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Noticias: El drama de los desplazados: ¿Una luz al final del túnel?

Domingo, 25 de Marzo de 2007

 
El drama de los desplazados: ¿Una luz al final del túnel?

Con la presentación de los indicadores de goce efectivo de derechos, los desplazados parecen hallar una solución a sus múltiples problemas. La propuesta del gobierno para atender a esta población es el primer paso para que se implemente una lectura de der


Por Revista Semana.

Juliana Bedoya Pérez.

La palabra abandono es la primera que llega a la cabeza cuando se habla de los desplazados. La imagen de un puñado de personas saliendo con apenas lo necesario e instalándose en algún lugar, para quedar a su suerte es una realidad. El problema se le salió de las manos hace mucho tiempo al gobierno, y a pesar de las grandes cantidades de dinero destinadas a la protección de los desplazados, todos los esfuerzos se han quedado cortos para proteger a esta población.

Solo hasta ahora, el gobierno se puso las pilas en lo que tiene que ver con la situación con los desplazados. Por lo menos esa fue la sensación de todas las organizaciones que trabajan por los casi dos millones de colombianos que han tenido que huir de sus hogares, luego de la audiencia pública celebrada la semana pasada en la Corte Constitucional.

Fue precisamente la Corte la que a través de una sentencia en 2004 declaró que todos los derechos de los desplazados estaban siendo vulnerados y que la situación en la que se encontraban era inconstitucional. Dicha sentencia obligó al gobierno a replantear el modo como se evaluaban los resultados de protección, “antes se llevaban indicadores de oferta institucional, ahora el gobierno llevará unos indicadores en perspectiva del goce efectivo de derechos”, explicó Marco Romero, presidente de Codhes.

 

En el tema del desplazamiento se generan varios debates. Uno de estos es el de los recursos destinados para su protección y el modo en como este es invertido.

Todo esto quiere decir que si antes el gobierno informaba que se abrían mil cupos escolares para los menores desplazados, ahora tendrá que decir cuántos de esos mil muchachos, asistieron de manera estable al colegio. Lo mismo tendrá que hacer en los ocho indicadores que escogió para comprobar que se están garantizando todos los derechos de estas personas: vivienda, salud, educación, alimentación, generación de ingresos, identidad, vida, integridad personal, libertad y seguridad personales y participación e integración local.

La tarea no pinta nada fácil, eso lo saben tanto Acción Social –la entidad del gobierno encargada del tema de los desplazados– como Acnur, Codhes y las otras organizaciones que manejan el tema. Por eso el gobierno ha tenido que hacer varios ajustes a su política social.

En un primer momento el esfuerzo se hizo al aumentar la inversión. Según Acción Social, entre 1995 y 2002, se invirtieron 591.880 millones de pesos en los programas de ayuda a los desplazados, mientras que en el primer cuatrienio de Uribe –2002-2006– se invirtieron 1,9 billones de pesos.

El grueso de la inversión se dio entre 2005 y 2006, justo después del concepto de la Corte. Un experto consultado por SEMANA.COM explicó que “entre 2002 y 2004 el dinero destinado a los desplazados iba descendiendo con respecto a los dos gobiernos anteriores –Samper y Pastrana–, pero apenas salió la sentencia de la Corte, el gobierno puso algo más de un billón de pesos para el programa de desplazados”.

Para Marco Romero, esto solo demuestra el importante papel que ha tenido laCorte en el tema de los desplazados. Él asegura que este es un ejemplo de la inmensa importancia que tiene el alto tribunal en la búsqueda de garantías para los ciudadanos. Por eso la plata seguirá llegando a este sector, el gobierno invertirá 4,1 billones entre 2007 y 2010.

Pero aunque la plata aumente, la situación de los desplazados no mejorará si no se puede confirmar que todo ese dinero llegará a suplir efectivamente las necesidades de los desplazados. Eso es lo que se busca con este nuevo sistema de indicadores, que el éxito de la política pública sea medible en la mejor calidad de vida de los beneficiarios.

Que no se cuente cuántos créditos de vivienda se dieron, sino efectivamente, cuántas familias consiguieron tener un hogar digno. Que se pongan los ojos sobre la calidad de los servicios de salud y no sobre el número de cupos en el sistema subsidiado. Que se evalúe si los desplazados que tienen trabajo son vendedores ambulantes o si su oficio es bien remunerado y con todas las prestaciones exigidas por la ley.

Si el sistema funciona, los frutos no solo se verían con los desplazados, quienes pasarían a reintegrarse a la sociedad de un modo digno. Los analistas consultados por SEMANA.COM coincidieron en afirmar que lo que está pasando con los indicadores para la situación de los desterrados, es el primer paso para laconformación de políticas públicas dirigidas a la satisfacción de los derechos humanos.

Según todo esto, el compromiso que adquirió el gobierno el primero de marzo es bastante grande. Pues de llevarse a cabo este sistema de indicadores, que en el papel se ve idílico, todas las realidades sociales de los colombianos serían tenidas en cuenta a la hora de ver cómo y en qué invertir los recursos del país.

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