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Noticias: EL SENADOR GUSTAVO PETRO Y EL MOVIMIENTO DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO PROPONEN REFORMA CONSTITUCIONAL PARA LA NO REPETICIÓN DEL PARAMILITARISMO

Miércoles, 21 de Marzo de 2007

 

El Proyecto de Acto Legislativo pretende la no repetición de las graves violaciones de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el genocidio, además de ser un homenaje a la memoria de los millones de compatriotas que


Por Gustavo Petro

El senador Gustavo Petro y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, presentaron hoy ante el Congreso de la República, el proyecto de Acto Legislativo "por medio del cual se  eleva a rango constitucional los derechos de las víctimas de crímenes contra la humanidad  y se establecen mecanismos para garantizar la no repetición del paramilitarismo en Colombia".

El senador Petro logró que senadores de todas las corrientes y tendencias políticas en el Congreso apoyen el proyecto con su firma. El Acto Legislativo está concebido como un proyecto alternativo frente a algunos de los vacíos más protuberantes de la Ley 975/05, llamada de "justicia y paz", que no prevé procedimientos claros para las garantías de no repetición de los crímenes cometidos.

La iniciativa busca el desmonte definitivo de las estructuras paramilitares y poner punto final a la historia cíclica de estrategias en las que el Estado colombiano ha decidido armar civiles, crear cooperativas de seguridad, redes de informantes, y legalizar otras formas de legación de la fuerza pública que han dado origen a los ejércitos paramilitares.

El Proyecto de Acto Legislativo pretende la no repetición de las graves violaciones de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el genocidio, además de ser un homenaje a la memoria de los millones de compatriotas que han sido víctimas de la violencia en Colombia. Además el Proyecto pretende que los derechos de las víctimas tengan carácter permanente, y puedan ser protegidos mediante recursos judiciales como la acción de tutela.

El proyecto de Acto Legislativo contiene la creación de un nuevo artículo en la carta de derechos de la Constitución; el artículo 40A que consagraría los derechos de las víctimas "Son derechos fundamentales de las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio,  la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición, en los términos de los estándares internacionales de los derechos humanos y del   derecho humanitario".

Al artículo 90, de la Constitución Política   se le agregará un enciso así "Las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio, tendrán derecho a una reparación integral adecuada al daño sufrido,   que incluya medidas tanto individuales como colectivas de indemnización, rehabilitación, satisfacción, restitución y garantías de no repetición". 

El artículo 122 de la Constitución Política se le agregará el siguiente enciso: " A los servidores públicos  les está prohibido tolerar, consentir expresa o tácitamente, apoyar, favorecer, instigar, colaborar o participar en la creación, promoción o actividades de grupos paramilitares y de justicia privada. Los servidores públicos que hayan incurrido en estas conductas serán separados del cargo de forma inmediata por la autoridad que corresponda, sin perjuicio de las medidas administrativas y penales a que haya lugar ".

El artículo 216 de la Constitución Política quedará así (se agrega el subrayado): "Artículo 216. La fuerza pública estará integrada en forma exclusiva por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Se prohíbe sin excepción toda delegación, por vía ejecutiva o legal, de la fuerza pública a particulares, y en especial a grupos paramilitares y mercenarios, así como la actuación encubierta de agentes estatales en nombre de estos grupos.  

 
Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional [suprímase del artículo: " y las instituciones públicas"].


El artículo 220 de la Constitución Política quedará así (se agrega el subrayado) : Los miembros de la Fuerza Pública no pueden ser privados de sus grados, honores y pensiones, sino en los casos y del modo que determine la Ley.

Si un miembro de la Fuerza Pública es sindicado, mediante proceso administrativo o penal, de haber tolerado, consentido expresa o tácitamente, apoyado, favorecido, promovido, instigado, colaborado o participado en la creación o actividades de los grupos paramilitares, no   podrá ser promocionado o acceder a ascensos, grados, honores ni pensiones, mientras se adelanta la investigación.  Si estos indicios dan lugar a sanciones disciplinarias o penales, deberá ser separado inmediatamente de las funciones propias de su cargo por el Presidente  de la República ".


El artículo 221 de la Constitución Política quedará así (se adiciona el subrayado) : "Artículo 221. De los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o   tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar.

Los vínculos establecidos por los miembros de la Fuerza Pública con los grupos paramilitares no podrán considerarse, bajo ninguna circunstancia, como delitos relacionados con el servicio y, en consecuencia, no podrán ser conocidos por cortes marciales o tribunales militares. Tales conductas serán de competencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria. Tales vínculos incluyen cualquier tipo de tolerancia, consentimiento expreso o tácito, apoyo, favorecimiento, instigación, colaboración, complicidad o participación en la creación y en las actividades desarrolladas por los grupos paramilitares.

La investigación plena y la sanción efectiva de los vínculos establecidos por los miembros de la Fuerza Pública con los grupos paramilitares constituye un componente del derecho fundamental de las víctimas de crímenes contra la humanidad y genocidio a la garantía de no repetición contenido en el artículo 40A de la Constitución Política".

 
El artículo 223 de la Constitución Política quedará así (se agrega elsubrayado) :

"Artículo 223. Sólo el Gobierno puede introducir y fabricar armas, municiones de guerra y explosivos. Nadie podrá poseerlos ni portarlos sin permiso de la autoridad competente. Este permiso no podrá extenderse a los casos de concurrencia a reuniones políticas, a elecciones, o a sesiones de corporaciones públicas o asambleas, ya sea para actuar en ellas o para presenciarlas.

Bajo ninguna circunstancia podrán los particulares sustituir a la Fuerza Pública en el ejercicio de sus funciones constitucionales. En ningún caso y por ningún motivo podrá autorizarse la tenencia y porte de armas de guerra o de uso privativo de la Fuerza Pública a los particulares.

 
Los miembros de los organismos nacionales de seguridad y otros cuerpos oficiales armados, de carácter permanente, creados o autorizados por la ley, podrán portar armas bajo el control del Gobierno, de conformidad con los principios y procedimientos que aquella señale.

Está prohibida cualquier delegación de la fuerza pública a particulares para efectos de la prestación del servicio de seguridad, o la participación de civiles en actividades de inteligencia militar y policial. Ningún particular podrá utilizar para su defensa personal armas y técnicas y procedimientos de competencia exclusiva de la Fuerza Pública".

 
El proyecto de Acto legislativo fue radicado el día de hoy ante el Secretario General del Senado, doctor Emilio Otero.

 

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