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Noticias: Lo que cuesta asesinar sindicalistas: el caso Drummond

Jueves, 5 de Abril de 2007

 
Por Francisco Ramírez Cuellar

Valmore Locarno Rodríguez, Víctor Hugo Orcasita Amaya y Gustavo Soler Mora, asumieron la dirección de Sintramienergética seccional El Paso, para buscar mejores condiciones laborales, seguridad en el trabajo, comida en buenas condiciones y no la podrida que les estaban sirviendo, salarios dignos, seguridad social para ellos y sus familias; la respuesta inmediata fue acusarlos de guerrilleros (la acusación manida que legitima la pena de muerte contra nosotros) y como a todos los trabajadores que querían laborar en Drummond fueron sometidos a la aplicación de un detector de mentiras, se les investigó su vida, se les miraron reportes en los organismos de seguridad y se buscó que sus “padrinos” fueran personalidades de Valledupar, amigos de los Araujo u otro directivo de la compañía, para garantizar que sólo entraran personas de “confianza” para la empresa minera.

Como nada encontraron fueron contratados y ellos meses después asumieron el reto de dirigir una organización sindical en una zona de confrontación entre fuerzas militares-paramilitares y guerrillas, con el temor de ser señalados de pertenecer a uno u otro bando e incluso como ocurrió después, que los asesinaran. El primer problema que solucionaron era el que no se sometiera a los trabajadores que ingresaran a trabajar, al humillante detector de mentiras donde se les preguntaba por su militancia política, su cercanía o pertenencia a la guerrilla etc., salvado este confrontaron otros, el de las pésimas condiciones de seguridad en la mina y el de la comida en descomposición que se les servía un contratista, acusado por sus propios amigos de tener nexos directos con los militares-paramilitares que operan en la región, a pesar de los paros y protestas la compañía se negó a solucionarlo y enseguida comenzaron a salir comunicados de los militares-paramilitares, que los señalaban de ser guerrilleros, los acusaban de tener nexos con los atentados a la red ferroviaria que por una disputa entre la empresa y la guerrilla, habían comenzado a ocurrir. Agotaron todas las instancias posibles buscando seguridad, hablaron directamente con Garry Drummond, el dueño de la empresa, solicitando que se les dejara dormir dentro de la Mina, pues ya les habían advertido que los iban a asesinar cuando salieran de turno, incluso el DAS emitió una comunicación a la empresa advirtiéndole de lo que iba a ocurrir, pero nada pasó.

Los testigos1 dicen que después se da una reunión entre altos ejecutivos de la empresa, algunos contratistas y miembros de los organismos de seguridad del estado, donde se decide el asesinato de Valmore y Víctor Hugo, se recogió dinero entre los asistentes y se delegó a Augusto Jiménez, presidente de la compañía en Colombia, para que fuera a reunirse con el delegado del paramilitar Jorge 40, cosa que según el testimonio de Rafael García ocurrió en un hotel de Valledupar.

El 12 de Marzo de 2001, semanas después de entregado el dinero por parte de Jiménez, una camioneta llena de militares-paramilitares cierra el bus en que iban los dos compañeros, identifican a Valmore y delante de sus compañeros lo asesinan con dos disparos en la cabeza, luego bajan a Víctor Hugo, se lo llevan en la camioneta y horas después aparece torturado y con varios impactos de bala en su cerebro; en Octubre de ese año ocurre lo mismo con Gustavo Soler Mora, quien había asumido la dirección del sindicato después del asesinato de los dos compañeros.

Sintramienergética-Funtraenergetica y los familiares de los compañeros asesinados, ante la impunidad que padece el proceso en Colombia, habida cuenta del peso político que tiene Drummond, pues su representante es Fabio Echeverri Correa asesor presidencial de Uribe, interponen una demanda en Estados Unidos contra la compañía, contra Garry Drummond y los gerentes Colombianos, basados en una ley de 1872, la ATCA; al proceso se suma un ciudadano de E.U. que ha trabajado como miembro de la seguridad interior de la compaña y que expresa claramente que nada tenían que ver los sindicalistas con los saboteos de la insurgencia a la red ferroviaria y si la Drummond con el soporte financiero y logístico a las actividades militares-paramilitares apenas instalada en el centrosur del Cesar. El fallo que admitió la demanda reconoce que la empresa no sólo viola las leyes laborales nacionales e internacionales, y los pactos y convenios de la OIT, sino que además sus funcionarios pueden estar involucrados en delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Posteriormente la demanda ha sido llevada “consulta” al Departamento de Estado, pues ella puede lesionar las políticas de E.U. en Colombia,2 ya que las campañas de Clinton y Bush han recibido dinero de Garry Drummond y sus gobiernos crearon y sostienen a paramilitares y mercenarios en nuestro país, que “garantizan” con el genocidio del movimiento sindical sus inversiones.

Recientemente se han sumado varios testigos, entre otros Rafael García, ex director de informática del DAS, que demuestran la participación directa de los ejecutivos de la minera en el asesinato de los compañeros Locarno, Orcasita y Soler, ello provocó la reacción de gobiernos y empresas de Dinamarca y Holanda, que suspendieron la importación de Carbón de la Drummond hasta que no se aclare la responsabilidad de la minera en los asesinatos, además los trabajadores después de las declaraciones de García lanzaron una Huelga que duro un mes y produjo enormes perdidas a Garry Drummond; si sumamos los costos del proceso judicial, las perdidas de la Huelga y la suspensión de importaciones de Dinamarca y Holanda, cada sindicalista le ha costado 120 millones de dólares a la Drummond y el pasado mes la Corte de Alabama ha llamado a juicio a la Drummond por los crímenes de los tres compañeros, esos costos debieran llamar a patronos, gobiernos y multinacionales a parar el genocidio contra el movimiento sindical Colombiano.

Notas:

1 Declaraciones que reposan dentro del proceso instaurado contra la Drummond en el Tribunal de Alabama E.U.

2 Así lo ha expresado funcionarios del tribunal a los abogados del sindicato.

 

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