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Derechos Humanos: Palma, despojo y "desarrollo"

Domingo, 5 de Noviembre de 2006

 
El tiempo todo lo dejar ver a la luz, el sentido de la fuerte promoción que Uribe a la palma de aceite, allí donde tiene ocasión, empiezan a aflorar con toda nitidez de su propia boca. Desde ahí también se comprende la razón de ser de una ley como la 30 de Desarrollo Rural que flexibiliza, que niega los derechos territoriales conquistados, afirmados por pueblos y comunidades afro colombianos y mestizos.
Las palabras que el presidente Uribe pronunció en el 24 Congreso de Fedepalma, celebrado el pasado 7 de junio de 2006, en Villavicencio, Meta, son bien dicientes del espejismo palmífero en todo el país. La adaptación de la legislación de combustibles, el fomento, el impulso a la siembra de palma en todo el pacífico sin importar sus consecuencias en el derecho a la sobrevivencia de los pueblos afro colombianos e indígenas, sin importar la destrucción ambiental, lo importante es que todo se haga desierto en palma, lo importante es la exportación. No importa que haya habido sangre, terror, y fuego, no importa que los más sean desconocidos en su dignidad. El negocio del futuro el que hará a los empobrecidos excluidos y a los ricos posibles empresarios globales está aquí, signo del progreso, de la paz y de la reconciliación.

“Voy a pasar muy rápido por el TLC. Les confieso que mi gran aspiración era que no hubiera restricciones para el envío de combustibles biológicos de Colombia al mercado de Estados Unidos, porque eso es lo que los ilusiona enormemente a futuro y eso se logró, ese camino quedó despejado y eso nos tiene que dar tranquilidad. Y tomamos nota de la preocupación de ustedes para el buen manejo de las negociaciones que vienen, como la que hemos empezado con Centroamérica. Nosotros estamos en la iniciativa energética en Centroamérica”.

Y en este alarde de sinceridad, habló de los planes del gobierno para los cultivos de palma aceitera en el Pacífico colombiano, alabando las alianzas estratégicas (puerta que el gobierno abrió para la irrupción de las empresas en los territorios colectivos de comunidades negras), casi como si fueran la solución a todos los problemas del país:

“¿Y por qué no hacemos lo siguiente?: a mí me parece que las alianzas productivas que se han hecho entre grandes empresarios y campesinos son formidables. Cuando hablo de un país sin egoísmos y sin odio de clases, un país fraterno, con relaciones cristianas en la producción, yo creo que si hay algún ejemplo a destacar, es el de esas alianzas productivas...”

“…Y les propongo algo adicional: en zonas como Tumaco, Guapi, el Pacífico, que el gobierno sea socio de ustedes, con recursos de capital de riesgo para proyectos de palma y de biodiésel. Que el gobierno sea socio de ustedes…”

“…Yo no creo que el Estado se tenga que venir a sembrar palma africana al Llano, aquí hay empresarismo y aquí van a colocar las plantas de biodiésel, pero a mi me preocupa cuando miro a Sucre o cuando miro a Tumaco. Entonces le dije en el Consejo de Ministros del pasado lunes, a mis colegas en el Gabinete: mire, necesitamos urgentemente que allí acuda el Estado promotor…”

“…Entonces, yo les propondría pensar en proyectos como el de Sucre y con ustedes específicamente, uno en el Pacífico. Vengo a hacerles esta propuesta: el Gobierno los acompaña con recursos de capital de riesgo para sembrar palma y para construir las plantas extractoras que se requieran en el Pacífico porque es una de las necesidades para poder erradicar de allí la coca..”

“…Y eso nos obliga, ministro, a acelerar lo siguiente: que tiene que dedicarse el Ministerio, pero con perseverancia. Rogaría que haga una cuarentena de los empresarios de Tumaco y los compatriotas afro-descendientes y no los deje levantar de la oficina, donde los encierre, hasta que lleguen a un acuerdo. Tiene que ser así, esto si no es con perseverancia no… Enciérrelos allí y entonces propóngales como case, que el Estado aporta, que lleguen ellos a unos acuerdos sobre uso de esas tierras y el gobierno aporta recursos de capital de riesgo. Y propóngales una fecha y les dice: ‘señores, nos declaramos en cónclave y de aquí no salimos hasta que tengamos un acuerdo’.

”Porque aquí hay que reconocer lo bueno y lo malo, en este Meta y en el Casanare y en lo que empieza a dar en el Guaviare, unos crecimientos formidables de palma, en Tumaco no. Y Tumaco que tiene la carretera, váyanse un poquito al norte, esa área del Guapi, El Charco, con excelentes condiciones y sin una mata de palma y llena de coca que tenemos que erradicar. Sería mi sugerencia muy respetuosa…”


Sin embargo, las comunidades negras del pacífico colombiano tienen bien claro, lo que la palma aceitera ha supuesto en sus territorios. Los consejos comunitarios de la región de Tumaco, los el Curvaradó, los del Jiguamiandó, los del Cacarica saben que tanta esperanza no es cierta, que la destrucción de su existencia y de la biodiversidad está ahí en la palma. Por eso se explica la concepción de la ley 30 de Desarrollo Rural, ley del agro negocio de la palma, el caucho, el cacao, que responde a esos planes emulados por el presidente.

Pero nada importa. Los asesinatos, los desplazamientos, las torturas, los robos de tierras a comunidades campesinas, afros e indígenas, y todo el sufrimiento que llega de la mano de estas empresas palmeras a los territorios ancestrales, el negocio se está asegurando con la ley 30 que será aprobada. Parecen ahora si muy acertadas las palabras del Procurador General de la Nación, en el semanario El Espectador del 21 de octubre de 2006, donde asegura que (poner bien). “pareciera que esta ley la han hecho para entregar las tierras del Curvaradó y Tumaco”.

La sensatez en el Estado, a través de las anotaciones del Procurador General de la Nación, Edgardo Maya Villazon, se ha hecho pública frente a la Ley 30 propuesta por el ministro Andrés Felipe Arias y que hoy se discute en el Congreso. Ese marco legal de tierras, que modifica sustancialmente la relación del campesino con la tierra, que desconoce las identidades socioculturales, que posibilita la legalización de la ilegalidad, que coloca el campo en la dinámica de la globalización excluyente está advertida. Dice el Procurador, entre otras cosas que “se están privilegiando los proyectos productivos de tardío rendimiento y las zonas de desarrollo forestal que demandan un flujo importante de recursos y una disposición de hectáreas que no está al alcance de los pequeños trabajadores rurales, que son la inmensa mayoría de los habitantes del campo”(...) “Pareciera que su principal objetivo (el del proyecto) fuese legitimar los cultivos de palma en territorios de los Consejos Comunitarios de Jiguamiandó, Curvaradó y Alto Mira y Frontera (Chocó), desarrollados sin el consentimiento de sus autoridades legítimas en el marco de sistemáticas y recurrentes violaciones a los derechos humanos, los cuales, además, han propiciado las amenazas y asesinatos contra quienes se oponen a ellos (los cultivos de palma)”.

Aunque no es cierto, por lo menos en el caso del Curvaradó, que haya dinero de los Estados Unidos de sus programas de ayuda en la palma que se siembra en el Bajo Atrato, como lo hemos constatado en nuestra Comisión de Justicia y Paz, lo cierto es que la ilegalidad reconocida públicamente, incluso por el ministro Arias no ha removido en términos prácticos y concretos los obstáculos que impiden que los afro colombianos y mestizos sean restituidos en su derecho al Territorio.

Hoy continúa la extracción del fruto de la palma hacia Mutatá, los artículos del diario El Espectador de agosto pasado, reiteran la podredumbre que existe detrás de la palma de Aceite en el Curvaradó, que hoy de acuerdo con la interpretación del Procurador General de la Nación, Edgardo Maya Villazon, a través de la ley de Desarrollo Rural quedará legalizada. Aunque hay imprecisiones en los artículos de El Espectador estos posibilitan ilustrar lo que hay detrás de la ley desarrollo rural en términos concretos. Contrastar las apreciaciones del Procurador con la situación del Curvaradó muestra lo necesario, lo claro y lo suficiente. Una contrarreforma agraria vestida de progreso, fundamentada en el crimen, y en la impunidad.

La Ley además coincide en su espíritu con las formulaciones del Bloque Elmer Cárdenas, a través del Proyecto de Alternatividad Social, y que se viene implementando en La Balsa en el Cacarica y que tiene los nombres falsos de Alianzas Estratégicas bien, despojos estratégicos.

No se puede entender que ante la lógica del raciocinio en derecho por el pronunciamiento de un Procurador un Ministro se sienta amenazado, cuando han sido los pueblos afro colombianos, y los mestizos, los amenazados, los torturados, los desplazados, los desposeídos a través de una estrategia criminal que hoy se viste de traje empresarial, de paz y de reconciliación. Amenazado, cuando no ha sido posible la restitución de la propiedad de los pueblos afro colombianos en el Curvaradó. Tal vez la amenaza, es que la razón, los principios de humanidad y de preservación de la identidad de los pueblos, no estén subordinados a los principios y criterios del libre mercado, tal vez, la amenaza es que la dignidad de los pueblos continúe diciendo no a la mentira y a la imposición.

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