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Noticias: Cronología del enfrentamiento - Pulso Corte-Gobierno puso en crisis institucionalidad del país

Viernes, 4 de Julio de 2008

 
Cronología del enfrentamiento - Pulso Corte-Gobierno puso en crisis institucionalidad del país

¿Vamos hacia una dictadura si no se le pone freno a esto? - Presidente de Asonal Judicial, Fabio Hernández


Por El Espectador - Redacción Judicial

ELESPECTADOR.COM

28 Junio 2008 - 3:48am

Pulso Corte-Gobierno puso en crisis institucionalidad del país

Cronología del enfrentamiento

Por: Redacción Judicial

El lío de la sedición; el pulso entre el Jefe de Estado y el magistrado César Julio Valencia Copete; acusaciones mutuas de sesgos ideológicos y de obstrucción a la justicia; la extradición de los jefes paramilitares; denuncias sobre el nepotismo en la justicia; la bola de nieve de la parapolítica; el señalamiento y posterior retractación del paramilitar alias Tasmania; los presuntos nexos de los magistrados de la Sala Penal con el ‘narco’ italiano Giorgio Sale y el polémico Ascencio Reyes; la campaña de desprestigio a la Corte; y el último episodio de la yidispolítica, tienen al país en ascuas por los alcances de este nuevo enfrentamiento entre el Gobierno y el máximo organismo de la justicia ordinaria,  que hoy por hoy alcanza visos de reyerta.

Las aguas mansas que reinaron en las relaciones entre el Ejecutivo y el máximo tribunal de la justicia ordinaria los dos primeros años del primer mandato de Uribe, empezaron a arremolinarse en febrero de 2005, cuando la Corte Suprema expresó sus reparos por la benevolencia del proyecto de Ley de Justicia y Paz que presentó el Gobierno en el contexto de los diálogos con grupos de autodefensa.

 El asunto no pasó a mayores, pero causó roncha en la Casa de Nariño. Para entonces ya la Corte Constitucional examinaba el trámite del acto legislativo que aprobó la reelección presidencial inmediata.

En efecto, la Corte declaró la exequibilidad de la norma en octubre de 2005. Álvaro Uribe se postuló de nuevo a la Presidencia y ganó con una votación arrasadora de más de 7 millones de sufragios el 28 de mayo de 2006. Entonces vendría un nuevo episodio turbulento. En septiembre del mismo año el presidente de la Corte Suprema, Yesid Ramírez Bastidas, se fue lanza en ristre en contra del Presidente al sugerir que como pago a la exequibilidad de la reelección, el Jefe de Estado había tomado partido en favor de la Corte Constitucional.

El magistrado Ramírez manifestó entonces que con el espaldarazo de Uribe a la Corte Constitucional se consagró “la tiranía, el absolutismo y el despotismo”. Y luego no dudó en calificar la Constitucional como una corte de bolsillo que le aprobó la Ley de Justicia y Paz, la reelección y la Ley de Garantías a Uribe. La temperatura seguía subiendo, pero aún no se había llegado al enfrentamiento mediático. La molestia se zanjó con una llamada privada que le hizo Uribe al magistrado Ramírez. En julio de 2006  estalló el escándalo parapolítico.

Tres congresistas de Sucre fueron vinculados formalmente al proceso por sus nexos con las autodefensas y un mes después estarían en la cárcel. Paralelamente el ex congresista Miguel de la Espriella reveló la suscripción del llamado Pacto de Ralito para “refundar la patria”. Varios parlamentarios y ex parlamentarios fueron procesados y hoy algunos ya purgan condenas. La bola de nieve de la parapolítica empezó a ensancharse y hoy tiene a más de 70 congresistas cuestionados por sus vínculos con las Auc.

En principio Uribe mandó un mensaje de apoyo a la justicia, pero a medida que fueron salpicados varios de sus alfiles en el Congreso, optó por guardar silencio. En julio de 2007 vino la gota que rebosó la copa. La Corte Suprema de Justicia determinó que los 19 mil paramilitares rasos desmovilizados no podrían ser procesados por el delito de sedición, sino por concierto para delinquir. El Primer Mandatario salió al ruedo y manifestó que el proceso de paz con las Auc había quedado “herido de muerte” y que seguiría insistiendo en que se les diera tratamiento de delincuentes políticos a los ‘paras’.

El pronunciamiento le cayó como una patada al hígado a la Corte, que demandó independencia en sus fallos y habló de “injerencia indebida del Ejecutivo”. Uribe ripostó sentenciando sin ambages: “la Corte tiene sesgos ideológicos”. El Presidente llamó a César Julio Valencia Copete, presidente del alto tribunal, para tratar de limar asperezas, pero sólo logró encender aún más los ánimos. Luego de dos meses de calma chicha, la tempestad parapolítica arreció de nuevo. Esta vez las pesquisas habían llegado a Antioquia y con nombre propio: el senador Mario Uribe Escobar.

El 26 de septiembre el primo segundo del Presidente fue llamado a indagatoria por la Corte. Ese día Uribe manifestó su tristeza por la decisión de la justicia, aunque anunció que su deber institucional era seguir respaldándola. Dos días más tarde Mario Uribe renunció a su fuero como congresista y pasó a órdenes de la Fiscalía. En círculos cercanos al ex parlamentario se difundió la versión de que lo hizo porque la investigación iniciada por la Corte era una persecución en contra del Jefe de Estado. En los días siguientes fueron los rumores los que tuvieron protagonismo.

A principios de octubre una carta del paramilitar José Orlando Moncada, alias Tasmania, provocó revuelo en la Casa de Nariño. Estaba dirigida al Presidente y, en esencia, sostenía que el magistrado auxiliar de la Corte, Iván Velásquez Gómez, lo había visitado en la cárcel para ofrecerle beneficios procesales si declaraba en contra de Mario Uribe y el propio Jefe de Estado. Lo más grave de la misiva era que, según Tasmania, Velásquez le pidió que relacionara al Presidente como autor intelectual del atentado que sufrió en 2003 el ex comandante de las Auc en el suroeste antioqueño, alias René. Y fue Troya.

El 8 de octubre de 2007 la Casa de Nariño expidió un comunicado reseñando el complot. La Corte ripostó respaldando al magistrado Velásquez, quien calificó la jugada como un intento de deslegitimar las investigaciones de la parapolítica. La denuncia fue ratificada por Tasmania en la Fiscalía. En el entretanto, la Corte y Uribe se trenzaron en una agria disputa verbal.

Uribe fue más virulento. Les dijo a los magistrados que eran unos clientelistas, se quejó de que se creyeran “intocables” y recordó que el magistrado Sigifredo Espinosa, “que ahora sale a quejarse de que yo estoy obstruyendo a la justicia”, fue a visitarlo a Palacio para pedirle favores para un pariente suyo.

La Corte exigió respeto. En enero de este año, el magistrado César Julio Valencia le dio una entrevista a El Espectador en la que sostuvo que el mismo día en que se llamó a indagatoria a Mario Uribe, el Jefe de Estado se comunicó con él para pedirle explicaciones. El Presidente montó en cólera. El rifirrafe pasó a los estrados judiciales. Uribe lo denunció por calumnia e injuria. Y quién dijo miedo. Valencia contrató tres prestigiosos abogados y se ratificó. Poco tiempo después, la Corte Suprema le pidió información a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes sobre denuncias contra Uribe Vélez “por sus supuestos vínculos con paramilitares o financiación del terrorismo”.

“Es una clara intromisión de la Corte”, respondieron exaltados funcionarios del Gobierno, que calificaron de inaudito el requerimiento judicial. “Es una simple solicitud”, alegó la Corte. La controversia no paró. Y entre mensajes implícitos y provocaciones llegó un nuevo round. Esta vez por la posesión de Jorge Castillo Rugeles como magistrado del Consejo de la Judicatura. El Ejecutivo mostró sus reparos porque el jurista tenía 65 años y había cumplido la edad de retiro forzoso. Castillo se posesionó ante cuatro testigos en la Corte Suprema. Volvió la tempestad. El Gobierno entendió el respaldo del alto tribunal a Castillo como un desafío. Pero le tocó tragarse el sapo.

En mayo el país vio crecer como espuma el escándalo de la yidispolítica. Las opiniones se dividieron entre quienes dieron credibilidad a las denuncias de la ex parlamentaria Yidis Medina y quienes la tacharon como una delincuente. Entre ellos Uribe. Al tiempo que avanzaba el expediente y resultaban salpicados varios alfiles del uribismo, el Gobierno extraditó a Estados Unidos a 14 jefes de las Autodefensas.

La Corte cuestionó la decisión y le pidió explicaciones. La mortificación presidencial se acrecentó. La yidispolítica no detuvo su marea. Fueron detenidos los ex congresistas Teodolindo Avendaño e Iván Díaz. Yidis siguió hablando. La Procuraduría intervino. La Fiscalía hizo lo propio.

Esta semana fue la más convulsionada. El martes rindió indagatoria el ex ministro Sabas Pretelt. Al día siguiente se filtraron a los medios apartes de la sentencia condenatoria de Yidis Medina. Pero el fallo fue divulgado el jueves en la noche. Y vino la hecatombe. La Corte Suprema le pidió a la Corte Constitucional que revise la legalidad del acto legislativo que aprobó la reelección porque su trámite estuvo antecedido de actos corruptos. Para la Corte, las “impúdicas” prebendas que le entregó el Gobierno a Medina por su apoyo a la reelección constituyen un vicio protuberante de la reforma constitucional.

El Presidente no se amilanó y, en tono reposado pero ‘cargado de tigre’, le reclamó a la Corte que fuera tan diligente con las investigaciones de la parapolítica y tan negligente con las de la farcpolítica. “La trampa del poder del terrorismo agónico, para la cual se han prestado magistrados de la Sala Penal de la Corte, no parece tener solución judicial”, dijo Uribe, quien le pidió al Congreso tramitar un referendo para repetir las elecciones presidenciales de 2006. Y lanzó un dardo con veneno: “Yo les recuerdo que Salvatore Mancuso dijo que había infiltrado a la Corte Suprema. ¿Por qué no investigan eso?”.

Como colofón, el ministro Diego Palacio denunció en la Comisión de Acusación a los magistrados de la Corte Suprema, al considerar que prevaricaron al endilgarle responsabilidades al Gobierno en el escándalo de la yidispolítica. La tormenta promete no amainar pronto. La Corte insiste en que se fragua un complot en su contra y que agentes del DAS le están haciendo inteligencia.

 Uribe llama al pueblo a las urnas y tilda de mentirosos a los magistrados. El alto comisionado Luis Carlos Restrepo dice que denunciará a la Corte por sus nexos con el ‘narco’ Giorgio Sale y Ascencio Reyes. No parece haber soluciones a la vista. El país transita un camino cenagoso y no sabe a quién creerle. Nunca antes dos poderes del Estado se habían enfrentado de esta manera.

“Vamos hacia una dictadura si no se le pone freno a esto”

Para el presidente de Asonal Judicial, Fabio Hernández, la posición del presidente de la República, Álvaro Uribe, rompe todos los diques de la democracia en el país porque se corta de plano la autonomía de la Rama Judicial y el trabajo que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia viene haciendo en materia de investigación de la parapolítica. Y sobre todo, en el caso específico de la ex parlamentaria Yidis Medina.

“La alocución del Presidente es una forma de escudarse en la voluntad popular y con ello ocultar un hecho tan grave como el de varios de sus colaboradores más cercanos (ofreciendo prebendas a cambio de un voto). No es posible repetir la elección de 2006, porque no se puede pasar por encima de un hecho probado (como el de Yidis Medina), no sólo desde el punto de vista moral y ético sino penal. Creemos que vamos hacia una dictadura si no se le pone freno a esto”. 

Según Hernández, convocar a unas nuevas elecciones tendría un costo económico alto, porque habría que pensar en toda una gestión para la campaña presidencial por encima del billón de pesos.

Una pelea más del presidente Uribe con la Corte

Desde que comenzó su gobierno, Álvaro Uribe Vélez ha tenido una relación poco armoniosa con la Corte Suprema de Justicia. Pero el mayor encontronazo comenzó el 13 de enero de este año, cuando el entonces presidente del alto tribunal reveló, en entrevista con El Espectador, que el Primer Mandatario lo había llamado a preguntarle por el proceso de su primo y congresista, Mario Uribe.

De inmediato, el Presidente le salió al paso a las afirmaciones de Valencia Copete. Aseguró públicamente que jamás había tratado con él, ni con nadie de la corporación, el tema de los parlamentarios investigados por posibles nexos con paramilitarismo. Además, instauró en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes una demanda contra el magistrado por injuria y calumnia.

Aunque Valencia Copete expresó en abril que estaba dispuesto a conciliar, el presidente Uribe Vélez ratificó sus denuncias ante los miembros de la Comisión. Será el representante Carlos Ramiro Chavarro, –quien llegó al Congreso en 2002 con la curul que Gloria Polanco, por estar secuestrada, no pudo ocupar– el encargado de dirimir el pleito que sostienen el Mandatario y el  magistrado.

 

 

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