muy pronto iban a realizar varias masacres”.


Ametrallamientos indiscriminados

El pasado viernes 16 de febrero, aproximadamente a las 4:30 p.m., un helicóptero arpía del Ejército Nacional ametralló indiscriminadamente varias fincas de la vereda El Martillo, en zona rural del municipio de El Tarra (Norte de Santander). El helicóptero disparó sobre seis indefensos campesinos que se desplazaban por un camino, después de su jornada de trabajo en diferentes fincas de la misma vereda. Los disparos se prolongaron hasta las 6:00 p.m. Dos días después, el helicóptero llegó nuevamente a la vereda, y desde las 11 de la mañana hasta el mediodía ametralló nuevamente a la comunidad. La población de El Martillo se encuentra aterrorizada por estas agresiones injustificadas de las Fuerzas Militares, las cuales no han cesado desde el 30 de septiembre del año pasado cuando tropas de la Brigada 30 emprendieron un vasto operativo sobre la zona, caracterizado por las arbitrariedades y atropellos contra el campesinado.

Hostigamiento a jóvenes de la cultura

Una organización  cultural,  artística, interesada por jóvenes practicantes de la cultura hip-hop desde el año 1995, que ha editado 14 números de la revista Golpe Directo  y producido ocho discos compactos con temas de contenido crítico y relato social, más un documental sobre su trabajo, denunció que el pasado 15 de febrero,  en horas de la mañana, recibieron la visita de un sujeto que preguntó sobre las actividades del grupo y afirmó que allí se hacían reuniones con delincuentes y los conminó a abandonar la sede en la cual trabajan.

Dicha sede, queda en cercanías del Palacio de Nariño, pero según voceros del Club Juvenil Golpe Directo, quienes son los denunciantes, constantemente reciben visitas de agentes de seguridad de Presidencia  de la Republica  y de la Policía Comunitaria sin que haya habido algún problema. Los jóvenes afirman que individuos extraños, han estado tomando fotografías e indagando por sus actividades en el vecindario y haciendo comentarios de estigmatización contra ellos, por su cultura, tildándolos de delincuentes.

El Club Juvenil Golpe Directo cuenta con el reconocimiento de  la  Secretaria de Gobierno desde el año 2000 y de la Oficina de Naciones Unidas  desde el año 2004,  en un programa de prevención  contra la droga y el delito, Dapc/Undcp, el cual fortalece el proceso de escuela de formación no formal en cultura hip-hop. Esto, le permitió al grupo establecerse en el barrio la candelaria durante los años 2002 a 2006 y luego en el barrio Santabárbara, donde actualmente trabajan.

La FLIP enumera las debilidades del proceso contra el corresponsal de Telesur


La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, se dio al trabajo de buscar los puntos frágiles de la acusación en contra del periodista Fredy Muñoz, sindicado de pertenecer a las Farc. Y esto fue lo que encontró:


"Estamos frente a un caso donde impera la duda", manifestó el fiscal en la decisión que el cinco de enero pasado le devolvió la libertad a Fredy Muñoz. Casi un mes después, se dio a conocer la nueva 'prueba reina' en el proceso: una fotografía de él vestido de boina, con un fusil al hombro y en medio de una celebración en un campamento guerrillero. Más allá del explicable escándalo que desató esta revelación, y de la aparente contundencia de una evidencia como ésta, el proceso por rebelión y terrorismo contra el corresponsal de Telesur presenta graves debilidades.

En dicha resolución, el fiscal que revocó la medida de aseguramiento contra el periodista analiza las pruebas que sustentan la acusación. Y si bien no se trata de una decisión definitiva, da elementos de juicio sobre la solidez de la investigación.

La acusación está basada en los testimonios de varios guerrilleros de las FARC, quienes actualmente cumplen condenas en prisión por diferentes delitos. Uno de ellos asegura haber conocido a 'Jorge Eliécer' – supuesto alias de Muñoz en el grupo armado – en enero de 2002, cuando varios estudiantes de la Universidad de Cartagena visitaron el campamento del Frente 37 de las FARC. Finalizada la visita, 'Jorge Eliécer' se quedó para adelantar un entrenamiento de tres meses en manejo de explosivos.

Otro de los testigos afirmó que Fredy Muñoz y alias 'Caliche' eran los encargados del manejo de explosivos del Frente 37, y que ellos fueron los responsables del acto terrorista de abril de 2002 contra el edificio inteligente de Electrocosta en Chambacú, Cartagena.

Además, aseguró que conocía al periodista porque en varias oportunidades se hospedó en su casa, donde residen también su padre y dos hermanas. Por último, justificó su deseo de colaborarle a la justicia "para obtener beneficios por delatar a las personas que en algún momento participaron en esos hechos".

Un tercer declarante reconoció a Muñoz por una foto que le fue presentada, y aseguró que correspondía a 'Jorge Eliécer'. Según el testigo, en alguna oportunidad visitó un campamento con él y, más adelante, le encargaron la tarea de llevarle dinero aparentemente para la compra de explosivos.


Para el fiscal, los testimonios no son contundentes: "se destaca el desconocimiento que del verdadero nombre de alias 'Jorge Eliécer' tenían los testigos (…) además, se presentan inconsistencias desde el punto de vista de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que le imputan los hechos motivo de la investigación, amén de la participación en la guerrilla". Asimismo, manifiesta que las características físicas de Muñoz no coinciden con las de alias 'Jorge Eliécer' a partir de las descripciones de los testigos.


En ese sentido, otro de los testigos afirmó que el 'Jorge Eliécer' que él conocía desertó de la guerrilla y posteriormente lo asesinaron las autodefensas. Cuando el procurador le preguntó si conocía a Fredy Muñoz Altamiranda, respondió: "ese nombre lo estoy escuchando aquí ahorita que la doctora me lo dijo".


Existen dos pruebas adicionales contra el periodista, diferentes a las testimoniales y a la foto recientemente divulgada. La primera son las cicatrices en su cuerpo, producidas supuestamente por heridas en un atentado terrorista. Medicina Legal constató la existencia de diversas marcas en el cuerpo de Muñoz, pero no se atrevió a establecer la causa de éstas. Haciendo esa salvedad, el fiscal considera que las cicatrices de éste no corresponden a las heridas que, según los testigos, le produjo la explosión a 'Jorge Eliécer'.


La otra prueba son las copias de procesos penales encontradas en la casa donde supuestamente vivía el periodista. Sobre el particular, el fiscal determinó que el periodista no residía allí desde tiempo atrás, y que el propietario de los documentos es un abogado involucrado en actividades sindicales y de derechos humanos: "nada extraordinario en su contra (de Muñoz) se encuentra en tal diligencia", concluyó el funcionario.


En su última edición, la revista 'Cambio' divulgó la fotografía y anunció – como lo había hecho otro medio de comunicación días antes – la orden de recaptura contra el corresponsal de Telesur. El martes siguiente el abogado de Muñoz, Tito Gaitán, fue notificado de la medida. No obstante, tuvo varias dificultades para tener acceso al proceso, que adicionalmente fue trasladado de Cartagena a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía en Bogotá.


No se puede descartar la posibilidad de que aparezcan nuevas pruebas contra el periodista. Por ahora el proceso no es claro, y las autoridades judiciales deben examinar con rigurosidad la fotografía aportada al proceso. Es fundamental que se le garantice un juicio justo. De llegar a existir una eventual condena judicial, ésta debe basarse en pruebas claras y precisas. De lo contrario, la presunción de inocencia deberá prevalecer.


Mientras tanto, el periodista continúa en la clandestinidad, desde donde envió un comunicado en el que cuestiona la fotografía divulgada. Según él, en la fecha en que supuestamente fue tomada, "es de público conocimiento que me encontraba en la fase de entrega del documental 'El tren que llegaba a Calamar', para la serie 'Trópicos'". También asegura que el primero de febrero recibió en su correo electrónico una amenaza de muerte firmada por las 'Águilas Negras'.

Comisión Internacional de Ética para Colombia


Entre el 28 de febrero y el 2 de marzo de 2007 será presentada públicamente en Cacarica, San Onofre, Barrancabermeja y Bogotá, la Comisión Ética Internacional; iniciativa con la que el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado busca crear un mecanismo de verdad y acompañamiento para muchas comunidades en el país.

El siguiente es el comunicado de prensa emitido por el Movimiento de Víctimas:

 

(Bogotá, D.C. 13 de febrero de 2006). Se presenta iniciativa del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado para el acompañamiento de las comunidades y organizaciones golpeadas por la violencia de Estado y la estrategia paramilitar. El Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, las Madres de la Plaza de Mayo, reconocidas asociaciones de víctimas de varios países, destacados juristas y académicos, deciden apoyar a las víctimas de la violencia estatal en Colombia. 

 

La necesidad de que la memoria de millares de Crímenes de Lesa Humanidad y violaciones de derechos humanos cometidos a través de las distintas fases de la represión y las operaciones paramilitares en Colombia desde 1962 sea conocida, protegida y  salvaguardada, ha llevado a que 25 personalidades y organizaciones de una reconocida trayectoria y de gran autoridad moral participen en la Comisión Ética.

 

La Comisión pretende sesionar durante 10 años recogiendo a lo largo y ancho del país, pruebas, documentos, objetos, testimonios, relatos de las víctimas, de las familias, de las comunidades y apoyando sus iniciativas de memoria, de dignificación y de reparación integral. También será una instancia para velar por la protección de comunidades que han luchado por décadas por sus derechos fundamentales y por el respeto de sus territorios.

 

Los miembros de la Comisión Ética consideran que la Ley 975/05 niega aspectos esenciales de los derechos de las víctimas, no solo porque  desconoce los estándares internacionales que los consagran,  sino porque el mismo fallo de la Corte Constitucional está siendo burlado por decretos presidenciales. Igualmente consideran que la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación ha desconocido la participación de las víctimas, y no es una instancia autónoma e independiente del Gobierno colombiano.

 

El Cacarica, bajo Atrato, departamento del Chocó; San Onofre, Sucre; Barrancabermeja, Santander y la ciudad de Bogotá serán los cuatro escenarios  donde los Comisionados se encontrarán con las víctimas y se hará pública la presentación de sus objetivos y metas.

 

A lo largo de 10 años los miembros de la Comisión Ética salvaguardarán confidencialidad sobre muchos hechos que testimonien las víctimas, denunciarán públicamente otros, y presentarán los resultados de su labor a la opinión pública que sirvan de insumos a una Comisión de la Verdad  que reúna garantías reales para las víctimas de crímenes de contra la  Humanidad y genocidio.

 

La propuesta de la Comisión Ética ha sido una iniciativa gestada por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, el cual agrupa a cerca de 200 organizaciones de víctimas en todo el país, como un mecanismo de afirmación del derecho a la memoria y a la verdad.

 

Ocho miembros de la Comisión Ética están en el país desde el 15 de febrero hasta el 3 de marzo.

 

Entre los miembros de la Comisión que estarán en Colombia se encuentran:  

Mirta Baravalle por las Madres de la Plaza de Mayo Línea Fundadora de Argentina,

Libertad Sánchez Gil por la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Mérida y Comarca – España,

Enrique Nuñez por la Comisión Ética contra la Tortura,

Lorenzo Loncon por el pueblo indígena Mapuche de Chile

Francine Damasceno Piñeiro por el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra del Brasil (MST)

Carlos Fazio, profesor investigador de la UACM y la UNAM, escritor y periodista de La Jornada de México

Alberto Giraldéz en delegación de la Comunidad Santo Tomás de Madrid, España

Bernardine  Dohnr; jurista y experta en derecho de los niños, profesora de la Universidad Northwestern de Chicago.

 

 

De la Comisión Ética hacen  parte además:

 

Adolfo Pérez Esquivel,  Premio Nobel de la Paz

Francois Houtar, director del CETRI de Bélgica y miembro fundador del Foro Social Mundial

Tomás Gumbleton  Obispo emérito de Detroit, Estados Unidos

Gilberto López y Rivas, director de Etnología y Antropología, autor de numerosas publicaciones sobre Antropología, Pueblos Tribales e Indígenas y Resistencia Cultural Social

Miguel Álvarez, experto en temas de Paz y negociación de conflictos, miembro de Serapaz

Elizabeth Deligio, miembro del Movimiento por el cierre de la Escuela de las Américas (SOA Watch).



Aumento de desplazados internos en Colombia


(TeleSUR). El conflicto armado en Colombia ha obligado el desplazamiento interno de miles de poblaciones de ese país y causado una de las mayores crisis humanitarias del mundo. Pese a los esfuerzos de ACNUR, el panorama para 2007 no es alentador, cuando se prevé un aumento del número de refugiados.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), advirtió sobre el aumento de desplazados para este año 2007 en Colombia, a causa del conflicto armado entre paramilitares, grupos rebeldes y el Gobierno.

En declaraciones desde la sede de la organización en Ginebra, el portavoz William Spindler, alertó sobre el recrudecimiento de "una de las crisis humanitarias más graves del mundo", al referirse a las poblaciones desplazadas de Colombia.

"Probablemente, las poblaciones desplazadas continuarán aumentando en 2007, los indígenas y los afrocolombianos son los grupos más amenazados", aseguró Spindler, quién además informó que "desde 1990 más de 3 millones de personas han tenido que huir de sus casas en Colombia a causa de la violencia, las persecuciones y las violaciones de los derechos humanos".

Según datos de este organismo, Colombia es el país con mayor número de desplazados internos del mundo. Sólo en 2006, se registraron 170 mil desplazados, que en su mayoría, se trasladaron de las áreas rurales a las grandes ciudades.

Debido a la gravedad de la situación, el ACNUR solicitó para este año 14 millones de dólares para atender las necesidades de los más de 350 mil desplazados.

Spindler lamentó que la violencia en ese país dificulte la entrega de ayuda a las poblaciones necesitadas.

"En algunas partes de Colombia, el conflicto armado hace difícil para las agencias humanitarias llegar a las poblaciones afectadas y la presencia de grupos armados aumenta en las zonas fronterizas, mientras que la presencia de minas antipersonales se ha convertido en otra seria preocupación", advirtió.

El aporte del ACNUR busca ofrecerles protección a los desplazados, además de brindarle el acceso a los servicios de salud y educación, derechos fundamentales de todo ser humano.

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